La Albolafia Revista de Humanidades y Cultura

Dossier:

La transformación del Ejército Español (1975 - 1989)

Roberto Muñoz Bolaños (Universidad Camilo José Cela) Fernando Puell de la Villa (Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado UNED)

Coordinadores

LA ALBOLAFIA: REVISTA DE HUMANIDADES Y CULTURA

Revista científica digital de periodicidad cuatrimestral

Director Luis Palacios Bañuelos

Edita

: La Albolafia: Asociación de Humanidades y Cultura

Colabora

: Instituto de Humanidades de la Universidad Rey Juan Carlos

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Publicación editada en Madrid (España) ISSN: 2386-2491 www.albolafia.com

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Dossier | La transformación del Ejército Español (1975 - 1989)

Introducción. Transición institucional, transición paralela y transición militar por Roberto Muñoz Bolaños y Fernando Puell de la Villa 7 - 14
Militares y civiles: movimientos involucionistas en el proceso de transición y consolidación democrática (1975 - 1986) por Roberto Muñoz Bolaños 15 - 37
Unión Militar Democrática: balance de una experiencia histórica por Fidel Gómez Rosa 38 - 59
La transformación de los Ejércitos de España por Jorge Ortega Martín 60 - 82
La reforma de la organización de la Justicia Militar española en la transición y consolidación democrática por José Luis Rodríguez-Villasante y Prieto 83 - 106
La incorporación de España a las organizaciones defensivas occidentales por Fernando Puell de la Villa 107 - 133
Antecedentes y primeras misiones en el exterior de las Fuerzas Armadas por José Luis Rodríguez Jiménez 134 - 155
La modernización de los Cuerpos de Suboficiales por Jerónimo Francisco Naranjo García 156 - 169
La IMEC y el reservismo por José Miguel Quesada González 170 - 184
Bibliografía temática por Roberto Muñoz Bolaños y Fernando Puell de la Villa 185 - 189
Miscelánea
Cuarenta años de democracia: Reflexiones por Luis Palacios Bañuelos 193 - 212
La familia ante el conflicto Padres - Hijos por Mª. Angelita Fátima Martín Sánchez 213 - 235
Reseñas bibliográficas
PALACIOS BAÑUELOS, L. (Coord.): Stanley G. Payne. Perfiles de un hispanista por Juan Andrés García Martín 238 - 240
MORENO ALONSO, M.: Jovellanos, la moderación política , por Luis Palacios Bañuelos 241 - 245
Colaboradores del Dossier
Colaboran en este Dossier 246
Equipo Editorial
Componentes del Equipo Editorial de La Albolafia: Revista de Humanidades y Cul- tura 247 - 249
Números anteriores y próximo número
Números anteriormente publicados 250 - 251
Próximo número 252

La transformación del Ejército Español (1975-1989)

Dossier

INTRODUCCIÓN TRANSICIÓN INSTITUCIONAL, TRANSICIÓN PARALELA Y TRANSICIÓN MILITAR

Roberto Muñoz Bolaños Profesor de la Universidad Camilo José Cela

Fernando Puell de la Villa Profesor del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED)

El cambio político que tuvo lugar en España entre 1976 y 1986, estuvo marcado por tres procesos paralelos e interrelacionados que se desarrollaron en este periodo de tiempo.

El primero de ellos, que definiremos como Transición Institucional , fue el conformado por el conjunto de cambios legislativos y decisiones políticas que permitieron transformar el régimen dictatorial franquista en un sistema democrático homologable con los existentes en el mundo occidental 1 . Se trató de una dinámica compleja, cuyo origen hay que situarlo en los cambios socio-económicos que habían tenido lugar en España desde los años sesenta del siglo XX  y también en los políticos producidos en Europa Occidental  y que habían convertido el régimen autoritario español en una excepción en el seno de un escenario democrático 2 .

1 Sobre la primacía de los factores políticos en los procesos de transición a la democracia, vid. RUSTOW, Dankwart A.: ' Transitions to Democracy: Toward a Dynamic Model ', Comparative Politics , 2 (1970), pp. 337-363; O`DONNELL, Guillermo, SCHMITTER, Philippe y WHITEHEAD, Lawrence (eds.): Transiciones desde un gobierno autoritario , Buenos Aires, Paidós , 1988.

2 Vid. SÁNCHEZ-CUENCA, Ignacio: Atado y mal atado , Madrid, Alianza, 2014, pp. 17-19.

El segundo, al que denominaremos Transición Paralela , estuvo constituido por los diferentes planes que un importante sector de la élite económica y política más conservadora puso en marcha a partir del verano de 1977, con el objetivo de controlar el proceso de cambio político, y transformar España en una democracia limitada, en un 'franquismo coronado', donde esa élite controlase no sólo el proceso de toma de decisiones políticas, sino también el conjunto de relaciones económicas y laborales 3 . Los instigadores de este proceso siempre buscaron el apoyo de las Fuerzas Armadas (FAS) para culminar su objetivo, lo que les permitió poner en marcha el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 (23-F).

Y el tercero proceso fue la Transición Militar , conformada por el conjunto de normas jurídicas y decisiones políticas que pusieron fin al poder militar heredado del régimen franquista.

Ese poder militar tenía su origen en la sublevación que dio origen a la Guerra Civil, así como en el propio conflicto, y se sostenía sobre cuatro pilares.

3 Vid. MUÑOZ BOLAÑOS, Roberto: 23-F: Los golpes de Estado , Madrid, Ultima Línea, 2015, págs. 68-71.

El primero, la fuerte cohesión interna entre los integrantes del estamento militar. Cohesión que a su vez se sustentaba en tres bases:

La primera, la cohesión ideológica, sostenida sobre un conjunto de valores vinculados con la denominada cultura militar occidental, que en el caso de las FAS españolas estaban radicalizados por la Guerra Civil: nacionalismo primario, antiliberalismo, antimarxismo, catolicismo, defensa a ultranza del conflicto civil como una cruzada contra la « antiespaña » , idolatría por el franquismo al que se consideraba sinónimo de España, y defensa de las FAS como columna vertebral de la Patria 4 . De hecho, a diferencia de las otras dos instituciones que sostenían el franquismo  la Iglesia católica y el Movimiento Nacional  , algunos de cuyos miembros habían llegado a la conclusión de que una vez muerto el general Franco, el régimen era inviable 5 , los militares no tenían esa sensación ni creían en la necesidad de un cambio en el sistema político, salvo entre algunos de los destinados en del Servicio Central de Documentación (SECED) 6  el servicio de información creado por el almirante Luís Carrero Blanco para controlar los movimientos antifranquistas  y los miembros de la Unión Militar Democrática (UMD). Por el contrario, la inmensa mayoría de aque-

4 MUÑOZ BOLAÑOS, Roberto: 'El gran bas, 15 (2016),

tión del Franquismo', Pasado y Presente pp. 258-262.

5 Vid. GIL PECHARROMÁN, Julio: El Movi, Barcelona, Planeta, 2013, págs. 82-87; RECIO, Juan Luis, UÑA, , Estella,

miento Nacional (1937-1977) Octavio y DÍAZ-SALAZAR, Rafael: Para comprender la transición española. Religión y política Verbo Divino, 1990.

6 CASINELLO, Andrés, La huella que deja el viento al pasar . Memorias inéditas, vol. I, págs. 39-56.

llos seguía confiando en que, tras la muerte de Franco, su sucesor a título de rey, el príncipe Juan Carlos, mantendría el sistema político heredado.

La segunda, el fin de las tensiones que desde el siglo XIX habían existido en el seno del Ejército de Tierra  la más importante colectividad de las FAS y la única con poder real para poner fin a cualquier proceso de reforma  entre las llamadas Armas Generales  Infantería y Caballería  y los Cuerpos Facultativos  Artillería, Ingenieros y Estado Mayor  , que habían provocado importantes conflictos como la denominada 'cuestión artillera' en tiempos de Primo de Rivera. En este sentido, el definitivo establecimiento de la Academia General Militar (AGM)  centro de enseñanza donde se educaban juntos todos los futuros oficiales, con independencia del Arma o Cuerpo al que posteriormente pertenecerían  jugó un papel fundamental para crear una comunidad cohesionada en torno a los mismos valores 7 .

La tercera, la antigüedad y la objetividad como bases para el ascenso en el escalafón 8 . El establecimiento de un sis-

,

7 Vid. IZQUIERDO, José, ORTÍZ DE ZÁRATE, José Ramón y APARICIO, Ángel: La Academia General Militar. Crisol de la oficialidad española Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2002.

8 La Ley 12/1961, de 19 de abril, sobre declaración de aptitud para el ascenso y ascensos en régimen ordinario de los Oficiales Generales y particulares en el Grupo de Mando de Armas y sus asimilados de la escala activa del Ejército de Tierra ( Boletín Oficial del Estado (BOE), 22 de abril de 1961). Esta disposición fue puntualmente modificada por la Ley 15/1973, de 19 de diciembre (BOE, 20 de diciembre de 1973), vigente al morir Franco, la cual establecía en su art. 3: 'Serán condiciones indispensables para obtener la declaración de aptitud para el ascenso en los distintos empleos las siguientes: Primera. Estar bien conceptuado en la hoja de servicios. Segunda.

tema de estas características, acabó con las antiguas tensiones y roces entre los componentes del estamento militar -africanistas y junteros -; garantizando así la cohesión de la élite militar, que quedó institucionalizada en los consejos superiores de los tres Ejércitos 9 .

El segundo pilar sería la misión de defensa del régimen y de vigilancia sobre el proceso político. Esta misión estaba totalmente asumida por la oficialidad de las FAS, como reconoció expresamente el almirante Gabriel Pita da Veiga, ministro de Marina, delante del propio Juan Carlos I en la Escuela de Guerra Naval, durante el acto conmemorativo del cincuenta aniversario de su creación:

Cuando las Leyes Fundamentales encomiendan a las Fuerzas Armadas la defensa del orden institucional, no las interponen como barrera frente a toda reforma, sino que depositan en ellas la garantía extrema de que el natural perfeccionamiento y la necesaria adaptación de las normas que lo configuran, respondan al sentir auténtico de los gobernados y se alcancen por los cauces que las propias leyes establecen 10 .

En este fragmento de su discurso, Pita se estaba refiriendo a la capacidad única

Haber cumplido el tiempo mínimo de efectividad, de destino y de mando que para cada empleo se determina en el artículo quinto de la presente Ley. Tercera. Haber superado las pruebas de aptitud que convenga exigir para garantizar una adecuada utilización de los medios y procedimientos propios de cada empleo, surgidos como consecuencia de la evolución de la técnica militar'. Toda aquella normativa continuó en vigor hasta la aprobación de la Ley 48/1981, de 24 de diciembre, de clasificación de mandos y regulación de ascensos en régimen ordinario para los militares de carrera del Ejército de Tierra (BOE, 11 de enero de 1982).

9 Órganos consultivos que agrupaban a todos los tenientes generales y almirantes con mando, y que tenían un importante papel en la política de ascensos y de destinos de las FAS.

10 El País , 11 de mayo de 1976.

de las FAS para frenar cualquier proceso de cambio político que se pusiera en marcha si no era de su agrado, estando legalmente legitimadas para ello por el artículo 37 de la Ley Orgánica del Estado (LOE), que establecía:

Las Fuerzas Armadas de la Nación, constituidas por los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire y las Fuerzas de Orden Público, garantizan la unidad e independencia de la Patria, la integridad de sus territorios, la seguridad nacional y la defensa del orden institucional 11 .

La misión de defensa del régimen también se veía reflejada en la organización territorial del Ejército de Tierra, que le permitía el control completo del territorio español a través de once regiones militares  nueve peninsulares y dos insulares  y las Fuerzas de la Defensa Operativa del Territorio (DOT) con dependencia directa de los capitanes generales de las citadas regiones. Estas fuerzas incluían nueve Brigadas DOT ubicadas en las regiones peninsulares, con funciones de cobertura inicial de zonas, defensa de costas y fronteras, acciones contra núcleos hostiles, reducción de guerrilleros, defensa permanente de zonas fundamentales y puntos básicos de la región militar, implantación de medidas de extrema seguridad y urgencia, contención de disturbios y manifestaciones tumultuosas de extrema gravedad, y facilitación de la movilización y encuadramiento de unidades en caso necesario. Es decir, se trataba de unas unidades cuyo objetivo era enfrentarse a una guerra revolucionaria en la retaguardia, en caso de ataque exterior, o bien a una insurrección armada revolucionaria, realizando acciones de contrainsurgencia, mediante el empleo de fuerzas

11 BOE, 10 de enero de 1967.

regulares y de operaciones especiales. Por tanto, su misión básica era la defensa del régimen y del Estado frente a los 'enemigos interiores' 12 .

En tercero lugar, el carácter autónomo de la FAS como institución dentro de la administración del Estado, con un régimen propio de funcionamiento interno; dependencia directa del jefe del Estado y amplias atribuciones en materia de seguridad ciudadana, al tener las Fuerzas de Orden Público (FOP) fuero militar 13 . El ámbito donde este carácter autónomo tenía su manifestación más acusada era el judicial, ya que la jurisdicción militar no culminaba en un tribunal civil  como en el resto de los países occidentales 14  , sino en el Consejo Supremo de Justicia Militar (CSJM), creado por la Ley del 22 de septiembre de 1939, que reorganizó el Ministerio del Ejército 15 . Este hecho era de capital importancia, ya que uno de los tres poderes del Estado no estaba unificado; lo que dotaba a la institución militar de la capacidad de imponer penas, sin que estas pudieran ser recurridas.

12 MUÑOZ BOLAÑOS, Roberto: 'El gran bastión…', op. cit., pp. 265-267.

13 JULIÁ DÍAZ, Santos: 'La política militar del presidente Suárez', en PUELL DE LA VILLA, Fernando, y ÁNGEL SANTANO, Silvia (eds.): El legado del general Gutiérrez Mellado , Madrid, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, 2013, p. 24.

14 Vid. MASIDE MIRANDA, Luis: ' Panorámica de Derecho Comparado sobre la , Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da , 9, (1997), pp. 361-369; RIAL, Juan (ed.), ,

organización de la Jurisdicción Militar ' Coruña La justicia militar: entre la reforma y la permanencia Buenos Aires, RESDAL, 2010.

15 BOE, 22 de septiembre de 1939. Dicha indeJurisdicción Militar se regirá por las leyes y dispo-

pendencia estaba reconocida en el art. 2 de la Ley Orgánica del Estado, donde podría leerse: 'La siciones que privativamente la regulan' (BOE, 10 de enero de 1967).

Y por último, la presencia en el Gobierno de España de tres representantes de las FAS  los ministros del Ejército, de Marina y del Aire  , quienes, gracias a sus valores comunes, constituían un frente unido que participaba en el proceso de toma de decisiones políticas al más alto nivel. Además, podían transmitir a los ministros civiles las aspiraciones de las FAS en cualquier momento, ejerciendo un proceso de influence continua e institucionalizada 16 . La presencia de las FAS también se manifestaba en otros dos órganos de capital importancia: el Consejo del Reino 17 y el Consejo de Regencia 18 .

Los cuatro pilares del poder militar convertían a las FAS en la columna vertebral del régimen y en el garante de sus esencias. Por tanto, si la Transición Institucional quería tener éxito, se hacía necesario acabar con esta posición hegemónica de las FAS. Eso explicaría por qué, entre

16 La influence es una forma de intervención militar en política propia de países con una cultura política desarrollada. Consiste en que las FAS tratan de influir en los gobiernos siguiendo los cauces legales normales, con objeto de atraerlos a su propia forma de pensar, pudiendo incluso llegar a la rivalizar con las autoridades civiles, y discutir con ellas, pero sin pasar nunca los límites de la legalidad. Vid. FINER, Samuel E.: Los militares en la política mundial , Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1969, pág. 187.

17 Órgano corporativo del régimen franquista creado por el art. 4 de la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado (1947), cuya función era asesorar al jefe del Estado en la toma de decisiones de su exclusiva competencia (BOE, 9 de junio de

1947).

18 Órgano corporativo creado por el art. 3 de la citada Ley de Sucesión, presidido por el presidente de las Cortes y constituido el prelado de mayor jerarquía y antigüedad consejero del Reino y el capitán general o, en su defecto, el teniente general, en activo y de mayor antigüedad de los Ejércitos de Tierra, Mar o Aire y por este mismo orden. La función del Consejo de Regencia era asumir los poderes del Estado cuando estuviese vacante su Jefatura (BOE, 9 de junio de 1947).

1975 y 1989, de la mano primero de Adolfo Suárez y del teniente general Manuel Gutiérrez Mellado, y posteriormente de Leopoldo Calvo-Sotelo y de Alberto Oliart, y finalmente de Felipe González y Narcís Serra, se puso en marcha un conjunto de reformas cuyo objetivo fundamental era poner fin al poder militar y acabar con la cultura militar intervencionista. El éxito de la Transición Militar fue la condición sine qua non para el fracaso de la Transición Paralela , e hizo posible que España se convirtiera en una democracia consolidada irreversible, y también el control del poder civil sobre los ejércitos.

La importancia de este proceso en el reciente devenir de España  solo comparable al de la coetánea integración en las instituciones occidentales  , han hecho de la Transición Militar y del involucionismo militar en aquel periodo dos de los temas más debatidos en la historiografía española de las últimas décadas, generando una abundante bibliografía, donde se pueden distinguir cinco temáticas fundamentales.

El propio involucionismo, y más concretamente, el golpe de Estado del 23-F, acerca del cual el número de obras es muy abundante, ya sean escritas por periodistas 19 , por sus protagonistas 20 o por

19 Cronológicamente: ONETO, José: La noche de Tejero , Barcelona, Planeta, 1981; URBANO, Pilar: Con la venia: yo indagué el 23-F . Barcelona, Argos Vergara, 1982; PRIETO, Joaquín y BARBERÍA, José Luis: El enigma del 'Elefante': la conspiración del 23-F , Madrid, Aguilar, 1991, y MEDINA, Francisco: 23-F: la verdad , Barcelona, Plaza & Janés, 2006.

Alfonso: Al servicio de la Corona 1983; PARDO ZANCADA, Ricardo: pieza que falta CUENCA TORIBIO, José Manuel: con Alfonso Armada , Madrid, Actas, 2001; CALDERÓN FERNÁNDEZ, Javier y RUIZ PLA-

20 Con el mismo criterio: ARMADA COMYN, , Barcelona, Planeta, 23-F: la . Barcelona: Plaza & Janés, 1998; Conversaciones

historiadores. Destacan en este último grupo la de Alfonso Pinilla, basada en la teoría de juegos; la de Muñoz Bolaños, construida a partir de las fuentes judiciales de la Causa 2/81, instruida tras el fracaso de dicha operación golpista, o el artículo de Carlos Navajas sobre la política antigolpista de Narcís Serra 21 .

La aparición de la UMD, por su importancia como problema en la Transición, y también como disidencia dentro de unas FAS que se creían homogéneas. En este campo, resultan muy destacables las obras de Fidel Rosa  primera tesis doctoral sobre el tema  ; el artículo de Muñoz Bolaños sobre aquella asociación como problema en la Transición, sustentado en documentos de Gutiérrez Mellado sobre el tema, o las memorias de sus propios integrantes 22 .

TERO, Florentino: Algo más que el 23-F: testimonios y vivencias en torno a la transición española . Madrid, La Esfera de los Libros, 2004, y SÁNCHEZ VALIENTE, Gil: Mi 23-F: historia de un maletín , Madrid, Imagine, 2006.

21 PINILLA GARCÍA, Alfonso: El laberinto del 23-F: lo posible, lo probable y lo imprevisto en la trama del golpe , Madrid, Biblioteca Nueva, 2010; MUÑOZ BOLAÑOS, Roberto: 23-F , op. cit.; NAVAJAS ZUBELDÍA, Carlos: 'No más golpes de Estado: la política de defensa de Narcís Serra (1982-1986)', Historia del Presente , 8 (2006), pp. 103-120.

22 GÓMEZ ROSA, Fidel: Unión Militar Democrática: los militares olvidados por la democracia , Madrid, ViveLibro, 2013; MUÑOZ BOLAÑOS, Roberto: 'La última trinchera: el poder militar y el problema de la Unión Militar Democrática (UMD) durante el proceso de transición y consolidación democrática (1975-1986)', Historia del Presente , 25 (2015), pp. 151-162; FORTES, José y OTERO, Luis: Proceso a nueve militares demócratas , Barcelona, Argos Vergara, 1983; PIRIS, Alberto: Militar y demócrata , Barcelona, Grijalbo, 1983; BUSQUETS, Julio: Militares y demócratas , Barcelona, Plaza & Janés, 1999, y REINLEIN, Fernando: Capitanes rebeldes: los militares españoles durante la transición, de la UMD al 23-F , Madrid, La Esfera de los Libros, 2002.

El reformismo militar, donde se ha dado especial importancia a los cambios organizativos que permitieron transformar unos ejércitos con clara vocación interior en una institución moderna y eficaz, perfectamente homologable con la de los demás países de la OTAN; así como las modificaciones en sus órganos de funcionamiento interno que permitieron la subordinación de las FAS al poder civil. La importancia de esta temática ha dado origen a una amplia bibliografía, iniciada por la tesis de Pere Vilanova, y continuada por obras tan importantes como la biografía de Gutiérrez Mellado por Puell de la Villa, donde se analizan con detalle las bases de la Transición Militar ; la obra colectiva coordinada por el propio Puell de la Villa y Santano sobre el legado de este militar; las de Fajardo y Barrachina sobre los cambios operados en las FAS durante la Transición; el ensayo de Ortega, sobre las transformaciones organizativas y funcionales de los ejércitos, o la obra de Linares sobre la política de seguridad 23 . El estudio del reformismo militar también ha abarcado parcelas más con-

23 VILANOVA, Pere: El ejército y el poder político en la España contemporánea: las fuerzas armadas ante la transición . Barcelona: Universitat de Barcelona, 1982; PUELL DE LA VILLA, Fernando: Gutiérrez Mellado: un militar del siglo XX , Madrid, Biblioteca Nueva, 1997; PUELL DE LA VILLA, Fernando, y ÁNGEL SANTANO, Silvia (eds.): El legado del general Gutiérrez Mellado , op. cit.; FAJARDO TERRIBAS, Roberto: El ejército en la transición hacia la democracia (1975-1982): acercamiento a la política reformista de Gutiérrez Mellado , Almería: Universidad de Almería, 2003; BARRACHINA, Carles: El retorno de los militares a los cuarteles: militares y cambio político en España (1976-1981) , Barcelona, Institut de Ciències Politiques i Socials, 2002; ORTEGA MARTÍN, Jorge: La transformación de los ejércitos españoles (1975-2008) , Madrid, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2008; LINARES SEIRUL-LO, Ángel Luis: La política de seguridad en la transición española, 1976-1982 , Madrid, Ministerio de Defensa, 2008.

cretas, destacando los estudios de Isabel Adé sobre la enseñanza militar; de Peñaranda sobre los servicios de inteligencia; de Puell de la Villa y Pérez Silva sobre la protección social en las FAS, o los de Valenciano y López Ramón sobre la justicia militar 24 .

Muy vinculada con la anterior, la apertura al exterior de las FAS y su papel en diferentes misiones de paz. Aspecto que ha reflejado mejor que ningún otro la transformación de unos ejércitos con vocación interior en unas FAS profesionales y eficaces con capacidad para cumplir los compromisos que España ha suscrito con sus aliados. Dentro de esta temática, deben destacarse los estudios generales de Carlos Navajas, Rodríguez Jiménez, Vega Fernández, Iglesias Velasco y Marrero Rocha, y los específicos de García García y Montánchez 25 .

24 ADÉ PORTERO, Isabel: La reforma de la enseñanza militar en España (1982-1991) , Tesis doctoral inédita, Universidad de Zaragoza, 1995; PEÑARANDA, Juan María de: Desde el corazón del CESID , Madrid, Espasa, 2012; PUELL DE LA VILLA, Fernando: Historia de la protección social militar (1265-1978): de la Ley de Partidas al ISFAS , Madrid, Instituto Social de las Fuerzas Armadas, 2008; PÉREZ SILVA, Javier: El ISFAS: su viabilidad en el futuro como sistema de protección social de las Fuerzas Armadas , Tesis doctoral inédita, Madrid, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, 2015; VALENCIANO ALMOAYNA, Jesús: 'La reforma militar de la Justicia Militar durante la transición', Revista Española de Investigaciones Sociológicas , 36 (1986), pp. 141-152, y LÓPEZ RAMÓN, Fernando: La caracterización jurídica de las Fuerzas Armadas , Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1987.

