S' un pueblo puede soportar tranquilo que su Gobierno y sus adláteres calumnien impunemente a quien de- nuncia con coraje los crímenes de autoridad que dicho Gobierno perpetra contra ese mismo pueblo, es que ese pueblo ha nacido para la esclavitud o está hebetado, y le da vértigo la oropéndola de la libertad. ese

Que el actual poder político español, enhebrado hasta los tuétanos de crímenes, malversaciones, prevaricaciones, corrupción y desfachatez, vea turbias maniobras y móviles inconfesables en quienes señalan gallardamente los lugares donde late la podredumbre gubernamental, representa un cinismo sangrante, y no deja de oler a improvisación autojustificatoria. Es decir, el Gobierno, para justificar la continua transgresión de derechos humanos y de disposiciones legales en que incurre (GAL, CESID, comisiones ilícitas que disparan los precios de las construcciones públicas, fondos reservados con los que comprar joyas más comprometedoras que los diamantes de Ana de Austria, etcétera) elabora unateoría conspiratoria con la que justificar su protervo proceder. Si los españoles no somos capaces de desenmascarar y denunciar la última burda intención que el Gobierno tiene al maquinar esta teoría conspiratoria, acabaremos desembocando, sin quererlo y por circunstancias absolutamente imponderables, en una auténtica o pretendida «actuación creadora de legalidad», que de forma prepóstera e ilegítima justifique y dé por buenas instituciones como el GAL, o actuaciones como las más sonadas del CESID.

Detrás de la patética y rastrera adulación que en estas últimas semanas se está practicando de forma desbordada hacia la figura del Jefe del Estado, se esconde el miedo del que se refugia tras los augustos ropajes de armiño, no para salvar la vida propia de una siniestra conjuración de corte catilinario, o de un vesánico y aislado Booth, sino para esca-

TETRALOGÍA DE LA INFAMIA POLÍTICA

Por Martín-Miguel RUBIO ESTEBAN

bernante es una ficción precientífica de los utópicos.

Contra esta descarada tetralogía de la infamia política caben par de la responsabilidad personal ante actos políticos que deberían ser perseguidos por la Administración de Justicia con la Constitución en el ristre, cuyo artículo 125 comienza a funcionar ahora con timidez excesiva, después de diecisiete años de haber sido aprobada. Con esta adulación envenenada se quiere implicar, en esa ejecutoria de actos políticos tan sinuosos y llenos de recovecos, a quien en principio debería quedar fuera y a salvo de toda posible fechoría gubernamental. Mucha razón tenían los poetas griegos que, como Calimaco de Cirene, se negaban a ver como fruto del azar y del capricho la paronimia existente entre kórax (cuervo) y kólax (adulador).

El Gobierno actual, en lugar de asumir con decisión su responsabilidad por criminales errores políticos, prefiere desde hace ya mucho tiempo llamar conspiradores a quienes únicamente han cometido el pecado de ver lo que es evidente. El caso español hace cierta la negra aseveración de Dürrenmatt, cuando en 1955, en su «Theaterprobleme», al intentar explicar por qué razón ya no ha vuelto a florecer la Tragedia en Europa, nos decía: «En la confusa farsa de nuestro siglo, en el basurero de la raza blanca, nadie es culpable, nadie es responsable». Una ejecutoria política que no entrañe la responsabilidad personal de los actos no es una ejecutoria democrática, ni siquiera liberal; es una pura ejecutoria de fuerza, bárbara, reclusa de cualquier ordenamiento jurídico. Porque la pura ambición política, la «caeca cupido dominandi», que diría Cicerón, o la «natura ávida imperi», que diría Salustio, cuando posee el poder no se rinde jamás a la Justicia, porque siempre halla razones o pretextos para mantenerse.

En resumen, y para no ser prolijos; tal como pronosticaba hace unas semanas el excepcional pensador Antonio García-Trevijano, se está gestando con los mayores recursos jurídicos e intelectuales de que dispone el poder político una doctrina oficial, basada en las siguiente premisas ominosas:

Primera: si bien los aparatos del Estado han podido transgredir la ley u operar al margen de la misma, lo han hecho exclusivamente para frustrar grandes delitos o desactivar terribles conspiraciones contra la democracia. Este proceder es el resultado de un silogismo en forma de sorites, y parte del axioma según el cual los intereses individuales deben supeditarse a los intereses generales.

Segunda: los grandes financieros estafadores y corruptos, que protagonizan lailagrante actualidad, no sólo no son producto del sistema de corrupción imperante, sino que forman equipo conspiratorio con los que ven a los gobenantes actuales como facinerosos y desean implantar una democracia más verídica y decente en este país.

Tercera: si la corrupción no existiera, los aparatos del Estado no funcionarían y serían ineficaces. Lo importante es saber en qué parte del sistema está y tenerla controlada para que no crezca más de lo que cada departamento puede soportar. Pero, en líneas generales y a partir de determinados niveles de responsabilidad, la corrupción no sólo no es mala sino que es deseable. Pensar lo contrario es, en el mejor de los casos, una ingenuidad.

Cuarta: la responsabilidad moral del go- estas cuatro posibles respuestas:

Primera: Los antojos o caprichos del poder político siempre se han vestido con la impoluta levita de los «intereses generales». Pero solamente los derechos individuales, y no el poder, pueden ser considerados como absolutos; existen fronteras, trazadas no artificialmente, dentro de las cuales los hombres deben ser inviolables. Es así que los intereses generales deben supeditarse a los derechos individuales. Lo que la razón del Estado autoritario llama «intereses generales» son sólo los turbios intereses de la propia autoridad. Desde Locke, Hume y Montesquieu sabemos que una constante histórica ha sido el hecho de que la autoridad siempre se ha escondido, parapetado o atrincherado detrás del cínicamente llamado «interés general», tratando de confundir sus caprichos y egoísmos personales con los deseos del pueblo. Por ello, desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (26 de agosto de 1789) lo único que se siente como absoluto son los derechos individuales. Sólo los derechos individuales son absolutos, y no existe ningún otro derecho absoluto que no sea un derecho individual.

Segunda: Las grandes fortunas amasadas desde la cultura del «pelotazo» y una reedición del programa del duque de Orleans, abanderado por el Señor Solchaga, se han conseguido colaborando con el poder político y no combatiendo al poder político.

Tercera: Toda corrupción consentida por el poder político, por pequeña y útil que sea, representa una claudicación del Estado de Derecho, y abre las puertas de par en par al terror político.

Cuarta: Un hombre amoral es en el mejor de los casos un ser anormal. Un gobernante sin responsabilidad moral es un déspota.

Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición

como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.