Elecciones en Liliput

ELECCIONES EN LILIPUT

E n cualquier terreno diferente al de la política, todas las personas dan sentido a lo que hacen según lo que se proponen. Los actos que realizan responden a una finalidad distinta de la función de lo realizado. Care-

cería de sentido, por ejemplo, comprar un potente autobús para participar en la Fórmula 1. Pero la causa de esa compra no tiene vicios que la anulen. La transferencia de la propiedad al comprador agota la función de la compraventa. El despropósito está en la ilusión de que un ómnibus pueda ganar en Le Mans.

tades públicas que en el resto de los países europeos.

Se comprende que el sentido común no intervenga en los asuntos de fe. La causa de ir a misa es coherente con la salvación eterna que se espera de la participación en el sacrificio de Cristo.

Se sabe que estas elecciones, como las anteriores, sirven para plebiscitar al jefe de partido que debe ocupar la Presidencia del Gobierno y para distribuir las cuotas de participación de los partidos en el Poder legislativo y en el Judicial, en proporción al resultado electoral. Si estas son las metas, bastaría con que los jefes de partido se presentaran como representantes de sus respectivos grupos en todo el distrito nacional. Después de ser votados, cada uno designaría sus delegados en el poder legislativo y en el judicial, de modo que el partido menos votado tuviera un solo delegado y los otros su cuota proporcional respectiva.

Pero es incomprensible la incoherencia de ir a las urnas para votar listas de partidos, creyendo que así se elige algo y se participa en la libertad política. V otar listas de candidatos a la diputación parlamentaria no es lo más adecuado para lo que se disputa en las elecciones, ni para la conservación del sistema de poder que las convoca. Además, el voto plebiscitario de listas ómnibus no elige representantes políticos de los votantes ni guarda relación alguna con la libertad política. La carrera electoral tiene otras metas de mayor trascendencia.

Si el 10 por ciento de votos tiene un delegado, el 40 por ciento tendrá cuatro y el 50 por ciento cinco. El Parlamento de diez legisladores consagraría presidente del Gobierno al jefe del partido ganador y consejeros del Poder Judicial a diez delegados de los partidos. La economía, transparencia y equidad de la distribución del poder del Estado entre los partidos serían absolutas. El sistema ganaría total racionalidad en la unidad del poder sin perder la representatividad que hoy tiene. Incluso mejoraría la calidad literaria de las leyes, pues los legisladores delegados, expertos en derecho, solo tendrían que reflejar en ellas el conflicto resuelto por el consenso entre partidos.

Esta reforma de la Constitución no podría encontrar una sola objeción de los defensores del sistema actual, pues eso implicaría la negación de su esencia. Las competencias de las Autonomías se cederían en proporción a los votos obtenidos por los partidos nacionalistas o regionales. Así desaparecía la igualdad del café para todos y la desigualdad del hecho diferencial. Seríamos la envidia de Europa, donde ningún Estado podría competir con la eficiencia y economía del nuestro para ganar la primera plaza en la UE. Sin que pudiéramos ser acusados de haber disminuido la democracia o los derechos ciudadanos, pues seguiríamos con el mismo grado de liber-

Pero la racionalización del Estado de Partidos y de Autonomías, admirado Jonathan Swift, no resolvería la cuestión del terrorismo. A no ser que, teniendo en cuenta la reacción de la clase política y periodística ante la tregua del terror en Cataluña, que rechaza la gracia de no sufrir atentados como el resto de España, se negociara con ETA la distribución de sus actos terroristas en proporción inversa a la de votos obtenidos por los partidos independentistas. El terrorismo quedaría aquietado si todas las regiones se protegieran con tal escudo y el Estado financiara con sublime generosidad tan equitativo quietismo.

Antonio GARCÍA TREVIJANO

REGRESO AL AUTORITARISMO PENAL

F rente a las exigencias garantistas, ha surgido en la cultura jurídica y política de los últimos tiempos una corriente contraria representada por el dogmatismo liberal-democrático y socialista. Ambas corrientes se han concebido a sí

mismas como fuentes de legitimación absoluta de los sistemas políticos edificados en su nombre. «Democracia», «liberalismo» y «socialismo» se han transmutado en ideologías de legitimación en las que se cambian las funciones ideales del Estado por las reales, la fuente normativa de justificación por la justificación misma, el deber ser político por el ser jurídico o, peor todavía, por el ser de hecho de los poderes institucionales. Y cada vez que Estado y Derecho resultan así idealizados o sobrevalorados éticamente tienden a perder su carácter instrumental para transformarse ellos mismos en fines, valores o «sustancias éticas» autojustificadas. Esta hipervalorización ética del Derecho y del Estado se encuentra en el origen de todas las modernas perversiones autoritarias. Del fascismo y del estalinismo, pero también de las tentaciones

¿SE FÍA USTED DE ACEBES?