25 NAVAJAS ZUBELDIA, Carlos: 'El inicio de

las Operaciones de la Paz como 'punto final' de la larga transición militar', en SEPÚLVEDA, Isidro (ed.): España en las operaciones internacionales de pacificación , Madrid, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, 2009, pp. 83-110; RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, José Luis: Las misiones en el exterior de las Fuerzas Armadas de España: donde, cuando y para lo que haga falta , Madrid, Alianza, 2010; VEGA FERNÁNDEZ, Enrique: Operacio-

Los propios integrantes de las FAS, materia que ha analizado su transformación a consecuencia de la desaparición del servicio militar obligatorio y de la completa profesionalización de los ejércitos. En este campo destacan los estudios iniciales de Herrero Brasas sobre la profesionalización de las FAS y los más académicos de Michavila, Frieyro de Lara, Navajas y Fernández Vargas; así como la obra colectiva editada por Rodríguez Jiménez, Palacios Bañuelos y Sánchez Hernández sobre la incorporación de las mujeres a los ejércitos, y la de Naranjo García sobre el cuerpo de suboficiales, y la Quesada sobre el reservismo 26 .

nes militares de gestión de crisis: tipos, evolución y características , Madrid, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, 2010; IGLESIAS VELASCO, Alfonso J.: Las operaciones de mantenimiento de la paz , Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 2004; MARRERO ROCHA, Inmaculada C.: La participación de las fuerzas armadas españolas en misiones de paz , Madrid, Plaza y Valdés, 2007; GARCÍA GARCÍA, Ángel: Otra mirada sobre Yugoslavia: memoria e historia de la participación de las Fuerzas Armadas Españolas en Bosnia-Herzegovina . Tesis doctoral inédita, Universidad de Murcia, 2005, y MONTÁNCHEZ, Enrique: Misión: Afganistán , Madrid, Ministerio de Defensa, 2012.

26 HERRERO BRASAS, Juan Antonio: Informe crítico sobre el servicio militar , Madrid, Ars Media, 1989; MICHAVILA NÚÑEZ, Narciso: El soldado profesional en España , Madrid, Ministerio de Defensa, 2002; FRIEYRO DE LARA, Beatriz: La profesionalización de las Fuerzas Armadas en España , Almería, Universidad de Almería, 2004; NAVAJAS ZUBELDIA, Carlos: 'La profesionalización de las Fuerzas Armadas durante la primera legislatura popular (1998-2000)', Historia del Presente , 4 (2004), pp. 183-209. FERNÁNDEZ VARGAS, Valentina: Las militares españolas: un nuevo grupo profesional , Madrid, Biblioteca Nueva, 1997; RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, José L., PALACIOS BAÑUELOS, Luis y SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, María F. (eds.): Mujer y Fuerzas Armadas: historia, testimonios y documentación , Madrid, Universidad Rey Juan Carlos, 2011; NARANJO GARCÍA, Jerónimo F.: La Escala Básica de Suboficiales: un nuevo modelo para el Ejército de Tierra (1974-1989) , Madrid, Ministerio de Defensa, 2015, y QUESADA GONZÁLEZ, José Miguel: El yunque y la espada: de la reserva de

Como se habrá podido observar, no se ha publicado hasta el momento ningún trabajo que ofrezca una visión global de las citadas cinco temáticas. La evidente conveniencia de poner a disposición de la colectividad académica un estudio que las agrupe es la razón de ser de este dossier, obra de un selecto plantel de especialistas en la materia, que consideramos constituye una eficaz herramienta para interpretar adecuadamente el papel de las FAS en la España actual y para poder comprender los cambios operados en su seno desde la muerte del general Franco el 20 de noviembre de 1975.

En el primero de los artículos que lo integran, Roberto Muñoz Bolaños analiza las causas del involucionismo militar en el periodo de transición y consolidación democrática; su vinculación con diferentes sectores civiles y las consecuencias de su fracaso.

En el segundo, Fidel Gómez Rosa explica el surgimiento y desarticulación de la UMD; la pervivencia del problema de los oficiales expulsados por pertenecer a esta organización durante la Transición (1975-1982); su reingreso en las FAS en 1986 y su posterior reconocimiento social y profesional.

En el tercero, Jorge Ortega Martín describe los diferentes planes de reforma que afectaron a las FAS entre 1975 y 1989 y los cambios realizados en su organización interna.

En el cuarto, José Luis RodríguezVillasante aborda uno de los procesos más importantes de la Transición Militar : la reforma de la justicia en el ámbito de las

masas a los reservistas voluntarios (1912-2012) , Madrid, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, 2014.

FAS, cuya principal consecuencia fue su total incardinación en el Poder Judicial, homologándolas así con las del resto de países occidentales.

En el quinto, Fernando Puell de la Villa analiza la apertura al exterior de los ejércitos españoles, ligada al cambio de la posición internacional de España como consecuencia de su integración en los organismos de seguridad occidentales.

En el sexto, José Luis Rodríguez Jiménez aborda la principal consecuencia de esa apertura al exterior: la participación de las FAS españolas en diferentes misiones de paz.

En el séptimo, Jerónimo Naranjo García se adentra en un proceso de gran importancia para comprender la eficacia actual de los ejércitos españoles: la transformación del cuerpo de suboficiales.

Finalmente en el octavo, José Miguel Quesada González destaca la importancia de la Instrucción Militar para la Escala de Complemento (IMEC) en este periodo, así como los subsiguientes cambios operados en el reservismo militar.

MILITARES Y CIVILES: MOVIMIENTOS INVOLUCIONISTAS EN EL PROCESO DE TRANSICIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA (19751986)

MILITARY AND CIVILIANS: INVOLUTIONARY MOVEMENTS IN THE PROCESS OF TRANSITION AND DEMOCRATIC CONSOLIDATION (1975-1986)

Roberto Muñoz Bolaños Profesor de la Universidad Camilo José Cela

A la memoria del maestro Javier Donézar y Díez de Ulzurrun, presidente del tribunal que juzgó mi tesis doctoral y memoria de licenciatura, y que siempre me mostró su interés y apoyo para que siguiera investigando este tema.

En esta investigación se analiza el papel de las Fuerzas Armadas en las tramas involucionistas que se pusieron en marcha entre 1976 y 1986, explicando las causas que hicieron posible su aparición y también su fracaso.

RESUMEN:

ABSTRACT:

This research analyzes the role of the Armed Forces in the involutionary networks that were launched between 1976 and 1986, explaining the causes that made their appearance possible and also their failure.

PALABRAS CLAVE: Ejército de Tierra; Fuerzas Armadas; involución militar; poder militar; transición española.

KEYWORDS: Army; Armed Forces; military involution; military power; Spanish transition.

1.- INTRODUCCIÓN

El franquismo tuvo su origen en dos pactos. El primero fue suscrito por el general Emilio Mola Vidal y las diferentes fuerzas políticas de la derecha -representantes de la élite tradicional y de la mayor parte de la clase media- que apoyaron la sublevación iniciada en julio de

1936 27 . El segundo, el que negociaron los generales rebeldes en septiembre de ese mismo año por el que uno de ellos, Fran-

27 MUÑOZ BOLAÑOS, Roberto: 'La Gran Coalición contra el Frente Popular', en GONZÁLEZ MADRID, Damián A., ORTÍZ HERAS, Manuel y PÉREZ GARZÓN, Juan Sisinio (eds.): La Historia, Lost in translation?: Actas del XIII Congreso de la Asociación de Historia Contemporánea , Albacete, UCLM, 2017, pp. 1649-1661.

cisco Franco Bahamonde, se convirtió en Jefe del Estado español, acumulando el poder político y militar. Fue ese doble pacto -con el apoyo social que implicaba-, unido a la victoria en la Guerra Civil, la represión de los vencidos, el apoyo internacional y el desarrollo económico de los años sesenta, el que permitió la supervivencia del régimen durante treinta y seis año. Pues, las distintas organizaciones políticas adheridas a la sublevación, convertidas en «familias políticas» -poder civil-, se sucedieron en el poder en función de las circunstancias internacionales y nacionales, permitiendo así una renovación de la élite política y del propio régimen. Por su parte, las Fuerzas Armadas (FAS) -poder militar-, y más concretamente el Ejército de Tierra, actuaron como su principal bastión defensivo, gracias a su fuerte cohesión interna, a su autonomía organizativa y funcional, a su control de las Fuerzas de Orden Público (FOP) y a su presencia en el Gobierno, a través de tres representantes, los ministros del Ejército, la Marina y el Aire 28 .

Este reparto de funciones entre la élite civil y militar, que dotó al franquismo de un carácter «mixto» de acuerdo con la definición de Finer, no pudo evitar el desgaste del régimen como consecuencia de las transformaciones operadas en la sociedad española y en el contexto internacional -fin de las dictaduras de Grecia y Portugal-; convirtiendo su supervivencia en imposible tras la muerte del dictador. Ante esta tesitura, estas élites se vieron obligadas a forjar un nuevo acuerdo que permitiese finiquitar el régimen de forma legal, controlando así su evolución

28 MUÑOZ BOLAÑOS, Roberto: 'El gran bas, 15 (2016),

tión del Franquismo', Pasado y Presente pp. 262-265.

hacía un sistema democrático homologable con los occidentales. El nuevo pacto se desarrolló en dos momentos. El primero, el 8 de septiembre de 1976, entre la élite militar y la civil reformista, representada por el presidente del Gobierno Adolfo Suárez, que permitió ganar a la primera para el proceso de cambio político. El segundo, entre los diferentes sectores de la élite civil, que hizo posible la aprobación de la última ley fundamental del franquismo, la Ley para la Reforma Política (LRP) en diciembre del mismo año. No obstante, este doble acuerdo no fue aceptado por todos los sectores civiles y militares franquistas. Como consecuencia de ello, entre 1978 y 1986, se pusieron en marcha una serie de operaciones golpistas, cuyo objetivo era el establecimiento de una dictadura militar o de una democracia limitada. El objetivo de esta investigación es explicar el origen, desarrollo y desaparición de esas tramas golpistas; proceso clave en la historia reciente de España, pues hizo posible la consolidación definitiva del sistema democrático.

Para elaborarla, hemos utilizado tres tipos de fuentes. Las primeras y más importantes son las documentales, constituidas por el sumario, el acta de la vista oral y las sentencias de las causas 559/78 -instruida por la intentona golpista conocida como Operación Galaxia - y 2/81 instruida para juzgar el golpe de Estado del 23F-; dos documentos fechados en 1975, que hacen una descripción completa y ajustada a la realidad del Ejército español en ese momento, y el archivo del general de división Ángel de Losada y de Aymerich, miembro del gabinete del vicepresidente primero para Asuntos de la Defensa, capitán general honorario Ma-

nuel Gutiérrez Mellado 29 . Las segundas, los testimonios orales de los protagonistas, resultan claves porque complementan a las anteriores, permitiendo llenar las lagunas que hay en ellas. Finalmente, las hemerográficas proporcionan datos de gran importancia sobre este periodo. Estas tres fuentes se han completado con la abundante bibliografía existente sobre el proceso de transición a la democracia.

Su estructura la dividiremos en cuatro epígrafes. El primero, estudia el cuerpo de oficiales del Ejército de Tierra. El segundo, analiza el periodo de gobierno de Áreas Navarro o de «influencia». El tercero, la primera fase de gobierno de Suárez o de «extorsión». El tercero, el periodo comprendido entre 1977 y 1982, donde tuvieron lugar las principales operaciones golpistas. Finalmente, el cuarto, describe el «golpismo residual» que se corresponde con la primera legislatura de Felipe González.

2.EL CAMBIO POLÍTICO COMO PROBLEMA. LA OFICIALIDAD DEL EJÉRCITO

29 Estas fuentes le fueron cedidas al autor por el letrado Ángel López-Montero y Juárez, abogado del teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero Molina en la causa 2/81, y se encuentran en el Archivo Personal del Autor (APA). Los dos documentos de 1975 se encuentran en la Fundación Universitaria Española (FUE), Archivo Pedro Sainz Rodríguez (APSR), Fuerzas Armadas. Ejército de Tierra. Nota informativa-Agosto 1975 , caja 41, carpeta 2 (en adelante Informe agosto 1975 ), y FUE, APSR, Fuerzas Armadas. Ejército de Tierra. Nota informativa-Septiembre , caja 15, carpeta 18 (en adelante Informe septiembre 1975 ). El archivo del general de división Ángel de Losada y de Aymerich (ALA) ha podido ser consultado gracias a la gentileza del coronel de Infantería y doctor en Historia Contemporánea Fernando Puell de la Villa.

Cuando el 20 de noviembre de 1975 murió el general Franco, el nuevo Jefe del Estado, Juan Carlos I se encontraba «en la convergencia de dos corrientes absolutamente contradictorias; por un lado tiene un «mandato» del Régimen para continuarlo, con las apariencias democráticas que se juzguen necesarias, pero siendo en esencia el mismo, estando obligado a actuar en el marco de la Ley Orgánica, que le impedirá toda acción de democratización auténtica. La otra corriente la forma la incontenible presión democrática que subyace a la actual estructura política». Esta contradicción provocaba «un gravísimo problema a resolver», que no era otro de cómo podía «'despegarse' del Régimen, sin que su persona quede inutilizada para el futuro» 30 .

En este proceso, las FAS -y más concretamente el Ejército de Tierra por ser su brazo más numeroso e importante- jugarían un papel determinante por su carácter de poder constituyente y garante del Estado del 18 de julio 31 . En ese momento, y con la excepción de los miembros de la Unión Militar Democrática (UMD) y algunos oficiales pertenecientes al Servicio de Documentación de la Presidencia del Gobierno (SECED) 32 , la inmensa mayoría de sus integrantes estaban de acuerdo con el papel que les asignaba el art. 37 de la Ley Orgánica del Estado, de 10 de enero de 1967: «Las Fuerzas Armadas de la Nación, constituidas por los Ejér-

30 Informe septiembre 1975 , p. 1.

31 ALTO ESTADO MAYOR: Anuario Estadístico Militar, 31-XII-1975 , Madrid, Alto Estado Mayor, 1976.

32 APA, CASINELLO, Andrés: La huella que deja el viento al pasar, memorias inéditas , vol. I, pp. 39-56.

citos de Tierra, Mar y Aire y las Fuerzas de Orden Público, garantizan la unidad e independencia de la Patria, la integridad de sus territorios, la seguridad nacional y la defensa del orden institucional» 33 .

No obstante, a pesar de esta posición común, el cuerpo de oficiales del Ejército de Tierra, no tenía ni un origen ni una ideología homogénea; distinguiéndose en este sentido cuatro grupos perfectamente definidos.

El primero, formado por los militares pertenecientes a las promociones formadas en las antiguas academias específicas de cada Arma y Cuerpo -existentes hasta la creación de la Academia General Militar (AGM) en 1927-, no iban a jugar ningún papel importante en el periodo que estamos estudiando, por motivos de edad.

El segundo, constituido por los «generales de Franco» -militares formados bajo su dirección en la AGM durante el periodo comprendido entre 1928 y 1930-, constituirían la élite militar hasta 1978/1979. Ideológicamente, eran conservadores y muy leales a su antiguo director. Lealtad que trasladarían al nuevo Jefe del Estado. A este grupo, pertenecía el militar más importante de la Transición, el entonces general de división Manuel Gutiérrez Mellado: «Inteligente; trabajador; preparado; honesto. Varios años de Secretario General del Alto Estado Mayor de donde era el alma. Jefe Militar de las negociaciones con los EE.UU., cargo que simultánea con el mencionado. Su postura política: 'Las Instituciones después de Franco', pero su natural inquietud frente al porvenir de España quizá le

33 Boletín Oficial del Estado (BOE), 11 de enero de

hagan cambiar de actitud. Procede de la Academia General de Franco. Prestigio entre los que le conocen» 34 .

El tercer grupo, integrado por los hombres que habían entrado en el Ejército de Tierra, en tiempos de la II República, tomarían el relevo de los anteriores a partir de 1978/1979. Sobre ellos, se afirmaba que «la tendencia de estos Generales es de apoyo al Régimen, aunque con una mayor inquietud política como 35 . El más conocido de sus miembros sería una de las figura clave en el golpe de Estado del 23-F, el entonces general de división Jaime Milans del Bosch y Ussía, jefe entonces de la gran unidad más poderosa del Ejército español, la División Acorazada (DAC) Brunete n.º 1, del que se afirmaba: «Inteligencia media; buena preparación militar; pocas simpatías: muy afecto al Régimen y al Príncipe. Pocas simpatías. Algún prestigio. Manda la unidad más fuerte del Ejército» 36 .

El cuarto grupo lo integraban los «alféreces provisionales». Procedían del mundo civil, y habían ingresado en el Ejército de Tierra durante la Guerra Civil. Eran el grupo de oficiales más ideologizados y franquistas. De hecho, se caracterizaban por «una mayor adhesión al Régimen» 37 . A este grupo, pertenecía la figura clave del golpe de Estado del 23-F, el entonces general de brigada de Artillería Alfonso Armada Comyn, secretario de S.A.R. el Príncipe de España, del que se

34 Instituto de Historia y Cultura Militar (IHCM), . PUELL Gutiérrez Mellado: un , Madrid, Biblioteca

Escalillas del Arma de Artillería. Año 1975 DE LA VILLA, Fernando, militar del siglo XX (1912-1995) Nueva, 1997, pp. 169-176.

35 Informe agosto 1975 , pp. 5-6.

36 Informe agosto 1975 , p. 5. APA. Causa 2/81, sumario, f. 2504.

37 Informe agosto 1975 , p. 6.

hacía un crítico retrato, afirmando que se vinculaba con el «bunker » y que tenía «conocidas simpatías por Blas Piñar» 38 .

El quinto grupo, lo integraban los oficiales que ingresaron en la AGM a partir de 1941. No era un colectivo homogéneo. Fernando Puell lo ha dividido en tres subgrupos 39 . El primero, formado por las promociones comprendidas entre 1942 y 1951, se aproximaba ideológicamente a los «alféreces provisionales», de los que les separaba su superior preparación técnica y profesional, rasgo que aireaban para marcar distancias con ellos 40 . A este subgrupo pertenecía el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero Molina, miembro de la X promoción (1951); y del mismo, saldrían los integrantes de otros dos grupos golpistas: el de los «coroneles», liderado por el de Artillería Diplomado de Estado Mayor (DEM) José Ignacio San Martín López, perteneciente a la I promoción (1942), y el de los «técnicos» -llamados así por su pertenencia a los servicios de información-, dirigido por su compañero de promoción, Arma y grado Luis Muñoz Gutiérrez.

El segundo subgrupo, integrado por las promociones de 1952 a 1963, componía un conjunto peculiar y atípico en un régimen autoritario, debido a que nadie se preocupó de formarles ideológicamente durante su educación castrense. Se les exigió estudiar táctica, tiro, topografía, etc., pero se les permitió cultivar la mente de forma más libre. Además, muchos de ellos cursaron estudios universitarios 41 .

38

Informe septiembre 1975 , pp. 4-5.

39 PUELL DE LA VILLA, Fernando, Gutiérrez Mellado , op. cit., p. 196

40 Informe agosto 1975 , pp. 6-7.

41 Informe agosto 1975

, p.7.

Esta formación explicaría porque de este subgrupo surgieron los integrantes de la UMD.

Por último, las promociones formadas entre 1964 y 1975 eran fuertemente franquistas, gracias a la labor del entonces general de brigada de infantería Carlos Iniesta Cano, director del centro, que creó unos ciclos de conferencias, para que los más importantes ideólogos del franquismo -Jesús Fueyo y Blas Piñar, entre otros-, adoctrinasen a los cadetes 42 . Sin embargo, dada la edad y el grado de sus miembros -tenientes y capitanes-, era, sin duda, el menos importante de los subgrupos del Ejército.

Esta diferencia de posiciones, y la propia existencia de posibles núcleos involucionistas en su seno -especialmente entre los formados durante la II República, los «alféreces provisionales», y el primer subgrupo de la AGM-, convertía la evolución a corto plazo del escalafón militar en una de las dinámicas más determinantes para el posible éxito de la reforma política; pudiendo extraerse las siguientes consecuencias, como apuntaba un documento contemporáneo.

La primera, que hasta 1978/1979, los principales mandos del Ejército estarían ocupados por los 'generales de Franco», que constituían el mayor apoyo al régimen dentro de las FAS, y que trasladarían esa lealtad al futuro rey.

La segunda, que a partir de 1978/1979, tendrían lugar un cambio de suma importancia en la élite militar; articulado en tres

42 INIESTA CANO, Carlos: Memorias y recuerdos , Barcelona, Planeta, 1984, p. 182. BUSQUETS, Julio y LOSADA, Juan Carlos: Ruido de sables: las conspiraciones militares en la España del siglo XX , Barcelona, Crítica, 2003, p. 103. Informe agosto 1975 , p. 8.

niveles. Los principales mandos pasarían a estar ocupados por los militares que habían ingresado en el Ejército durante la II República, «cuyo fervor por Franco y su Régimen estará muy debilitado» 43 . Las divisiones, brigadas, regimientos y batallones, por «alféreces provisionales» y miembros de las primeras promociones de la AGM, «afectos al régimen» 44 . Por último, las compañías, por miembros de las promociones de la AGM comprendidas entre 1952 y 1963, «que ya están iniciando su repulsa al Régimen, y que dentro de unos años habrán aumentado en influencia y número» 45 . Esta división haría que «el Ejército entrará en un periodo de crisis, que determinará la caída del Régimen, si las circunstancias políticas y sociales no le han derrumbado con anterioridad, arrastrando en su caída al Príncipe, si antes no ha tomado la determinación de separarse del Régimen» 46 . Para evitar esa crisis, el futuro Jefe del Estado debería acelerar el proceso de reforma política, pues existía «un margen de unos tres años en que su acceso al Trono tras el fallecimiento de Franco está asegurado. Transcurrido este plazo, el acceso al Trono sería más problemático e incluso imposible, y aun instalado en él, si sigue la política del Régimen, será obligado a dejarlo» 47 .

Esta dinámica evolutiva, de la que estaba en conocimiento Juan Carlos I, explicaría porque mostró desde el primer momento una actitud favorable a un proceso de democratización

43 Informe agosto 1975 , p. 11.

44 Ibid ., p. 11.

45 Ibid ., p. 11.

46 Ibid ., p. 11.

47 Ibid ., p. 10.

rápido 48 ; lo que le permitió no sólo salvaguardar la institución que encabezaba, sino también la propia estabilidad y paz del país.

No obstante, el monarca no pudo impedir que los militares interviniesen en el proceso político. Intervencionismo que seguiría la cuatro formas establecidas en la segunda mitad del siglo XX, por el politólogo e historiador estadounidense Samuel E. Finer 49 .

La primera, denominada «influencia», considerada propia de países con una cultura política desarrollada, se caracteriza porque las FAS tratan de influir en el Gobierno siguiendo los cauces legales normales, con el objetivo de atraerlos a su propia forma de pensar; pudiendo incluso rivalizar con las autoridades civiles y discutir con ellas, pero sin pasar nunca los limites de la legalidad 50 .

La segunda, la «extorsión», propia de países de menor cultura política, implicaría la amenaza de no colaborar con las autoridades civiles, la desobediencia directa, la intimidación e incluso la amenaza de violencia contra el gobierno, sino siguiera los dictados de las FAS 51 .

48 A comienzos de septiembre de 1975, don Juan Carlos comentó al embajador de los Estados Unidos Wells Stabler que «si hasta entonces había pensado que contaría con el apoyo de los militares durante unos cuatro años, ahora empezaba a creer que, si no se producía un cambio de régimen pronto, ese plazo de tiempo podría verse muy reducido». POWELL, Charles: El amigo americano: España y estados unidos de la dictadura a la democracia , Barcelona, Galaxia Gutemberg/Círculo de Lectores, 2011, p. 292.

49 FINER, Samuel E.: Los militares en la política mundial , Buenos Ares, Editorial Sudamericana, 1969.

50 Ibid , p. 187.

51 Ibid , pp. 187-201.

La tercera, el «desplazamiento», característica de países con baja cultura política, consistiría en la sustitución de un gobierno civil por otro, gracias a la acción de las FAS. Esta operación se podría realizar de tres formas: la amenaza de una intervención militar, la negativa de las FAS a defender al gobierno frente al desorden civil y la violencia militar. Esta última tomaría dos formas: el ataque directo por parte de las FAS al Ejecutivo (golpe de Estado) o la rebelión sucesiva de las guarniciones militares («cuartelazo» o «pronunciamiento») 52 .

La cuarta, la «suplantación», sería, como la anterior, propia de países de baja cultura política. Se define por sustituir el gobierno civil por un gobierno militar; desarrollándose de acuerdo a las mismas formas que el «desplazamiento» 53 .

3.- PERIODO DE «INFLUENCIA»

Tras su coronación como rey, Juan Carlos I confirmó al Carlos Arias Navarro como presidente del Gobierno a cambio de que su mentor Torcuato Fernández-Miranda y Hevia se convirtiera en presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, y de que le permitiera participar en la conformación del nuevo ejecutivo. Así, de la mano del rey entraron en el gobierno importantes personalidades de talante reformista como Manuel Fraga Iribarne, vicepresidente segundo para Asuntos del Interior y ministro de la Gobernación, o José María de Areilza, ministro de Asuntos Exteriores. Pero, también lo hicieron cuatro ministros militares: el teniente general De Santiago, vicepresi-

52 Ibid , pp. 201-216.

53 Ibid , p. 201.

dente primero del Gobierno para Asuntos de la Defensa y ministro sin cartera; el teniente general Félix Álvarez-Arenas y Pacheco, ministro del Ejército; el almirante Pita da Veiga, ministro de Marina 54 , y el teniente general Carlos Franco Iribarnegaray, ministro del Aire. Esta fuerte presencia de militares dotaba a las FAS de un gran poder en el proceso de toma de decisiones políticas en un momento en el que teóricamente debería iniciarse la reforma política.

