Las estrategias para la transición: reforma , ruptura y ruptura pactada : ¿Vías hacia la democracia o modelos de democracia?

Pablo Oñate 1

Publicado en en B. Sanz (ed.), La transición a la democracia en España: una visión retrospectiva , Valencia, Facultad de Derecho, Universidad de Valencia, 2006 (162-192).

1. Introducción

El proceso de transición a la democracia en España ha sido analizado en muchos de sus aspectos, como la bibliografía dedicada al tema evidencia. Reflexionar de nuevo sobre el mismo treinta años después de que tuviera lugar ofrece una perspectiva que quizá abra la puerta a interpretaciones distintas. Y acaso el que estas tres décadas hayan supuesto el período de vida democrática más larga que nuestro país ha conocido no sea el único motivo. España se ha incorporado -cabe pensar que definitivamente- al proceso de la modernidad en el que nuestros vecinos europeos llevaban muchos años instalados. Formamos plenamente parte de esa Europa que tanto anhelaron algunos solitarios ilustrados españoles, y estamos integrados en sus instituciones políticas y sociales.

Nuestro proceso de transición a la democracia fue admirado y utilizado como modelo -salvadas las distanciaspara otros que tuvieron lugar posteriormente en América Latina o Europa Oriental. Entre sus virtudes se destacaba que se ubiera conducido por la vía del consenso y el entendimiento entre las elites políticas, poniendo fin a una excesivamente larga historia política de carácter pendular, cuyo común denominador eran las asonadas, golpes de estado, revoluciones, motines, revueltas, etcétera, que provocaron abrieron la puerta a largos y cortos períodos dictatoriales y a muy pocos y efímeras experiencias democráticas.

No obstante, constatado el resultado positivo del proceso así como la evaluación altamente positiva que la evolución posterior merece, cabe reflexionar acerca de ese carácter aparentemente consensual de nuestro proceso de transición a la democracia. Hace diez años dediqué mi tesis doctoral a ese tema, publicando dos años después parte de sus resultados bajo el título Consenso e ideología en la transición política española (Oñate, 1998). En las siguientes páginas quiero retomar algunas consideraciones de entonces relativas a las distintas estrategias que se hicieron patentenes a la hora de abordar el proceso, precisamente por su posible incidencia en algunas de las carencias que hoy se aprecian respecto del funcionamiento de nuestro sistema democrático.

Esas carencias tienen que ver con las altas tasas de desafección y apatía que la ciudadanía manifiesta respecto de las instituciones, los actores y los procesos políticos. Siendo cierto que en gran medida son compartidas por otros sistemas políticos que no afrontaron un proceso de transición a la democracia

1 Las siguientes reflexiones son una síntesis reelaborada de algunos de los argumentos que expongo en un estudio más amplio del proceso de transición: Consenso e ideología en la transición política española (Oñate, 1998).

como el nuestro, cabe ver la huella de ese proceso en algunas de las actitudes ciudadanas que los españoles comparten. En las siguientes páginas nos interesaremos, así, por las estrategias con las que los principales actores afrontaron el proceso de transición, y la evolución en las mismas en los albores de aquella aventura. La deriva que posteriormente acabaría adoptando mucho tuvo que ver con esas iniciales estrategias y opciones, y que dieron lugar a que se posteriormente se presentaran como vías alternativas para conducir a igual fin ( la democracia) en vez de lo que entonces -por su esencia- constituyeron: vías distintas que conducían a diferentes modelos de democracia.

2. Los planteamientos de ' la reforma"

Para sorpresa de muchos, Adolfo Suárez fue el candidato elegido para sustituir al dimitido Arias Navarro como Presidente del Gobierno, el 3 de julio de 1976 2 . Desde el comienzo, el nuevo Presidente quiso dejar clara su voluntad de reformar el régimen político, manteniendo el respeto de la legalidad vigente, para establecer en España un sistema democrático. En cierta forma para apaciguar la 'alarma' que había levantado su nombramiento y para poner de manifiesto su determinación de llevar a cabo la reforma política, Suárez se dirigió al país el 6 de julio, manifestando el p ropósito del Rey y el suyo propio de instaurar en España un régimen democrático y de conseguir que "los Gobiernos del futuro sean el resultado de la libre voluntad de la mayoría de los españoles". Para llevar a cabo su proyecto, y a diferencia de lo que antes había hecho el Presidente Arias Navarro, tendría en cuenta -decía- a la oposición, mostrandose abierto a la "posibilidad de colaboración" 3 .

Diez días más tarde, el 16 de julio, en la presentación del programa de su Gobierno, Suárez afirmó sin ambages que la soberanía popular residía en el pueblo, confirmando su propósito de trabajar colegiadamente en la instauración de un sistema político democrático que estuviera basado en la garantía de los derechos y libertades cívicas, en la igualdad de oportunidades políticas para todos los grupos democráticos y en la aceptación del pluralismo político real. También mostraba su determinación para "hacer las reformas legales necesarias a fin de que puedan surgir las mayorías que informen en el futuro la composición de las instituciones representativas y el propio Gobierno de la nación". Además, Suárez se comprometía a celebrar un referéndum para que el pueblo aprobara los cambios legales que la reforma acarrearía, y a celebrar elecciones generales libres antes del 30 de junio de 1977. Por último se emplazaba a sí mismo a "iniciar un diálogo con los grupos políticos afines y los de la oposición" 4 .

  1. A la hora de constituir su Gobierno, Suárez tuvo que afrontar algunos problemas, pues no disponía de un grupo de colaboradores de confianza. Fue ayudado en esta tarea por Osorio, quien propicio la entrada en el gobierno de miembros de la ACNP, UDE y del grupo Tácito. El Gobierno fue calificado de "Gobierno de penenes" o "de segundones", siendo el margen de confianza y esperanza de vida que se le confería prácticamente nulo. El nombramiento de Suárez supuso una auténtica decepción entre los distintos círculos políticos del momento. Cfr. El País , de 4 de julio de 1976, así como Osorio (1980: 127 ss.), Powell (1991: 177 ss.) y Míguez (1990: 201 ss.). Sobre las posturas del PCE y del PSOE acerca del nombramiento de Suárez, ver Mundo Obrero , 9 de julio de 1976, así como el Comunicado del Comité Ejecutivo del PCE, de 7 de julio de 1976; y El Socialista , de 10 de julio de 1976.