A lgunos políticos han sembrado dudas sobre la eficacia o veracidad de algunas operaciones de la Policía o la Guardia Civil. Si alguien tuviese alguna prueba de que las últimas detenciones son apenas un montaje publicitario del Gobierno para arañar votos, que las muestre y que las lleve a los tribunales. Si no, alguien debería rectificar ciertas sospechas aventadas al amparo de que en campaña electoral todo vale. Y no. Porque sembrar inquietudes sobre la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad puede resultar, cuando menos, peligroso. Máxime si hablamos de la lucha contra ETA. Es más, imagino que no siempre se dice toda la verdad en los comunicados policiales de operaciones antiterroristas. Y acaso ello sea necesario para garantizar una mayor eficacia. Los medios, y especialmente los dirigentes políticos, del color que fueren, deben comprender que la credibilidad de Policía y Guardia Civil se rige más por los resultados que por el tenor literal de algunas notas de prensa, en

REBOREDO Y SAÑUDO

las que forzosamente los detalles han de quedar aparcados. Preguntarse por qué no fueron detenidos los etarras que se entrevistaron con Carod, sin tener mayores conocimientos del asunto -yo tampoco los tengo,

claro-, induce a sospechas de juego sucio que nada deben tener que ver con la realidad. No me gustó la rueda de prensa en la que Acebes vertía descalificaciones improcedentes, entre otras cosas porque no es el estilo de Acebes. Pero claro que me fío del ministro del Interior. Como me fío de los responsables del CIS, tan en solfa estos días. Hay estructuras que debemos salvaguardar, salvo que nos den pruebas inequívocas de que sus gerentes actúan con mala fe, contra la democracia o con desacierto. Y la lucha contra la banda del terror va bien. Lo del CIS, hoy lo veremos.

del totalitarismo moderno. Hobbes, por ejemplo, no habría dicho nunca, como diría Hegel, que «el sacrificio por la individualidad del Estado es la condición sustancial de todos y, por lo tanto, un deber general». Tampoco habría dicho que «el Estado no es en absoluto un contrato, ni su esencia sustancial es la protección y la seguridad de la vida y de la propiedad de los individuos singulares; es, por el contrario, lo más elevado que reivindica para sí aquella vida y aquella propiedad y exige su sacrificio». Y mucho menos habría suscrito el mismo Hobbes la apología Hegeliana del valor militar como «la suprema abstracción que hace la libertad» y «la suprema autonomía del ser por sí». Y no digamos ya la exaltación de la guerra como el medio por el que es mantenida «la salud ética de los pueblos». Al contrario, Hobbes teorizó como fundamentales el derecho del súbdito a la autoconversación, la consiguiente facultad de desobedecer al soberano cuando éste le ordene perjudicarse a sí mimo, incluso la legitimidad del miedo y la cobardía y el derecho a huir del peligro a que el soberano le expone con la guerra o con la pena. Hobbes añadía: «Dios hizo a los reyes para el pueblo y no al pueblo para los reyes». La relación entre Estado y ciudadano que para Hobbes, presunto teórico del absolutismo, era de medio a fin, se invierte en Hegel y en el totalitarismo moderno en relación de fin a medio. Y el Estado-fin resulta tanto más absoluto e incondicional en cuanto que, con respecto a las viejas concepciones teológicas, se ha autonomizado, no sólo de sus bases terrenas y humanas sino también de sus vínculos religiosos y metafísicos.

Fernando JÁUREGUI

totalitarias que, de forma recurrente, emergen en las democracias liberales cuando entran en momentos de crisis. No pertenece este fenómeno a la tradición iusnaturalista, ni siquiera en su versión autoritaria y absolutista, sino que es una connotación específica

El tránsito del utilitarismo del Estado-instrumento al eticismo del Estado-fin ha supuesto una fractura en la historia del pensamiento penalista moderno, que se expresa en la pérdida progresiva del punto de vista externo en relación con todos los temas de mayor importancia en el Derecho penal: la lesividad de los delitos y el concepto de bien jurídico, la exterioridad o materialidad de la acción, la imputabilidad y la culpabilidad, la función de la pena y los modelos de proceso. Pero hay otra cuestión en la que este tránsito se ha manifestado de forma más significativa: la relación entre condenado y pena, que es un reflejo del problema de la obediencia política. El pensamiento penalista ha pasado en esta cuestión de un extremo a otro, es decir, de las tesis de Hobbes a las de Hegel. Hobbes considera que si el soberano tiene derecho de castigar, el condenado tiene el derecho de sustraerse a la pena y «defenderse a sí mismo», evadiéndose y oponiendo resistencia. Se debe a Hegel la tesis estatalista más extrema. La pena no es ni siquiera un mal, sino un bien para el que la sufre, de forma que el condenado no sólo tiene el deber, sino incluso el derecho, de someterse a ella y autogratificarse así éticamente. Hobbes representa el mensaje realista del miedo y del individuo que vive. Hegel representa el mensaje de un espíritu idealizado hasta cotas de máximo autoritarismo. Hegel ha resucitado.

Joaquín NAVARRO