El nuevo gobierno puso en marcha un complejo proceso de liberalización del sistema político, conocido como reforma Arias-Fraga, elaborado por el entonces ministro de la Gobernación. Según Sánchez-Cuenca, esta reforma, que apenas se distinguía de la posteriormente realizada por Adolfo Suárez y Fernández-Miranda, presentaba dos grandes problemas. El primero, su carácter confuso, ya que se basada en una modificación de las diferentes leyes fundamentales del franquismo, que dificultaba sobremanera la percepción de su resultado final 55 . El segundo, la no implicación de las FAS, lo que intranquilizo a la élite militar; máxime cuando su puesta en marcha coincidió con un aumento exponencial de las movilizaciones sociales, que si bien tenían su origen en las condiciones económicas de la clase obrera, intentaron ser aprovechadas por la oposición para provocar una ruptura democrática 56 .

En estas difíciles circunstancias, se produjeron dos acontecimientos de natu-

54 APA, testimonio escrito del coronel de Artille-

ría DEM, José Ignacio San Martín López. Madrid, 26 de abril de 1998.

: Atado y mal

55 SÁNCHEZ-CUENCA, Ignacio atado , Madrid, Alianza, 2014. p. 110.

56 Ibid , pp. 37-100.

raleza castrense de gran trascendencia. La primera, la apelación de dos sectores de la élite civil franquista a los militares para que actuaran contra la situación existente: los «azules», liderados por José Antonio Girón de Velasco y el teniente general en situación B Iniesta Cano 57 , y los «tecnócratas», cuya figura mas destacada era Laureano López Rodó 58 . El planteamiento político de ambos grupos era muy distinto -dictadura militar y democracia limitada respectivamente-, pero buscarían el apoyo militar para conseguir sus objetivos hasta 1981 59 .

La segunda, la intervención de las FAS en el proceso político; como quedaría plasmado en el intento de un grupo de generales de forzar el cese de Arias Navarro el 8 de marzo de 1976, que no contó con el apoyo del monarca 60 .

Menos de cuatro meses después, el 1 de julio, el presidente del Gobierno era cesado por Juan Carlos I. Algunos autores afirman que este acontecimiento fue producto de su incapacidad para sacar adelante su proyecto de reforma 61 , y tam-

57 Ya , 13 de enero de 1976.

58 LÓPEZ RODÓ, Laureano: Memorias IV: las claves de la Transición , Barcelona, Planeta, 1993, p. 212.

59 PEÑARANDA, Juan María de: Desde el corazón del CESID , Madrid, Espasa-Calpe, 2012, p. 263. Sobre la apelación de la extrema derecha a las FAS, véase RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, José Luis: La extrema derecha en España: del tardofranquismo a la consolidación de la democracia (1957-1982) , Madrid, Universidad Complutense, 2002, pp. 855-880.

60 TUSELL, Javier: Tiempo de incertidumbre . Carlos Arias Navarro entre el franquismo y la transición (1973-1976), Barcelona, Crítica, 2003, pp. 279-281.

61 Véase SOTO CARMONA, Álvaro: 'De las Cortes orgánicas a las Cortes democráticas', Ayer , 15, Madrid, 1994, pp. 111-112 y RÍO MORILLAS, Miguel A. del: De la extrema derecha neofranquista a la extrema derecha conservadora: Los orígenes de Alianza Popular (1973-1979) ,

bién por el deterioro de su imagen pública, ocasionada por la dura represión ejercida contra las movilizaciones sociales; lo que impidió a la oposición poner en marcha un proceso de ruptura democrática 62 . Pero, tampoco hay que desestimar la influencia de las FAS en la decisión del Jefe del Estado; ya que la élite militar no tenía confianza en el jefe del ejecutivo.

Dos días después, Suárez era elegido por el rey como su sustituto.

4.- PERIODO DE «EXTORSIÓN»

En el periodo comprendido entre su elección como presidente del Gobierno y la legalización del Partido Comunista de España (PCE), el 9 de septiembre de 1977, Suárez puso las bases de un proyecto reformista, articulado en dos etapas. La primera, que abarcó de julio a noviembre de 1976, estuvo definida por la búsqueda del apoyo de la élite franquista, tanto civil como militar 63 . La segunda, desde diciembre hasta las elecciones del 15 de junio de 1977, vino marcada por su decisión de romper con los sectores más conservadores de esa élite; para dotarse de una legitimidad democrática que le permitiera triunfar en las elecciones legislativas que se iban a convocar, y seguir controlando así el proceso de cambio político.

En la primera etapa, Suárez actuó desde el primer momento de acuerdo con la legitimidad de origen que le daba su elec-

Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, 2013, p. 305.

62 SÁNCHEZ-CUENCA, Ignacio: Todo atado ,

op. cit., p. 47.

63 SOTO CARMONA, Álvaro: 'La transición a la democracia en el sur de Europa. La historia como instrumento para su comparación', Estudios Internacionales , 162 (2009), pp. 17-18.

ción por el Jefe del Estado. Pero, esa legitimidad no era suficiente para iniciar el proceso de cambio político; ya que no toda la élite franquista era monárquica. De hecho, necesitaba un segundo apoyo si quería sacar adelante su proyecto, y por exclusión, sólo podía ser el de la institución que era el poder constituyente y garante del Estado franquista: las FAS. Por eso, decidió entrevistarse con los principales mandos de los tres Ejércitos el 8 de septiembre de 1976, en el edificio de Presidencia del Gobierno. La finalidad que perseguía era presentar su proyecto de reforma a la élite militar, con objeto de conseguir al menos su no oposición al mismo. El «tecnócrata» Gonzalo Fernández de la Mora, el miembro de la élite política franquista más activo contra el proyecto de Suárez, intentó aleccionar a De Santiago y a Pita da Veiga para que se opusieran a los planes de Suárez, pero no lo consiguió. La reunión fue un auténtico éxito, aunque algunos de los militares presentes como los tenientes generales Francisco Coloma Gallegos, capitán general de la IV Región Militar (Cataluña), y Mateo Prada Canillas, capitán general de la VI Región Militar (Burgos) manifestaron su oposición a la modificación del Estado franquista, amenazando implícitamente con una posible intervención militar -«extorsión»64 . Pero el resto de los presentes dio su apoyo a Suárez, que prometió, entre otras cosas, que en el sistema democrático que se crearía, el Partido Comunista de España (PCE) no sería legalizado. Estas promesas y la pro-

64 Sobre la intervención de Coloma Gallegos, véase FERNANDEZ, Carlos: Los militares en la Transición política , Barcelona, Argos Vergara, p. 105 y FERNÁNDEZ CAMPO, Sabino: Las Fuerzas Armadas en la Transición , Revista de Derecho Político , 45 (1999), p. 21

pia reunión demostraban que el presidente del Gobierno había asumido que los Ejércitos eran el otro Poder dentro del Estado, reconociendo así la diarquía heredada del franquismo 65 .

Con esta doble legitimidad de origen, la que le daba el rey y las FAS, Suárez pudo poner en marcha su proyecto de reforma, que precisaba, no obstante, de una tercera legitimidad, la de ejercicio, plasmada en la célebre frase «de la Ley a la Ley» de Fernández-Miranda, y que se concretaría en la LRP, el instrumento que permitió modificar -desde la legalidad- el sistema constitucional franquista; abriendo paso a un proceso constituyente. No hay duda que el apoyo de los Ejércitos fue clave para que las Cortes franquistas apoyaran esta norma, ya que a los procuradores les resultaba muy difícil oponerse a los deseos de los militares, como reconocieron dos de los políticos franquistas conservadores más importantes, el democristiano Federico Silva Muñoz 66 y Fernández de la Mora 67 . Además, el apoyo castrense era una garantía de que la reforma discurriría por unos cauces aceptables 68 .

Tras la aprobación de la LRP por las cortes, ratificada mayoritariamente mediante referéndum popular el 14 de enero de 1977 -lo que supuso un triunfo sobre la oposición que había pedido la abstención-, Suárez decidió sustituir la legitimi-

65 Sobre esta reunión, véase MUÑOZ BOLAÑOS, Roberto: 'Las Fuerzas Armadas y la legalización del PCE', Rubrica Contemporánea , 4 (2013), pp. 104-108.

66 SILVA MUÑOZ, Federico: Memorias políticas , Barcelona, Planeta, 1993, p. 72.

67 FERNÁNDEZ DE LA MORA, Gonzalo: Río arriba: memorias , Barcelona, Planeta, 1995, p. 270.

68 SÁNCHEZ-CUENCA, Ignacio: Todo atado ,

op. cit., pp. 271-272.

dad de origen franquista por una de ejercicio democrática, inaugurando así el segundo periodo de su gobierno. Para lograr este objetivo, tomó dos vías. La primera, mejorar su imagen ante la oposición democrática y el pueblo español, manteniendo una sería de reuniones con los líderes de la primera; facilitando los trámites para la inscripción de partidos políticos, y aprobando una ley de amnistía 69 . Estos contactos provocarían el segundo intento de «extorsión» en este periodo., protagonizado por el teniente general De Santiago, quien dimitió el 21 de septiembre de 1976, cuando tuvo conocimiento de los mismos, y posteriormente explicó su decisión en una carta abierta a sus compañeros. Con esta decisión, buscaba que sus compañeros tomaran la misma actitud que él, provocando así una intervención institucional del Ejército que hubiera dado al traste con el proceso de cambio político. No lo consiguió, pero si provocó un grave deterioro de la imagen del gobierno en las FAS, cuando de forma arbitraria fue pasado a la Reserva, junto a Iniesta Cano, y un juez militar anuló la sentencia 70 .

La segunda, iniciar la destrucción de los pilares que sostenían el poder militar, ya que desde el primer momento estuvo convencido de que el establecimiento de un sistema democrático en España sólo sería posible, si desaparecía el poder militar. En este proceso, iba a contar con el apoyo de Gutiérrez Mellado -sustituto de De Santiago a partir del 23 de septiembre

69

Ibid , págs. 304-305.

70 MUÑOZ BOLAÑOS, Roberto: 'Movimientos involucionistas y tramas golpistas' en PUELL DE LA VILLA, Fernando, y ÁNGEL SANTANO, Silvia (eds.): El legado del general Gutiérrez Mellado , Madrid: IUGM-UNED, 2013, pp. 197199.

de 1976 en la Vicepresidencia del Gobierno para Asuntos de la Defensa-, el gran protagonista militar de la Transición, y que en esta etapa tomó tres importantes medidas.

La primera, poner en marcha una nueva política de ascensos -que sería la clave de toda la reforma militar-, donde los criterios objetivos utilizados hasta entonces -antigüedad y hoja de servicios- serían sustituidos por otros subjetivos lealtad a la política reformista del gobierno-. La consecuencia de este cambio sería que el alto mando de las FAS especialmente el del Ejército de Tierraperdiera su unidad corporativa, rompiéndose así la posibilidad de una intervención institucional de las FAS en el proceso político 71 . La primera manifestación de esta política tendría lugar poco después de la aprobación de la LRP. El entonces general de división Jaime Milans del Bosch y Ussía, considerado uno de los militares más prestigiosos del Ejército, pero también uno de los más reacios al proceso de cambio político, fue postergado en su ascenso al empleo de teniente general por Antonio Ibáñez Freire, más moderno que él, pero de total confianza de Gutiérrez Mellado. Este hecho provocó una fuerte tensión entre Milans del Bosch y el vicepresidente del Gobierno que obligó a intervenir al propio Jefe del Estado 72 .

La segunda, la creación de los cargos de jefe del Estado Mayor del Ejército

71 MUÑOZ BOLAÑOS, Roberto: 'Las Fuerzas

Armadas', op. cit., p. 104.

72 Id, 'Un incidente militar en la Transición: La elección del general Gabeiras como jefe del Estado Mayor del Ejército (1979)', Historia Contemporánea , 50 (2015), pp. 272-273.

(JEME) -el 23 de diciembre de 1976 73 -, de jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire (JEMA) -el 8 de febrero de 1977 74 -, que junto al de almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada (AJEMA) -creado el 12 de septiembre de 1970 75 - cobraron una importancia trascendental; pues, se convirtieron en los jefes operativos de los tres Ejércitos. Con esta decisión, comenzó un proceso de vaciamiento de competencias de los ministros de los tres Ejércitos, cuya desaparición era indispensable para poner fin a la autonomía orgánica de las FAS. Posteriormente, los jefes de Estado Mayor se integrarían en la Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM), creada por Real Decreto 836/1978, de 27 de marzo de 1978, y que sería el máximo órgano militar 76 .

La tercera, la desvinculación de las FAS del proceso de toma de decisiones políticas, que se manifestaría con la legalización del Partido Comunista de España (PCE), el 9 de abril, donde no se tuvo en cuenta la opinión de los ministros militares, y que, produjo una auténtica conmoción en el seno de las FAS, que se sintieron traicionadas por el gobierno. Pues, en la reunión del 8 de septiembre de 1976, Suárez les había prometido no legalizar nunca a esta fuerza política. De ahí, la vehemencia con la que reaccionaron los principales mandos militares, provocando un nuevo intento de «extorsión»: el almirante Gabriel Pita da Veiga, ministro de marina, dimitió el 11 de abril de 1977; el teniente general Federico Gómez de Salazar, capitán general de la I Región Militar convocó una reunión de sus mandos para

73 BOE, 11 de enero de 1977.

74 BOE, 9 de febrero de 1977.

75 BOE, 12 de octubre de 1970.

76 BOE, 29 de mayo de 1978.

analizar la legalización del PCE, y los tenientes generales que formaban el Consejo Superior del Ejército, se reunieron el 12 de abril de 1977, y elaboraron una durísima nota para las unidades, donde se rechazaba la acción del gobierno. Aunque Suárez logró sofocar el descontento militar, superando la situación a corto plazo, la legalización del PCE rompió para siempre la relación de confianza entre las FAS y el Ejecutivo, abriendo una nueva etapa en el intervencionismo militar 77 .

5.- PERIODO DE «DESPLAZAMIENTO» Y «SUPLANTACIÓN»

Entre abril de 1977 y octubre de 1982, periodo culminante de la Transición, el intervencionismo militar adoptaría la forma de «desplazamiento» y «suplantación», y su objetivo sería cambiar el sistema político español, ya fuese de manera parcial o total.

El origen de esta dinámica se encuentra en tres acontecimientos: el primero, el triunfo de la Unión de Centro Democrático (UCD) -el partido liderado por Suárez que obtuvo 165 escaños- en las elecciones del 15 de junio de 1977, que demostró que la élite militar era incapaz de determinar el proceso de toma de decisiones políticas, haciendo cuasi irreversible la democratización de España, sino era detenida por una intervención militar pura. El segundo, el fracaso del partido que representaba a la élite franquista conservadora, y con el que se identificaban la mayor parte de los integrantes de las FAS, Alianza Popular (AP), liderada por Manuel Fraga Iribarne -el único político

77 MUÑOZ BOLAÑOS, Roberto: 'Las Fuerzas Armadas', op. cit., pp. 113-120.

importante que había manifestado públicamente su oposición a la legalización del PCE 78 -, que sólo obtuvo 16 escaños. El tercero, unas cortes equilibradas entre los partidos de la derecha y la izquierda, que llevó a Suárez a rechazar la «mayoría natural» AP-UCD, y optar por una política de consenso con la izquierda y con los nacionalistas; siguiendo los deseos de la sociedad españolas, cuya satisfacción era clave para el triunfo de la reforma política 79 Este consenso le permitió poner en marcha el proceso preautonómico y la redacción de una nueva constitución. Pero, también, provocó la ruptura definitiva de Suárez con la élite civil y militar más conservadora, máxime cuando al abrir el tema de las autonomías, consideraban que ponía en peligro la unidad de España, el tema más importante para los militares y para los civiles franquistas.

En el caso de los integrantes de las FAS, esta actitud quedaría reflejada en un informe que el entonces comandante de Infantería Diplomado de Estado Mayor (DEM) Manuel Fernández-Monzón, destinado en el Alto Estado Mayor (AEM), envío a Gutiérrez Mellado con fecha de 10 de octubre de 1977, y donde se analizaba al «militar medio español» 80 :

Estima que se está haciendo, también efectivamente, por parte de la sociedad española un ejercicio abusivo de las liber-

78 'Or 131825Z Apr 77 Fm Amenbassy Madrid to Secstate Washdc'. [Consulta: 20 septiembre 2016].

https://aad.archives.gov/aad/createpdf?rid=8248 3&dt=2532&dl=1629

79 «Se trata de una operación delicadísima, que hay que estudiar y proyectar de forma objetiva, tratando de adivinar con acierto, las realidades intimas que van a mover a la sociedad española en el futuro inmediato». Informe agosto 1975 , p.7.

80 ALA, carpeta Monzón, 'Una opinión sobre el problema militar. 10-octubre-1977', pp. 4 y 5.

tades democráticas, lo que está contribuyendo poderosamente a conducir a la Nación a la ruina entre huelgas manifestaciones, algaradas, etc (…).

Estima que la situación nacional, aunque aun no deteriorada al extremo, tampoco puede eternizarse en los supuestos actuales de inseguridad y escasa dureza en la aplicación de la Ley.

Es sensible, muy sensible diríamos, al te- ma de las autonomías (…).

Esta actitud explicaría porque en el verano de 1977, determinados miembros de la élite militar comenzaran a reunirse para discutir la situación de España. De estas reuniones, la más conocida fue la que supuestamente tuvo lugar en Játiva (Valencia) el 13 de septiembre de 1977, y en la que participaron un nutrido grupo de tenientes generales. No obstante, y aunque la Comisaría General de Información hizo un informe detallado 81 , los testimonios de los agentes del SECED en esos momentos, comandantes de Infantería DEM Andrés Casinello y de Ingenieros DEM Juan María de Peñaranda, demuestran que tal encuentro nunca existió 82 . En otra localidad levantina, Javea (Alicante), donde un importante grupo de la élite militar tenían sus residencias de descanso estival, tuvieron lugar importantes encuentros entre miembros de la élite militar, a los que asistieron los entonces generales de brigada de Artillería Álvaro Lacalle Leloup -fundador de la revista de extrema derecha Fuerza Nueva y posteriormente presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor (PREJUJEM) entre 1982 y 1984- y Fernando Esquivias Franco futuro patrono de la Fundación Nacional

81 Le Monde Diplomatique , abril de 1981, pp. 13-16.

,

82 PEÑARANDA, Juan María de: Desde el corazón op. cit., pP 214-215).

Francisco Franco-; los de división Víctor Castro San Martín y Jaime Milans del Bosch, y el teniente general José Vega Rodríguez, entonces JEME 83 . En estas reuniones, se discutió no sólo del estado de las FAS, o el desagrado de los militares ante la situación política, sino también de «la conjunción de intereses financieros y de sectores políticos minoritarios que deseaban la involución» 84 . Este último párrafo, escrito por un agente del SECED, conocedor de todo lo que ocurría en las FAS, también fue recogido por el comandante Fernández-Monzón en otro informe: «Las Fuerzas Armadas, como ya viene siendo costumbre, está siendo sujeto paciente de los intentos de más de uno por emplearlas como ariete desestabilizador contra el Gobierno y hasta contra el Estado» 85 . Estos grupos que intentaban atraer a las FAS para que apoyasen sus proyectos involucionistas eran los mismos que ya lo habían intentado durante el Gobierno de Arias Navarro: «azules» y «tecnócratas».

5.1.- Operación Galaxia : el proyecto de los «azules»

En 1978, los «azules» eran completamente marginales en el universo político español, como demostró su nulo éxito electoral en las elecciones del año anterior, donde no consiguieron ninguna representación parlamentaria. Su objetivo era la vuelta al franquismo mediante el establecimiento de un junta militar tras un golpe

83 PARDO ZANCADA, Ricardo: 23-F: la pieza que falta

, Barcelona, Plaza & Janés, 1998, p. 54; La Vanguardia , 21 de agosto de 2009.

84 PEÑARANDA, Juan María de: Desde el corazón ,

op. cit., p. 215).

85 ALA, carpeta Monzón, 'Informe. 26-

septiembre-1977», p. 8.

de Estado, que si bien coincidía con el deseo de muchos militares, ya que como escribió Fernández-Monzón, 'serían felices con la desaparición de la democracia liberal y parlamentaria que el pueblo español se ha otorgado' 86 ; los integrantes del mismo, que ya habían sido derrotados por los «tecnócratas» en 1957, no tenían gran predicamento en las FAS.

No obstante, sería este grupo el que pondría en marcha la primera acción golpista de la Transición: la operación Galaxia , puesta en marcha por dos militares de esa ideología y pertenecientes a las Fuerzas de Orden Público (FOP). El primero, el teniente coronel de la Guardia Civil Tejero, con una larga trayectoria profesional en el País Vasco e íntimo amigo de Juan García Carrés, presidente del Sindicato de Actividades Diversas, y a través de él, con el teniente general Iniesta Cano, Girón de Velasco y José Utrera Molina 87 . El segundo, el entonces capitán de Infantería, destinado en la Policía Armada, Ricardo Sáenz de Ynestrillas Martínez, que moriría asesinado por ETA el 17 de junio de 1986 88 .

Tejero estaba convencido que el sis- tema democrático iba a provocar la ruina y destrucción de España, mostrándose muy crítico con el tema de las autonomías y el concepto de 'nacionalidades', que aparecía en el art. 2 de la futura Constitución. Pero, también era consciente, como había quedado demostrado, tras la legalización del PCE, que era muy difícil orga-

86 ALA, carpeta Monzón, 'Una opinión sobre el problema militar. 10-octubre-1977', p. 6.

87 Sobre la carrera militar de Tejero hasta 1978, véase MUÑOZ BOLAÑOS, Roberto: 'Deconstruyendo la figura del ex teniente coronel Antonio Tejero Molina', Aportes: Revista de Historia Contemporánea , 90 (2016), pp. 140-151.

88

El País , 18 de junio de 1986.

nizar un golpe de Estado puro en España, al carácter de unidad y de un líder indiscutible las FAS. Ante esta tesitura, la única solución pasaba por realizar un golpe de mano espectacular, el resto de las unidades militares le seguirían, ya que el malestar era profundo en el seno de los ejércitos. Esta acción daría al traste con el régimen político existente, creando una nueva situación en la que las FAS decidirían cual sería la nueva organización política de España. El objetivo de esta acción sería el palacio de la Moncloa, que sería ocupado por unidades de la Guardia Civil dirigidas por Tejero, uno de los días en los que estuviese reunido el consejo de ministros, de forma que se pudiera capturar a todos los miembros del gobierno en la misma acción. Mientras tanto, Ynestrillas, con efectivos de la Policía Armada, tomaría los puntos más sensibles de la capital, para coadyuvar al éxito de la operación. Tras estas dos acciones, los organizadores pensaban que el resto de las guarniciones se sumarían al golpe, por efecto dominó; destruyendo de forma fulminante la incipiente democracia. Tejero e Ynestrillas decidieron que el mejor día para desarrollar esta operación sería el 17 de noviembre de 1978, por cinco razones 89 :

  1. Por ser viernes, y por tanto, día habitual de reunión del consejo de ministros en el palacio de la Moncloa.
  2. Por haber ejercicios de tiro en la Agrupación de Destinos de la Guardia Civil, lo que le permitiría a Tejero disponer de los hombres necesarios para tomar la residencia del presidente del Gobierno.

89 APA, Causa 559/78, sumario, f. 46.

  1. Por estar muy cerca una fecha importante, el 20 de noviembre, aniversario de las muertes del general Franco, y de José Antonio Primo de Rivera, que llenaría Madrid de simpatizantes de la extrema derecha, con los que esperaba contar para acabar con cualquier resistencia.
  2. Por estar el Rey de viaje oficial en México, lo que le impediría actuar directamente, y ejercer así su grado de capitán general de los Ejércitos.
  3. Por encontrarse el teniente general Manuel Gutiérrez Mellado, como ya se ha visto, en Cartagena (Murcia).

Con este planteamiento y teniendo en cuenta la fecha escogida, Tejero estimaba que la capacidad de reacción de las autoridades civiles, una vez capturado el gobierno, quedaría prácticamente neutralizada.

Para ponerla en marcha, Tejero e Ynestrillas realizaron una serie de reuniones, la más importante de ellas en la cafetería Galaxia , que daría nombre a la operación 90 . Precisamente, fueron estas reuniones las que impidieron que la operación se pusiera en marcha. La causa fue que el 15 de noviembre, uno de los asistentes a las mismas, el comandante de Infantería Manuel Vidal Francés, destinado en la Academia Especial de la Policía Armada, puso en conocimiento de su jefe, el teniente coronel de Infantería Manuel García de Polavieja Novo, La operación. Éste alertó al general de brigada de Infantería José Timón de Lara 91 , inspector ge-

90 APA, Causa 559/78, sumario, fs. 3v, 5, 10 y 16; Causa 2/81, acta de la celebración del Consejo, fs. 2-3, 4v y 6; Causa 559/78, rollo de disentimiento, f. 2.

