LA RAZÓN DE ESTADO CIERRA EGIN
JUNIO 2000
JOAQUÍN NAVARRO ESTEVAN
EXTRACTO DEL LIBRO "BUENOS DÍAS, EUSKADI"
Desde el comienzo de la llamada Transición, todos los ministros de Justicia y de Interior barajaron la decisión de cerrar "Egin". Pero sus asesores jurídicos les hicieron ver, con dictámenes rigurosos, que la medida sería contraria a la Constitución. Sólo podría adoptarse dentro de un estado de excepción formalmente declarado, conforme a la ley orgánica 4/1981, de 1 de junio, que lo regula junto a los estados de alarma y sitio. Los sucesivos ministros y gobiernos tuvieron que refrenar sus deseos por urgentes y violentos que fuesen.
Con tanta intensidad eran sentidos, que el Gobierno González introdujo en su Ley Antiterrorista de 1984 un precepto (su art. 21) que permitía el cierre provisional de un medio de comunicación e incluso la ocupación material de sus instrumentos, siempre que se hubiese admitido una querella del fiscal y que lo justificase la gravedad del delito. Pero el ardor guerrero, ya «gálico», de Barrionuevo y González, acompañado de la obsequiosidad de Fernando Ledesma, que hizo una apostólica defensa de aquella ley delincuente, tropezó con el mínimo rigor garantista del Tribunal Constitucional.
En su sentencia del 16 de diciembre de 1987, el supremo intérprete de la Constitución dijo que un fin preventivo o de aseguramiento no justifica «una restricción tan radical de la libertad de expresión y del derecho a la información», libertades que, además, «tienen efectos que trascienden al presunto imputado y afectan a personas sin conexión alguna con el hecho presuntamente delictivo». Existían en el ordenamiento jurídico medios adecuados para aplicar medidas cautelares que no supusiesen aquel gravísimo ataque a las libertades de expresión e información. El Constitucional expulsó el precepto en cuestión de la Ley Antiterrorista por ser incompatible con el texto constitucional.
Parecía un tema definitivamente zanjado. De hecho, cuando Carlos Bueren acordó, sin fundamento alguno, un registro indiscriminado de la sede de "Egin" no se le ocurrió, pese a su notable pasión antiterrorista y a su sometimiento amical a Rafael Vera, la clausura del diario. La única consecuencia de aquel registro fue, meses después de perpetrado, la prisión de mi amigo Pepe Rei que, sin base jurídica alguna, estuvo encarcelado durante cuatro meses. La sentencia de la Audiencia Nacional fue absolutoria. No existían ni pruebas ni delito. Pero de alguna forma tenía que justificarse un registro injustificable.
Las cosas andaban mal en julio de 1998 para el nacionalismo vasco en su conjunto, especialmente para la izquierda abertzale. Golpeada duramente por las consecuencias político-sociales del asesinato de Miguel Angel Blanco, el «espíritu de Ermua» la había aislado en proporciones nunca conocidas anteriormente. Por su parte, ETA había sido «expulsada» de la sociedad vasca. El abertzalismo radical se había aproximado a PNV-EA en procura de un movimiento político y estratégico que le permitiese romper la «caída libre» en respaldo electoral (un 20 por cien menos en una década) y en apoyo social. Arzalluz y Garaikoetxea andaban, a su vez, tanteando en el sur de Francia la posibilidad de una tregua de ETA que invirtiese profundamente la situación.
En este estado de cosas, con Aznar y Mayor Oreja en pleno éxtasis por el ascenso político del PP y sucesivos éxitos policial-judiciales contra ETA, se produjo el registro garzoniano de "Egin" y el cierre del diario y de la emisora "Egin Irratia". El registro se aprovechó para arramblar con todo, incluidos documentos comprometedores para amigos del Gobierno, y el cierre fue se- guido de incontables detenciones de gestores y redactores del diario y de la emisora. Mayor organizó una sun- tuosa rueda de prensa para explicar las razones «judiciales» del cierre aún antes de que el juez pudiese exponerlas. Ya había recibido el regalo de un Martín Villa eufórico: una cesta de huevos. El no se había atrevido a cerrar "Egin" y alababa así, con una exquisitez incuestionable, los cojones de Mayor. La frase de Aznar apuntaba también a la testiculina: «¿Acaso se creían que no nos íbamos a atrever a cerrar "Egin"?» No era el «nos» mayestático. Incluía a Mayor, a Garzón y al propio Aznar. Para que no existiesen dudas en el personal.