  2. Su mensaje se recoge en El País , de 7 de julio de 1976.

  3. Igualmente, anunció una inminente amnistía para delitos de carácter político, que supondría la

El anuncio de estas medidas por Suárez inmediatamente después de su nombramiento y el apoyo expreso que recibieron por parte del Rey, acabaron con el protagonismo que la oposición venía teniendo en la vida política española. El Gobierno le arrebató la iniciativa siendo éste quien, a partir de la celebración del referéndum de la Ley para la Reforma Política (LRP), marcara la línea política del proceso de transición. En este sentido, durante el mes de agosto, mientras se preparaba el Proyecto de Ley para la Reforma Política 5 , Suárez se reunió con casi todos los dirigentes de la oposición 6 para explicarles, y sólo para explicarles (no para negociar) sus proyectos, al objeto de -en palabras del propio Suárez- "hacerles saber que el objetivo fundamental que buscaban lo iban a conseguir de todas maneras, [si bien] la mayoría de ellos no me creyó" 7 .

puesta en libertad de todos los encarcelados que no hubieran cometido delitos contra la integridad de las personas físicas. Se comprometía, asimismo, a "crear los instrumentos de decisión y representación que propicien una mayor autonomía y en la gestión de sus propios intereses y en desarrollo de los valores peculiares de cada región", dada la "diversidad de pueblos integrados en la unidad indisoluble de España". Sus palabras se recogen en El País , de 17 de julio de 1976. El día 30 de ese mismo mes de julio se concedió una amplia amnistía, que se vería complementada con la que se concedió en mes de marzo del siguiente año.

  1. Con carácter general, sobre la LRP, puede verse Lucas Verdú, La octava ley fundamental. Crítica jurídico-política de la reforma Suárez , Tecnos, Madrid, 1976; Idem, "La singularidad del proceso constituyente español", Revista de Estudios Políticos , 1, 1978; Idem, "Derecho Político y transformación política española", Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense , 55, 1979, (5-34); Sanchez Agesta, La nueva ley para la reforma politica , Presidencia del Gobierno, Madrid, 1977; González Navarro, La nueva ley fundamental para la reforma política , Ministerio de la Presidencia, Madrid, 1977; Linde Paniagua y Herrero Lera, "El referéndum: de las leyes fundamentales al Anteproyecto de Constitución", Revista de Estudios Políticos , 2, 1978; Martín Oviedo, "De la octava ley fundamental a la nueva ordenación constitucional española", Revista de Derecho Público , 68-69, 1977, (643-666). Sobre el proceso de elaboración y aprobación de la LRP vid. A. Osorio, Trayectoria política de un ministro de la Corona , Planeta, Barcelona, 1980, pp. 169 ss.; R. Morodo, La transición política , Tecnos, Madrid, 1988, pp. 110 ss.; S. Míguez, La preparación de la transición a la democracia en España , Prensas Universitarias, Zaragoza, 1990, pp. 208 ss.; Ch. Powell, El piloto del cambio. El rey, la Monarquía y la transición a la democracia , Planeta, Barcelona, 1991, pp. 188 ss.; y P. y A. Fernández Miranda, Lo que el Rey me ha pedido. Torcuato Fernández Miranda y la reforma política, Plaza y Janés, Barcelona, 1995, pp. 222 a 283.

  2. No se reunió con ningún dirigente comunista, aunque, según Powell (1991: 184), era partidario y contaba con la aprobación del Rey para ello- de legalizar el PCE desde el mismo momento de su nombramiento. No obstante, sí se autorizó que se realizara una entrevista de un representante de Suárez (Armero) con Carrillo, al efecto de comunicarle la necesidad de que el PCE aceptara la Monarquía. Según Osorio (1980: 166 y 167) Carrillo mostró ya en esa entrevista su disposición a reconocer la Monarquía si ésta respetaba una Constitución democrática. La primera entrevista entre los dos líderes no se realizaría -y en secreto- hasta el 27 de febrero de 1977.

  3. Entrevista realizada en Toledo por Charles Powell, recogida en Powell (1991: 182). Como puede verse, ya estaba funcionando la falacia de las falsas identidades o la "no identidad de lo idéntico" (Adorno) que llevan a que los términos se usen con significados, en contextos y alcance diferentes. Suárez habla del establecimiento de la democracia (meramente formal e instrumental y, así, insuficiente para PCE y PSOE) como el objetivo fundamental que estos partidos perseguían, en tanto que la democracia formal no era sino un objetivo a corto plazo para estas fuerzas políticas. En este sentido, poniendo de manifiesto la polisemia existente -y, así, negando la univocidad-, en el discurso de clausura del XXVII Congreso del PSOE, su Secretario General, Felipe González afirmó: "En una sociedad en la cual democracia y socialismo se emplean desde todos los ángulos, desde todas las posiciones, se da la misma paradoja que con el empleo de la

Al mismo tiempo, Suárez fue reuniéndose con los diversos sectores político-sociales del régimen (ejército, poderes económicos, diversas familias franquistas, etc.) para explicarles sus planes de reforma y, generalmente, para apaciguar sus incertidumbres, tratando de neutralizar a los sectores más reaccionarios, ya que el Proyecto de Ley de Reforma necesitaría, para ser respetuoso con la legalidad vigente -lo que constituía una condición incuestionable de la reforma-, el dictamen -no vinculante- del Consejo Nacional del Movimiento y la aprobación por las Cortes franquistas 8 .

El 8 de septiembre, el Consejo Nacional dictaminaba afirmativamente el Proyecto de Ley de Reforma Política (LRP) 9 ; el 10 del mismo mes, Suárez presentaba el Proyecto a la nación en una alocución televisiva; el 17 de noviembre, las Cortes franquistas aprobaban la Ley para la Reforma Política 10 . En el mensaje televisado en el que Suárez presentó el Proyecto de Ley a la nación, el Presidente dijo, tratando de tranquilizar a quienes temían la apertura de un proceso constituyente, que "no se pretende hacer borrón y cuenta nueva" sino que "se modifican aspectos concretos para hacer viable el propósito de que el pueblo español sea el dueño de sus destinos", a través de un proceso que arrancaba "de la legalidad fundamental vigente, llevándose a cabo a través de los procedimientos previstos" en ella 11 .

Finalmente, el pueblo español aprobaría la LRP en referéndum celebrado el 15 de diciembre de 1976 12 . Los resultados del referéndum palabra democracia. El Gobierno habla de democracia, la oposición habla de democracia, y no quieren decir la misma cosa, quieren decir a veces cosas distintas, contrapuestas". Suárez estaba anticipando esa falsa identidad entre los conceptos de reforma y de ruptura, suponiendo que lo que todos querían, reformistas y rupturistas, era lo mismo.

  1. Suárez se reunió con los más altos mandos militares el 8 de septiembre para presentarles la reforma y tranquilizarles respecto a los límites de la misma. Los militares parecieron, en principio, aceptarla. Sobre esa reunión ver Osorio (1980: 183) y Powell (1991: 192 ss.). Desde un principio Suárez tuvo en cuenta los límites de la reforma que los militares no permitirían superar, como comunicó al socialista Solana y éste recogió en una nota redactada tras entrevistarse con el Presidente del Gobierno a los nueve días de su nombramiento (se recoge parcialmente en El País , de 2 de diciembre de 1996).

  2. Lo único que el Consejo exigió que se suprimiera del Proyecto fue el Preámbulo, al considerarlo demasiado radical, pero respetó el conjunto del articulado. Puede consultarse el Preámbulo en El País, 12 de septiembre de 1976. También se recoge en Férnandez Miranda (1995: 367 y 368).

