La Reforma Oligocratica

..NSIDERA.T.NES soBRE LA poLr.cA DEL psoE o EL soclAltsMo, DtEz años DESpUES . EL PODER pOLtTtCO, ¿IMPULSA O FRENA EL cAMBro soclAL? . LA uroptA, AHoRA MAS NECESARIA QUE NUNCA . ETICA Y. POLITICA O MESIANISMO CRISTIANO Y *REFORMISMO, POLITICO

122 I fl¡ ft I ¿:t 1986

POLITICA, PODER Y UTOPIA

ALEMANY G TREVIJANO; JOSE

IGLE,SIA

REVISTA DE PENSAMIENTO

VIVA

LA N,EFOBMA OLIGOCR,ATICA

Por Ar.moNro G¡ncÍe Tnrvt¡eNo

DE LA ESPAÑA DIFERENTE A LA ESPAÑA INDIFERENTE

(El País,13 de febrero de 1986)

-Flace diez años existían motivos racionales para creer que la mayor parte del pueblo español deseaba adquirir sus libertades con la intención de fundar en ellas un nuevo sistema de poder político, una nueva moralidad social y una nueva men- talidad pública.

También había motivos para confiar en que los dirigentes políticos de la oposición a la dictadura tendrían el discernimiento intelectual, la coherencia política y la audacia personal indispensables para impedir cudquier maniobra del régimen agonizante que pretendiera prolongar, bajo unas libertades otorgadas, el viejo predominio de la banca sobre el Gobierno, la vieja dominación del Gobierno sobre los funcionarios y la vieja prepotencia de la opinión oficial sobre el pensamiento crítico y la moralidad disidente.

Hoy, al cabo de una década de transición, existen razones fundadas para creer casi lo contrario. [¿ mayoría del pueblo español no desea utilizar sus libertades para participar en la dimensión pública de su existencia, que le es impuesta desde fuera por los dirigentes de los partidos, convertidos en meros profesionales de la performance del sistema atlántico, del sistema bancario, del sistema burocrático y del sistema informativo, que son los únicos subsistemas que funcionan dentro de la crisis general del sistema.

Ante esta democracia performatiua que no lo necesita, el ciudadano se desentiende de la política, se refugia en el modo privado de su existencia y busca en la ilusión de su realización individual el ideal que se le niega como ser comunitario.

Entre la situación de partida, plena de esperanza y de movilización política por la democracia, y la situación de llegada, caracteúzadapor el escepticismo y el apoliticismo de las masas, se ha desarrollado el proceso histórico de la transición, que ha realizado la pe{ormanc¿ de cambiar la España diferente del franquismo por la España indiferente del socialismo, conservando la jerarquía tradicional de lá banca sobre el Gobierno, la de éste sobre los funcionarios y la de éstos sobre la cultura y la opinión.

Este resultado, la desmovilización y el desarme político de los ciudadanos, la desactivación de la potencia democrática acumulada durante cuarenta años de dictadura y la conservación de su jerarquía dé poderes, ha sido mérito fundamental, aunque no exclusivo, de un nuevo método de gobierno, el consenso, ideado por la clase política española para salir de la dictadura y entrar en una democracia performatiua, sin que el pueblo se aperciba demasiado del cambio, no dándole participación en la niisma.

El consenso

El consenso no ha sido, como podría parec€r a primera vista, un modo excepcional de tomar decisiones por unanimidad, frente al modo normal de la democra- cia de tomar decisiones por mayoría. Esta es sólo la parte ingenua del consenso.

La legitimación teórica y las raíces morales de este reciente hábito político se encuentran en un, real o supuesto, equilibrio de impotencias entre el poder autoritario residual y el poder democrático emergente. Ninguno de ellos creyo, o fingió creer, al final de la dictadura, que podría aniquilar al otro sin destruirse a sí mismo. Su recíproca disuasión de confrontarse les empujó a un pacto de condominio y de cartelización territorial del mercado político, regido por la regla de la unanimidad, para las cuestiones consritucionales del Estado de derecho y de las autonomías; por la reg)a de la mayoría, para las cuestiones administrativas de gobierno, y por la regla de abstención, para las cuestiones esenciales del poder: sistema monárquico, sistema bancario y sistema militar.

Por esta razón no hubo, durante la transición, una fase constituyente del Fstado, con elecciones populares dirigidas a tal finalidad. Lo verdaderamenre sometido a un período y a una negociación constituyente no fue el Estado, sino el Gobierno.