91 APA, Causa 559/78, acta de la celebración del Consejo, fs. 4 y 6.

neral de la Policía Armada que, inmediatamente, se lo comunicó al general de brigada de Artillería José María Bourgón López Doriga, director del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID). Este general, tras cambiar impresiones con el teniente coronel de Infantería Andrés Casinello Pérez, del Servicio de Información de la Guardia Civil (SIG), procedió a informar de lo que se tramaba a Suárez y Gutiérrez Mellado; lo que determinó el arresto de los implicados. Tejero y Sáenz de Ynestrillas pasaron a disposición de la autoridad judicial militar ese mismo día 92 . A continuación, en la madrugada del día 17, y en la sede de la Capitanía General, el teniente general Gómez de Salazar les tomó la primera declaración, en presencia del general auditor del Ejército del Aire, José de Diego 93 .

Tejero e Ynestrillas fueran sometidos a consejo de guerra, celebrado el 7 de mayo de 1980 94 , y que presidido por el general de división del Ejército José Juste Fernández, general jefe de la DAC, dictó sentencia ese mismo día: siete meses y un día para Tejero, y seis meses y un día para Ynestrillas, «con las accesorias para ambos de suspensión de empleo y de suspensión de todo cargo público, profesión, oficio y derecho de sufragio durante el tiempo de sus respectivas condenas, que no les será de abono para el servicio» 95 . Lo más sorprendente de la sentencia, que explicaba su benevolencia, fue su primer resultando, que parecía justificar la opera-

92 APA, Causa 559/78, acta de la celebración del Consejo, f. 2.

93 APA, Causa 559/78, acta de la celebración del

Consejo, fs. 2-2v.

94 APA, Causa 559/78, acta de la celebración del

Consejo, fs. 1-7.

95 APA, Causa 559/78, rollo de disentimiento, f. 3.

ción, al decir que los acusados actuaron movidos por su amor a España y su preocupación por la escalada terrorista 96 .

La Operación Galaxia ha pasado casi desapercibida en la historia de las intentonas golpistas de la Transición, quedando en una posición secundaria frente al golpe de Estado del 23-F o la operación de los «coroneles». No obstante, fue una verdadera conspiración, que de no haber sido desmontada a tiempo, se hubiera convertido en una auténtica rebelión militar; y que demostró dos hechos fundamentales: el primero, que si bien los militares que estaban al frente de los principales mandos tanto del Ejército como del CESID eran contrarios al intervencionismo militar, existían importantes sectores de las FAS y de las FOP dispuestos a dar un golpe de Estado. Y la segunda, que el teniente coronel Tejero era un militar dispuesto a participar en cualquier intentona golpista que se diseñase, como se demostraría el 23 de febrero de 1981. De hecho, la Operación Galaxia fue para él simplemente un ensayo, aunque posteriormente cambiaría el objetivo de su acción: el poder ejecutivo sería sustituido por el legislativo 97 .

5.2.- El golpe de Estado del 23-F: el proyecto de «tecnócratas» y conservadores monárquicos.

El segundo grupo involucionista -integrado por un conjunto de empresarios, periodistas y políticos de ideología conservadora, y en muchos casos, vinculados

96 APA, Causa 559/78, rollo de disentimiento, f 1.

97 MUÑOZ BOLAÑOS, Roberto: '«Operación Galaxia»: Primera intentona golpista de la Transición', Historia del Tiempo Presente , 20 (2012), pp. 119-142.

al antiguo sector «tecnócrata» del franquismo 98 - había roto con Suárez tras la legalización del PCE y su apuesta por el consenso. Ante la imposibilidad de controlar la elaboración de la nueva constitución, creando la democracia limitada que deseaban, sus miembros pusieron en marcha una «Transición Paralela», con el objetivo de alcanzar la Presidencia del Gobierno por medios no legales, y dirigir desde esa magistratura la reforma política de acuerdo con sus intereses. El gran inspirado de este proyecto sería Luis María Ansón, periodista monárquico y conservador 99 , pero también jugarían un importante papel los catedráticos LópezRodóy Carlos Ollero 100 , estando en conocimiento de la operación otros importantes personajes del periodo como Carlos ferrer Salat, presidente de la Confederación Española de Organizaciones (CEOE); Juan Miguel Villar Mir, ministro de Hacienda con Arias Navarro y empresario; Luis Valls y Taverner, presidente del Banco Popular; Alfonso Escamez y Jaime Carvajal, banqueros; Federico Silva Muñoz; Carlos Pérez de Bricio, ex ministro de industria con Franco y empresario; los empresarios Max Mazin y Carlos March, y el entonces comandante de Ingenieros DEM Juan María de Peñaranda, adscrito al CESID, entre otros 101 .

,

98 PEÑARANDA, Juan María de: Desde el corazón op. cit., pp. 301-324.

99 Ibid , p. 87.

100 APA, Causa 2/81, acta de la celebración del Consejo, f. 61. MUÑOZ BOLAÑOS, Roberto: : Una nueva

'«Manipulada y culpabilizada»: La prensa de extrema derecha y la Solución Armada interpretación', Stvdia Historica Historia Contemporánea , 34 (2016), p. 397.

101 MEDINA, Francisco: Memoria oculta del Ejército. Los militares se confiesan (1970-2004) , Madrid, Espasa-Calpe, 2005, p. 318; PEÑARANDA, Juan María de: Desde el corazón , op. cit., pp. 304-305.

Entre 1977 y 1978, pusieron en marcha dos planes, conocidos como A y B por el CESID, cuyo objetivo fundamental era solucionar los tres graves problemas: la escalada terrorista y separatista en el País Vasco, la crisis económica y el debilitamiento de la monarquía, lo que podría abrir paso a un proceso revolucionario 102 El «Plan A» consistía en sustituir a Suárez por un independiente. Los nombres que se barajaron pertenecían todos a la derecha conservadora. El mejor posicionado fue Villar Mir; pero también se discutieron los de Pérez de Bricio, López de Letona, Escamez o el ex ministro Gregorio López Bravo 103 ; llegando a establecerse los pasos para llevarlo a cabo, como reconoció el propio Anson 104 . Este plan se debería haber puesto en marcha en las navidades de 1977, según el testimonio de Ansón 105 . Sin embargo, no pudo culminarse antes de la aprobación del texto constitucional, ya que Suárez ni se planteó dimitir 106 . Posteriormente, se pondría en marcha el «Plan B» que pasaba por sustituir a Gutiérrez Mellado por López Bravo, para que éste, desde la vicepresidencia del Gobierno, ocupara posteriormente el puesto de Suárez 107 . Este proyecto también fracasó por la oposición del propio presidente del Gobierno 108 .

102 MEDINA, Francisco: Memoria

, op. cit., p. 319.

103 PEÑARANDA, Juan María de: Desde el corazón , op. cit., p. 309.

104 MEDINA, Francisco: Memoria , op. cit., pp. 319-320

105 Ibid , p. 320.

106 PEÑARANDA, Juan María de: Desde el cora-

zón , op. cit., p. 308.

107 El testimonio de Ansón en MEDINA, Francisco: Memoria , op. cit., pp. 319-320.

108 PEÑARANDA, Juan María de: Desde el cora-

zón , op. cit., p. 267.

En el otoño de 1979, los planificadores de estas operaciones, convencidos de que la situación de crisis que vivía España podría derivar en un golpe de Estado, decidieron resucitar la idea y modificaron su diseño inicial, poniendo al frente de la misma a un militar: el general Armada, antiguo secretario de S.M. el Rey y hombre de gran prestigio en los medios conservadores 109 , que se convertiría en presidente de un gobierno de concentración nacional, del que formarían parte todos los partidos políticos del arco parlamentario -incluyendo PSOE y PCE-, salvo los de ideología nacionalista 110 . El programa político de este gobierno tendría cuatro objetivos 111 :

  1. Poner fin a la inestabilidad política existente, derivada de la crisis del partido gobernante, la UCD, que llevaría -entre otras razones- a la dimisión de Adolfo Suárez como presidente del Gobierno el 29 de enero de 1980
  2. Acabar con el desafío nacionalista, modificando la constitución, para reducir las competencias de las comunidades autónomas.

109 Sobre la implicación de Armada en la operación a partir de 1979, véase APA, Causa 2/81, acta de la celebración del Consejo. Fs. 39v-40.

110 Sobre los integrantes de este gobierno, véase PRIETO, Joaquín y BARBERÍA, José Luis, El enigma del 'Elefante': la conspiración del 23 -F , Madrid, El País-Aguilar, 1991, pp. 15-186. APA, Causa 2/81, sumario, f. 7710.

111 Sobre este programa de Gobierno, véase SAN MARTÍN LÓPEZ, José Ignacio: Apuntes de un condenado sobre el 23-F , Madrid, Espasa-Calpe, 2005, p. 155. Armada también reconoce su existencia y lo que es más importante, que lo envío al Palacio de la Zarzuela. ARMADA, Alfonso: Al servicio de la Corona , Barcelona, Planeta, 1983, p. 230. APA, testimonio escrito del general de División Alfonso Armada Comyn, Santa Cruz de Rivadulla (La Coruña), 27 de julio de 1998.

  1. Acabar con el terrorismo de ETA y del GRAPO, causa fundamental del malestar militar.
  2. Hacer frente a la crisis económica.

De esta operación cívico-militar -que pronto se denominó «Solución Armada», por el general que la encabezaba- tuvo un conocimiento limitado el Jefe del Estado 112 ; diseñándose en dos variantes. La primera, de carácter «constitucional», consistía en convertir a Armada en presidente del Gobierno, utilizando el mecanismo de la moción de censura. Esta variante se vino abajo tras la dimisión de Suárez el 29 de enero de 1981. La segunda, que denominamos «pseudoconstitucional», consistía en crear una «situación de excepcionalidad», que obligase a los líderes políticos a elegir un nuevo presidente del Gobierno. Fue esta segunda operación la que se puso en marcha el 23 de febrero de 1981, siendo la toma del Congreso de los Diputados por las fuerzas del teniente coronel Tejero, la que creó esa «situación de excepcionalidad» 113 .

Para poner en marcha esta operación, Armada contó con numerosos apoyos civiles y militares, destacando el de tres miembros de las FAS: el comandante de Infantería DEM José Luís Cortina Prieto, Tejero, Milans del Bosch.

El primero, jefe de la Agrupación Operativa de Misiones Especiales (AOME)

112 Sobre el conocimiento de la operación por

parte del Rey existen numerosos testimonios. Véase MUÑOZ BOLAÑOS, Roberto: 23-F: los golpes de Estado , Madrid, Última Línea, 2015, pp. 79-81.

113 Estas variantes se discutirían en la reunión que Armada y el teniente general Jaime Milans del Bosch tuvieron el 10 de enero de 1981 en Valencia. APA, Causa 2/81, acta de la celebración del Consejo, fs. 18-18v. MEDINA, Francisco: Memoria , op. cit., pp. 402-410.

del CESID, y con excelentes contactos en los medios de información de la extrema derecha, se encargaría de crear una psicosis golpista entre la clase política, con el objetivo de que apoyasen la operación de Armada y se integraran en su gobierno de concentración; logrando un éxito completo en su misión 114 .

El segundo, que lideraba un grupo denominado por el CESID los «espontáneos» 115 , estaba preparando una nueva acción golpista, la toma del edificio del Congreso de los Diputados, para provocar una intervención en cadena de las FAS. Para llevarlo a cabo contaría con el apoyo, nuevamente, de sus amigos «azules» 116 . Esta operación, tal como estaba diseñada, había atraído la atención de los planificados de la «Solución Armada»; pues era ideal para crear esa «situación de excepcionalidad» que permitiera poner en marcha la versión «pseudoconstitucional».

Por su parte, Milans del Bosch, capitán general de la III Región Militar, un monárquico ultraconservador enfrentado con el Gobierno, fue la piedra angular del golpe de Estado del 23-F desde el punto militar, por su prestigio en el seno del Ejército, y sus contactos con los «azules», que le permitirían actuar de nexo de unión con los «espontáneos» 117 . Por esta razón, Armada tuvo dos reuniones con él en Valencia, los días 16 de noviembre de

114 MUÑOZ BOLAÑOS, Roberto: '«Manipulada y culpabilizada»', op. cit., pp. 383-399.

115 MUÑOZ BOLAÑOS, Roberto: 23-F , op. cit., pp. 96-98.

116 PARDO ZANCADA, Ricardo: 23-F , op. cit.,

p. 137

117 MUÑOZ BOLAÑOS, Roberto: ' Claves para un día de Febrero : análisis del discurso literario de los perdedores del 23-F', La Albolafia: revista de Humanidades y Cultura , 7 (2016), p. 207.

1980 y 10 de enero de 1981, en las que le explicó su operación, asegurándole que estaba apoyada por el monarca; encargándole dos misiones de gran importancia 118 : controlar todas las operaciones golpistas militares con el objetivo de subordinarlas a la «Solución Armada» -«espontáneos», «coroneles» y «técnicos»119 , y preparar la movilización del Ejército en caso de que se pusiera en marcha la variante «pseudoconstitucional». Movilización que pasaría por tres acciones.

  1. La ocupación de Madrid por fuerzas de la DAC, acuartelada en los alrededores de la capital de España, y donde debería contar con el apoyo del líder de los «coroneles», San Martín, jefe de Estado Mayor (EM) 120 .
  2. El control del territorio de la III Región Militar por las fuerzas a las órdenes directas de Milans del Bosch 121 .
  3. La ocupación del resto de España por las diferentes unidades del Ejército a las órdenes de sus capitanes generales. Milans del Bosch, dado su inmenso prestigio entre sus conmilitones, debería encargarse de convencerlos para que lo hicieran. Esta misión era clave para evitar cualquier vacío de

118 APA, Causa 2/81, acta de la celebración del

Consejo, fs. 18-18v.

119 MUÑOZ BOLAÑOS, Roberto: '«Espontá-

neos», «Coroneles» y «Técnicos»: las tramas militares golpistas y la «Solución Armada» (19801981)', Tiempo Presente. Revista de Historia , 4 (2016), pp. 9-25.

120 APA, testimonio escrito del coronel de Artillería DEM José Ignacio San Martín López, Madrid, 28 de abril de 1998.

121 MUÑOZ BOLAÑOS, Roberto: 'Operación Turia': la III Región Militar durante el 23-F , Madrid: Punto de Vista Editores, 2014.

poder tras la acción de Tejero, y sobre todo, para asegurar el orden público. Y la acción se haría apoyada por la JUJEM, máximo organismo militar y elemento clave en la «Solución Armada» 122 .

Estas tres operaciones tendrían por objeto demostrar a la población y también a los líderes políticos que el Ejército era el dueño de la situación, y que consideraba el proyecto de Armada el idóneo para acabar con la crisis creada por Tejero.

Una vez recibida esta información, y bajo la convicción de que actuaba a las órdenes del Jefe del Estado, Milans del Bosch cumplió las misiones que tenía asignada; organizando una serie de reuniones con los líderes de las citadas tramas golpistas, a los que les explicó que la operación de Armada estaba avalada por el rey y tenía prioridad sobre todas las demás. Este hecho fue aceptado por los líderes de las mismas, que pasaron a considerar al teniente general como el jefe de todas ellas; además de estudiarse y aprobarse la operación de Tejero y la ocupación de Madrid por la DAC; por si se ponía en marcha la variante «pseudoconstitucional» de la «Solución Armada» 123 .

Tras estas reuniones, tanto Tejero como Milans del Bosch tenían claras sus misiones. Sin embargo, el primero no iba a enterarse de que el antiguo secretario de S.M. el Rey lideraba la operación hasta las entrevistas que sostuvo con el comandan-

122 Id, 23-F , op. cit., pp. 215-219.

123 APA, causa 2/81, acta de la celebración del Consejo, f. 22; PARDO ZANCADA, Ricardo, 23-F , op. cit., p. 180; SAN MARTÍN LÓPEZ, José Ignacio: Apuntes , op. cit., p. 159.

te Cortina, el viernes 20 de febrero 124 , y con el propio Armada, el sábado 21, en la que se le ordenó tomar el edificio del Congreso de los Diputados el lunes 23 de febrero 125 .

Tras esta última reunión, Armada y los planificadores del golpe ya tenían completado el diseño de la operación, cuyo desarrollo sería 126 :

  1. Toma del Congreso de los Diputados por Tejero.
  2. Control de la III Región Militar por Milans del Bosch, que informaría a sus conmilitones de las medidas que habían tomado, para que hicieran lo mismo en sus territorios. A la vez, las unidades de la DAC ocuparían Madrid con la excusa de salvaguardar el orden público.
  3. Traslado de Armada al palacio de la Zarzuela para, al lado del Jefe del Estado, reconducir la situación, apoyándose en las FAS, y concretamente en la JUJEM, única autoridad de carácter estatal tras la ocupación del Congreso de los Diputados. Este organismo emitiría una disposición por la que, ante la situación creada, asumía el poder; lo que supondría el control del país por las FAS.
  4. Traslado al Congreso de los Diputados de armada, con el aval de la JU-

124 APA, causa 2/81, acta de la celebración del Consejo, fs. 320-320v y 325. Por su parte, Cortina negó que se entrevistase con Tejero. APA, causa

2/81, acta de la celebración del Consejo, fs. 449450v.

125 APA, causa 2/81, acta de la celebración del Consejo, fs. 323-325. Igualmente, Armada negó que se entrevistase con Tejero. APA, causa 2/81, sumario, f. 3871.

126 MUÑOZ BOLAÑOS, Roberto: 23-F , op. cit., pp. 135-136.

  • JEM y el beneplácito del Rey y de las FAS, para ser votado por los diputados como presidente de un gobierno de concentración nacional.
  1. Salida del Congreso de los Diputados de Tejero, con rumbo a un país sin tratado de extradición con España, y con el futuro económico asegurado.

Sin embargo, este diseño era erróneo en su base, no sólo porque un Congreso de los Diputados amenazado por las armas carecía de legitimidad para elegir a un presidente de Gobierno, sino sobre todo porque Tejero no había sido informado del objetivo último de la operación ni tampoco de su exilio forzado, lo que tendría dos graves consecuencias:

  1. El asalto al Congreso de los Diputado que tuvo lugar a las 18:22 horas, se hizo de manera cruenta en contra de las indicaciones de Armada, que le había ordenado realizar una operación 'limpia' y lo más discreta posible. Sin embargo, los disparos en la cámara, unidos al incidente con Gutiérrez Mellado y a algunas palabras y actitudes poco elegantes de los ocupantes, hicieron que todo el diseño de Armada se trastocara. Así, el Rey, aconsejado por el interventor general de división Sabino Fernández Campos, su secretario, y apoyado por la JUJEM decidió evitar por todos los medios que las unidades militares tomaran las calles; pues simbolizaría el triunfo del golpe de Estado. A la vez, se ordenó que se creara una comisión de subsecretarios y secretarios de Estado presidida por Mariano Sánchez Harguindey, subsecretario del Ministerio del Interior, para mantener la primacía del poder civil. Además, aunque se intentó desalojar a Tejero del Congreso de los Diputados,
  2. nadie desautorizo a Milans del Bosch, cuyas tropas patrullaban las calles de Valencia. Esta situación de impasse se prolongó hasta las 21:30 horas 127 .
  3. Cuando la operación volvió a ponerse en marcha sobre las 21:30 horas del 23-F, autorizándose a Armada a entrar en el edificio de la Carrera de San Jerónimo a las 00:45 horas del 24 de febrero con el objetivo de hablar a los parlamentarios para proponerse como presidente del Gobierno; Tejero -informado por el propio Armada- tuvo por fin completa información sobre la operación. El resultado fue que se sintió completamente engañado cuando el general le enseño su lista de Gobierno, llegando a decir «eso que esta Vd. proponiendo es una chapuza»; negándole la entrada en el hemiciclo 128 . Con esta negativa, Tejero provocó, de forma definitiva, el fracaso de la gestión del general, y por tanto del golpe de Estado tal como había sido planeado 129 .
  4. 5.3.- El golpe de Estado del 27-0: el proyecto militar.

El golpe de Estado del 23-F produjo un giro conservador en la labor del Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo que culminó con la entrada en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN); y con la aprobación de la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), que congeló las aspiraciones de los grupos políticos auto-

127

Ibid , pp. 139-329.

128 APA, causa 2/81, acta de la celebración del Consejo, f. 89v.

129 APA, causa 2/81, acta de la celebración del

Consejo, f. 90.

nomistas; aunque posteriormente sería derogada. Además, aceleró la descomposición del partido gobernante, la UCD, abriendo el camino a una victoria contundente del PSOE que se produciría un año y medio después.

Pero, sobre todo, provocó un daño demoledor en el Ejército y en sus sectores más involucionistas. No sólo por la mala imagen que los acusados mostraron durante el juicio, al no asumir sus responsabilidades, sino porque la mayoría de las tramas golpistas quedaron desarticuladas: Milans del Bosch, Armada y Tejero, junto a otros veintinueve mandos, incluido San Martín, fueron procesados; suponiendo el fin de la «Solución Armada», y de las operaciones de «espontáneos» y «coroneles». Además, los principales apoyos de Armada en el seno del Ejército, decidieron alejarse de las tramas golpistas, no sólo para cortar amarras con los procesados por el golpe de Estado, sino también por el giro conservador del nuevo Gobierno. Sólo la operación de los «técnicos», que no habían tenido ninguna participación en el 23-F, quedó intacta. Este grupo, de ideología franquista y militar, pero no ligado con los «azules» ni los «tecnócratas», diseñó la última acción golpista de la Transición: la Operación Cervantes o golpe de Estado del 27-O. El CESID la frustró, y sus principales responsables -coroneles Muñoz Gutiérrez y Jesús Crespo Cuspinera, y los teniente coronel de Artillería DEM José Enrique Crespo Cuspinera y de Infantería Juan Fernández Hidalgo- fueron detenidos. La causa judicial abierta contra los cuatro jefes militares culminó con el consejo de guerra celebrado en abril de 1984 130 . El

130 MUÑOZ BOLAÑOS, Roberto: 23-F , op. cit.,

pp. 118-121.

consejo de guerra emitió sentencia el 14

de abril de 1984 y condenó a 12 años y un día a Muñoz Gutiérrez y a los Crespo Cuspinera como autores de un delito de conspiración para la rebelión. Fernández Hidalgo resultó absuelto 131 .

6.- EL GOLPISMO RESIDUAL (19821986)

Tras el desmantelamiento de la Operación Cervantes , las tramas golpistas habían desaparecido de las FAS, aunque seguían existiendo militares dispuestos a planificar operaciones puntuales cuyo objetivo era poner fin al sistema democrático. Estos militares procedían de las antiguas tramas desarticuladas, y serían los responsables de las dos últimas operaciones involucionistas que se pusieron en marcha durante el periodo de consolidación democráticas (1982-1986).

6.1.- El intento de asesinato de la Familia Real y del Gobierno en La Coruña (1985)

Esta operación fue diseñada por los comandantes Ynestrillas e Ignacio Gasca Quintín, uno de los promotores del célebre «Manifiesto de los 100» -un documento de carácter involucionista firmado por 100 jefes y oficiales del Ejército el 5 de diciembre de 1981-, comprometido en el golpe del 27-O, y antiguo subordinado de Crespo Cuspinera en la Instrucción Militar para la Escala de Complemento (IMEC) de Madrid. Su planteamiento era muy similar a de los «espontáneos»: desencadenar una acción fulminante que crease un vacío de poder, facilitando así una intervención institucional del Ejér-

131

El País , 5 de marzo de 1986.

cito. Pero esta acción ya no sería fruto de una operación militar, sino de un atentado terrorista del que se acusaría a ETA.

Para lograr este objetivo, decidieron asesinar a la Familia Real, al gobierno y a la JUJEM durante el día de las FAS de 1985, que se celebraría en La Coruña, mediante un atentado similar al que había provocado la muerte del almirante Carrero Blanco el 20 de diciembre de 1973. De su operación informaron a Milans del Bosch el 29 de diciembre de 1984, en la prisión militar de El Ferrol, que no dijo ni una sola palabra, limitándose a abandonar la habitación donde estaban los implicados.

En todo caso, esta acción jamás tuvo visos de llevarse a cabo ya que Gasca Quintín actuaba como infiltrado del CESID, y el centro de inteligencia la desarticuló, de forma limpia, informando a Ynestrillas en marzo de 1985 de que estaban informados de todo lo que proyectaba, en una reunión de militares celebrada en Las Rozas (Madrid) 132 .

6.2.- El viaje del coronel de Caballería Carlos de Meer de Ribera a Libia (1986).