  3. Powell (1990: 199 ss.) narra con detenimiento las gestiones que los miembros del Gobierno y algunos de las Cortes hubieron de realizar para que los procuradores franquistas dieran su voto afirmativo a la Ley. Martín Villa, a la sazón Ministro de Gobernación, procedente del sector falangista, afirmó gráficamente "menos acostarnos con ellos, hicimos de todo" (cit. por Powell, 1990: 200). Como ha señalado Julian Santamaría (1982: 400) si se analizara la provisión de cargos públicos en la Administración y en los consejos de dirección de las empresas públicas desde aquellas fechas, se comprendería mejor por qué se consiguió la aprobación de la LRP en las Cortes. Sobre el trámite de aprobación, ver Fernández Miranda (1995: 234 a 242).

  4. Mensaje del Presidente Suárez a la nación emitido por TVE el 10 de septiembre de 1976; ver El País , de 11 de septiembre de 1976. También se recoge en Powell (1991: 191).

  5. Ley 1/1977 de 4 de enero, para la Reforma Política (B.O.E. de 5 de enero). Los resultados del referéndum fueron un 94.2% de síes; un 2.6% de noes; y un 3.3% de votos nulos o en blanco. La abstención, opción que preconizaba la oposición, alcanzó el 22.3%. Sobre la actitud de los grupos continuistas o inmovilistas frente a la LRP, ver Fuerza Nueva (4 de diciembre de 1976), El

supusieron para los proyectos reformistas y, más en concreto, para el Presidente Suárez, una auténtica y decisiva inyección de legitimidad democrática -de la que hasta entonces carecía-, en detrimento de las posiciones mantenidas por la oposición 13 . A partir del referéndum el Gobierno empezó a negociar con los grupos de ésta 14 , la que, a la vista de los resultados de la consulta popular, comenzó a plegarse a las propuestas del primero, flexibilizando sus posturas de ruptura democrática , abandonando la confrontación e iniciando el camino hacia la ruptura pactada , al tener la mirada puesta más en las inminentes elecciones generales.

La Ley, embrión del programa de reforma del Gobierno Suárez, además de afirmar la "supremacía de la Ley", que ésta debía ser la "expresión de la voluntad soberana del pueblo", que la "potestad de elaborar y aprobar las leyes reside en las Cortes" que el Rey sanciona y promulga, declaraba -sin que pasara de ser una mera afirmación- que los "derechos fundamentales de la persona son inviolables y vinculan a todos los órganos del Estado" (art. 1). En su artículo segundo establecía que las Cortes se compondrían de dos Cámaras (Congreso de los Diputados y Senado) que serían elegidas por sufragio universal, secreto y directo. En el artículo quinto abría la posibilidad de que el Rey sometiera directamente al pueblo una opción política de interés nacional, fuera constitucional o no, cuyos resultados se impondrían a todos los órganos del Estado. Por su parte, la Disposición Adicional Primera establecía las bases del sistema electoral que habría de regular las primeras elecciones a Cortes, confiando al Gobierno la elaboración de la normativa específica que las debería regir, teniendo en cuenta que la Ley fijaba criterios de representación proporcional, con dispositivos correctores, para la elección del Congreso de los Diputados, y criterios de escrutinio mayoritario para la elección del Senado 15 . Por último, la Disposición Final confería a la Ley el rango de Ley Fundamental.

La Ley para la Reforma Política se complementó con un serie de medidas reformistas, como la readmisión de los catedráticos expulsados de sus plazas (García Calvo, Aranguren, Tierno Galván), la legalización de los partidos políticos en el mes de febrero 16 , la disolución del Movimiento y de los Sindicatos, en marzo y abril, otra amnistía política, en marzo, y la convocatoria de elecciones generales para el 15 de junio.

En definitiva, el principio básico de la reforma consistió en que el

Alcazar (6 y 7 de diciembre de 1976) y El País (8 y 9 de diciembre de 1976).

  1. La oposición, como se verá inmediatamente, propugnó -aunque sin mucho entusiasmo- la " abstención activa ", como respuesta a la elaboración unilateral de la Ley por parte del Gobierno.

  2. El trato que el Gobierno dispensaba a los partidos de la oposición no era igual. Mientras que los actos de democristianos y socialistas eran generalmente tolerados, se seguía marginándo al Partido Comunista y a los grupos ubicados a su izquierda. En este sentido, ver la circular del Ministerio de Gobiernación citada por Osorio (1980: 206 y 207) relativa al trato de "activa y enérgica intolerancia [que] abarcará al PCE y a sus partidos sucursales".

  3. La introducción de los dispositivos correctores de la proporcionalidad para elegir el Congreso se debió a una enmienda de los procuradores de Alianza Popular. La Ley, en su artículo segundo, autorizaba al Rey a nombrar un número de Senadores no superior a la quinta parte de los elegidos.

  4. La del Partido Comunista se llevaría a cabo el 9 de abril de 1977.

proceso debía ser dirigido y controlado por miembros de la élite política del franquismo (en sentido amplio, excluyéndose a la oposición), respetando la legalidad fundamental vigente y a través de los procedimientos establecidos por ésta para ello. Esto garantizaría la no intervención de las Fuerzas Armadas y el apoyo pasivo (tolerante) de los sectores sociales menos proclives a grandes cambios. Esto es, el objetivo principal de los reformistas consistía en llevar a cabo una democratización que no alterara sustancialmente el status quo socioeconómico, respetando, en cualquier caso, determinados aspectos de la herencia franquista: unidad nacional, Monarquía, y el 'honor' de las Fuerzas Armadas (Powell, 1989: 86 y 11).

De esta forma, partiendo de la legalidad vigente y a través de los procedimientos fijados para ello, se reformaría el sistema político articulado por las Leyes Fundamentales, estableciendo un sistema democrático de corte occidental, con elecciones libres y derechos y libertades públicas garantizadas, en el que todos los poderes y órganos públicos estuvieran sometidos al imperio de la Ley, y en el que ésta fuera "la expresión de la voluntad soberana del pueblo". De lo que se trataba era de reformar el sistema político desde dentro, controlando el proceso para que no se escapara de las manos y llevara a situaciones 'no deseadas'. Como afirmara Ortega y Díez-Ambrona (1984: 25 y 26) la reforma no dejaba espacio para estrategias basadas en movilizaciones de masas, Gobiernos provisionales o de concentración nacional , ni a perspectivas de profundización de la democracia en lo económico o social, tal y como planteaban las organizaciones de la oposición.

3. Los planteamientos de "la ruptura"

Lo primero que debe señalarse respecto al término "ruptura" es la considerable polisemia que alcanzó en esta etapa. Esa pluralidad de acepciones no dependía sólo del sujeto que usara el vocablo, sino del momento en el que lo hiciera, pues la significación que se le confirió fue, en términos generales, distinta de un momento a otro. Evolucionó hacia posiciones más moderadas, más cercanas a la postura reformista sostenida por el Gobierno, acabándose por no querer ni recordar siquiera el programa inicial del que se partió, sino felicitándose por 'haberse alcanzado' los objetivos marcados -se dirá-, aun cuando hubiera tenido que ser mediante otras vías, las de la reforma. Aun dentro de esa pluralidad de significaciones, puede hablarse fundamentalmente de dos momentos del término ruptura. Aquél en el que se usa sin adjetivo ninguno, ruptura democrática pura y simple, que será el primero y más radical; y el formulado como ruptura pactada que se acuñará y comenzará a utilizar en los primeros meses de existencia del Gobierno Suárez, como una versión más moderada del primero y consecuencia de la iniciativa reformista nuevo equipo de gobierno.