De un lado, y en los secretos de la Moncloa, se constin¡yó el condominio y el cartel, sobre la administración del poder, entre la clase política. De otro lado, y como tarea de unas Cortes legislativas, se constituyó el reglamento jurídico del Estado de las autonomías, baio el que se disponía a perdurar el poder-heredero de la dictadura.

La necesidad, o la conveniencia, de que el pacto de condominio y de cartelización sustituyera, y evitara, una fase con$in¡yente del Fstado democrático iamrís ha sido demostrada. El único alegatorque los partidos de izquierda esgrimen es que el otro camino, el que proponía la ruptura democrática, era una utopía imposible de

alca¡zar- Pero esta afirmación tamPoco la'deducen de datos obietivos, sino exclusivamente de una suposición no contrastada, de un hecho histórico y de un razonamiento circular. Ii suposición de que el poder militar no la habría tolerado. El hecho histórico de que ü topt,r." no se ha realizado y la reforma_ sí. El-razonamienro de que la rnptu." no ie ha intentado porque era utópica y de_que la reforma ha sido real poryue era racional. Con el mismo fundamento Podemos añadir: puesto que la diitadura ha sido un fenómeno de la re¿lidad, los españoles hemos ionocido bajo ella cuarenta años de racionalidad política.

Lo único que de verdad era utópico, en el proyecto de la ruptura, era Pretender hacerla .or u.rot dirigentes como los de la oposición. No hubo ruptura simplemente pofque estos dirigentes no la quisieron. DesPués de haber argumentado, árrr"rrt. ,iias dé.ad"", la necesidad y la posibilidad de la misma, cambiaron de idea en unos días, considerándola imposible. Incluso en la hipótesis de que su apreciación de empaté -cn la relación de fuerza existente entre los factores favorabies a la dictadura y los favorables a la democracia- hubiese sido históricamente correcta, que no lo fue, habría bastado, para deshacer el empate-a favor de la causa democrjtica, el mero aplazamiento del pacto constituyente, dada la tendencia descendente de los elementos sociales que sostenían la dictadura y ql carácter ascen- dente de los que promovían la democracia.

Lo que el pacto de condominio consiguió' en realidad, fue detener al mismo tiempo el declive del poder autoritario y el ascenso áel poder democrático, al fiiar en una Constitución áel Estado, es decir, al dar carácter Permanente, a un efímero e inestable equilibrio que, en algrin momento anterior, tuvo que producirse entre un poder que aBonizaba y otro poder que nacía.

El pacto de condominio, en que consiste el consenso, rePresenta, pues, la-suma de dos impotencias, la de un anciáno y la de un niño. La falta de vigor y la falta de madurez j.t, pot ello, los caracteres dominantes de la política de estos diez años, y también losáe aquella inicial operación t¡ánsito que, segrin confesaba en televisión uno de los más conspicuos rePresentantes del partido socialista, consistió en el doble iuego de pactar en secreto con el poder de la dicgdura y de hacer declaraciones pú[licas áe ..rptura con ese poder, porque la información a las masas democráticas de lo que se estaba tramando habría impedido la consecución de los objetivos que sus dirigentes perseguían.

La democracia uperformativa"

La aspiración de la ciase política democrática era la de cohabitar con la clase política fianquista en el albergue de un Estado de derecho, para administrarlo, aliernatira o conjuntamente, bajo la moralidad y mentalidad dominantes en los últimos años de la dictadura. La aspiración de las masas populares era la de participar en la constitüción de un nuevo pg'der democrático, bajo una moralidad social y una mentalidad pública que hicieran posible, y útilmente deseable, su futura participación en la vida política. Ambas aspiraciones eran incompatibles. En aras de su

inmediata legalización y de su inmediata investidura como diputados, los dirigentes de los partidos democráticos sacrificaron las aspiraciones'populares, y se aco- gieron a la oferta de reforma que les hizo el poder de la dictadura.

A partir de este momento los parridos políticos basaron su legitimación no en su militancia ni en su capacidad de convocatoria popular, sino en sus homologaciones internacionales y en su capacidad de financiar las campañas electorales, o, lo que es lo mismo, en el poder de su mat¡iz internacional y .n su posibilidad económica de imponer, mediante la publicidad, la demanda poiíti." dá los ciudadanos y la oferta del partido.

La ideología desaparece en la misma medida en que aparece el marketing. Los programas y plataformas de los partidos se convierten en ofertas y paqueteJ electorales. Los sondeos de opinión esta§lecen no las necesidades de loi cludadanos, sino las prioridades de la demanda efectiva del consumidor político. Todos los partidos dicen y prometen, poco más o menos, lo mismo. La participación ofrecida al ciudadano se reduce a que, de cuando en cuando, elija a un grupo de delegados designado por el partido, reniendo en cuenta un solo criterioiel áe h credibilidad del grupo.