El coronel De Meer, el último miembro en el Ejército del grupo de los «técnicos» 133 , realizó un viaje a Libia, sin permiso, el 23 de enero de 1986, para entrevis-

132 MUÑOZ BOLAÑOS, Roberto: '«A por los golpistas»: el fin de la involución militar y el control de las fuerzas Armadas durante el primer gobierno socialista (1982-1986)', en SOTO, Álvaro, y MATEOS, Abdón (coords.): Historia de la época socialista. España, 1982-1996 . Madrid: UAMUNED, 2011, pp. 12-14.

133 APA, testimonio oral del coronel de Caballe-

ria Carlos de Meer y de Ribera, Madrid, 8 de febrero de 1999.

tarse con el líder de este país, el coronel Muamar El Gaddafi, con el objetivo de solicitarle ayuda económica para fundar un periódico y un partido político de extrema derecha; ayuda que el militar libio le prometió. Tras regresar a España, el coronel sería juzgado, bajo la acusación de que estaba preparando un golpe de Estado con ayuda libia.

El 8 de abril de 1987, se celebró en Sevilla, un consejo de guerra, presidido por el general de brigada de Artillería DEM Antonio Solanes Llop, que le absolvió de toda culpa. No obstante, el fiscal togado no estuvo de acuerdo con la sentencia del consejo de guerra e hizo un recurso de casación ante el CSJM, y este le condenó a seis meses de prisión el 8 de julio de 1987.

Con este extraño episodio terminaron las operaciones golpistas en el periodo de consolidación democrática 134 .

7.- CONCLUSIÓN

A partir de 1975, España entró en una ciclogénesis explosiva, como consecuencia de la muerte del general Franco y de la imposibilidad de que el régimen que había encabezado sobreviviese. El nuevo Jefe del Estado, Juan Carlos I, estaba convencido de la necesidad de poner en marcha un proceso de democratización, pero sin violentar el sistema legal existente. Arias Navarro lo intentó, pero su proyecto de reforma fracaso, entre otras razones, por la falta de confianza de los militares en el mismo, que «influyeron» en su cese. Por el contrario, Suárez si pudo culminar con éxito la reforma del sistema,

134 MUÑOZ BOLAÑOS, Roberto: '«A por los golpistas»', op. cit., pp. 13-16.

siguiendo el axioma de FernándezMiranda «de la Ley a la Ley», que suponía una reedición de los pactos que dieron origen al franquismo, y que sirvió para finiquitar el régimen. Sin embargo, no todos los sectores civiles y militares franquistas se sintieron vinculados por ese proyecto. Por eso, intentaron frenarlo con intervenciones de tipo «extorsión», y cuando estas fracasaron, pusieron en marcha operaciones de «desplazamiento» y «suplantación». Estas acciones fueron favorecidas por la crisis que se desencadeno en España a finales de los setenta, y donde la ofensiva terrorista y la aparición del separatismo jugó un papel fundamental; abriéndose una dinámica involucionista, que alcanzaría su punto culminante a partir de 1979, y que desembocó en los golpes de Estado del 23-F y en el no nato del 27-O. Tras esta operación, la mayor parte de esos sectores quedaron desarticulados; abriéndose una nueva etapa «residual» donde el involucionismo militar entró en una decadencia irreversible.

El resultado final de todos estos fracasos fue un hecho inédito en la historia contemporánea de España: la desaparición del Ejército como actor principal en la política de España, y su conversión de manera definitiva en el «Gran Mudo». Un «Mudo» que ha pasado de tener un papel tutelar en nuestro país, a estar subordinado al poder político a un nivel probablemente superior a la de cualquier nación de nuestro entorno, transformando a las FAS en uno de los principales baluartes de nuestro completamente consolidado sistema democrático, y demostrando así la validez de una frase de Víctor Hugo: «Ningún ejército puede detener la fuerza de una idea cuando llega a tiempo».

RESUMEN:

La Unión Militar Democrática (UMD) fue una organización clandestina formada por militares profesionales demócratas que surgió en el final del franquismo para apoyar desde los cuarteles el proceso de transición política a la democracia en España. Cuando se cumplen cuarenta años de su disolución, coincidiendo con la celebración de las primeras elecciones democráticas, este artículo realiza un balance de la experiencia histórica de este grupo de militares disidentes de la dictadura franquista. El balance está precedido por un repaso de la historia de la organización, la crónica de la larga lucha por la rehabilitación profesional y el reconocimiento oficial tributado por el Gobierno cumpliendo el mandato del Congreso de los Diputados.

ABSTRACT:

The Democratic Military Association (UMD) was a clandestine organization formed by professional military Democrats that emerged in the final period of the Franco regime to support from the barracks the process of political transition to democracy in Spain. When forty years of its dissolution are fulfilled, coinciding with the celebration of the first democratic elections, this article takes stock of the historical experience of this group of military dissidents of the Franco dictatorship. The balance is preceded by a review of the history of the organization, the chronicle of the long struggle for professional rehabilitation and the official recognition paid by the Government in compliance with the mandate of the Members of the Parliament.

PALABRAS CLAVE: UMD , militares, democracia, balance .

KEYWORDS: UMD , military, democracy, balance .

«… Concibo la Patria como un marco de convivencia democrática, donde se respeten plenamente los derechos humanos» 135 .

135 Palabras del capitán Manuel Fernández Lago ante el Consejo de Guerra de Oficiales Generales, celebrado los días 8 y 9 de marzo de 1976. Según el testimonio de otros procesados, fue interrumpido por los gritos del público asistente (comisiones militares): ¡Que se calle!, ¡Que le quiten las estrellas!, ¡Que le peguen cuatro tiros!, ¡Traidores!. FORTES, Xoxé: Cuando las derrotas otorgan la victoria . Barcelona: Destino, 2011: p. 243.

UNIÓN MILITAR DEMOCRÁTICA: BALANCE DE UNA EXPERIENCIA HISTÓRICA

Fidel Gómez Rosa Doctor en Ciencias Políticas. Universidad Complutense de Madrid

1.- INTRODUCCIÓN

Recientemente se han cumplido cuarenta años de la disolución de la Unión Militar Democrática (UMD), decidida después de las primeras elecciones democráticas 136 . La UMD estuvo activa únicamente tres años, del 1 de septiembre de 1974 al 26 de junio de 1977, pero la cuestión permaneció vigente durante décadas por la inaplicación de los plenos efectos de la amnistía a los expulsados 137 , el retraso en la rehabilitación profesional 138 y las reticencias al reconocimiento oficial de su labor 139 .

Una parte considerable de la bibliografía crítica y testimonial publicada sobre la UMD 140 gira en torno a la legitimidad del compromiso asumido por este pequeño grupo de oficiales demócratas 141 en el

136 GÓMEZ ROSA, Fidel: 40 años de la disolución de la UMD, Público, 25.06. 2017.

137 La Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, extingue las penas principales, pero no las accesorias, por lo que no se contemplaba la reintegración en el Servicio de los amnistiados. En un claro trato desigual, otros condenados por delitos de intencionalidad política, como los profesores de universidad, regresan con honores a sus clases.

138 Ley 24/1986, de 24 de diciembre, de Rehabilitación de Militares Profesionales.

139 Declaración institucional del Gobierno de reconocimiento a miembros de las FAS en la transición a la democracia con especial mención a la Unión Militar Democrática (UMD), BOE núm. 293 de 5 de diciembre de 2009.

140 Para un relato comentado de las fuentes y bibliografía disponibles sobre la UMD, v. GÓMEZ ROSA, Fidel: Bibliografía básica de la UMD, Foro Milicia y Democracia , 2008: 2014.

141 Estuvieron relacionados con la UMD un máximo de 200 militares, de los cuales, y aunque nunca existió un registro documental, no más de 150 pueden considerarse 'formalmente' afiliados y en torno a la mitad de estos tuvieron una participación activa. El grupo dirigente se reduce a unas 30 personas. Sobre la captación, número y perfil de los afiliados v. GÓMEZ ROSA, Fidel: La Unión Militar Democrática en la Transición política ,

contexto de una dictadura, que, aunque en fase terminal, continuaba instrumentalizando a las Fuerzas Armadas (FAS) como última ratio para su supervivencia.

La historia de la UMD, durante sus años de actividad, está marcada por el procesamiento de trece de sus miembros, de los que nueve resultaron expulsados de las FAS 142 .

Tras el primer intento fallido de las Cortes constituyentes democráticas de reintegrar en el Servicio a los condenados de la UMD -fracaso debido a las presiones militares directas ejercidas sobre el poder ejecutivo 143 -, y confirmarse su discriminación en la ley de amnistía, respecto del resto de funcionarios opositores antifranquistas, se abre un largo periodo de lucha por la rehabilitación profesional y el reconocimiento oficial de su papel en la transición.

La historiografía española de la transición política a la democracia, especialmente después de la posición adoptada por el partido socialista en el poder, ha obviado o disminuido la importancia de la UMD en la creación de las condiciones que facilitaron el establecimiento del sistema democrático en España 144 .

Madrid, Servicio de Publicaciones de la UCM, 2008, pp. 195-199.

142 Siete en el juicio de febrero de 1976 (Otero, Ibarra, Fortes, Fdez. Lago, Martín-Consuegra, Valero, Reinlein), otro en el juicio de diciembre de 1977 (José Ignacio Domínguez) y el último en el juicio de enero de 1978 (Antonio Herrero). Sobre los procesos y medidas judiciales seguidas contra miembros de la UMD, v. Ibídem ., pp. 249-268.

143 El Gobierno trasladó estas presiones a la Cámara legislativa, Ibídem ., p. 288.

144 Como muestra de este planteamiento v. dos autores representativos de la interpretación canónica de la transición: AGÜERO, Felipe: Militares, civiles y democracia . Madrid: Alianza Editorial, 1995; y TUSELL, Javier: Tiempo de incertidumbre. Carlos

El tiempo transcurrido, cuando todos sus antiguos miembros se encuentran desde hace años en situación de retiro y muchos de ellos han fallecido 145 , ha restado urgencia, visceralidad y connotaciones emocionales a este expediente de la transición política a la democracia y permite realizar un balance reflexivo sobre la experiencia histórica de la UMD.

2.- HISTORIA DE LA UMD (19741977)

La Unión Militar Democrática (UMD) 146 se constituyó en una reunión celebrada en Barcelona 147 , los días 31 de agosto y 1 de septiembre de 1974, en la que participaron doce oficiales del Ejército de Tierra: tres comandantes y nueve capitanes. La organización es el resultado de un largo período de formación, crítica y disidencia de las nuevas generaciones de oficiales de la Academia General Militar (AGM), que comienza en los años cincuenta con la escuela de Forja 148 y otras experiencias individuales, continúa en los sesenta con la visión crítica de las ense-

Arias Navarro entre el franquismo y la transición 19731976 . Barcelona: Crítica, 2003.

145 GÓMEZ ROSA, Fidel: Nuestros compañeros de la Unión Militar Democrática, Foro Milicia y Democracia , 2010.

146 Sobre la elección del nombre de la organización, v. REINLEIN, Guillermo: Así fundamos la UMD , en Historia de la Transición, Diario16, 1983.

147 La reunión tuvo lugar en el domicilio particular del comandante Guillermo Reinlein, en la antigua calle General Mola, 29, aprovechando que su familia se encontraba de vacaciones de verano.

148 En cuanto a la experiencia de Forja, de la que proceden algunos de los principales dirigentes de la UMD, v. BUSQUETS, Julio: Militares y demócratas. Barcelona: Plaza & Janés, 1999, pp. 25-30, y CALDERÓN, Javier / RUIZ PLATERO, Florentino: Algo más que el 23-F. Madrid: La Esfera de los Libros, 2004, pp. 285-313.

ñanzas recibidas y el estado de las unidades en las que prestan servicio y concluye a mediados de los setenta sumándose a la contestación antifranquista 149 .

La situación política en el verano de 1974 era propicia al nacimiento de la UMD al combinarse tres factores esenciales: el fracaso del intento aperturista de Arias Navarro, el enorme desgaste en el apoyo popular al régimen franquista y la evolución de la situación internacional con caídas de dictaduras militares en Portugal, Grecia y Etiopía.

Pero, el estímulo inmediato para su constitución formal, como reconocen los principales protagonistas 150 , fue la Revolución de los Claveles que acabó con la dictadura en Portugal el 25 de abril de 1974 151 . Los comandantes Julio Busquets y Luis Otero viajaron a Lisboa para tomar contacto con dirigentes del Movemento das Forças Armadas (MFA) 152 . Tras ser recibidos con gran interés en la sede la presidencia de la República, regresan a España con el firme propósito de formalizar un grupo de oposición antifranquista en el Ejército español, conscientes de que los mandos militares eran el principal obstáculo para la superación de la dictadura y el comienzo de un proceso de transición democrática por la instrumentalización que hacían de las FAS, pese a los profundos cambios estructurales y deseos de

149 GÓMEZ ROSA, Fidel: Los militares olvidados por la Democracia. Madrid: ViveLibro, 2013, pp. 8788.

150 idídem. , pp. 100-102.

151 Respecto a la influencia de la revolución portuguesa en la transición política española, v. SÁNCHEZ CERVELLÓ, Josep: La revolución portuguesa y su influencia en la transición española (19611976). Barcelona, Nerea, 1995.

152 BUSQUETS, Julio: op. cit. , pp. 119-120.

normalización democrática de la sociedad española 153 .

A la reunión constitutiva de la UMD, se convoca a algunos miembros de los grupos informales de oficiales que venían reuniéndose en los cuarteles de Infantería, Artillería e Ingenieros de Barcelona 154 , con la invitación expresa a dos compañeros destinados en Madrid -comandante Luis Otero y capitán Jesús MartínConsuegra-, para justificar con su presencia el ámbito territorial nacional de la organización a la que aspiran los fundadores 155 .

Para someterlo a discusión y aprobación en la reunión fundacional, con vistas a su posterior utilización en el proceso de captación de nuevos miembros, se había preparado un manifiesto de presentación a la opinión pública y a sus compañeros

153 Conscientes de constituir una exigua minoría en unas FAS de amplia fidelidad franquista, en ningún momento se plantean, por inviable y contraproducente, repetir la acción armada de Portugal. Su propósito es apoyar, desde los cuarteles y contribuyendo a la concienciación política de sus compañeros, la transición a la democracia, dejando el protagonismo a las fuerzas de oposición democrática.

154 Los doce fundadores son los siguientes: del Arma de Infantería (capitanes Gabriel Cardona, Juan Diego, Jesús Martín-Consuegra y José Sagrado), del Arma de Artillería (comandante Guillermo Reinlein y capitán Enrique López-Amor), del Arma de Ingenieros (comandantes Julio Busquets y Luis Otero, y capitanes José Julve, Antonio Miralles y Santiago Perinat) y, como representante del Arma de Caballería, participa el capitán Julián Delgado, quien tuvo que ausentarse de la reunión para viajar a Murcia a renovar su aptitud paracaidista ese mismo fin de semana, lo que no impide ser considerado el decimosegundo fundador por su previo trabajo de coordinación, GÓMEZ ROSA, Fidel: Los militares olvidados … op. cit. , pp. 106-107.

155 Se pensó también en invitar a la reunión fundacional a algún representante de Galicia, pero se opuso Busquets alegando razones de seguridad. Reconoce en sus memorias que se equivocó, BUSQUETS, Julio: op. cit. , p. 132.

  • de armas 156 . El llamado 'Ideario de la UMD' 157 hacía una exposición justificativa de la situación política nacional y, como consecuencia, se proponía el cumplimiento de los siguientes objetivos:

  • De carácter nacional: restablecimiento de las libertades democráticas, reformas socioeconómicas, elección democrática de la forma de gobierno y de la organización territorial del Estado, lucha contra la corrupción y convocatoria de una asamblea constituyente.

  • De carácter militar: creación de un ministerio de Defensa unificado, dignificación del Cuerpo de Suboficiales, revisión del Servicio Militar Obligatorio (SMO), reforma de la jurisdicción militar y elaboración de un estatuto del militar profesional.

Constituida la organización, y partiendo de los tres focos iniciales (Barcelona, Madrid, Galicia 158 ), su actividad principal se centró en la captación de nuevos miembros, tanto en sus respectivos destinos como con ocasión de asistencia a cursos o maniobras, o bien utilizando el tiempo libre de los fines de semana para desplazarse privadamente y visitar a compañeros de confianza en otras unidades. El acercamiento a los desconocidos se

156 Inspirado en las propuestas reivindicativas de la Asamblea de Cataluña, organismo que agrupaba a las fuerzas de oposición democrática en aquella

comunidad, Ibídem ., pp. 121-123.

157 GÓMEZ ROSA, Fidel: Los militares olvidados

… op. cit. , Anexo documental, p. 359.

158 Sobre los inicios de la UMD en estos territorios v., respectivamente, BUSQUETS, Julio: op. cit. , pp. 132-145; REINLEIN, Fernando: Capitanes rebeldes . Madrid: La Esfera de los Libros, 2002, pp. 71-76; FORTES, Xoxé: op. cit., pp. 17-23 y 212218; y VÁZQUEZ, Octavio: La UMD en Galicia ,

Conferencia en El Ferrol, 2005.

realizaba con mucha cautela 159 y, como prueba de afinidad ideológica, imprescindible para evitar delaciones, se exploraba la opinión del interesado sobre determinados acontecimientos internaciones como el golpe de Estado en Chile o la Revolución de los Claveles en Portugal.

La reunión fundacional nombró una dirección colectiva de cuatro miembros representando a las cuatro armas del Ejército de Tierra 160 . La dirección de la UMD fue siempre colectiva, salvo unos meses en que ejerció como secretario general Julio Busquets. En la designación de la dirección se rechazó deliberadamente los criterios de jerarquía, primando la elección por cooptación democrática. La organización se propuso un funcionamiento similar a los partidos políticos en régimen de clandestinidad, con formación de grupos 161 desconectados entre sí, la adoptación de estrictas medidas de seguridad 162 y la celebración periódica de

159 Estas precauciones crearon situaciones cómicas como el intento mutuo de captación de los capitanes Fernando Reinlein y Rafael Tejero, REINLEIN, Fernando: op. cit., p. 76.

160 Los elegidos fueron los capitanes José Sagrado (Infantería), Julián Delgado (Caballería), Enrique López-Amor (Artillería) y José Julve (Ingenieros).

161 Se evitó cuidadosamente la palabra 'célula' por las connotaciones comunistas del término y que tanto daño podía hacerles en la confianza con sus compañeros de armas. Como reflexionaba Busquets, siempre hubo por parte de los Servicios de Información Militar un innegable interés en vincular a la UMD con el PCE, o incluso con grupos terroristas, para 'mediante esta calumnia, anular nuestro prestigio y nuestra capacidad de incidir en las FAS', BUSQUETS, Julio: op. cit. , p. 131.

162 GÓMEZ ROSA, Fidel: La Unión Militar … op. cit. , pp. 206-209.

asambleas nacionales 163 con la participación de delegados de estos grupos.

En unos meses la UMD se extendió al Ejército del Aire, la Armada y la Guardia Civil al contar con la participación activa de algunos de sus miembros, especialmente de oficiales y suboficiales de Aviación 164 . Antes del verano de 1975, en que se producen las detenciones de dirigentes en Madrid, se registraba ya actividad de la UMD en acuartelamientos y unidades de veinte provincias y localidades 165 .

A pesar de las cautelas adoptadas, el Servicio de Información del Ejército (SIBE), a través de su extensa red de informadores en las unidades -segundas secciones bis-, detecta ciertos movimientos. Analizadas estas informaciones dispersas 166 , el Servicio decide, en mayo de 1975,

163 Contando con la reunión fundacional y la de disolución, la UMD realizó siete juntas nacionales, celebradas, respectivamente, en Barcelona (agostoseptiembre 1974), Madrid (diciembre 1974, marzo 1975, febrero, julio 1976), El Escorial (diciembre 1976) y Esplugues de Llobregat (junio 1977).

164 Los hombres fundamentales para darle a la UMD un ámbito conjunto fueron el comandante de Infantería de Marina José Miguel Bouza (Armada), el capitán José Ignacio Domínguez (Ejército del Aire) y el teniente Luis Alonso (Guardia Civil). En cuanto a los suboficiales de Aviación, el brigada Justo Alejo (Ministerio del Aire), el sargento 1º Enrique Cisneros (Base Aérea de Torrejón) y el sargento Ángel Mayoral (Base Aérea de Getafe), GÓMEZ ROSA, Fidel: Los militares olvidados … op. cit. , pp. 122.

165 Barcelona, Burgos, Cartagena, Ceuta, Ferrol, Girona, Granada, La Coruña, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Melilla, Murcia, Pontevedra, Salamanca, San Sebastián, Santiago de Compostela, Sevilla, Toledo, Valencia y Zaragoza. Ibídem. , pp. 120-122.

166 Junto con la denuncia recibida de la Jefatura Superior de Policía de Madrid sobre las actividades de captación realizadas por el capitán Restituto Valero en su destino de la Brigada Paracaidista (BRIPAC), Ibídem. , pp. 157-158.

crear un negociado específico 167 para determinar si se trata de un grupo organizado clandestino. Se ordenan seguimientos y se realizan grabaciones de varias reuniones en Madrid 168 . Decidida la detención de los implicados 169 , tras una reunión con el ministro del Ejército 170 , el jefe del SIBE solicita al General Jaime Miláns del Bosch 171 la formulación del preceptivo un parte por escrito para iniciar las actuaciones de la jurisdicción militar. Algunos autores, basándose en el testimonio de otros asistentes a la reunión (oficial jurídico), han señalado que en dicha reunión se llegó a plantear

167 Testimonio del entonces capitán Carlos San Gil, encargado del negociado UMD, recogido en MEDINA ORTEGA, Francisco: Memoria oculta del Ejército. Madrid: Espasa Calpe, 2004, p. 148.

168 Se obtienen grabaciones de la llegada de algunos de los asistentes a las reuniones de los días 9, 14 y 21 de julio de 1975, en la calle Fuencarral ( Drugstore ), Ponzano 72 (domicilio del capitán Ibarra) y Altamirano 34 (domicilio del capitán Valero). Todos los asistentes a estas reuniones fueron detenidos, excepto dos casos: el sargento de Aviación Ángel Mayoral y el capitán de Ingenieros José de Delás. El sargento Mayoral al no poder ser identificado en el cotejo con fotografías de oficiales, y el capitán Delás, con título nobiliario de barón De Delás, probablemente por las gestiones de su influyente familia, FORTES, Xoxé: op. cit., p. 31.

169 La detención se trató como un asunto interno militar por lo que no se informó al Presidente del Gobierno, según testimonio del General Sáenz de Tejada recogido en MUÑOZ BOLANOS, Roberto: '«La última trinchera»: El poder militar y el problema de la UMD durante el proceso de transición y consolidación democrática' en Revista Historia del Presente , junio 2015.

170 En esta reunión, además del ministro, teniente general Coloma, participó también el Capitán General de la 1ª Región Militar, teniente general Campano, y en ella el jefe del SIBE, coronel Sáez de Tejada, expuso los resultados de las investigaciones practicadas, GÓMEZ ROSA, Fidel: Los militares olvidados … op. cit. , p. 158.

171 La elección del General Miláns del Bosch es simplemente práctica: el jefe del SIBE, coronel Sáez de Tejada, necesitada una denuncia para proceder y recurrió a su jefe en su último destino.

incluso el asesinato de los oficiales de la UMD, por parte de agentes de los servicios secretos, dejando pruebas falsas incriminadoras de su supuesta relación con el FRAP y la ETA 172 .

Practicadas las detenciones y tramitadas las diligencias previas, se ordena la formación de la Causa 250/75 de la 1ª Región Militar 173 contra diez procesados, declarando a uno de ellos en rebeldía por hallarse en el extranjero 174 .

La UMD, con las limitaciones impuestas por la precariedad de sus medios 175 y las condiciones de clandestinidad, desarrolló una intensa actividad política. La organización impulsó una política reformista no vinculada con ninguna opción partidista. En este sentido, y de acuerdo con su programa de objetivos nacionales y militares, la UMD pretende coadyuvar a la sustitución del régimen político -establecimiento de un sistema democráti-

172 REINLEIN, Fernando: op. cit. , pp. 85-86.

173 Sobre las circunstancias del proceso judicial v., además de las propias actuaciones judiciales, MINISTERIO DEL EJÉRCITO, ESTADO MAYOR CENTRAL, La UMD y la Causa 250/75 . Madrid: 1976., así como FORTES, José / OTERO, Luis: Proceso a nueve militares demócratas. Barcelona: Argos Vergara, 1983.

174 El día 29 de julio, fueron detenidos en Madrid el comandante Luis Otero y los capitanes Fermín Ibarra, Restituto Valero, Antonio García Márquez, Fernando Reinlein y Manuel Fernández Lago, y en Pontevedra, el capitán José Fortes. El día 31 de julio, se detiene en la Base Aérea de Torrejón al capitán de Aviación Jesús Ruiz Cillero y el 1 de agosto, en su domicilio de Madrid, al capitán Jesús Martín-Consuegra. El oficial declarado en rebeldía por hallarse en el extranjero (Turquía) es el capitán de Aviación José Ignacio Domínguez.