El planteamiento inicial que la oposición democrática formuló en el término "ruptura" estaba basado en su profundo convencimiento de que los dirigentes políticos franquistas eran incapaces de hacer evolucionar el régimen hacia formas verdaderamente democráticas. Así, el elemento fundamental de esta concepción consistía en que la oposición debía gestionar, dirigir y controlar la transición a la democracia, apartando del proceso a las personas que hubieran colaborado con

el régimen dictatorial 17 . Los medios con los que se esperaba lograr estos objetivos se concretaban, por un lado, en el desarrollo de un proceso generalizado de movilizaciones -de carácter pacífico, se insistirá siempre por los partidos de la oposición- en todos los niveles; por otro, se fomentaría el proceso de unidad de las distintas fuerzas de la oposición para, una vez alcanzados estos propósitos, entablar un proceso de negociaciones con los poderes fácticos del sistema para la formación de un gobierno provisional de unidad nacional que iniciara el proceso democratizador. Ese gobierno garantizaría las libertades y derechos fundamentales, concedería una amplia amnistía política, convocaría elecciones, abriría un proceso constituyente, convocaría un referéndum popular sobre la forma de gobierno y restablecería las instituciones autonómicas en los territorios que disfrutaron de ellas en la II República y en aquéllos que desearan adquirirlas.

La estrategia de la ruptura democrática combinaba, así, elementos de confrontación (movilizaciones de masas) con los de negociación (con los poderes fácticos del régimen); propugnaba la unidad de la oposición para estar en condiciones de imponer el gobierno provisional de amplio consenso democrático (formado por miembros de la oposición junto con los provinientes de otros sectores democráticos no incluidos en ella) para realizar la consulta sobre la forma de Estado y de gobierno, legalizar todos los partidos políticos y organizaciones sindicales y convocar elecciones generales tras un período de reflexión y de ejercicio de todas las libertades públicas y abrir un proceso constituyente (dirigido por el gobierno provisional). Estos planteamientos se reflejan en el Programa político aprobado por la Plataforma de Organismos Democráticos (ver más abajo) en su reunión constitutiva de Valencia, celebrada el 25 de septiembre de 1976. Por esas fechas, los partidos más importantes de la oposición estaban ya evolucionando hacia la ruptura pactada , pero este documento todavía recoge los planteamientos esenciales de la estrategia de ruptura. Este Programa sería modificado con posterioridad, en un sentido más moderado 18 .

Pero la ruptura democrática consistía en algo más que la simple instauración de un régimen democrático en el que se garantizaran las libertades públicas y se celebraran periódicamente elecciones para la renovación de los gobernantes: la ruptura era originalmente vista como la fase inicial de todo un proyecto de transformación de las relaciones de poder en nuestro país y de las formas y posibilidades de participación política ciudadana 19 .

La organización en la que se articuló y desde la que se defendió la

  1. Es casi unánime la opinión que pone de manifiesto la importancia y las consecuencias que el factor de la dirección del proceso podía tener para la naturaleza del sistema democrático resultante, para su consolidación y para las distintas opciones del proceso mismo de transición. En ese sentido, a modo de ejemplo, ver Alvarez Dorronsoro (1976: 53 ss. y 1979: 12 ss.), Linz (1982: 29 ss.), Del Aguila (1982: 66), Powell (1989: 13), Míguez (1990: 243 y 244) y Colomer (1985: 1284 y 1300).

  2. Véase la "Propuesta de creación de la Plataforma de Organismos Democráticos y de su programa político. La alternativa para la democracia", Valencia, 25 de septiembre de 1976 (original mecanografiado, consultado en el archivo de Alvarez Dorronsoro).

  3. El proyecto más perfilado fue el elaborado por García Trevijano (1978) que suponía una total transformación de las estructuras económicas, sociales y políticas españolas.

estrategia de ruptura fue la Junta Democrática de España (JDE), que se presentó el 30 de julio de 1974 en sendas ruedas de prensa simultáneas en Madrid y París, aunque la decisión de constituir este organismo de la oposición democrática se había tomado en una reunión celebrada el 30 de marzo (Tierno Galván, 1982: 446 ss.; Calvo Serer, 1978: 248 ss.; y Alvarez Dorronsoro, 1976). Formaron parte de la JDE el PCE, su fuerza más importante, el PSI -luego PSP-, el PCE (i) -luego PTE-, la Alianza Socialista de Andalucía, el Partido Carlista y un grupo de independientes que constituían el componente más radical y activo dentro de la Junta (Antonio García Trevijano -quien fue nombrado coordinador de la misma-, José Vidal Beneyto, Rafael Calvo Serer). En ella también se integraron esporádicamente las Comisiones Obreras, asociaciones de barrios, de profesionales, etc. La Junta Democrática de España se constituyó en el adalid de la estrategia de ruptura, especialmente por la presencia de García Trevijano, hasta la salida de éste, como consecuencia de los enfrentamientos con el representante del PSOE, Enrique Mújica, y la falta de apoyo del PCE.

Para el Partido Comunista, el más importante de los que integraban la Junta Democrática de España, la ruptura con el franquismo y la instauración de una democracia era un primer paso en el proyecto de alcanzar la "democracia política y social", superadora de la democracia meramente "formal" (lo que no significaba que ésta no fuera valorada como un enorme progreso en comparación con el régimen dictatorial). El objetivo final, que ahora se posponía en función de las circustancias, era una democracia políticamente "mucho más amplia y profunda" que las existentes en los países occidentales y que se debía aplicar además al terreno económico y social para superar, mediante la hegemonía de las fuerzas del trabajo y de la cultura, una sociedad en la que el poder estaba en manos de monopolios capitalistas. Es decir, la democracia "formal" tenía, para el PCE, un carácter meramente instrumental, era concebida como un avance importantísimo, pero no se olvidaba su carácter de medio para alcanzar un fin último: la democracia política y social y, con ella, el socialismo. En el esquema del PCE, una vez democratizado el sistema político español cabían, como se señaló, dos posibilidades: que progresara en el sentido de esa democracia política y social o que lo hiciera en el de la democracia "neocapitalista" 20 . Las libertades públicas y las elecciones no constituían un fin en sí mismas, sino que eran el medio, la vía para alcanzar el fín último, la democracia verdadera , la democracia participativa, política y social; a la postre, el socialismo.

