O RAS RAZONES
GOBERNANTES MINÚSCULOS
U n sólo instante de terror pánico en la urbe cultural y en el centro militar del Imperio trastocó de repente la idea que la libertad política se había hecho de lo que es civilización y cultura. La
EL DEBATE SOBRE LA LOU
relación de fuezas entre los Estados no resultó alterada por la destrucción física de las cosas y personas que perecieron el once de septiembre. No era pues necesario una demostración de fuerza para restaurar, con la Justicia, lo que habían roto tres actos singulares de terrorismo.
un fatal homenaje que la impotencia de la libertad gobernada rinde a la dictadura ensoñada.
La reacción de la soberbia del poder, en la Potencia de ámbito universal a la que humilló el atentado del fanatismo islámico, ha derribado algo mucho mas arduo de reconstruir que las torres gemelas y un ala del Pentágono. Esta guerra de represalia, además de compensar las pérdidas de vida inocente con ganancias en número de muertos, ha roto la confianza del mundo en el comportamiento civilizado de la civilización occidental. Ha dinamitado la creencia de que esta forma de vida, incluso si no está controlada por una efectiva separación de poderes, asegura la defensa de ideales morales y derechos humanos que la barbarie del fanatismo ignora.
Antes de iniciarla se dijo que el objetivo de la guerra no era derribar al régimen talibán sino capturar a Ben Laden y al «mulá» Omar si no lo entregaba. Si ese pretexto bélico era sincero, hay que admitir ahora que la guerra ha conseguido lo que no se proponía y fracasado en su único objetivo. Y la legislación antiterrorista en el interior de los Estados Unidos ha puesto a los derechos individuales en un verdadero Estado de Excepción. Hasta ahora, esto es lo obvio.
Lo dije antes de que empezara y lo digo ahora que está a punto de terminar. La guerra de todo el mundo contra Afganistán no era necesaria. Capturar y llevar a los terroristas ante la Justicia era una empresa a la altura de los ideales que fundaron la democracia en América. Secuestrarla en aviones militares para que, sin pruebas ni juicios, emitiera sus fallos mortíferos sobre indiscriminadas y presuntas fuentes islámicas del terror, ha sido una venganza a la bajura de los instintos primitivos de dominación.
Este tipo de reflexiones democráticas saca de quicio a los minúsculos gobernantes de estas culturas perdidas en problemas mayúsculos. Ocultan su falta de talento político y de carácter moral acusando a sus escasos opositores de minar la confianza en el Estado y de ayudar a la impunidad de los terroristas. No quieren saber que precisamente estos opositores son los únicos que defienden los valores que el terrorismo quiere destruir.
Si algún día el terror deja de ser instrumento de defensa o de conquista del Estado, esa bienaventuranza será obrada por los que hoy se oponen a que la sociedad abandone derechos y libertades individuales en aras de una falsa idea de la seguridad. Todas las dictaduras se han basado en esta falacia de los sentimientos. Y todos los estados de excepción implican no sólo el fracaso de la normalidad jurídica, sino
La única derivación positiva de la histeria de venganza contra el terrorismo se ha producido en la Unión Europea. Entre el montón de sandeces adulatorias que acumulan los gobernantes lacayos del Imperio, llama la atención que haya sido necesario un acto de terror insoportable para que se pongan de acuerdo sobre algo tan elemental como una definición común del delito y un común reconocimiento de la jurisdicción natural que ha de juzgarlo. El adelanto es notable, aunque Berlusconi siga degradando la imagen internacional de Italia al considerar que la corrupción política es un atributo nacional que sólo puede ser juzgado por la moralidad peculiar de cada país.
Antonio GARCÍA TREVIJANO
ca. Pero es la que están adoptando ante las masivas movilizaciones contra la la Ley Orgánica de Universidades, tanto la Ministra de Educación, Cultura y Deportes, como el actual Presidente del Gobierno, éste último en términos toscamente despectivos. Y además resulta absolutamente contradictorio con la convocatoria y participación entusiasta en otras manifestaciones, como las que se dan contra el terrorismo de Eta. Participación, por demás, muy discutible, pues a quien está en el poder lo que le corresponde es ejercerlo con eficacia, en lugar de esconder su ineptitud protestando en la calle, cual es el recurso del ciudadano o la ciudadana desnudos de poder.
parecer, para nuestro actual gobierno y los medios de comunicación a su servicio sólo cuentan las actitudes de apoyo y las críticas adversas son despreciables.