175 La UMD, pese a su precaria situación económica, se mantuvo vigilante para no recibir financiación inconveniente de grupos o partidos que pudieran comprometer su independencia. Sobre apoyos y colaboraciones civiles v. FERNÁNDEZ LÓPEZ, Javier: UMD: militares contra Franco. Zaragoza: Mira Editores, 2002. pp. 45-51.

co en lugar de la dictadura caudillista que regía el país- y a la reforma de aspectos esenciales de la estructura y funcionamiento de las FAS.

La acción política de la UMD se realizó siempre por medios pacíficos y se orientó tanto en un plano interno como externo. La acción interna, entendida como incidencia de la UMD en el seno de las FAS, se desenvuelve en tres dimensiones: el proselitismo de la organización que realizan los afiliados para la captación de nuevos miembros, la contribución a la conciencia democrática en los cuarteles y la influencia, de signo contrapuesto, de la organización en el mando militar.

La acción externa de la política de la UMD se sustancia en una serie de actividades: los múltiples contactos mantenidos con los grupos políticos de oposición democrática 176 ; la entrevistas con representantes de la institución de la Corona 177 ; y las continuas relaciones con los medios de comunicación social nacionales e internacionales en las que, mediante declaraciones, reportajes, artículos y cobertura de ruedas de prensa se transmite el mensaje político de la organización.

Así mismo, debe destacarse con relevancia propia, la intensa labor de portavoz en el extranjero desarrollada por el capitán José Ignacio Domínguez 178 , de acuerdo con las directrices recibidas de la

176 Sobre los contactos con las fuerzas políticas

de oposición democrática, v. GÓMEZ ROSA, Fidel: Los militares olvidados … op. cit. , pp. 142-146.

177 Sobre los contactos con la Corona, v. REIN-

LEIN, Fernando: op. cit. , pp. 111-118; y BUSQUETS, Julio: op. cit. , p. 190.

178 Sobre las circunstancias de esta estancia en el extranjero (Lisboa, París, Argel) y su labor de portavoz autorizado por la UMD, v. DOMÍNGUEZ, José Ignacio: Cuando yo era un exiliado. Madrid: Cambio16, 1977.

dirección de la UMD y que proporcionó a la organización una dimensión internacional de su causa.

Constituye también una parte esencial de la actividad política de la UMD su producción documental 179 en forma de informes, actas, análisis políticos, estudios históricos, manifiestos, cartas, reseñas, artículos de prensa y declaraciones de sus dirigentes, incluidas las pronunciadas en sede judicial 180 .

Este corpus doctrinal 181 comprende la colección de documentos elaborados por la organización en sus años de actividad, desde la presentación del manifiestoideario en el otoño de 1974 hasta la difusión del comunicado final de disolución en el verano de 1977. En estos documentos la UMD hizo una exposición crítica de la situación de las FAS españolas al final del franquismo y se pronunció abiertamente a favor de la sustitución del régimen político por un sistema de representación democrática, acompañando en esta exigencia a las fuerzas políticas de oposición.

179 Los documentos principales fueron recopilados y publicados por la propia organización en edición clandestina, organizando la obra en tres apartados temáticos: análisis del Ejército y de

España, la Unión Militar Democrática, y la Represión.

180 Sobre las declaraciones en sede judicial, v. MINISTERIO DEL EJÉRCITO: La UMD y la Causa … op. cit. La mayoría de los encausados utilizaron su turno de palabra en la vista oral -los llamados 'minutos sacramentales'para hacer una declaración explícita de convicciones democráticas, pese al ambiente de enorme crispación de la sala.

181 Para un análisis politológico de los documentos de la UMD, atendiendo a los antecedentes del contexto y de la redacción, estructura formal del texto y contenido ideológico, v. GÓMEZ ROSA, Fidel: La Unión Militar … op. cit. , pp. 378-456.

Volviendo a la Causa 250/75, al concluir la fase de instrucción, el Juez dictó auto de procesamiento por el presunto delito de proposición para la sedición, ordenando la prisión provisional y disponiendo que se designaran defensores militares. La autoridad militar no aceptó la designación de prestigiosos abogados civiles -y significados opositores políticos- que realizaron los procesados 182 .

Designados defensores militares de oficio 183 , el Fiscal presentó su escrito de conclusiones provisionales en el que afirmaba que

«en fecha no determinada se constituyó la Unión Militar Democrática como entidad subversiva, que pretendía agrupar a cierto número de Oficiales de las Fuerzas Armadas. Entre sus objetivos figuraba el cambio ilegal del orden institucional vigente y se preconizaba la intervención del Ejército como medio para alcanzarlo».

Cambiando la calificación jurídica de los hechos, los consideraba constitutivos de los delitos de provocación y conspiración para la rebelión militar.

Celebrado el juicio oral en la Sala habilitada al efecto en el acuartelamiento de Hoyo de Manzanares, el 10 de marzo de 1976 el Consejo de Guerra dictó sentencia en la que declaraba como hechos probados que

«los inculpados constituían un grupo de la UMD, entidad subversiva que pretende

182 Entre los que se encontraban Enrique Tierno Parga, Fernando Álvarez de Miranda o Jaime Miralles. El Colegio de Abogados de Madrid hizo público una nota

Galván, Manuel Jiménez de denunciando la restricción del derecho fundamental de defensa jurídica.

183 Estos defensores eran miembros de los Servicios de Información. El defensor del capitán Fortes se lo confesó por un descuido, FORTES, Xoxé: op. cit., p. 234.

obtener la intervención de las Fuerzas Armadas en un proceso de ruptura para cambiar las Instituciones fundamentales de la nación, no permitiendo al Gobierno una pacífica evolución, propósito de los procesados que, de haber prosperado, podría haber originado un conflicto armado».

Los hechos son calificados como un delito consumado de conspiración para la rebelión militar, siendo condenados los encausados a penas de prisión 184 militar con la accesoria de separación del servicio, salvo para los condenados a tres o menos años de prisión.

Tras la publicación de las condenas, en los cuarteles se abre una auténtica caza de brujas. Los militares marcados como demócratas, y en particular los relacionados con la UMD, sufrieron el rechazo de la mayoría de sus compañeros, subordinados y mandos superiores. Este rechazo se traducía en diversos tipos de presiones 185 que, en último término, pretendían conseguir la desmoralización del militar y su abandono voluntario de las FAS 186 .

184 Las penas de prisión fueron las siguientes: 8

años (cte. Luis Otero), 7 años y 6 meses (cap. Fermín Ibarra), 5 años (cap. Restituto Valero y Manuel Fernández Lago), 4 años y 6 meses (cap. Jesús Martín-Consuegra), 4 años (cap. José Fortes y Fernando Reinlein), 3 años (cap. Antonio García Márquez), y 2 años y 6 meses (cap. Jesús Ruiz Cillero).

185 Fue frecuente la imposición de arrestos por faltas leves que originaban el correspondiente expediente por falta grave debido a la acumulación de arrestos disciplinarios, así como destinos forzosos y otras repercusiones perjudiciales en las más diversas facetas de la vida profesional, y consecuentemente también la exclusión de todo efecto positivo como propuestas de recompensas, felicitaciones, puestos de libre designación o cursos de perfeccionamiento. Era habitual la bajada sistemática de las calificaciones anuales del señalado.

186 Sobre las consecuencias morales, económicas y sociales que recayeron sobre los familiares v. entrevista con Carmen Macías, esposa de Luis

La falta de una rápida reparación profesional, por parte de los representantes democráticos recién elegidos, abrió un largo periodo de lucha por la rehabilitación profesional de los expulsados bajo una acusación infundada y por el reconocimiento oficial de la labor de la UMD en la transición política democrática.

3.- REHABILITACIÓN PROFESIONAL Y RECONOCIMIENTO OFICIAL (1977-2010)

La UMD cumplió su promesa programática de disolverse cuando en España existiera un sistema democrático. En efecto, once días después de la celebración de las primeras elecciones libres, en junio de 1977, convocó una asamblea general con el único punto en el orden del día de tratar sobre la disolución de la organización.

Sin embargo, las promesas de los dirigentes políticos de resolver con rapidez la situación de los militares demócratas no fueron cumplidas, al no ser capaces de sustraerse a las presiones ejercidas por los altos mandos militares. Las sucesivas disposiciones de amnistía -Real Decreto-ley de 1976 y Ley de 1977- dejaron fuera de la plena reintegración en sus derechos a los oficiales de la UMD. La presión en contra ejercida por el generalato reaccionario de la época consiguió impedir la reincorporación de estos oficiales, representantes de los militares que recibieron con satisfacción -y no solo acatamiento, o

Otero, en el proyecto de investigación ' Militares demócratas en el tardofranquismo. La UMD: una historia oral ' del Seminario de Fuentes Orales de la UCM, DVD depositado en el Ministerio de Cultura, Centro Documental de la Memoria Históri-

ca, Salamanca.

disimulado disgusto- la llegada de la democracia en España.

A la altura de 1977, la opción entre reforma y ruptura con el régimen político anterior estaba ya definitivamente resuelta a favor de la reforma ('ruptura pactada') controlada por el gobierno. El abandono de la apuesta estratégica por la ruptura democrática tenía una de sus premisas fundamentales en la neutralidad pasiva o no beligerancia de las FAS; este pacto tácito de las fuerzas políticas opositoras con los reformistas del Régimen determinó que la UMD dejara de ser útil, como grupo disidente, y se convirtiera en un elemento perturbador de la necesaria 'tranquilidad militar' 187 .

Las fuerzas de oposición aceptaron esta vía de cambio institucional progresivo, renunciando por impotencia a desmantelar totalmente y enjuiciar a la dictadura franquista. En consecuencia, el aparato de seguridad del Estado, incluidas las FAS, permaneció intacto y retuvo durante la reforma un importante poder fáctico, debiendo coexistir con los nuevos poderes democráticos. El miedo a la desestabilización del país y al fracaso total de la reforma en marcha llevó a los responsables políticos a aceptar el 'chantaje' planteado por el mando militar, permitiendo, como mal menor, el injusto sacrificio de los integrantes de la UMD. La transición fue una transacción 188 .

187 Tranquilidad que, en todo caso, no se consiguió, dado el constante 'ruido de sables' de la transición y los sucesivos incidentes de desestabilización que culminaron con dos intentos de golpe de Estado: el fallido de 23 de febrero de 1981 y el

abortado del 27 de octubre de 1982.

188 El término de 'transacción' aplicado a la transición ha sido acuñado por el embajador Raúl Morodo, diputado socialdemócrata en varias

Díez años después de las condenas, una ley 189 autorizó la rehabilitación profesional de estos militares, devolviéndoles los empleos que les hubieran correspondido de no interrumpirse su servicio activo, aunque a ninguno de ellos se le concedió destino 190 . Se consumó así la paradoja: los Ejércitos de la Democracia no toleraban a los militares demócratas.

Los sucesivos intentos de reparación de la situación de los expulsados de la UMD fracasaron. En efecto, después de las primeras elecciones democráticas, el nuevo poder político, tanto en las filas gubernamentales como opositoras, se mostraba partidario de reparar el trato arbitrario cometido con estos oficiales. En las primeras sesiones del Senado se presentó una proposición de amnistía para los militares de la UMD, defendida por Joaquín Satrústegui, en la que intervinieron representantes de todos los grupos de la cámara alta expresando unánimemente su conformidad con una petición que consideraban que era de justicia y oportuna para la nueva etapa democrática que se abría en España.

El indulto decretado con motivo de la proclamación del rey, en noviembre de 1975, supuso la reducción sustancial de las penas privativas de libertad de los

legislaturas y perteneciente a la generación de los

protagonistas de la transición democrática.

189 Ley 24/1986, …, op. cit .

190 Los coroneles Luis Otero y José Fortes, y el teniente coronel Restituto Valero, solicitaron destino en servicio activo. No recibieron contestación y, al interesarse por su situación, se les indicó extraoficialmente que el Ejército los consideraba amortizados y que no se les asignaría destino alguno, siendo, pues, forzados a pedir el pase a la reserva 'voluntaria'. Compañeros de la UMD en la órbita del PSOE habían tratado de disuadirlos de que pidieran destino, FORTES, Xoxé: op. cit., p. 299.

condenados de la UMD, pero no afectaba a la consecuencia accesoria de la separación del servicio. El decreto de amnistía impulsado por el gobierno de Adolfo Suárez, en julio de 1976, poco tiempo después de tomar posesión, se redactó con la cautela expresa de prevenir que pudiera producirse el regreso a filas de los oficiales de la UMD. Un año después, el Parlamento se propone dictar una amplia amnistía para facilitar la culminación del proceso democrático. Así, el 1 de octubre de 1977, las Cortes Generales crearon una comisión conjunta para preparar el texto de una ley de amnistía que complementara el decreto-ley de 1976. Todos los grupos parlamentarios estuvieron representados en la comisión, excepto Alianza Popular 191 .

El general Gutiérrez Mellado, vicepresidente del Gobierno para Asuntos de la Defensa, recibió en su despacho, acompañado de una representación de genera-

191 En relación con las personas y grupos de militares afectados, la comisión, además de los oficiales de la UMD separados del servicio, consideró un amplio conjunto de situaciones particulares, de distintas épocas, que requerían una reparación democrática: los militares republicanos, los que sufrieron depuración en la posguerra, los alféreces-alumnos expulsados de la Academia de Infantería en 1973, y otros casos individuales de militares represaliados por su falta de vinculación con el llamado Movimiento Nacional o culpados de ser tolerantes con opositores al Régimen. De acuerdo al testimonio de Julio Busquets, integrante de la comisión (BUSQUETS, Julio: op. cit. , p. 247), los miembros de la comisión parlamentaria conjunta eran partidarios de incluir todos los casos de sanciones de origen político, como corresponde a un proyecto de amnistía, cualquiera que fuese su condición, civil o militar. Los representantes del grupo gubernamental, aunque personalmente tenían el mismo sentimiento y convencimiento que el resto de miembros de la comisión, estaban obligados a informar al gobierno de todas las medidas que afectaran a militares, único punto en el que los trabajos de la comisión se paralizaban para evacuar consultas.

les, a los miembros de la UCD 192 en la comisión parlamentaria a quienes les indicó, amparando de hecho la teoría de la autonomía militar, que el Ejército no aceptaba que se inmiscuyesen en sus asuntos internos y que el regreso de los expulsados de la UMD no era posible ya que produciría división en la oficialidad, por lo que él, en caso de aprobarse la amnistía plena, no se sentía capaz de garantizar la disciplina y dimitiría del cargo 193 . La decisión del general Gutiérrez Mellado 194 , colocado en una difícil situación por la sostenida presión ejercida por la cúpula militar, fue determinante para excluir a los militares de la UMD 195 .

La ausencia de una amnistía plena para los militares de la UMD se convirtió en uno de los asuntos recurrentes de la transición. Los medios de comunicación hicieron un extenso seguimiento de esta cuestión que, para amplios sectores políticos, llegó a simbolizar el triunfo definitivo de la Democracia; es decir, en el regreso a las FAS de estos militares se ventilaba la supremacía del poder civil sobre el pretendido poder autónomo militar.

192 Testimonio del portavoz, Rafael Arias Salga-

do, recogido en BUSQUETS, Julio: op. cit. , p. 248.

193 GUTIÉRREZ MELLADO, Manuel (conver-

saciones con Jesús Picatoste): Un soldado de España. Barcelona: Argos Vergara, 1983, pp. 135-136.

194 GÓMEZ ROSA, Fidel: 'El general Gutiérrez Mellado y el «problema» de la UMD', en PUELL, F. y ÁNGEL, S. (eds.): El Legado del General Gutiérrez Mellado . Madrid: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado, UNED, 2013, Vol. II, pp. 221-241.

195 La Ley de Amnistía, que vetaba la reincorporación de los oficiales de la UMD, fue aprobada el 14 de octubre de 1977 con sólo dos votos en contra: los diputados socialistas Julio Busquets y José Antonio Bordes. El otro diputado socialista ex-miembro de la UMD, Carlos Sanjuán, respetó la disciplina de voto.

El general Gutiérrez Mellado, al ser nombrado jefe del Estado Mayor, había dirigido en el mes de septiembre el Informe General 1/76 a todas las unidades. El informe, por indicación expresa, debía ser leído y comentado en reuniones de jefes, oficiales y suboficiales. En relación con la UMD, el informe afirmaba categórico que el reingreso de los expulsados no era posible y que no se tolerarían actividades políticas de los militares; asimismo, se advertía a los oficiales expulsados que no se prestaran a manipulaciones para evitar la enemistad de sus antiguos compañeros.

Con anterioridad a este informe, en julio de 1976, Gutiérrez Mellado había enviado una carta personal y manuscrita al ministro del Ejército, General ÁlvarezArenas, en la que le hace la sugerencia de que sea el propio Ejército el que se anticipe a la amnistía de los condenados de la UMD con una medida de gracia con el objetivo de salvaguardar la unidad de las FAS -consideraba que sólo una 'mínima minoría' estaría realmente en contra- y también para mostrar así el poder autónomo militar en un asunto que era estrictamente castrense. 196

En agosto de 1976, funcionarios de la Administración Civil del Estado, representantes de partidos políticos y sindicatos de oposición democrática, piden autorización para celebrar una cena-homenaje a los militares de la UMD con el objetivo de exigir su inmediata reincorporación al Ejército. El ministerio de la Gobernación niega el permiso por presumir que en la reunión se abordarán cuestiones que

196 Cit . en MUÑOZ BOLAÑOS, Roberto: «La última trinchera» …, op . cit .

pueden afectar a la autoridad judicial y al prestigio de las instituciones armadas 197 .

El informe de la jefatura del Ejército fue contestado por una carta abierta de oficiales de la UMD expulsados 198 , publicada en noviembre de 1976, en la que se reservaban su derecho a participar en política como cualquier otro ciudadano no sujeto a la disciplina militar y rechazaban que esta actitud pudiera justificar la enemistad de nadie. Así mismo, en mayo de 1977, dirigen otra carta abierta 199 a los dirigentes políticos pidiendo su reincorporación al servicio activo, considerando injusta y discriminatoria su situación ya que

«sólo desearon y procuraron, por medios completamente pacíficos, que se alcanzara lo que es actualmente objetivo oficial del Gobierno y de todo el país».

La noticia de que la ley de amnistía no significaría el reingreso al servicio activo de los oficiales de la UMD propició un animado debate en la prensa 200 . Aprobado

197 Cit. en el diario El País , 20.08.1976.

198 Firman la carta Luis Otero, Fermín Ibarra, Jesús Martín-Consuegra, Restituto Valero, José Fortes y Fernando Reinlein.

199 Despacho de la Agencia Europa Press , de fecha 12 de mayo de 1977.

200 Javier Pradera recordaba en una carta al director de El País , publicada 8 de octubre de 1977, su experiencia personal cuando, después de haber aprobado la oposición y realizado las prácticas militares correspondientes, se le negó su promoción a teniente del Cuerpo Jurídico del Aire con el argumento de que sus ideas políticas eran incompatibles con el Régimen. En esta carta utiliza el mismo razonamiento a la inversa pidiendo que por coherencia se readmitiera a los oficiales demócratas y causaran baja aquellos no identificados con la Democracia. El comandante Luis Otero pedía en un artículo (' La amnistía militar ', diario El País , 14.10.1977) explicaciones públicas al presidente Suárez sobre la exclusión de la plena reparación de los militares demócratas, examinando todas las posibles causas excluyentes y dando razones que las invalidaban. Al año siguiente,

el proyecto de Constitución, en el mismo mes de diciembre de 1978, el grupo de senadores progresistas vuelve a presentar otra proposición 201 para hacer extensivo a los militares represaliados por sus convicciones democráticas los mismos beneficios de la amnistía plena aplicados a los funcionarios civiles, con el objeto de

«reconocer la honestidad y virtudes patrióticas de quienes, durante el régimen anterior, siendo civiles o militares, se adelantaron en la asunción de esos ideales democráticos que hoy son patrimonio de todos los españoles».

Con motivo de la leve condena a los implicados en la llamada 'Operación Galaxia' -unos meses de prisión a pesar de la gravedad de los planes golpistas que se les habían probado-, los oficiales de la UMD hacen público un comunicado, en mayo de 1980, en el que niegan toda posible analogía con su proceso, como venía reiterándose en los medios de comunicación, y reivindican su vuelta al servicio activo considerando que su infundada expulsión de las FAS supone una grave claudicación del poder democrático.

Ese mismo mes se registra una nueva iniciativa parlamentaria 202 . El grupo socialista presenta en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, que debatía el dictamen para la reforma parcial del Código de Justicia Militar, dos enmiendas para suprimir los tribunales de honor en el ámbito castrense e introducir una cláusula de amnistía en las penas accesorias de separación del servicio, dictadas con

Otero volvería a actualizar su análisis de la situación creada por la exclusión de la amnistía militar (' Al año de la amnistía ', diario El País , 15.10.1978).

201 Diario de Sesiones del Senado, 27.12.1978.

202 Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Comisión de Justicia, 20.05.1980.

intencionalidad política o, alternativamente, que se permitiera la revisión de los procesos de los condenados por su pertenencia a la antigua organización UMD. El grupo mayoritario (UCD) votó una vez más en contra, argumentando que esta reforma no constituía el cauce legal adecuado.

En el mes de julio, con motivo de la candidatura de los nueve militares de la UMD para la concesión del premio anual del Consejo de Europa, en reconocimiento a los derechos humanos, la libertad y la democracia, se celebra en Madrid un multitudinario homenaje a la UMD y a Justicia Democrática (JD), con asistencia de representantes de UCD, PSOE y PCE. Intervienen contestando a las muestras de reconocimiento el comandante Luis Otero (UMD) y el fiscal del Tribunal Supremo Eduardo Jauralde (JD). Como contrapunto, ese mismo mes, la prensa informa de una encuesta 203 verbal, realizada por las distintas regiones militares, en la que los oficiales del Ejército de Tierra se declaran mayoritariamente en contra de la vuelta a las unidades de los militares de la UMD.

Estas informaciones, filtradas a la opinión pública por los sectores militares derechistas, son contestadas en la prensa progresista 204 . Se publican diversos artículos de opinión condenando las presiones

203 Cit . diario El País , 12.07.1980.

204 El diario El País publica un editorial -' Silencio ', de 05.07.1980- en el que se muestra crítico con la política gubernamental y contrapone «la permanencia en sus puestos de jueces, policías y funcionarios de todo tipo que capitanearon la represión» con «el apartamiento del Ejército de los militares demócratas de la UMD, cuyo eventual regreso a filas mediante una ley aprobada por el Congreso -que representa la soberanía nacional libremente expresada- provoca inconcebibles y deleznables inquietudes».

militares sobre el poder legislativo 205 . Militares demócratas participan en el debate público apoyando el regreso a las FAS de sus compañeros 206 .

Acusando las presiones que sobre él están ejerciendo los altos mandos militares, el ministro de Defensa, Agustín Rodríguez Sahagún (UCD), muestra públicamente 207 su desacuerdo con la iniciativa legislativa que contempla la amnistía ple-

205 Luis Solana, diputado del PSOE por Segovia, rechaza con contundencia las presiones militares ejercidas sobre el Parlamento y apela a la profesionalidad de los militares para que acepten las leyes como expresión de la voluntad general (' La UMD y las Fuerzas Armadas ', El País , 17.07.1980). En el mismo sentido se pronuncia el periodista Félix Santos, antiguo director de la influyente revista Cuadernos para el Diálogo , hablando de cruel contrasentido el cometido con los oficiales que habían arriesgado sus carreras y su tranquilidad por la democracia (' El Parlamento no puede discriminar ', El País , 19.07.1980). Javier Paulino, senador del PSOE por Ciudad Real y miembro de la Comisión de Defensa, señala la gran diferencia cualitativa entre las reuniones de los golpistas recientemente juzgados en la 'Operación Galaxia' y los oficiales de la UMD condenados por promover la democracia en los cuarteles (' La amnistía militar: mirando atrás sin rencor ni ira ', El País , 25.07.1980).

206 Alejandro Lastres, comandante de Ingenieros y abogado, escribe un extenso y fundamento artículo, publicado en dos partes, en el que contrapone la actividad pacífica de la UMD con los planes violentos de los militares golpistas de la 'Operación Galaxia' y rebate los argumentos esgrimidos para negar la reincorporación al servicio activo de los oficiales expulsados (' Ejército, democracia y UMD ', El País , 01 y 02.08.1980). Ángel García Oviedo, capitán del Cuerpo de Ingenieros de Armamento y Construcción (CIAC), fundamenta las razones que aconsejan el retorno de los militares expulsados por su militancia en la UMD (' El regreso al Ejército de los oficiales de la UMD ', El País , 17.08.1980). José Ramón Monge Ugarte, comandante de Caballería y profesor de la Escuela de Estado Mayor del Ejército, dirige una carta al director de ABC confesando su antigua militancia en la UMD y sosteniendo que el Ejército no está para interpretar las leyes que elabora el Parlamento sino que tiene que limitarse a cumplirlas (' UMD: Lo que diga el pueblo soberano ', ABC , 04.09.1980).