Por su parte, el PSOE constituyó la Plataforma de Convergencia Democrática (PCD) en julio de 1975, tras un largo proceso de contactos con otros partidos y grupos socialdemócratas y democratacristianos. A este organismo pertenecieron inicialmente el PSOE -su principal fuerza-, los grupos políticos del Consejo Consultivo Vasco (PNV, ANV, PSOE de Euzkadi), la Federación de Partidos Socialdemócratas, Izquierda Demócrata Cristiana, MCE, ORT, Partido Carlista, Partido Galego Socialdemócrata, UDPV, USDE, RSDC, CDC y UGT. El motivo principal para la constitución de este organismo fue el deseo de los dirigentes de estos partidos de no verse involucrados en una instancia política con el Partido Comunista -lo que supondría reconocer el protagonismo de éste, algo que el PSOE trataba de evitar por todos los medios, además de que entonces no era políticamente rentable unirse a los comunistas (el régimen diferenciaba claramente entre los comunistas y los demás, tolerando

  1. Cfr. el Manifiesto-Programa del PCE de 1975, p. 132, cit. supra.

las actividades de éstos y reprimiendo duramente las de aquellos, como ya se ha mencionado). También la PCD defendía el programa de ruptura democrática , aunque con menos ímpetu que la JDE. La principal diferencia entre ambos organismos provenía, precisamente de la distinta posición en la que se encontraban sus respectivos partidos-miembros: la JDE era más partidaria de la estrategia de confrontación que la PCD, ya que los miembros de ésta eran conscientes de que en un momento u otro serían llamados a negociar por las fuerzas del régimen. Su actitud frente a las movilizaciones sociales era, por tanto, mucho más restrictiva, consecuencia, como ha señalado Míguez (1990: 445 y 446), de sus planes para la transición: más cercanos a la "sucesión" que a la "sustitución". Así, aunque en sus documentos iniciales propugnaban la vía de la ruptura , su actitud fue moderándose a medida que se sucedieron los acontecimientos, con lo que "el régimen democrático que se consiguiese instaurar tendría muy poco que ver con lo que se proyectaba en los documentos de la PCD" 21 .

La Plataforma de Convergencia Democrática también consideraba prioritario el establecimiento de un régimen 'democrático', posponiendo igualmente sus objetivos finales o últimos: "la conquista del poder político por la clase trabajadora y la transformación de la sociedad capitalista en una sociedad socialista", objetivos para los que la democracia, entendida en su sentido formal, como procedimiento, sólo constituía un medio (Resolución Política XXV Congreso: 2 y Resolución Política XXVI Congreso: 1). De esta forma el PSOE buscaba superar el carácter formal de las llamadas "libertades políticas" del Estado capitalista -meramente "formales", "superficiales" e "insuficientes"-, accediendo a las "libertades reales" a través de la profundización del concepto de democracia. El PSOE manifestaba no conformarse con la democracia formal , sino que perseguía la profundización en el concepto de democracia para alcanzar la "democracia social y economica", es decir, una democracia sustantivanormativa, en la que una participación ciudadana en todos los niveles, más intensa que la meramente electoral, fuera una realidad.

Como se ha señalado, la transformación del régimen franquista en un régimen democrático ("formal") era considerada la primera etapa de su proyecto de transformación de la sociedad. La ruptura se ubicaba en esta primera etapa; primera etapa a la que necesariamente habrían de seguirle otras en las que se profundizaría en la democracia y en las libertades para hacerlas reales mediante una mayor participación de los ciudadanos en todos los ámbitos de su vida política y social, hasta la constitución de una sociedad socialista y autogestionada 22 . De esta forma, la llamada "democracia formal" tenía, también para el PSOE, un carácter fundamentalmente instrumental, de medio para alcanzar objetivos y fines superiores que se subsumían en el término de "democracia real" (mayor participación en todos los niveles, autogestión, superación del sistema capitalista y sus estrechas libertades formales, etc.).

21 Míguez, 1990: 445 y 446; en el mismo sentido, criticando la moderación de la PCD, Carrillo, 1983: 31 y 32

  1. Cfr. los documentos del PSOE citados, así como la Resolución Política del XXVII Congreso (p. 9), y el Programa de Transición (Estatuto de libertades públicas y Económico, pp. 8 y 1 y 3, respectivamente), así como el Discurso de Apertura del Congreso por parte de Felipe González (p. 8 y 18).

En definitiva, los partidos de la oposición democrática 23 entendían que el proceso de transición a la democracia debía suponer no sólo transformaciones políticas profundas, como pretendían en parte -sólo en partelos partidarios de la reforma , sino, además , otras de carácter social y económico; que debía instaurarse, junto a una verdadera democracia política (más profunda que la electoralista , "meramente formal"), una democracia económica y social, entendida ésta de diversas formas, pero aludiendo siempre a mayores cuotas de participación popular en el campo de la política -a todos los niveles-, de la economía y de la sociedad. Para lograrlo se consideraba imprescindible que el proceso fuera dirigido por personas que no hubieran participado con el régimen franquista. Todo esto es lo que los partidos de la oposición querían inicialmente denotar con el término "ruptura democrática", algo muy distinto, mucho más amplio que lo que pretandían los partidarios de la estrategia de reforma 24 . García Trevijano (1978: 41) resumió la diferencia entre la ruptura y la reforma con las siguientes palabras: "No se debe confundir la democracia como técnica de administración de un poder político constituido, con la democracia como técnica constituyente del poder político".

4. Hacia la ruptura pactada: legalización de los partidos y convocatoria de elecciones

La 'unidad' de la oposición se concretó, en primera instancia y tras un largo proceso, en el organismo Coordinación Democrática (CD), constituido por la JDE y la PCD (bautizándose por ello con el sobrenombre de "Platajunta"). En diciembre de 1975 se había formado el Comité de Coordinación entre las dos instancias de ámbito nacional existentes hasta entonces. Los mayores escollos para la unidad provenían del lado de la Plataforma, ya que en su seno los partidos eran más proclives a la moderación, seguros como estaban de que serían llamados a negociar por el Gobierno, dejando de lado la estrategia de confrontación y de movilizaciones populares, que alcanzaron durante 1975 unos niveles desconocidos hasta la fecha (Maravall, 1984: 26 ss.). A ello se sumaba la exigencia de la Plataforma de que las organizaciones no partidistas ni sindicales quedaran excluidas de los organismos unitarios. Finalmente, en marzo de 1976, tanto el PCE como el PSP aceptaron las condiciones de la Plataforma y, tras los acontecimientos de Vitoria (en los que el día 3 de ese mes, como consecuencia de enfrentamientos entre manifestantes y la policía, habían muerto 5 personas y más de 70 resultado heridas), el día 26 se creó Coordinación Democrática. El día 29 los principales dirigentes de los partidos integrados en ella la presentaron en una reunión con la prensa, a la salida de la cuál serían detenidos por la policía (Osorio, 1980: 91 ss.) 25 . El proceso de unidad de la oposición se completaría a

  1. Por supuesto, con las excepciones de los democratacristianos y de algún otro partido minoritario.

  2. Esas diferencias fueron puestas de manifiesto por diversos autores. Cfr., en este sentido, García Trevijano (1978: passim), Vidal Beneyto (1977 y 1981), Powell (1989: 12), Przeworsky (1986), Morán (1991: passim), entre otros.