Reducida a esta función, la participación del elector convierte en pura ficción al concepto de soberanía popular. Por dos razones. Porque el Gobierno elegido es irresponsable ante sus electores, y ante las propias bases del partido, pudiendo incumplir impunemente sus promesas electorales. Y, sobre todo, porque el elector ni siquiera puede, como consumidor político, definir su propia demanda.

Del mismo modo que en un mercado de oligopolio no existe soberanía del consumidor frente a las grandes empresas, tampoco el ciudadano puede esperar que su! verdaderas necesidades sean atendidas por los grandes partidos de la oligocracia, ya que estos partidos no están concebidos como asociaciones de ciudaáanos consumidores, sino como organizaciones de producción de mercancías políticas.

La protección del individuo frente al Estado fue la legitimación del modelo li beral de la democracia. El neoliberalismo actual es una doctrina hueca si no fundamenta una vigorosa protección del individuo allí donde hoy má lo necesita, o sea, frente al oligopolio productor. de la mercadería política, o lo que es lo mismo, frente a los partidos.

La soberanía no reside en el pueblo ni en el cuerpo electoral, ni siquiera en las bases militantes de los partidos. Con el sistema electoral impuesto a los españoles lo verdaderamente soberano es el directorio del partido, y arite él los ciudadanos, e incluso sus militantes y diputados están mucho más indefensos que ante el Fstado, y más aún que los consumidores ante las grandes empresas.

Ante el Estado los individuos tienen la posibilidad de utilizar los recursos legales, y algunas veces la de ganarlos. Ante las grandes empresas existe, al menos, la presión de las asociaciones de consumidores. Pero ante la soberanía de los directorios de los grandes partidos no hay nada. Están todavía por nacer las asociaciones

de ciudadanos que la limiten o controlen, ya que la pretensión de que esta función la desempeñen las bases del partido se ha mostrado irrealizable en los países donde se ha intentado.

A consecuencia de que la soberanía está en el directorio de los partidos, en el que se ingresa por cooptación, los políticos sólo tienen que especializarse en una doble competencia: desempeñar el papel que les asigna el directorio y vender la imagen del partido. Es natural que las democracias con mejores performances prefieran para los primeros papeles del escenario político a verdaderos profesionales de la imagen y de la representación: artistas y reyes.

Esta función de la política y de los polÍticos es, sin embargo, el ided de un tipo o modelo de democracia, la de mercado, que, como democracia pe{ormatiua, se legitima por la optimización de sus resultados respecto a la eficiencia del sistema de producción y consumo de mercaderías política, incluyendo en ellas la salud, el trabaio y la cultura.

Y como este modelo de democracia es el que, mediante la reforma del regimen anterior, nos han implantado en España, está fuera de lugar condenarlo, o juzgarlo, con criterios distintos de aquellos en donde se legitima: equilibro de la oferta y la demanda en el mercado político y cifras estadísticas del sistema productivo. Pues bien, situándonos en su propio terreno de juego, aceptando su propia base de legitimación, la cifra de paro alcanzada por la transición basta paraitzgar severamente a esta democracia, cuya performatiuidad no puede equilibrar el mercado de trabajo y que ha rebajado la productividad del salario-hora español en relación con la competencia internacional. Y nrá grave es aún su fracaso en el objetivo primordial de producir un dto grado de integración. I¿ estadística referente a los actos de violencia, comrin o política, y la asiduidad de conflictos en el seno de las instituciones represivas, ponen de manifiesto que nuestra democracia no es tan performatiua como para pretender haberse legitimado con su ejercicio.

No hay, por ello, necesidad de acudir a iuicios de'valor para criticarla por lo que no se propone ni pretende: el progreso moral e intelectual de los españoles. Ia política y la moral no solo están separadas, sino que en las cuestiones decisivas llegan a scr incompatibles. Un caso eiemplar de esta incompatibilidad nos lo está ofreciendo ahora la cuestión de la OTAN.

EL REFER.ENDUM SOBRE LA OTAN

(El País,14 de febrero de 1986)

Desde el punto de vista de la performance, no hay duda de que a la democracia performativa española le conviene perrnanecer y completar su integración en la OTAN. [¿ eficiencia del sistema atlántico, militar, burocrático y bancario se vería reforzada. Lo coherente con nuestro tipo de democracia es pertenecer a la Alianza Atlántica.