207 Cit . Diario16 , 15.08.1980.

na a los militares de la UMD porque generaría rechazo en las FAS, entendiendo que

«hay que buscar el punto de equilibrio que permita tener en cuenta todos los valores».

El teniente coronel FernándezMonzón Altolaguirre publica un artículo dos meses antes de ser nombrado jefe de prensa del ministerio de Defensa-, en el que se pronuncia en contra de la proposición de ley que reclama la amnistía pendiente a los oficiales de la UMD 208 . Por su parte, el teniente coronel Fuentes Gómez de Salazar, redactor de la revista militar Reconquista y conocido por sus ideas ultraderechistas, publica un artículo en el que se opone al reingreso de los condenados de la UMD 209 , considerando que esto

«sería tanto como inyectar en el órgano vivo de los ejércitos un virus de potencial desintegración».

La involución política que sigue al intento de golpe de Estado de 23 de febrero de 1981 supone la congelación de la propuesta de amnistía para la UMD. El Gobierno remitió al Parlamento un escrito en el que confirma su oposición a la propuesta de los grupos parlamentarios 210

208 ' La amnistía y la UMD ', ABC , 12.09.1980.

209 ' Licencia para conspirar ', revista Reconquista , octubre 1980.

210 La propuesta había sido firmada, el 26 de junio de 1980, por los portavoces de siete grupos parlamentarios: Antonio Jiménez Blanco (centrista), Alfonso Guerra (socialista), Ernest Lluch (socialistas de Catalunya), Carlos Solchaga (socialistas vascos), Santiago Carrillo (comunista), Miquel Roca (minoría catalana) y Miguel Ángel Arredondo (andalucista).

de ampliar los beneficios de la ley de amnistía a los militares profesionales 211 .

El diputado del PSOE Pablo Castellano enumera entre los objetivos conseguidos por la derecha política la influencia en las estructuras de defensa del sistema, poniendo como ejemplo la no integración de los militares expulsados de la UMD 212 ; asimismo, el director de El País Juan Luis Cebrián repasa los asuntos pendientes del gobierno socialista un año después de su llegada al poder por mayoría absoluta, sin encontrar una respuesta realmente convincente, por la razón que pudiera existir para retrasar el proyecto de reincorporación de los oficiales de la UMD 213 .

Profesionales de distintos ámbitos se pronuncian sobre la amnistía de los militares. Así, el periodista Pedro Altares incluye el tema de la UMD como uno de los asuntos que reflejaban el radical cambio experimentado en las prioridades socialistas antes y después de estar en el gobierno 214 ; el historiador hispanista Gabriel Jackson cita la reincorporación de los oficiales de la UMD como uno de los temas de la transición española que despiertan interés en Estados Unidos 215 ; y el abogado Modesto Barcia concluye que no

211 En el escrito, recogido en un despacho de la agencia Europa Press , de 02.03.1981, se argumenta que no existe discriminación por ser diferentes los ámbitos de la condición militar y de la función pública, y porque el reingreso podría «menoscabar la seguridad jurídica y la disciplina, eficacia y preparación de las FAS».

212 ' La reforma del realismo ', El País , 24.03.1982.

213 ' Antes de los cien días ', El País , 06.02.1983.

214 ' Apocalípticos e integrados ', El País , 31.03.1983.

215 ' Explicar España en las universidades de Estados Unidos ', El País , 25.05.1983.

existen objeciones jurídicas para el retorno al servicio activo 216 .

Antiguos miembros de la UMD -los capitanes José Luis Pitarch 217 y Ángel García Oviedo 218 - vuelven a recordar a la sociedad desde las páginas de El País , la 'deuda pendiente de la democracia'; pero, en 1983, la definitiva solución para los militares de la UMD se ha planteado ya como un pulso de prueba entre amplios círculos militares -especialmente los altos escalones de mando- y el gobierno socialista. El tema queda, pues, aparcado hasta que el 16 de enero de 1985 el vicepresidente Alfonso Guerra, durante la presentación de la reedición de un libro de Julio Busquets 219 , anuncia que el gobierno impulsará la amnistía de los militares de la UMD en esa legislatura. Los mandos militares y el propio ministro de Defensa reciben la noticia con reticencias 220 .

Alfonso Guerra (PSOE) rechaza la idea sugerida en determinados medios de comunicación de que el Gobierno podría conceder un indulto a los implicados en el 23-F, como contrapartida por admitirse

216 ' La reincorporación de los militares de la UMD ', El País , 28.12.1983.

217 ' La UMD, el derecho y la política ', El País , 07.03.1983.

218 ' Pretorianismo versus UMD ', El País , 22.03.1983.

219 ' El militar de carrera en España '. Barcelona: Ariel, 1984.

220 Cit . El País , 18.01.1985. La oposición acoge la noticia con aprobación: dirigentes como Pedro Bofill (PSOE), José Luis Bohigas (PCE) o Josep María Trías de Bes (CiU) se manifiestan a favor, mientras que Jorge Verstrynge (AP) dice que prefiere no pronunciarse hasta que no exista una postura oficial del gobierno al respecto. Por su parte, el ministro de Defensa, Narcís Serra, dice que el problema es «doloroso y difícil», y que «existen formas alternativas de entender la solución correcta y deberá hilarse muy fino en la decisión final».

el reingreso en el Ejército de los militares de la UMD. Adolfo Suárez (CDS) apoya la reincorporación de los oficiales y se opone a cualquier medida de gracia para los condenados del 23-F. El Defensor del Pueblo, Joaquín Ruiz-Giménez, incluye en su informe de 1985 a las Cortes Generales el problema pendiente de los militares de la UMD.

El 2 de enero de 1986, durante un almuerzo con periodistas, el ministro de Defensa, Narcís Serra, calificó de «absoluta minucia» el problema de la UMD y dijo que «no había perdido ni media hora de sueño por esta cuestión».

Además, puso en duda que los propios afectados tuvieran verdadero interés en regresar, consideró que la vuelta podría suponer el nacimiento de inconvenientes corrientes políticas en las FAS y concluyó señalando que

«lo que hicieron los miembros de la UMD no queda avalado por el hecho de que el régimen anterior no era democrático» 221 .

Estas declaraciones desataron una gran indignación en los oficiales aludidos, en sus antiguos compañeros de la UMD, en las fuerzas políticas progresistas y en amplios sectores de la opinión pública, que no comprendían que fueran pronunciadas precisamente por un ministro socialista. El comandante Luis Otero, muy dolido por esta falta de criterio político y calidad humana, dirigió una carta abierta al ministro de Defensa en la que confesaba sentir 'náuseas' 222 .

El ministro portavoz del Gobierno, Javier Solana, confirmó el 10 de enero que el Ejecutivo mantenía su intención de

221 Cit . El País , 03.01.1986.

222 ' Carta abierta al ministro de Defensa ', El País , 06.01.1986.

resolver el problema de la UMD. Unos días después, el teniente general Sánchez Bilbao, capitán general de la III Región Militar, compara los casos de la UMD y el 23-F diciendo 223 que «a los militares nos gustaría que estuvieran, como los de la UMD, también en sus casas».

Antonio García Trevijano analiza las realizaciones del gobierno socialista 224

«la institución militar (…) continúa siendo un poder autónomo al que se somete el poder civil. No admite en su seno a los oficiales demócratas depurados y el ministro socialista de Defensa llega incluso a condenar el hecho mismo de que bajo la dictadura los militares de la UMD tratasen de difundir las ideas democráticas entre sus compañeros».

En abril de 1986, el PCE presenta una iniciativa legislativa, apoyada por organizaciones sociales y centenares de intelectuales, artistas y científicos, pidiendo la amnistía para los ex miembros de la UMD 225 .

La propuesta de amnistía plena para los militares de la UMD se incluyó en el programa electoral del PSOE a las elecciones generales de 1986. Renovado el mandato, por fin en la III legislatura, con amplio consenso parlamentario se promulgó la Ley 24/1986, de 24 de diciembre, de Rehabilitación de Militares Profesionales, que reconoce que en la aplicación de la amnistía se había cometido un trato desigual, contrario a la igualdad de los españoles ante la ley, entre quienes ostentaban la condición de empleado

223 Cit . El País , 16.01.1986. Se llegó a plantear su cese, pero finalmente sólo fue reprendido verbalmente por el JEME.

224 ' El referéndum de la OTAN ', El País ,

14.02.1986.

225 Cit . El País , 08.04.1986.

público, militar profesional o funcionario civil. En consecuencia, se ordenaba en el artículo 1 de la ley la rehabilitación plena de los militares separados del Servicio, reconociendo, en el artículo 2, su derecho a

«solicitar su reincorporación a las Armas, Cuerpos o Institutos de los que fueron separados, con el empleo que les hubiera correspondido por antigüedad, si no hubiese existido interrupción en la prestación de servicio».

Para impedir que la voluntad legislativa fuera una vez más contestada por la cúpula militar, el gobierno, en una idea sugerida al parecer por el general Sáenz de Santamaría 226 , presentó la ley cuando estaba pendiente la renovación de la Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM). De esta forma, los nuevos jefes, especialmente el del Ejército de Tierra (JEME), no tenían que asumir como propia esta medida, todavía impopular entre los mandos militares.

La rehabilitación legal de los oficiales de la UMD ha tardado décadas en completarse con un reconocimiento público y formal de la labor de este grupo de militares demócratas y de la ingratitud objetiva con que han sido tratados por la misma Democracia por la que lucharon en los cuarteles del franquismo. En efecto, después de la ley de rehabilitación tuvieron que pasar veinte años para que se retomaran los intentos de reconocimiento oficial 227 .

226 BUSQUETS, Julio, y LOSADA, Juan Carlos, Ruido de sables. Las conspiraciones militares en la España del siglo XX . Barcelona: Crítica, 2003, p. 183.

227 En la activación del reconocimiento oficial y en el mantenimiento de la memoria de los militares demócratas en la transición, en los más de treinta años transcurridos desde la expulsión, ha jugado un papel decisivo Fernando Reinlein,

El Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados registró en abril de 2003 una proposición no de ley destacando el papel de la UMD para «ayudar a devolver la soberanía al pueblo español y contribuir a instaurar la democracia en España». La proposición, defendida por el diputado Carlos Sanjuán -antiguo oficial del Cuerpo Jurídico de la Armada y ex miembro de la UMD-, fue rechazada con los votos en contra de la mayoría parlamentaria (Partido Popular) y la abstención de Coalición Canaria. Para oponerse a la proposición, los portavoces argumentaron que no sería justo un reconocimiento sólo para estos militares.

Un segundo intento de reconocimiento parlamentario se realizó dos años después, en 2005, con el regreso al poder del partido socialista. La proposición no de ley fue redactada por el diputado Rafael Estrella (PSOE), pero, tras consultas con el ministerio de Defensa, no contó con la autorización del ministro José Bono para su presentación en el Parlamento. Fernando Reinlein explica las vicisitudes de esta proposición non nata 228 .

El 1 de abril de 2009, el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley en la que instaba al gobierno a rendir homenaje a los miembros de la Unión Militar Democrática (UMD) por su compromiso y sacrificio personal en la lucha por la democracia, haciendo «públicos con precisión sus sacrificios personales y profesionales». En el texto presentado, consecuencia de una transacción del

aprovechando su conocimiento y experiencia derivada de su doble papel de militar protagonista

y periodista especializado en asuntos de Seguridad y Defensa.

228 ' UMD: las razones del PSOE ', El País , 11.12.2007.

grupo socialista, se había suprimido el segundo punto de la proposición original, registrada en mayo de 2008 por iniciativa de Izquierda Unida, en la que se pedía también fijar indemnizaciones por las medidas represivas adoptadas contra estos militares demócratas.

En el entorno de la Asociación-Foro Milicia y Democracia (FMD) 229 se elaboró un borrador de declaración institucional que cumplía el mandato parlamentario. Discutida en sede parlamentaria y reelaborada en el ministerio de Defensa, la ministra Carme Chacón, con el apoyo fundamental del Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) 230 , General del Aire Julio Rodríguez, elevó al Consejo de Ministros la propuesta de declaración institucional que, una vez aprobada, apareció fue publicada en el Boletín Oficial del Estado el 5 de diciembre de 2009, así como recogida días después en el Boletín Oficial de Defensa 231 .

La Declaración Institucional de reconocimiento a los miembros de las Fuerzas Armadas en la transición a la democracia, con especial mención a la UMD, señala la contribución a la consolidación del régi-

229 El FMD ( www.miliciaydemocracia.org ), nacido con la intención de defender los valores democráticos en el seno de las FAS, está integrado por juristas, historiadores, periodistas, diplomáticos y militares, y tiene entre sus objetivos difundir, para el conocimiento público y la reconstitución de la memoria histórica, las actividades, las motivaciones y los objetivos de la UMD, así como de aquellos militares españoles que, a lo largo de la Historia, han luchado por los mismos valores.

230 La posición favorable del JEMAD, a diferencia de lo que había ocurrido en intentos anteriores, fue clave para culminar con éxito el reconocimiento oficial de la UMD.

231 La idea sobre el valor pedagógico en el personal militar de la publicación de este reconocimiento en los boletines oficiales fue sugerida al autor por el General Javier Calderón en entrevista personal.

men democrático que, manteniendo la disciplina, realizaron la inmensa mayoría de los militares, pero destaca la mención singular que merecen los militares que más decididamente colaboraron con «la vertebración de las Fuerzas Armadas en el nuevo ordenamiento constitucional».

La declaración concluye señalando que «Es de justicia poner de manifiesto que los sacrificios personales y profesionales asumidos por los militares de la UMD (…) son prueba manifiesta de su patriotismo, su alta conciencia democrática y su inquietud por contribuir a mejorar las Fuerzas Armadas».

El 10 de marzo de 2010, en un acto celebrado en el ministerio de Defensa, en presencia de los jefes de Estado Mayor de la Defensa, los Ejércitos y la Armada, la ministra Carme Chacón impuso cruces al Mérito Militar y Aeronáutico a los catorce militares procesados 232 por su pertenencia a la UMD, culminando así la reparación moral tantos años retrasada 233 .

4.- CONCLUSIÓN: BALANCE DE UNA EXPERIENCIA HISTÓRICA (19742017)

La experiencia histórica de la UMD, como fenómeno de disidencia en las filas militares y uno de los principales expedientes de la transición política a la de-

232 Fueron condecorados Luis Otero, Enrique López Amor, Restituto Valero, Juan Diego, Fernando Reinlein, José Ignacio Domínguez y Abel Ruiz Cillero, y a título póstumo, Fermín Ibarra, Antonio García Márquez y Antonio Herreros. Manuel Fernández Lago, distanciado de la UMD tras su salida de las prisiones militares, no acudió al acto de imposición de condecoraciones.

233 Para una glosa sobre la declaración institu-

cional v. GÓMEZ ROSA, Fidel, ' El Gobierno cumple con la UMD ', Diariocrítico , 05.12.2009.

mocracia, se extiende durante 40 años considerando su actividad organizada y el largo camino de la rehabilitación profesional y moral de los expulsados.

El estudio del papel de la UMD en el proceso de transición a la democracia, de acuerdo con los documentos y testimonios manejados, confirmaba plenamente la verificación de tres hipótesis 234 fundamentales planteadas al comenzar dicho estudio:

  1. Ruptura de la unidad ideológica . La UMD había sido un factor cualitativo determinante para romper el concepto imperante de una pretendida unidad ideológica monolítica de las FAS en el régimen franquista. La aparición pública de este grupo de militares profesionales puso en evidencia la supuesta uniformidad de criterio que se atribuía al Ejército y, en consecuencia, su eventual actuación unitaria contra el proceso democrático.

  2. Mejora de las relaciones civiles-militares . La UMD había contribuído a recuperar la confianza popular en las FAS, deteriorada como estaba por la larga implicación de los Ejércitos con la dictadura franquista. El testimonio y actividad pública de estos militares demócratas había facilitado un mayor entendimiento de la sociedad con sus Ejércitos y proporcionado confianza a las fuerzas de oposición. La existencia de un grupo de militares que se declaraban demócratas y disidentes de la línea oficial había tenido una clara lectura de apoyo a la Democracia.

  3. Contención de la deriva golpista . Los militares de la UMD, con su arriesgada postura crítica, había puesto de manifiesto las contradicciones internas del Régimen, y

234 GÓMEZ ROSA, Fidel: Los militares olvidados … op. cit. , pp. 278-279.

habían servido así de contención al golpismo latente en la organización/ institución militar. La conciencia en el seno de los ejércitos de que existían compañeros comprometidos con la democracia, y el desconocimiento de la extensión real de este movimiento, había hecho dudar a los partidarios de interrumpir por las armas el proceso democrático.

Distintas circunstancias de la transición política española, que tenía en la cuestión militar uno de los grandes obstáculos para la normalización democrática, impidieron la inmediata reparación de los oficiales represaliados por sus convicciones democráticas. El temor a la reacción desestabilizadora de los mandos militares, que llegaron a hacer del caso UMD una cuestión personal, fue posponiendo la rehabilitación legal y moral durante un tiempo excesivo -respectivamente, más de diez (10) y treinta (30) años- que, aunque no puede decirse que se pretendiera, fue dando pábulo, ante la ausencia de desmentido oficial, a la persistencia en los cuarteles de los argumentos ad hoc -indisciplina, politización, intervencionismo- utilizados en su día por el régimen franquista para perseguirlos.

De ahí que la declaración institucional de diciembre de 2009, con publicación en el Boletín Oficial del Estado y de Defensa, tuviera como objetivo fundamental devolver a los militares de la UMD nunca es tarde si es justo- el destacado lugar que les correspondía en la transición política y el prestigio en las FAS que, durante muchos años, con métodos innobles, les habían arrebatado y que, como ciudadanos y militares, se habían hecho merecedores por su valiente compromiso democrático y su intachable trayectoria profesional.

Mientras que la gesta de los hombres de la UMD ha merecido el respeto y admiración de la mayoría de la sociedad, como lo prueba la celebración de numerosos actos de homenaje en todo este tiempo 235 , así como el concepto elogioso de la sociedad 236 y de la mayoría de los dirigentes con responsabilidades políticas 237 , la reparación moral en el seno de las FAS sigue siendo problemática al no haberse realizado pedagogía alguna de promoción de los valores democráticos en los Ejércitos 238 .

Los militares de la UMD significaban también la recuperación de la tradición liberal del Ejército español, extirpada de raíz en el franquismo tras la depuración

235 El último importante fue tributado en el Principado de Asturias en el mes de abril de 2017.

( https://www.facebook.com/tertulias.enllanes ).

236 Sirva como muestra los cuarenta cuestiona-

rios cumplimentados por militares, políticos, juristas y periodistas incluidos en REINLEIN, Fernando: La UMD, treinta años después . Foro Milicia y Democracia, 2007, pp. 59-154.

237 Puede citarse como ejemplo las palabras de Pedro de Silva: «… A lo largo de la transición no es fácil encontrar un grupo o sector que intervenga en la misma más puro en sus objetivos, coherente en sus métodos, generoso y valiente en su actitud, que la UMD», SILVA, Pedro de: Las fuerzas del cambio . Madrid: Prensa Ibérica, 1996, p. 172.

238 Puede verse una muestra de la persistencia de estas reticencias, o del rechazo que todavía hoy produce en el ámbito militar las siglas UMD, en una experiencia personal. Tras la publicación de la Declaración institucional y la imposición de condecoraciones a los procesados de la UMD, remití un artículo a la Revista de Defensa describiendo brevemente el significado de la UMD en la transición y poniendo en valor la conducta de los militares de la UMD. Después de un periodo de consultas, la dirección de la revista no consideró oportuno su publicación por la sensibilidad que todavía producía el asunto en las filas militares, a despecho del reconocimiento oficial tributado al máximo nivel. Una versión reducida de este artículo está publicada en la página web del FMD: GÓMEZ ROSA, Fidel: Nuestros compañeros …, op ., cit .

de la guerra civil. Su concurso, que había servido para reconciliar a la oposición política con las FAS, fue desaprovechado para elevar la cultura democrática y acelerar desde dentro la lealtad constitucional. La democracia permitió que sus compañeros de armas recibieran una información tendenciosa, que se ha mantenido hasta la actualidad sin rectificación interna alguna. El caso UMD sigue siendo un tema tabú en nuestras FAS 239 .

Es un hecho constatable en el escalafón que los militares progresistas vinculados con la UMD, fueron marginados en sus carreras profesionales mientras que no sufrieron impedimento los marcados como conservadores, incluso algunos que tuvieron participación en el 23F. Para los responsables políticos los primeros estaban 'politizados' y los segundos eran simplemente 'técnicos' 240 .

Está generalizada la opinión 241 de que la reforma militar, como la propia transición política, constituyó una compleja tarea que supo abordarse con éxito al haberse ido cubriendo sistemáticamente una serie de etapas predeterminadas. El modelo español habría quedado totalmente completado en los años noventa, una vez dados todos los pasos con una mezcla bien dosificada de prudencia y firmeza. Ninguna reforma sustancial quedaría ya pendiente.

239 La Declaración Institucional y la concesión de condecoraciones al mérito militar no ha sido seguida de una labor pedagógica en las unidades y

centros de enseñanza de las FAS.

240 GUTIÉRREZ MELLADO, M.: Un soldado

…; SERRA, N.: La transición …, op. cit ., pássim .

241 SERRA, Narcís: La transición militar. Barcelona: Debate, 2008. Para una reseña crítica sobre esta interesante obra v. artículo GÓMEZ ROSA, Fidel: ' La transición militar según Narcís Serra ', Diariocritico , 18.05.2008.

Sin embargo, no creemos que pueda sostenerse, a la vista de la acción de los distintos gabinetes, que los gobiernos democráticos tuvieran controlado el proceso en todo momento. De hecho puede decirse que estuvo presidido por la improvisación, obligada por la incertidumbre del momento, y hasta muy avanzada la década de los años ochenta no se empezó a ejercer un control efectivo sobre la organización militar como muestra el hecho de que tuvo que esperarse hasta 1987 para rehabilitar a los oficiales de la UMD, eso sí, teniendo que aprovecharse un relevo de la cúpula militar para que estuviera vacante la jefatura de los ejércitos -ningún general estaba dispuesto a asumir esta medida legal diez años después de aprobada la Constitución- y por supuesto sin intención alguna de que volvieran al servicio activo, todo ello no obstante la opinión favorable de todas las fuerzas políticas desde las primeras Cortes constituyentes. Este ejemplo sugiere que con el tiempo se fueron conquistando parcelas de control civil, pero de forma tardía y parcial mientras se corrían serios riesgos de involución.

El General Gutiérrez Mellado es el indiscutible artífice de la reforma militar, que luego consolida el ministro Narcís Serra. El asunto UMD se sitúa en el centro de la disputa por el control civil de las FAS anulando su tradicional autonomía. Gutiérrez Mellado sufrió grandes presiones internas para impedir la reincorporación de los militares de la UMD expulsados, pudiendo apreciarse una clara evolución de su posición desde su inclinación al regreso a filas de estos oficiales demócratas a su oposición frontal al mismo 242 .

242 Dos valoraciones contrapuestas de esta posición del General Gutiérrez Mellado pueden verse

La complacencia excesiva en la transición ha llevado a dar por concluido el proceso de modernización/ democratización de las FAS cuando faltan muchos campos en los que no se ha avanzado gran cosa desde la transición y algunos otros en los que incluso se ha retrocedido sutilmente. Señalemos algunos ámbitos pendientes: la integración de la jurisdicción militar, anulando su fuero especial, en el poder judicial ordinario 243 ; la derogación de las restricciones al ejercicio de los derechos fundamentales de los militares, superada con éxito desde hace muchos años la coyuntura política de la transición; o la regulación de una vía efectiva, asociativa o sindical, para la defensa, como cualesquiera otros colectivos ciudadanos, de los intereses profesionales, económicos y sociales de los miembros de las FAS 244 .

El control civil de las FAS es ya indis- cutido, pero falta integrar a los ciudada-

en MUÑOZ BOLAÑOS, Roberto: «La última . y en GÓMEZ ROSA, Fidel:

trinchera» …, op . cit El General Gutiérrez Mellado y el problema …, op . cit .

243 Las competencias de la jurisdicción militar se han recortado en democracia; primero, con la supresión del Consejo Supremo de Justicia Militar y la creación de la Sala de lo Militar en el Tribunal Supremo, con magistrados procedentes de la carrera judicial y del Cuerpo Jurídico Militar; y recientemente con la designación de los titulares de los órganos jurisdiccionales militares por parte del Poder Judicial a fin de garantizar la independencia e inmovilidad de los jueces, antes cuestionada por la dependencia de sus carreras profesionales del Ministerio de Defensa. Sin embargo, creemos que no es suficiente y que, siguiendo la tendencia que puede observarse en los países del Norte de Europa, se debería considerar la conveniencia de suprimir esta innecesaria jurisdicción especial. La Justicia Militar sigue siendo un obstáculo para el pleno control democrático de las FAS.