  3. Cfr. la "Declaración de Coordinación Democrática" de 26 de marzo de 1976 (original consultado en el archivo personal de Alvarez Dorronsoro).

finales del mes de octubre con la formación de la Plataforma de Organismos Democráticos (POD), que incluía a los partidos integrados en CD más aquéllos que integraban otros organismos unitarios de carácter regional.

Desde un principio, Coordinación Democrática se constituyó, más que como una alternativa al régimen dictatorial, como un organismo para la negociación con el Gobierno 26 . Pese a las afirmaciones de sus dirigentes, la tan buscada unidad de la oposición era bastante débil -más bien precaria- ya que en su seno coexistían grupos que estaban más dispuestos a la negociación que otros y que confiaban en las sucesivas propuestas reformistas 27 . De hecho, el Gobierno se esforzó por debilitar la unidad de la oposición, marginando a los comunistas y tratando con mayor tolerancia a los partidos socialistas y democristianos 28 .

No obstante, no era la actitud del Gobierno de turno lo único que separaba a los partidos de la oposición. Los partidos integrados en Coordinación Democrática tenían distintos y distantes programas, estrategias, y actitudes frente a la transición. De hecho, la debilidad de la unión de la oposición se basaba precisamente en su incapacidad para acordar un programa único y definido y una estrategia común para llevarlo a la práctica, por lo que el Gobierno Suárez se hizo fácilmente con la iniciativa sin que la oposición, pese a su 'unidad', pudiera contrarrestarla, como pusiera de manifiesto Vidal Beneyto (1977: 139 ss.). Hasta la constitución de CD, las movilizaciones populares habían sido generalizadas y no siempre convocadas ni controladas por los partidos políticos. A partir de la formación del organismo unitario, y especialmente desde la presentación del programa del Gobierno Suárez, los partidos integrados en CD se esforzarían por controlar las movilizaciones, limitándolas cada vez más 29 . La diferente actitud frente a la utilización de las movilizaciones populares como un elemento de presión 'desde abajo' en la estrategia rupturista fue uno de los elementos que más distorsionaron la unidad de la oposición. La democracia cristiana jugó un

  1. Cfr., al respecto, Solé-Tura, "Ruptura pactada", en Cuadernos para el Diálogo , nº 159, mayo de 1976. El lenguaje de CD estaba ya deslizándose (Míguez, 1990: 461) hacia estas posiciones, que culminarán en la "ruptura pactada", aunque en sus documentos aún se hiciera incapié en la necesidad de abrir un proceso constituyente y una consulta popular sobre la forma del Estado y del Gobierno.

  2. El rechazo de la táctica de confrontación se había registrado ya frente al Gobierno Arias-Fraga, aunque se hizo mucho más intensa y generalizada con el nombramiento de Suárez, momento a partir del cuál los partidos jugaron un papel inverso al que venían desempeñando respecto a las movilizaciones populares; su actitud y estrategia pasó a ser de contención. Según Míguez (1990: 464), cuando en el seno de CD se elaboró una propuesta de documento criticando el proyecto de ley del derecho de asociación del Gobierno Arias-Fraga, tanto el PSOE, como el PSP e ID se abstuvieron de firmarlo, al considerar que con el instrumento propuesto por el Gobierno "se podría llegar a un proceso de paulatinas legalizaciones". Cfr. Mujal-León (1983: 145) y Míguez (1990: 208 y 286).

  3. Ver, en este sentido, la circular del Ministro de Gobernación a los Gobernadores Civiles, citada por Osorio (1980: 206 y 207) y a la que ya se ha hecho referencia con anterioridad, así como Mujal-León (1983: 145); Míguez (1990: 291, 316, 317, 345 y 361 ss.); y Powell (1991: 195 y 208). Esa discriminación fue denunciada en múltiples ocasiones por el Partido Comunista, que veía en ella un claro intento de marginarle del proceso. En este sentido, ver Carrillo (1983: passim, especialmente 93 ss.).

importante papel en estos organismos, 'forzando' a que se restringiera el uso de las movilizaciones populares y a que la estrategia de los mencionados organismos unitarios girara hacia la moderación y las soluciones negociadas. De esta forma, se fue moderando "el programa" de ruptura democrática que sostenían los organismos unitarios, aliviándolo de sus aspectos más radicales y críticos para con la política del Gobierno.

La reacción de la oposición ante la presentación de la Ley para la Reforma Política por parte del Gobierno Suárez fue inicialmente negativa. Coordinación Democrática hizo público un comunicado en el que reconocía que "el Gobierno ha realizado el máximo esfuerzo del que es objetivamente capaz, dentro de las instituciones del régimen, al llegar a reconocer expresamente que la soberanía política reside en el pueblo y que el sufragio universal es la única fuente de legitimidad del poder". No obstante, se rechazaba el referéndum y las anunciadas elecciones por considerar que todavía no existían las necesarias garantías para celebrarlas; que de la elaboración del proyecto de reforma se había excluido a la oposición; y que el referéndum y las elecciones no supondrían la apertura del necesario proceso constituyente. Se exigía, así, la formación de un gobierno "de amplio consenso democrático" que, "tras un plazo razonable de ejercicio de todas las libertades públicas (...), convocara [elecciones a] una asamblea constituyente, [que] resuelva la forma de Estado y de Gobierno" 30 . El Partido Socialista Popular se negó a firmar el comunicado, presentando al Gobierno un contra-proyecto, con lo que se alejaba de las posiciones rupturistas de CD 31 .

El giro de los partidos hacia la "ruptura pactada" se hizo patente en las reuniones que tuvieron lugar para la creación de la Plataforma de Organismos Democráticos (POD). En el seno de CD, al discutir las propuestas para la reunión de Valencia se produjo un enfrentamiento entre el coordinador García Trevijano y el representante del PSOE, Enrique Mújica, aprobándose las tesis del primero. Al elegir representantes para la reunión constitutiva de la POD resultaron elegidos García Trevijano y Sanchez Montero (del PCE). El representante del PSOE solicitó una nueva votación alegando que no se sentía representado por el independiente, votación en la que éste salió nuevamente elegido. Mújica anunció que el PSOE se retiraría de CD si García Trevijano no era sustituido 32 . La reunión de Valencia aprobó el programa rupturista, elaborado en parte por García Trevijano, que calificaba a las elecciones anunciadas por el Gobierno de "farsa" cuyo resultado estaba "prefabricado" de antemano, proponiendo la formación de un gobierno "de amplio consenso democrático" para la apertura de un "proceso

  1. "A la opinión pública", documento de CD, de 17 de septiembre de 1976 (archivo de Alvarez Dorronsoro). Ver El país , de 19 de septiembre de 1976, Míguez (1990: 468) y Powell (1990: 195 y 196). Ver las reacciones del PCE en Mundo Obrero , 15 de septiembre de 1976, y del PSOE, más moderada, en El Socialista , 2ª quincena de septiembre de 1976.