L as manifestaciones con que la ciudadanía se expresa en la vía pública representan un momento esencial de la vida democrática. Tratar de despreciarlas es, por ende, incurrir en una actitud antidemocráti-
Ciertamente se puede estar de acuerdo o no con las reivindicaciones, protestas o adhesiones que motivan una manifestación. Vivimos en una sociedad pluralista y en que debemos ejercer el derecho de pensar autónomamente, que Kant afirmaba como la esencia de la Ilustración. Pero lo que no cabe
URGE UN BUEN CONSEJO
A lfonso Guerra defiende la integridad de España. Artífice del actual texto constitucional, sabe de lo que habla y siempre desconfió de los cantos federalistas supuestamente «lights», incluidos los de su propio partido. Zapatero haría bien en pedirle consejo, porque sus propuestas de reforma constitucional, tendentes a dislocar el modelo de Estado y en línea con quienes pretenden disolverlo via federalismo buscando el propio interés, no son para tomárselas a broma. Como no puede ser que el líder del PSOE desconozca las claves del consenso en la Transición, ni tampoco que no es lo mismo la soberanía del pueblo español (Constitución) que la suma de hipotéticas so-
trario, y para que el PP no les haga tanta mella con el discurso de la unidad, pues ¡gran idea! Proponemos esta reforma de tinte federalista (o «maragallista») y arreglado. Zapatero haría bien en obviar algunas consejos y, desde luego, pedir otros urgentemente.
Luisa PALMA
beranías (federalismo), cabe concluir que su postura puede ser táctica. Por ejemplo, puede pensar que para controlar el guirigay en el seno del PSOE, donde cada comunidad hace de su capa un sayo y aquí digo esto y allá lo con- en una mente responsable y menos aún en un gobernante es desconocer la realidad. Ignorar las manifestaciones en que se proclama un opinar y un sentir colectivo y, menos aún, si tales demostraciones son multitudinarias. Pero, al
En anterior artículo he analizado las graves deficiencias de la LOU respecto al gobierno de la Universidad, internamente mal estructurada en sus órganos y procesos electorales, además de acosada en su autonomía por el poder excesivo de los Consejos Sociales y el control de la misteriosa Agencia de Evaluación y Acreditación. Pero ahora querría referirme a las torpes reacciones con que la ley pretende ser defendida por la Ministra ante la generalizada protesta.
Las respuestas de la Ministra a las repulsas de la ley y las manifestaciones en que se han expresado, han pretendido, en primer lugar, ampararse en una falsa dialéctica entre progreso e inmovilismo. Para ella, los que se oponen a la LOU son inmovilistas, mientras que le ley supone un progreso, que, sin duda resulta sumamente enigmático, al no concretarse en qué consiste. ¿Reside sólo en que es una ley cronológicamente nueva? En concepción tan mecánica del progreso, si se lanzara una legislación que restableciera la pena de muerte, quienes nos opusiéramos a ella seríamos retrógrados e inmovilistas y quienes la apoyaran estarían en la senda del progreso. El franquismo representaría el avance histórico y la II República el conservadurismo.
En primer lugar, y como gran argumento en favor de la necesidad de la nueva ley se aduce la urgencia de elevar la calidad de la enseñanza y la investigación, en medio de una vacua retórica sobre la «sociedad del conocimiento». Pero, leyendo el anteproyecto, no se ve por parte alguna cuáles son los medios que introduce la ley para tal elevación. Desde luego no residen en la mejoría de los escasos recursos de nuestra Universidad, ya que no se entra en una ley que aumente la financiación de la Universidad.
Pero, ya en el terreno del juicio de intenciones, Dª Pilar del Castillo afirma con impertinente acusación que los opositores a la Ley se mueven en defensa de «privilegios». No deja de resultar sorprendente que los privilegios, de los Rectores, los catedráticos, los profesores, los estudiantes y el personal no docente coincidan, pues el rechazo alcanza a todos estos colectivos. Al parecer toda la Universidad está llena de privilegiados. ¿Es quizá para la Ministra un feudo de privilegios, con los cuales ha llegado la hora de acabar?
Y, volviendo a las primeras consideraciones de este artículo, se pretende despojar de todo valor a las manifestaciones, «encastillándose» en el poder y la mayoría absoluta. Se olvida que las encuestas muestran un apoyo mayoritario de la sociedad al descontento por la ley. Y que el «privilegio» de la mayoría absoluta es mucho más efímero que los derechos de la institución universitaria.