Pero si examinamos el asunto desde el punto de vista de la democracia participativa, que no tenemos, y con los criterios morales que le son inherentes, la cuestión capital, entonces, no es la permanencia o la salida de la'OTAN, que puede resolverse sopesando los argumentos en pro y en contra, sino la degradación moral de un sistema político que permite lo siguiente:

1. Que un presidente del Gobierno, elegido, entre otr¿s credibilidades' por su promesa de sacar a España de la OTAN, mediante un referéndum, lo celebre después de elegido para permanecer en ella.
2. Que un presidente del Gobierno explique el incumplimiento de su compromiso electoral como si se tratara de un simple cambio de opinión.
3. Que sus electores toleren el engaño y abuso de la explicación sin exigir inmediatamente su dimisión.
4. Que el principd partido de la oposición proponga como remedio a esta falta de respeto del Gobierno con su cuerpo electoral que lo engañe arÍn más no celebrando el referéndum.
5. Que el partido más militar y atlantista, defensor a ultranza, por razones patrióticas de seguridad, de la integración en la OTAN anuncie que pcdirá la abstención frente al referéndum que proponga dicha integración.
6. 6, Que los militantes y electores de este partido no se manifiesten inmediatamente exigiendo la dimisión de un líder que prefiere poner en peligro el valor máximo de sus creencias, la seguridad de Occidente, antes que colaborar en el éxito de un referéndum, por el solo hecho de que quien lo convoca es el partido con el que rivaliza,
7. Que la prensa y los demás medios de comunicación critiquen o apoyen la decisión del Gobierno sin denunciar el fraude que implica para los electores el derecho que se arroga el presidente de cambiar de opinión y la libertad que se atribuye el lefe de la oposición para pedir la abstención.

Para que la clase política eq especial, y la clase dirigente en general, puedan actuar de esta guisa es indispensable que la gran mayoría de la población adulta viva de espaldas a la política. Y ésta es, precisamente, una de las condiciones que requiere el bueh funcionamiento del régimen performatiuo de la democracia.

Desmovilizacién política

Del mismo modo que el pleno empleo, en determinadas coyunn¡ras del mercado, es un obstáculo al progreso económico de la producción, la plena participación ciudadana en la actividad política haría prácticamente inviable el modelo de democracia delegativa, que es el tipo de Gobierno que los partidos políticos prefieren. De ahí que, puestos a elegir entre un camino corto para gohrnar con electores, y sin ciudadanos, y un camino largo para lograr un régimen democrático de participación, los partidos políticos, incluso los de izquierda, opten por el prime-

ro. La reforma política del régimen franquista era la vía fácil que el poder tradicional ofrecía a los partidos de izquierdas pará establecer en España un modelo de democracia pe{ormatiua sin participación ciudadana. La ruptura democrática era la vía más difícil que las masas democráticas pedían a.sus dirigentes para establecer un modelo de democracia tan representativa como participativa.

EI abandono de la ruptura suponía, pues, la renuncia a un régimen participati- vo de democracia y exigía, en consecuencia, la desmovilizacií¡ política de los ciudadanos. [¿ tarea era muy delicada, porque hasta ese momento los partidos políticos de izquierdas habían basado sus consignas, y su propaganda ideológica, sobre el supuesto de una democracia participativa y de una gran rnovilización popular. Era natural quc en los pactos secretos de la Moncloa se encomendara este trabajo a los partidos y sindicatos obreros, y hay que recon(rcer que lo han realizado muy bien. Tal vez wa ésta su verdadera perfonrarrce, su genuina aportación al triunfo de la reforma política empre¡dida por el poder-heredero del franquismo.

Para cambiar la España diferente de hace diez años por la España indifetente de hoy no bastaba con la práctica del consenso por p¡ute de la clase política. Las masas democráticas tuvieron que ser sometidas, además, a una verd¿dera terapia colectiva de desinterés y escepticismo, mediante una serie de choques psicológicos, que fueron destruyendo la confianza que ingenuamente depositaron en los partidos. A la cálida esperanza suscitada por la ruptura sucedió la frustración de la reforma. Al mágico encantamiento de las virtudes democráticas que los líderes de la izquierda descubrían de repente en sus anfitriones palaciegos sucedió el desencanto político, tras agoterse el reparto de legalizaciones, autonomías, constituciones y sistemas electorales. Y, finalmente, a la gran ilusión, la del cambio, ha sucedido la desilusión de la pequeña realidad socialista, producida no tanto por las clamorosas claudicaciones del Gobierno con relación a su propio programa como por su estilo de gobernar.

Bastaron los primeros gestos del nuevo Gobierno socialista para comprender que su propaganda de incorporar la ética a la política significaba, en los hechos, exactamente lo contrario; reafirmar la misma moralidad y la misma mentalidad que dominaron los años del desarrollo bafo la dictadura.