  2. Ver El País , de 26 de septiembre de 1976. Con el paso del tiempo, Tierno Galván calificaría, benigamente, el proyecto del Gobierno como algo que "había de ser por fuerza impreciso y contradictorio, pues era dificultoso cortar un hilo que se había trenzado para que no se cortase" y "mucha sutileza exigía fingir que se cortaba sin cortarlo y, a la vez, cortarlo simulando que no se cortaba" (Tierno Galván, 1982: 583 y 585). Por su parte, los demócratacristianos aceptaron el proyecto a condición de que los comicios que se anunciaban se celebraran libremente.

  3. Ver El País , 25 de septiembre de 1976.

constituyente (...) como única vía que pueda permitir unas elecciones auténticamente libres" que deberían celebrarse "tras un plazo razonable de ejercicio de todas las libertades públicas". Como estrategia para conseguir estos objetivos se propugnaba la combinación de "negociación pública y unitaria de la oposición con todos los poderes del Estado" con la "movilización ciudadana, pacífica y responsable, para urgir la negociación y conseguir el cambio democrático" 33 .

El problema se presentó a la hora de ratificar el programa acordado en la reunión de Valencia, ya que era algo a lo que no estaban dispuestos los partidos más moderados. García Trevijano tuvo que abandonar el órgano ejecutivo de CD al verse acosado por el PSOE y sin el apoyo del PCE 34 . El programa aprobado en Valencia sería modificado en una reunión de la POD celebrada en Madrid el 23 de octubre, en aras del "realismo político", siendo finalmente ratificada una versión "notablemente dulcificada" del mismo, que caminaba ya, claramente, por la senda de la 'ruptura pactada'. El representante socialista propondría modificar el programa argumentando que en ese momento del proceso había que "descender del plano de los principios al del proyecto político (...); del testimonio al terreno de la negociación", (ver Míguez, 1990: 478). En el documento finalmente ratificado se sustituyó la condena del Gobierno Suárez por la más abstracta del régimen; de calificar las anunciadas elecciones de farsa se pasó a manifestar, simplemente, que "no podrían expresar con autenticidad la voluntad popular". La constitución de un Gobierno provisional ya no era considerada "la única vía" para el establecimiento de la democracia. Por último, no se aludía a la necesidad de realizar una consulta popular sobre la forma de Estado y de Gobierno, sustituyéndose esta referencia por la más ambigua de que "la soberanía popular (...) determinará libremente la constitución del Estado" 35 .

Lo último que se decidiría en el seno del organismo unitario de la oposición sería el establecimiento de las condiciones mínimas para participar en el referéndum de la LRP y la designación de una Comisión Negociadora que representara a la oposición frente al Gobierno en las inminentes negociaciones. Las condiciones se concretaron en la legalización de todos los partidos políticos y asociaciones sindicales; el reconocimiento, protección y garantía de las libertades políticas y sindicales; la disolución del Movimiento y la neutralidad política de la Administración; una amnistía general; la utilización equitativa de los medios de comunicación social del Estado; la negociación de la legislación electoral y la supervisión democrática del referéndum y las elecciones; y el reconocimiento de la necesidad de institucionalizar políticamente los países y

  1. "Propuesta de creación de la Plataforma de Organismos Democráticos y de su programa político. La alternativa para la democracia", Valencia, 25 de septiembre de 1976 (original consultado en el archivo de Alvarez Dorronsoro).

  2. El PSOE hizo públicos unos informes, a los que -según Powell (1991: 198)- no fueron ajenos los servicios de inteligencia gubernamentales, que pretendían involucrar a García Travijano en negocios ilícitos en Guinea Ecuatorial, al amparo de su amistad con el dictador guineano. Fue entonces cuando CD accedió a sustituirle. En el mismo sentido, Carrillo (1987: 70) y Míguez (1990: 476).

  3. "Programa político de la Plataforma de Organismos Democráticos", Madrid, 23 de octubre de 1976, (original consultado en el archivo de Alvarez Dorronsoro).

regiones del Estado español 36 .

Al constatarse el no cumplimiento de las condiciones que la oposición había puesto para su participación en el referéndum, ésta hizo un llamamiento a la "abstención activa" en la consulta popular 37 , campaña que no fue desarrollada con demasiado entusiamo ni siquiera por los propios partidos integrados en la POD. A partir del referéndum de la LRP 38 , la iniciativa estaría, por tanto, en manos del Gobierno, quien daría los diversos pasos que condujeron hasta la celebración de las elecciones, quedando la oposición a expensas de la actividad de éste.

El Gobierno ya había mantenido diversos contactos con los dirigentes de casi todos los grupos políticos 39 , quienes, a la vista de los resultados del referéndum de la LRP, se estaban concentrando en la preparación para la inminente celebración de elecciones, moderando, así, el contenido de sus reivindicaciones. "Al no existir ningún empeño por recordar el programa de ruptura y dado que el protagonismo ahora correspondía al Gobierno y a los partidos más decididos en preparar las elecciones, el contenido de las negociaciones estaba claramente predeterminado" (Míguez, 1990: 482). Así pues, la ruptura pactada singificó la modificación del plan inicial para acomodarlo a lo que se fue considerando 'posible', tras la constatación de la "imposibilidad" de imponer la ruptura . Detrás de esta imposibilidad estaban tanto las iniciativas de los sucesivos Gobiernos, como los apoyos que las propuestas de éste estaban concitando en el centro político y en la población en general, así como la falta de unidad de la oposición, incapaz de alcanzar un programa único y una estrategia común para llevarlo a la práctica 40 .

  1. "Comunicado de la POD", Las Palmas, 4 de noviembre de 1976, original consultado en el archivo de Alvarez Dorronsoro. Se excluyó la cuestión de la Monarquía y la del Gobierno provisional, las únicas que el Gobierno Suárez nunca hubiera aceptado. La que fue conocida como la "Comisión de los nueve" estaría constituida por J. Satrústegui (liberales), F. Fernández Ordóñez (socialdemócratas), A. Cañellas (democratacristianos), F. González y E. Tierno (socialistas), S. Carrillo -y sustituyéndole, S. Sánchez Montero- (comunistas), J. Jauregui (vascos), J. Pujol -sustituido por J. Molins- (catalanes) y V. Paz Andrade (gallegos).

  2. "Declaración de la Comisión Permanente de la POD", Madrid, 18 de noviembre de 1976 (original consultado en el archivo de Alvarez Dorronsoro).

  3. En el referéndum, celebrado el 15 de diciembre de 1976, supuso un rotundo fracaso para la oposición democrática. Sólo un 22.3 por cien de los españoles mayores de edad se abstuvieron; obviamente, no todos ellos estaban siguiendo la consigna de la oposición. En cambio, el 94.2 por cien de los que votaron, lo hicieron afirmativamente. De esta forma, los proyectos reformistas del Gobierno Suárez y, más específicamente, la figura del propio Presidente, recibieron el respaldo de la mayoría de la población, en detrimento de una oposición poco unida y sin un proyecto claro común.

  4. Acerca de esos contactos ver Osorio (1980: 162 ss.). El primer contacto entre Adolfo Suárez y el Secretario General del todavía ilegal PCE, Santiago Carrillo, tuvo lugar -en secreto- el 27 de febrero de 1977. Previamente, Suárez se había reunido con representantes del PSOE (Javier Solana y Luis Gómez Llorente) a los nueve días de su toma de posesión como presidente de Gobierno, para explicar a éstos los límites de la reforma.

