CARTA ABIERTA DEL APODERADO DE «MADRID»
ABC. 15 FEBRERO 1972
ANTONIO GARCÍA-TREVIJANO
OPINIONES AJENAS, POLEMICAS, CARTAS, PUNTUALIZACIONES, COMENTARIOS.
Señor director:
Me acojo a la tradicional caballerosidad de su diario, más que al derecho de réplica que la ley de Prensa me concede para que publique las siguientes puntualizaciones sobre las «consideraciones urgentes» contenidas en el editorial del día 12: «Hay que salvar a un periódico».
Sólo la urgencia y la indudable falta de información con la que ha sido escrito dicho editorial pueden explicar, ya que no justificar, que «el punto de vista de la neutralidad», bajo el que dice colocarse su editorialista, se haya convertido en un punto de vista parcial y polémico contra mi actuación personal en la rueda de Prensa, perdiendo así la única perspectiva desde la que puede contemplarse con objetividad el asunto del diario «Madrid» y mi criterio profesional de defender a ultranza los intereses que me han sido confiados.
Porque comparto la misma idea institucional que de un periódico tiene su editorial, durante todas las negociaciones para la reapertura del diario «Madrid», incluida mi actuación en la rueda de Prensa, he procurado, tal vez con audacia, pero siempre con prudencia, evitar que «la heroica empresa provisional» del Madrid-sindical destruyese irremediablemente el Madrid-institución, de sus propietarios, trabajadores, lectores, anunciantes y acreedores. De nada serviría facilitar a cualquier precio la reapertura de «Madrid»—como no fuera para tranquilizar la buena conciencia de los que, como ABC, consideraron en su día «excesivamente severa» la cancelación ministerial del permiso de publicación—si la etapa provisional hacía luego inviable la reaparición definitiva del Madrid-institución. Sin garantías jurídicas y morales que preservasen este objetivo prioritario, a mi modo de ver, era preferible liquidar la empresa, salvando los legítimos intereses en ella comprometidos, y esperar la decisión del Tribunal Supremo sobre él recurso contencioso contra la orden ministerial de cancelación, para sacar el periódico, quizá modestamente y sin heroísmo, pero, desde luego, con honor.
Las garantías jurídicas las había obtenido y por ello firmé el contrato de arrendamiento a la nueva empresa sindical. Pero algo debió suceder entre el momento del acuerdo y el momento de la rueda de Prensa, algo objetivamente «imprudente», «injusto», «irresponsable», «humillante», «provocativo», «zaheriente», «menospreciante» y peligroso para la empresa «Madrid, Diario de la Noche, S. A.», y tal vez para intereses más trascendentes para que yo, que durante setenta y cinco días había dado pruebas concluyentes de paciencia y tolerancia en busca de la solución razonable—olvidando graves injurias a mi persona y acuerdos básicos firmados que la otra parte no reconocía como tales—, asumiese de repente el riesgo, no temerario, de decir la verdad, sin esperar a que la nueva empresa sindical hubiese tomado posesión del periódico.
Sé, como dije en la conferencia de Prensa, que la verdad no puede ser contemplada de frente por quienes no están habituados a vivir en ella, porque ciega. Pero, como en el mito platónico de la caverna, puede ser entrevista por la sombra de un indicio aparecido en el diario «Pueblo» y que yo vi minutos antes de entrar en la sala. Después de firmado el contrato, y después de que la Organización Sindical había anunciado oficialmente el acuerdo concluido —publicado erróneamente como si hubiese sido un contrato de adhesión de la empresa a todas las condiciones exigidas por la Organización Sindical, lo que además de no ser cierto dañaba gravemente el prestigio del diario ante sus lectores—, el diario «Pueblo», contra lo expresamente estipulado en el contrato respecto a la obligación de la empresa sindical de pagar a la empresa propietaria la cantidad de nueve millones y medio de pesetas al contado para cubrir aproximadamente la mitad de los gastos ocasionados desde la cancelación, cláusula que yo acababa de leer ante la Asamblea de todo el personal, el diario «Pueblo», repito, decía que esa cifra «irá a parar íntegra a los trabajadores». Con esto perdí definitivamente la confianza en las garantías morales, y para sustituirlas con la propia fuerza interna de la empresa traté en la rueda de Prensa de mostrar la solidaridad de la casa en torno a la propiedad, única forma de intentar en último extremo que se frenase la tentativa de subversión de la estructura capitalista de una empresa fundada sobre el derecho de propiedad.
En verdad no pensé que el riesgo asumido en la conferencia de Prensa pudiese afectar al cumplimiento del contrato para la reapertura del «Madrid». Cometí aquí el error de contar con la responsabilidad contractual de la otra parte, sin duda influido por mi «deformación» profesional, como notario y como abogado, de confiar en el principio de la contratación del derecho privado, que es donde nos movíamos, y que como todos saben, es un principio de orden público. Fui, pues, sorprendido cuando por una supuesta falta de respeto, que por otra parte no admito, hacia determinadas personas, fueron castigados todos los interesados en la reapertura de «Madrid», y entre ellos más de doscientas familias asalariadas—ajenos por completo a mis declaraciones personales—, mediante la suspensión no ya de las negociaciones que habían terminado con el acuerdo, sino de la ejecución del contrato de arrendamiento. Si fuesen ciertas las acusaciones que se me hacen, incluso desde las columnas de un diario tan serio como ABC, yo no pido ni deseo otra cosa que la apertura de unas diligencias ante el Juzgado de Orden Público, para que puedan allí testimoniar más de doscientas personas, y entre ellos algún procurador en Cortes y algunos agentes de la autoridad, que asistieron a mi conferencia de Prensa, y que, sin duda, la hubiesen interrumpido si hubiese cometido alguna de las faltas que falsamente se me imputan. Pero que el contrato de arrendamiento para la reapertura del diario «Madrid» se cumpla.
Agradecido, Antonio GARCIA-TREVIJANO FORTE.