El Gobierno socialista, plenamente coherente con el modelo de democracia mercantil que ha elegido para los españoles, llega a reivindicar para la política la moralidad inherente a los negocios. Pero su inexperiencia en este terreno le lleva a cometer excesos que no serían lícitos en el mercado económico. La mayoría de las grandes empresas industiiales y de servicios no pueden permitirse, ante su clientela, las licencias que se permite el Gobierno socialista con sus electores.

Pero no hay en realidad peligro para los gobernantes, ya que tampoco los consumidores españoles de la mercancía política tienen la experiencia y la sensibilidad de los consumidores de comestibles, por eiemplo, y los que la tienen sólo pueden opt¿u por la abstinencia.

La transición no proporciona, pues, evidencia alguna de la madurez de un pue- blo y de la generosidad de sus dirigentes, como pretende la propaganda oficial.

Las únicas evidencias que nos brinda la transición son diez hechos significati vos, y reveladores, de que lo acontecido políticamente en España es casi lo contrerio de lo esperado por los demócratas, aunque fuera lo previsto por el mercado.

Los diez hechos históricos que marcan el paso y el rumbo de la transición, y que descubren el estado de la verdadera cuesrión, es decir, la cuestión del poder en España, son:

• l. Las libertades no constituyeron al poder político ni d Est¿do. Fue el regimen de la dictadura quien, legalizándolas, constituyó a las libertades.

2. La principal institución del Estado, la Corona, quedó sustraída al proceso de legitimación democrática.
3. Los particularismos nacionalistas fueron disueltos en la artificial particularizació¡ de todo el Estado.
4. I¿ base del Estado de derecho, el principio de legalidad, consagrado en el título preliminar de la Constitución, y único límite al poder de los funcionarios, quedó excluido del recurso de amparo constitucional.
5. La institución militar, como antes de la transición, continria siendo un poder autónomo al que se somete el poder civil. No admite en su seno a los oficiales demócratas depurados por la dictadura y el ministro socialista de Defensa llega incluso a condenar el hecho mismo de que bajo la dictadura los militares de la UMD tratasen de difundir las ideas democráticas entre sus compañeros.
6. t¿ institución bancaria, como antes de la transición, continúa defendiendo la política económica del Gobierno.
7. El partido del Gobierno, como antes de la transición, continria ocupando los puestos burocrátricos de la función pública.
8. Los medios de comunicación, como antes de la transición, continúan impidiendo la formación de una verdadera y autónoma opinión pública. [¿ autocensura ha sucedido a la censura. Los intelectuales y artistas renuncian a una visión crítica de la transición, o desaparecen de las plataformas de comunicación con las masas. La Universidad ha dimitido. l¿ disidencia está moral e intelccrualmente condenada, o silenciada.
9. Los sindicatos obreros se proponen como obietivo conscguir que la capacidad adquisitiva del asalariado disminuya sólo un punto o dos cada año.
10. ,10. El empresariado, y no la clase política franquista ni la clase financiera, ha sufrido la represión ideológica de la democracia pe{ormatiua, que de esta forma castiga a los principales agentes de la performa¿c¿ del sistema.

A partir de estos hechos, que no tienen otra trascendencia que la de haber ocurrido en Fspaña para impedir el paso del regimen franquista a una democracia modernq se puede construir una ética y un modelo teórico de la transición.

l-a ética de la gcnerosidad de la izquierda, que supo renunciar a sus más arralgados principios para hacer posible la democracia de mercado exigida por el neoatlantismo de la socialdemocracia euroPea.

El modelo teórico de la transición, basado en el hallazgo español del consenso, que debe proponerse como paradigma a los países de América que han de conducir sus dictaduras particulares haci¿ la democracia general de mercado exigida por el atlantismo norteamericano.

Para ambas empresas inteléctuales no faltarán profesores universitarios que conviertan el dato empírico español en imperativo categórico de valor universal y que magnifiquen a nuestra pobre historia interpretándola como un hermoso decálogo de la transición a la libertad.

Cuando en realidad el verdadero decálogo que contiene esos diez hechos históricos es el mandamiento estrateico de la clase dirigente al pueblo español para que páse, airavés de una transición de diez años, del franquismo, en el que estaba, al neofranquismo, en el que está.

Nada tiene, pues, de extraño que al final de esta peculiar estrategia sea el Gobierno socialista quien haya logrado la performance de tener al pueblo-electorconsumidor que merece, y no a la inversa. Porque el pueblo español, tras el sacrificio de una guerra civil y una larga dictadura, merecía dgo mejor.