  5. Cfr. Morán (1991: 73, 191 y 192), donde expone que el término "ruptura pactada" fue acuñado para ocultar la derrota de la estrategia de los partidos de la oposición democrática en el proceso de transición, al tener que plegarse, a partir del nombramiento de Suárez, al ritmo que el Gobierno iba marcando. En este sentido, ver el documento aprobado por el Comité Central del

La negociación fue imponiendose como mecanismo estratégico, extendiéndose, poco a poco, entre los partidos de la oposición el deseo de abandonar la estrategia de confrontación, pasando de organizar y fomentar las movilizaciones populares a contenerlas y limitarlas, ya que ahora podían suponerles una rémora a la hora de ser invitados a sentarse en la mesa de negociaciones. Se comenzaba a tener la vista puesta en unas elecciones generales en las que no se quería aparecer como una formación radicalizada, sino más bien lo contrario. Para entonces, los partidos de izquierda conocían ya la tendencia del eventual electorado hacia la moderación 41 . De esta forma, la convocatoria de elecciones tuvo unas consecuencias inmediatas en la actitud de los partidos políticos de la oposición, en el sentido de adoptar posturas de "realismo" y "pragmatismo" que borraron sus señas de identidad como partidos de izquierda (Morán, 1991: 184 y 189) 42 .

Según O'Donnell y Schmitter (1986: 93 ss.), los efectos que suele tener en los procesos de transición la convocatoria de elecciones y que, desde luego se dieron el español son que los partidos que crean tener posibilidades de obtener representación tienden a moderar sus mensajes, viéndose "muy estimulados a cooperar con los 'blandos' (...). Con frecuencia esto implica desmovilizar a aquellos grupos radicalizados o combativos (...) que pueden desacreditarles ante otros adeptos potenciales más moderados. (...) [Se convierten así en] instrumentos de control social y político. (...) La base de la oposición tiende a desplazarse de la expresión de principios a la discusión de procedimientos". García Trevijano (1978: 42), percibió la convocatoria de elecciones como una "maniobra política de los reformistas", al hacerla antes de que las capas populares hubieran podido tomar conciencia política de sí mismas, para participar dándose cuenta del alcance y concecuencias de sus decisiones en el proceso constituyente, evitándose con ello, que estas capas pudieran trasladar "el equilibrio del poder político más allá de donde permite el mantenimiento exclusivo en el Estado de los grupos que actualmente lo constituyen."

5. Conclusiones

A modo de conclusión, puede resumirse el programa de ruptura democrática comparándolo con los caracteres del de ruptura pactada : la ruptura como momento de cambio e instauración de la democracia, pasa a ser entendida

PCE en el vigésimo aniversario de su legalización, Madrid, 9 de abril de 1997. Ver El País , 10 de abril de 1997.

  1. Sobre las actitudes moderadas de la ciudadanía en general, cfr. Benedicto (1989: passim) y Pérez Díaz (1991: 69 ss.); y acerca de la adaptación de los partidos a esa moderación del electorado, Morodo (1988: 108). Paloma Aguilar (1996) ha analizado lo que había detrás de esa moderación de la ciudadanía y el peso que en ella tenía el recuerdo o la memoria del enfrentamiento de la Guerra Civil, memoria despertada en buena medida en fechas clave -como ella pone de manifiesto- por determinados sectores reformistas.

  2. El proceso general de legalizaciones se inició a partir del 8 de febrero de 1977, cuando el Gobierno aprobó el Decreto Ley que suprimió el carácter constitutivo de la inscripción de las asociaciones en el Registro del Ministerio de la Gobernación, encomendando al Tribunal Supremo la declaración o no de ilegalidad cuando el Ministerio de Gobernación la hubiera presumido. Ver Osorio (1980: 271 ss.). La del Partido Comunista no se produjo, como ya se ha mencionado, hasta el 9 de abril de 1977.

como un proceso paulatino de democratización, en el que el elemento fundamental de la estrategia es la negociación, frente a la combinación que propugnaba el programa de ruptura democrática de presión desde abajo, proporcionada por concentraciones y movilizaciones populares, y negociaciones. La unidad de la oposición es buscada para negociar con mayor fuerza, cuando antes esta unidad tenía el objetivo de estar en condiciones de imponer la ruptura y, así, el gobierno provisional que dirigiera el necesario proceso constituyente. Se acepta ahora que la dirección del proceso esté en manos del gobierno del régimen, en lugar de en las de un gobierno provisional de amplio consenso, lo que era considerado fundamental en la estrategia de ruptura democrática. Por otro lado, deja de cuestionarse la Monarquía, cuando antes se exigía un referéndum sobre la forma de Estado y de gobierno. También se acepta ahora que algunos partidos, de la izquierda del PCE, no estén legalizados, cuando en el inicial programa de ruptura se exigía la legalización de todos ellos sin exclusiones. Y se acata la convocatoria inmediata de elecciones generales, en lugar de esperar un período suficiente de tiempo para la reflexión y concienciación de la población, como antes se exigía (Alvarez Dorronsoro, 1976: 48 ss. y Míguez 1990: 246 ss.). Vidal-Beneyto recordó posteriormente las diferencias entre los programas de reforma y de ruptura , haciendo incapié en que no se trataba exclusivamente de caminos distintos hacia igual fin, y en que al programa de ruptura iba vinculada la posibilidad de ampliar las formas de participación política de las que los ciudadanos disponen en las democracias de los países occidentales, "construyendo con una sociedad movilizada una democracia ciudadana" superadora o más amplia que la "democracia de los partidos" 43 .

Los grandes partidos de la oposición (fundamentalmente, PSOE y PCE) olvidaron sus consideraciones acerca de la necesaria profundización en la democracia, una profundización que abriera las puertas a una que no se limitara a lo político, sino que fuera también "económica y social" o "política y social"; postergaron sus presupuestos acerca de las libertades reales, superadoras de las "meramente formales", que dieran lugar a una auténtica participación de todos los ciudadanos en todos los ámbitos políticos, sociales y económicos, etc. Adoptaron posiciones más cercanas al pragmatismo político, renunciando a involucrar a la población en el proceso, a la movilización ciudadana y a determinadas metas que poco tiempo atrás consideraban irrenunciables para el reestablecimiento de la democracia. Buena parte de las críticas que hoy se formulan contra el funcionamiento de una democracia de audiencia (Manin, 1998) y de baja calidad encuentran su precedente en aquellas renuncias de los partidos de la oposición.

  1. Vidal-Beneyto, "Volver a empezar o la ruptura ciudadana", en El País , 8 de abril de 1995. En este sentido, ver la Resolución Política del XI Congreso del PCE, págs. 363 ss. y 405, así como el "Manifiesto-Programa del PCE" de septiembre de 1975. El PSOE había reivindicado previamente una mayor participación (cuantitativa y cualitativa) en la Resolución Política de su XXVII Congreso pag. 9 y 10, así como en su "Programa de Transición", pág. 9.

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