Después, como es marca de la casa, una larga y plúmbea fabulación jurídica del superjuez «demostrando» que la propiedad y la dirección del diario y de la emisora formaban parte integrante de ETA y, por tanto, de KAS. Nada le importaba que en Euskadi y fuera de Euskadi muchos medios de comunicación y algunos juristas ilustres tachasen la garzonada de inconstitucional y anti-jurídica. Contaba con el respaldo incondicional del Gobierno, del PP y del PSOE y, por supuesto, del imperio polanquista. Todos ellos se lanzaron a una campaña de identificación de "Egin" con ETA, que incluso «financiaba» el periódico, y asegurando que la medida nada tenía que ver con las libertades de opinión e información. En "El País", Javier Elorrieta se llevó la palma: no sólo dedicaba dulces estancias al cierre de "Egin", sino que exigía la ilegalización de HB: «Permítaseme que lo diga: a veces faltan cojones, cojones democráticos».
Sorprendió, sin embargo, al frente político-judicial la crítica de "El Mundo" donde Enrique Gimbernat escribió una precisa requisitoria contra la decisión garzonita, que consideraba absolutamente inconstitucional, de "La Razón" donde Luis María Ansón aseguraba que «si se está a favor de la libertad de expresión, no se puede cerrar un periódico», de "La Estrella Digital" cuyo director, Pablo Sebastián, afirmó desde el principio que la garzonada era ilegal; de "El Correo Español" y "El Diario Vasco" que mostraban su perplejidad y su inquietud... Demasiados medios, aparte de los ya esperados y mayor número de juristas del previsto. Eramos casi muchedumbre los que carecíamos de cojones democráticos. Más bien nos dolían los «cojones del alma» (como a Miguel Hernández) estas cínicas exhibiciones de prepotencia propias del peor espíritu inquisitorial y del más ínfimo Estado de desecho.
Había sido esplendoroso. ¡Qué sintonía, qué sincronía de poderes, qué sinfonía de ditirambos y plácemes! Justo al día siguiente del «visto para sentencia» en lo de Segundo Marey, veinticuatro horas después de que algunos abogados de las defensas arremetiesen contra el instructor Garzón, evocando uno de ellos el discurso quevediano sobre los malos jueces (cien delicuentes hacen menos daño que un mal juez), cuando ciertos malpensados repasaban en su memoria las tres operaciones garzonistas de mayor calado ("Nécora", "Bogavante" y "Centollo") se produce la maravilla, el seísmo y el tifón todo al mismo tiempo, de la "Operación Cóndor" allá en Euskadi, donde algunos cóndores de mal pelaje y peor agüero asesinaron Gernika como del rayo.
Nuestro juez más campeador había descubierto que el diario y la emisora "Egin" eran delincuentes. No sólo los consejeros de Orain, la socedad editora, o los de Ardatza, la sociedad a la que se habían traspasado los activos de aquélla. No sólo estos o aquellos miembros del «entorno político, mediático, social y financiero» de "Egin" y sus aledaños. También eran delincuentes el diario y la emisora. Como las mulas o los cañones en el ejército, que son arrestados por mal comportamiento. Como toda la humanidad por aquello del pecado original.
No bastaba, por tanto, la prisión de unos u otros, la incautación de documentos, cuentas, publicidad, borradores y proyectos. Había que «encerrar» "Egin" mediante la aplicación de una medida cautelar, de una «consecuencia accesoria», como la clausura del propio diario, de la emisora y de las instalaciones de ambos. Aquello de MacLuhan de que el mensaje es el medio fue muy bien asimilado por Mayor y por Garzón: había que matar el medio, que es el mensaje. No bastaba con matar al mensajero. Aunque con ello se perpetrase una barbaridad jurídica y un disparate político de insospechables consecuencias para el Estado de Derecho, para la paz de Euskadi y para el orden democrático.
No bastaba con la disolución de la sociedad editora, con la suspensión de sus actividades mercantiles, con la prohibición de operaciones o negocios presuntamente delictivos o con la intervención de la empresa. Era necesario el cierre de dos órganos de comunicación como si su salida diaria a los quioscos y a las ondas fuese un gravísimo peligro público o supusiese un acto terrorista o de colaboración con banda armada. No bastaba con criminalizar determinados artículos, perseguir judicialmente a sus autores o no tolerar legalmente indicaciones o instigaciones a la comisión de cualquier delito. Era necesario el más radical de los atentados posibles contra la libertad de expresión y el derecho a una libre información: el cierre de un diario y una emisora.
Ello no había ocurrido en ningún país democrático desde el fin de la Segunda Guerra Mundial y, en España, desde el comienzo de la transición democrática. Nadie juez, policía o gobernante había entendido, hasta la "Operación Cóndor", que el cierre de un órgano de comunicación fuese compatible con la tutela constitucional y judicial de la libertad de expresión. Pero esto no fue obstáculo para los cóndores. Vuelan tan alto que no paran mientes en pequeños detalles constitucionales.
Se nos dijo que debíamos callar, no anticipar juicios y censuras hasta que se conocieran detalles, precisiones y razonamientos sobre la «cruel necesidad» de actuar como se había actuado. Se conocieron pronto. Pero los extensos argumentos de Garzón sólo nos sirvieron para volver a preguntarnos: ¿por qué?, ¿con qué fundamentos reales?; ¿dónde están el Derecho y la Justicia? Las resoluciones garzonitas eran, como diría Borges, «una helada y laboriosa nadería». Su prosa, espesa y municipal, parecía hecha por encargo, para vestir un muñeco fabricado por el Gobierno. Lo había dicho muy claramente Aznar: se habían atrevido a cerrar "Egin". El juez había actuado como brazo secular del Santo Oficio gubernamental. Es posible que Garzón se preparase como recomendaba el "Manual del Inquisidor", de Bernardo Gui: «Recoger hierbas de rodillas, de cara al Este, diciendo las oraciones del Señor».
No existía justificación constitucional posible para estas decisiones político-judiciales. No había cáliz jurídico que las contuviese. No existía jurista alguno por rábula que pueda ser que acertase a explicar jurídicamente que la continuidad en los quioscos y en las manos de sus lectores de un periódico pueda ser prohibida en nombre de la ley. En este sentido, las palabras de Piqué fueron luminosas: «El cumplimiento de la ley no puede interpretarse nunca como un ataque a la libertad de expresión». Es decir: el Gobierno se convertía en tribunal de justicia y en portavoz del instructor (al que previamente había instruido) asegurando que se había cumplido la ley. Y que impulsar su cumplimiento, «sin consideraciones de oportunidad o inoportunidad política, demostrando que no hay áreas de impunidad, es el objetivo prioritario de la lucha antiterrorista del Gobierno».
Además, el secreto del sumario no afectaba al Gobierno y no sólo éste y la clase política integrada están legitimados para valorar determinadas actuaciones judiciales. El elogio y el éxtasis ante las mismas no las interfiere en forma alguna y no implica precipitación o imprudencia. Es sólo, como en los viejos tiempos, la crítica destructiva. Nadie puede afirmar que la hoguera inquisitorial está encendida aunque su resplandor y su temperatura lo dañen hasta cegarlo. Nadie debe advertir sobre la realidad de una estenosis del útero democrático en nombre de un derecho de emergencia que sitúa la razón de Estado y la seguridad del Estado por encima y en contra del Derecho.
La musicalidad de Rubén Darío venía muy a cuento:
A un cruzado caballero/ garrido y noble garzón/ en el palenque guerrero/ le clavaron un acero.
Sabemos que era un cruzado de alguna causa. Todas las causas tienen cruzados o gazules. No sabemos si el acero era toledano o albaceteño ni si el garzón vulnerado fue víctima de alguna garzonía, es decir, de la solicitación, enamoramiento o cortejo que lo convirtiesen, en pleno duelo, en urogallo deslumbrado ante la gentileza de la urogallina. El maestro García Trevijano abreviaba descaradamente las cosas: era un coleóptero judicial.