244 Actualmente, las asociaciones profesionales tienen serias restricciones para la efectividad de la acción asociativa, que deben realizar siempre fuera

de las instalaciones militares.

nos militares 245 en la sociedad democrática avanzada a la que debe aspirar nuestro país. Cuanto mayor sea la convergencia de valores, cultura y principios de los militares con el resto de la sociedad mejor rendimiento proporcionarán al Estado, comportándose como un eficaz instrumento de la acción del gobierno. Destruido por la experiencia el mito de la superior eficacia del enfoque institucional 246 , pocos argumentos avalan ya el mantenimiento de la excepción de los militares a la ciudadanía de pleno derecho.

Entre los objetivos programáticos señalados en el Ideario de la UMD se encontraba la elaboración de un estatuto del militar profesional. Se reivindicaba este marco estatutario con el fin de determinar los derechos y deberes de los militares, así como establecer un sistema de garantías legales que permitiera la defensa de los profesionales frente a las frecuentes situaciones de injusticia o arbitrariedad. El mando militar debía limitar sus facultades a un ámbito de competencia tasado 247 .

245 GÓMEZ ROSA, Fidel (ed.): Ciudadanos mili-

tares. Madrid: Tirant lo Blanch, 2015.

246 En la sociología militar norteamericana, desde los años sesenta del siglo pasado, se viene observando la evolución de la profesión militar ocupacional MOSKOS,

desde el modelo institucional al (HUNTINGTON, JANOWITZ, WOOD).

247 La propuesta de texto articulado se componía

de un catálogo de derechos y deberes distribuido sistemáticamente en cinco capítulos que regulaban, respectivamente: el ejercicio de derechos civiles y políticos, los deberes y responsabilidades del militar, los derechos profesionales, las remuneraciones y seguridad social, y los recursos administrativos y jurisdiccionales. En el ámbito administrativo-disciplinario el anteproyecto incluía la obligación de denunciar a la autoridad judicial toda investigación ilegal de la que tuviera noticia y la necesidad de justificar las razones del Servicio para ordenar destinos forzosos, pidiendo en este último caso la derogación expresa de la normativa

Con una transición política de tipo reformista, la Democracia tardó en entrar en los cuarteles de España y todavía hoy existen derechos y libertades restringidas al personal militar sin verdadero fundamento, más allá de la coyuntura política en que se decidieron estas restricciones. El concepto de neutralidad política, de aplicación cabal a la organización y a las autoridades militares en ejercicio, sigue estando referido como deber personal del militar, tal como se concibió, considerando los riesgos involucionistas del momento, en el decreto de regulación de las actividades políticas y sindicales de los militares 248 , elaborado por el equipo ministerial del general Gutiérrez Mellado en 1977. Este planteamiento decidido por el entonces recién creado ministerio de Defensa se ha consolidado con el tiempo. Al en vigor que concedía amplia discrecionalidad al ministro. Estas obligaciones legales corregirían en el futuro situaciones de despotismo del mando, como las que estaban siendo adoptadas en relación con los oficiales considerados liberales o demócratas. Los redactores tenían muy presente esta situación en la elaboración del proyecto legal estatutario. Por otra parte, el contenido del documento era marcadamente moderado. En él, se pretendía la equiparación con los Ejércitos Occidentales, descartando deliberadamente a los modelos más avanzados. Así, se recogían las instituciones formalistas propias de un Estado de Derecho -igualdad ante la ley, interdicción de la arbitrariedad, tutela judicial efectiva- y los derechos profesionales consolidados sobre la propiedad del empleo, la regularidad en el ascenso y la estabilidad en el destino. Se pedía la eliminación de servidumbres que ya entonces constituían un vestigio totalitario desfasado en el mundo occidental, como las prohibiciones sobre reuniones de militares, los permisos de boda o la confesionalidad religiosa. En cambio, y probablemente por temor al rechazo de una mayoría conservadora entre los mandos, admitían restricciones de derechos por razón de eficacia de la profesión militar y se pronunciaban expresamente en contra de toda fórmula de sindicación militar reivindicativa.

248 Entre otros objetivos, el decreto pretendía impedir la organización política de la extrema derecha militar en los cuarteles.

asimilar a la persona -militar individualmente considerado- con la organización FAS-, el sistema democrático se ha visto privado así de la valiosa participación política activa de los ciudadanos militares. Este campo merece una profunda revisión en la línea adoptada por las democracias avanzadas del norte de Europa.

La iniciativa tomada en clandestinidad por los afiliados de la UMD en 1976 supone un claro antecedente de la regulación de los derechos de los militares. La legislación posterior -leyes de personal militar de 1987, 1997 y 2007- ha cubierto un largo periodo de más de treinta años hasta plantearse una regulación que, aunque restrictiva, es acorde con el ordenamiento constitucional. El ciclo que se abre con el borrador de 'anteproyecto' mencionado se cumplió finalmente con la promulgación, en julio de 2011, de la Ley Orgánica de Derechos y Deberes de los Miembros de las Fuerzas Armadas (LDDFAS), reconociendo el derecho de asociación profesional. Es en este sentido en el que el borrador de regulación estatutaria propuesta por la UMD puede ser considerado una norma precursora de los derechos de los militares 249 .

249 GÓMEZ ROSA, Fidel: ' La UMD como pre-,

cursora de los derechos de los militares ', Público 26.03.2017.

LA TRANSFORMACIÓN DE LOS EJÉRCITOS DE ESPAÑA (1975-1990)

Jorge Ortega Martín Doctor en Ciencias Histórico Jurídicas y Humanística. Universidad Rey Juan Carlos

RESUMEN:

El objetivo del trabajo es describir la auténtica creación, y sucesiva transformación de la política de defensa española entre los años 1975 y 1990 y su repercusión en la organización y funcionamiento de las Fuerzas Armadas españolas en dichos años. La conclusión alcanzada es la indispensabilidad de tales transformaciones para poder disponer, a día de hoy, de los actuales y eficientes ejércitos españoles.

ABSTRACT:

The work is aimed to describe the actual creation and successive transformation of Spanish defense politics in between 1975 and 1990, as well as its impact on the Armed Forces organization and roles during those said years, concluding that the said transformation was compulsory in order to modernize and achieve an effective military structure for the 21 st century.

PALABRAS CLAVE: Siglo XX; Fuerzas Armadas; misiones de mantenimiento de la paz; OTAN; política militar; reformismo; proceso de transición democrática.

KEYWORDS: 20 th Century; Armed Forces; peace enforcement missions; NATO; military politics; democratic transition process.

Ortega y Gasset, aludiendo al Ejército, escribía en 1922: 'aislado, desnacionalizado, sin trabazón con el resto de la sociedad e interiormente disperso [...] sin horizonte exterior' 250 . En 2004, por el contrario, se podía decir: 'El Ejército es una de las instituciones cuyo cambio es más notable con la democracia. […] Hoy España cuenta con unas Fuerzas Armadas 251 modernas y profesionales, integra-

250 ORTEGA Y GASSET, José, España Invertebrada, Madrid, Alianza, 2006.

251 La expresión 'Fuerzas Armadas' es relativamente reciente. En la normativa legal española aparece por primera vez en una ley de menor

das en el papel que les asigna la Constitución y actuando en escenarios exteriores en misiones de paz' 252 . Y dos años después, Suárez Pertierra afirmaba: 'Una organización, las Fuerzas Armadas […] que ha sabido ser protagonista en silencio de uno de los procesos más intensos de calado (Ley 92/1960). dirigida a regular el derecho de petición. Con anterioridad se utilizaban las expresiones 'ejércitos' o 'fuerza militar'.

252 PALACIOS BAÑUELOS, Luis; VELASCO FERNÁNDEZ, Fernando; REYES TÉLLEZ, Francisco y SÁNCHEZ VILLAR, Darío, 'La dimensión ética del nuevo Ejército español' , Cuadernos de Trabajo del Instituto de Humanidades, Madrid, Universidad Rey Juan Carlos, 2004.

modernización que han tenido lugar en nuestra democracia 253 . El objeto del trabajo será analizar y comentar los orígenes del proceso  difíciles y en ocasiones temblorosos  durante el periodo que hemos dado en denominar 'La Transición', con la brevedad que exige el espacio disponible.

Para quienes no tengan auténtica memoria histórica, es bueno recordar que, desde la década de los ochenta del pasado siglo, las Fuerzas Armadas (FAS) han pasado de unos efectivos de más de 300.000 soldados y marineros de recluta forzosa a escasamente 80.000 profesionales de tropa, y de una actividad centrada durante cuarenta años en ser garantes del régimen franquista y en el control y defensa de los límites del territorio nacional, a estar desarrollando en cuatro continentes misiones de proyección de carácter multinacional, enmarcadas en los conceptos de seguridad compartida y defensa colectiva.

Aun cuando el título del trabajo pueda hacer esperar otro desarrollo, el autor se siente en la obligación de elevar el ángulo de tiro desde los ejércitos hacia la defensa nacional. Los años que se van a estudiar (1975-1990) fueron los primeros, después de media centuria, en que España comenzó a disponer, aunque aún en mantillas, de una estructura y una auténtica política de defensa, que nació con la creación del Ministerio del mismo nombre en 1977. El general Salas Larrazábal afirmaba en 1989: 'Las reformas militares trataron de corregir lo que únicamente eran defectos de una ausencia de política de defensa, incluso de un programa políti-

253 PERTIERRA SUÁREZ, Gustavo, El País , Madrid, febrero 2006.

co' 254 . Por tanto, como siempre se ha explicado en mis clases en el Instituto General Universitario Gutiérrez Mellado, no pueden analizarse las reformas de los ejércitos en esa época sin conocer las vicisitudes de la política de defensa que fue a la vez su impulso y su causa inmediata.

Por ello, aunque se dedicará un apartado suficientemente aclaratorio a la evolución de la organización de los ejércitos, resulta indispensable encuadrarlo en las transformaciones nacidas de la creación de esas estructuras y esas políticas de defensa 255 .

1.- CAUSAS

De una forma general, podría decirse que los ejércitos no precisan de causas específicas para transformarse con los tiempos, deben adaptarse a ellos. MaoTse-Tung afirmaba que 'las leyes que rigen la guerra cambian en función del tiempo, lugar y carácter que las condiciona pues nada es inmutable, todo evolu256

ciona continua y constantemente' .

Las causas más importantes que, por una parte, han impulsado y, por otra, han

254 SALAS LARRAZÁBAL, Ramón, 'Las FuerRevista Española de

zas Armadas que necesitamos', Defensa , 19 (1989).

255 El encargo de este trabajo ha coincidido en el tiempo con los que el autor se encontraba desarrollando para revisar, ampliar y actualizar la obra La Transformación de los ejércitos españoles (19752008), Madrid, UNED, 2008. Por ello, ha sido de gran utilidad la utilización de todos los documentos utilizados en aquellos años durante la fase de investigación y que se estaban poniendo al día con motivo de la referida revisión y ampliación. Por ello, muchos de los datos que aquí se incluyen

corresponden al referido libro.

256 TSE-TUNG, Mao, Obras escogidas. Problemas estratégicos de la guerra revolucionaria china , Pekín, 1968.

obligado a la transformación de los ejércitos de España han tenido dos orígenes: exógenos o externos y endógenos o internos. Entre los primeros, y posiblemente el más importante de todos ellos, ya que ha contribuido a las profundas reformas que han tenido que realizar los ejércitos del mundo entero en estructuras y procedimientos anteriores a la Segunda Guerra Mundial (GM II), son de destacar los abismales cambios estratégicos vividos en ese periodo. El ex ministro de Defensa José Antonio Alonso se expresaba de esta forma: ' Hemos pasado de una visión territorial de la defensa a una visión global en la que están apareciendo problemas nuevos' 257 . Ente ellos, el paso del equilibrio inestable de la Guerra Fría, cuya máxima representación fue la previsible Mutual Assured Destruction 258 , a los desequilibrios permanentes que aún hoy vivimos. El cambio de una amenaza concreta al otro lado del Rin, a la aceptación de múltiples riesgos multidireccionales. La transformación de una estrategia bipolar en una multipolar, tras pasar por un breve periodo unipolar, que llevó erróneamente a tantos estrategas a considerar alcanzada una paz perpetua, controlada por un todopoderoso Estados Unidos, tras la caída del Telón de Acero, el hundimiento del Muro de Berlín y la disolución del Pacto de Varsovia.

Pero dentro de estas causas externas, aunque muy ligadas a la asunción de una auténtica política de defensa española,

257 ALONSO, José Antonio, Conferencia pronunciada en los Cursos de Verano de la Universidad Menéndez Pelayo, Santander, 2007.

258 Enloquecida estrategia que preveía  y consiguió  evitar el conflicto entre los dos grandes bloques, ante el riesgo de una destrucción mutua asegurada, como consecuencia de la posible escalada del uso de armas nucleares.

deben citarse algunas más: por una parte, los acuerdos con Estados Unidos de 1953, que permitieron al militar español asomarse, si bien tímidamente, a la realidad castrense de un país en plena democracia. Aquellos oficiales de los cincuenta serían los generales de los setenta que empujaron, desde la más estricta disciplina, a alcanzar el estatus de miembros de pleno derecho de la Alianza Atlántica (1982) y de la UEO (1986).

Por fin, la participación en las misiones de paz de Naciones Unidas, iniciada en 1988, supuso la necesidad de adaptar prácticamente todo el edificio orgánico y técnico de los ejércitos para ser capaces de trabajar codo con codo con los de los países más desarrollados del mundo.

En el campo interno, las transformaciones tienen su origen en los cambios producidos en la política general y de defensa que los ejecutivos españoles iban aplicando sucesivamente: creación del Ministerio de Defensa en 1977; aprobación de la Constitución en 1978; suspensión del servicio militar obligatorio en 2001 259 , acceso de la mujer a los ejércitos  en 1988 en los cuadros de mando y en 1999 sin limitaciones de destino de ningún tipo  , y por fin, los siempre escasos presupuestos de defensa, que han sido, en muchas ocasiones, la auténtica causa final de la implementación de nuevos planes en los ejércitos para tratar de adaptarse a una situación financiera imposible de mantener con la estructura anterior.

Junto a estas causas internas, arrastradas por decisiones superiores, deben citarse las específicamente castrenses. Se contemplarán tan solo cuatro:

259 Su derogación definitiva no se produjo hasta

el año 2005.

  1. El cambio de misiones a desarrollar obligó a cambiar la herramienta para llevarlas a cabo.
  2. El desmedido tamaño de unos ejércitos pensados para hacer frente a la temida invasión por los Pirineos de la GM II.
  3. La necesidad de actuar de forma conjunta, imposible de conseguir con tres ministros de uniforme en los anteriores consejos de ministros, y un Alto Estado Mayor que nunca recibió la capacidad de coordinar, integrar y homogeneizar para la que se creó.
  4. La imposibilidad de proyección al exterior por la inexistencia de una logística (unidades, medios materiales y procedimientos) capaz de mantener unidades nacionales lejos de nuestras fronteras. Lamentablemente los ejércitos habían perdido la capacidad expedicionaria que los caracterizó en siglos gloriosos y que hoy han recuperado en parte.

Pero, al margen de tales causas reales, siempre existió entre los profesionales de la milicia la sensación de que lo que realmente se buscaba con cada una de tales transformaciones era, a la postre, unas FAS reducidas de tamaño y, sobre todo, de poder político. Casi nunca se pudieron ver con claridad los argumentos estratégicos que llevaron de una a otra reducción, como no fuera el hecho de que, durante la Transición, siempre se fue haciendo lo que en cada momento se podía hacer y no lo que se creía que se debería haber hecho.

Aunque se volverá sobre este tema más adelante, no puede olvidarse el altísimo coste que la concatenación de planes sucesivos supuso para la familia castrense. Tales cambios alteraban todas las posibilidades profesionales del militar, con traslados y pérdidas de destino por desaparición de unidades, reestructuración de escalas, etc., todas ellas aceptadas disciplinadamente pero no siempre bien comprendidas.

2.- ANTECEDENTES

Se obviará, dada la brevedad del trabajo, recurrir a antecedentes muy lejanos referidos a los intentos de nacimiento de las estructuras de defensa. Pero la década anterior al año 1975 fue muy rica en ellos, lo que demuestra que en los últimos años del franquismo, ya existía la semilla de la necesidad de tales estructuras, si bien permaneció seca por falta de riego político 260 .

En septiembre y octubre de 1965, la Revista de Aeronáutica y Astronáutica , publicación oficial del Ministerio del Aire, incluía un ensayo del general Luis Serrano de Pablo que proponía modificaciones de calado, como la necesidad de un ministro de Defensa civil o el nombramiento de un presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor 261 .

En 1968, el general Díez-Alegría, director del CESEDEN, elabora un borrador para una Ley de Bases de la Defensa Nacional que incluía:

260 Se han utilizado los excelentes y numerosos estudios realizados por el coronel y doctor en Historia Fernando Puell de la Villa en relación con estos intentos de reforma. El coronel fue durante catorce años un cercano colaborador de Gutiérrez Mellado por lo que sus fuentes son de

absoluta fiabilidad.

261 Citado detalladamente en el excelente trabajo del general e historiador Ramón SALAS LARRAZÁBAL, 'Las estructuras militares a través del tiempo', Revista Española de Defensa , 53-54 (1992).

  • La coordinación de los tres ministerios militares por una Secretaría de Defensa, dependiente del presidente del Gobierno.
  • El nombramiento de un jefe del Estado Mayor General 262 .
  • La creación de la Junta de Defensa Nacional y de la Junta de Jefes de Estado Mayor.

El proyecto fue mal recibido por los ministros militares y además tropezó con la publicación en 1970 de la Ley Orgánica de la Armada (LOA) que ya establecía una cadena política y otra operativa, asignando al almirante jefe del Estado Mayor de la Armada (AJEMA) el mando de la Fuerza Naval como representante del jefe del Estado.

De nuevo, en 1971, Díez-Alegría, ya en el Alto Estado Mayor, elaboró un nuevo proyecto. El tema no llegó ni siquiera a debate gubernamental, ni menos parlamentario.

Sin embargo, un nuevo intento del Alto, en 1973, fue respaldado por el almirante Carrero y llegó a la mesa del Consejo de Ministros, que lo elevó al Parlamento. Su contenido era en gran parte una copia del de dos años atrás. El ex ministro de Defensa Narcis Serra, afirmó a este respecto: 'Para entender a Gutiérrez Mellado hay que entender a Díez-Alegría que lo vio tan claro que le costó el puesto' 263 .

262 El general e historiador Miguel Alonso Baquer considera que en este punto radica la causa de que el proyecto no prosperara por temor a crear la figura de un nuevo 'generalísimo'. Franco y sus generales, Madrid, Santillana, 2005.

263 SERRA, Narcis, Conferencia pronunciada en el II Congreso de Historia de la Defensa del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (en lo sucesivo IUGM), Madrid, 2007.

Tras el fallecimiento en atentado de Carrero en diciembre de 1973 y su sustitución por Arias Navarro al año siguiente, el Cuartel General del Ejército publicó una Nota Informativa, notificando del cese en el Alto del general Díez-Alegría al retorno de su viaje a Rumania 264 . Inmediatamente después, el gobierno Arias retiró su proyecto de las Cortes.

3.- LOS EJÉRCITOS EN LOS SETENTA

Es preciso establecer importantes diferencias entre los tres ejércitos. Como consecuencia de los acuerdos con Estados Unidos, la Armada había recibido barcos antiguos, pero en un aceptable estado de mantenimiento. Era, por tanto, una Flota anticuada pero con una pasable capacidad operativa, tras haber absorbido los procedimientos norteamericanos 265 . En el Ejército del Aire, la mayor parte de los sistemas que componían su flota de aviones de combate pertenecía a programas de reciente adquisición o a punto de recepcionarse, tras la firma de los correspondientes contratos.

Por el contrario, los materiales recibidos de Estados Unidos por el Ejército de Tierra (ET) eran obsoletos en su mayor parte y con graves problemas de mantenimiento. Las tropas de infantería ligera tenían un buen nivel de operatividad,

264 En agosto de 1976, el teniente general Gutiérrez Mellado, en aquel momento jefe del Estado Mayor Central, publicó una nueva Nota Informativa, ordenando su máxima difusión, que dejaba limpia de toda mancha la ejecutoria del general: 'Se ha podido comprobar que el teniente general Díez-Alegría viajó a Rumania en visita oficial y se mantuvo en todo momento dentro del cometido que se le había asignado'.

265 En los años cincuenta y sesenta, la Armada ya

utilizaba el inglés en muchos de sus ejercicios navales.

aunque con limitaciones técnicas: comunicaciones, visión nocturna, etc. En cambio, las unidades mecanizadas y acorazadas, de artillería antiaérea, transmisiones o ingenieros padecían una total ausencia de materiales modernos, lo que limitaba grandemente su operatividad.

4.- HACIA LA CONSTITUCIÓN

El 30 de abril de 1976 el general Gutiérrez Mellado cumplía sesenta y cuatro años, lo que reglamentariamente suponía su pase a la reserva, pero el fallecimiento en el mes de marzo del teniente general Bañuls, capitán general de Cataluña, propició su ascenso a teniente general. Esta circunstancia casual tuvo una enorme trascendencia en el futuro de toda la Transición.

El presidente Arias ofreció a Gutiérrez Mellado el Ministerio de la Gobernación en julio de 1976, oferta que éste declinó. En junio del mismo año fue nombrado jefe del Estado Mayor Central, organismo que seis meses después se convertiría en el Estado Mayor del Ejército, separando así la cadena de mando militar, encabezada por el jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME), de la político-administrativa dirigida por el ministro de Defensa, lo que resultaba indispensable para poder sustituir a los tres ministros militares por un único ministro sin romper la cadena de mando 266 . En septiembre, tras la dimisión del general de Santiago, ya con Suárez en Presidencia, Gutiérrez Mellado fue nombrado vicepresidente del Gobierno para Asuntos de la Defensa. Al hacer un balance de estas medidas, Narcis Serra

266 El Ejército del Aire realizó la misma transformación entre el jefe del Estado Mayor y el

ministro del Aire.

declaró: 'Esta reforma fue llevada a cabo desde la óptica militar, ya que sólo desde este punto de vista fue posible en mi opinión el realizarla. Ya que un civil no habría podido realizar tales reformas, es simplemente inimaginable' 267 . Comenzaba la reforma militar.

Los atentados terroristas de ETA y GRAPO afectaron directamente al mundo militar y los funerales posteriores fueron constante motivo de desencuentros, con actuaciones fuera de toda disciplina.

El primer gobierno de la Monarquía, presidido por Arias Navarro, incluyó como ministro sin cartera y vicepresidente para Asuntos de la Defensa al general Fernando de Santiago, que promovió el proyecto de creación de un Ministerio de Defensa como simple gestor de recursos, mientras la estructura operativa la dirigiría una Junta de Jefes de Estado Mayor, cuyo presidente sería el comandante general de los Ejércitos. La dimisión de Arias en julio de 1976 dejó en el olvido el referido proyecto.

Al ser cesado Arias y sustituido por Adolfo Suárez, este volvió a intentar sin éxito la incorporación de Gutiérrez Mellado al Ministerio del Interior. De Santiago continuó en la Vicepresidencia. A su vez, su dimisión en el mes de septiembre permitió que el general Gutiérrez Mellado ocupara su puesto e iniciara una serie de acciones dirigidas a la auténtica reforma militar. En diciembre se creó la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Militares, que elaboró la documentación que, en años sucesivos, sería el soporte legal de la reforma emprendida. Se decidió comenzar el edificio por lo que debía ser la estructura orgánica de la defensa.

.

267 SERRA, Narcis, ibídem

La organización de los ejércitos, en tanto, se dejó para una segunda fase, por lo que no les afectó de lleno en los años que ahora se están analizando.

Aunque separados en el tiempo por algo más de medio año, tuvieron lugar dos hechos relacionados entre sí que marcaron el momento más crítico, desde el punto de vista militar, de dichas reformas. En septiembre de 1976, en una reunión de Suárez con los miembros de los Consejos Superiores de los tres ejércitos, el presidente les informó del proyecto político de reforma de las leyes fundamentales franquistas. Preguntado directamente por la posible legalización del Partido Comunista, las versiones de los tenientes generales y almirantes sobre la respuesta de Suárez  una muestra de su habilidad con la palabra  difieren: desde los que creyeron oír que en ningún caso sería legalizado, a los que afirman que lo matizó, aclarando 'hasta que no cambie sus estatutos'. Medio año más tarde se legalizaba el Partido Comunista en plena Semana Santa.

Pita da Veiga, ministro de Marina, presentó la dimisión 268 y el Consejo Superior del Ejército emitió un duro comunicado 269 . Resulta fácil, pero sería erróneo, criticar desde la serenidad de años posteriores las decisiones de unos y otros. To-

268 Gutiérrez Mellado tuvo grandes dificultades para encontrar un almirante que aceptara el puesto. Finalmente, no hallando ninguno en activo, accedió al cargo el almirante Pascual Pery Junquera que, desde su situación de reserva, era en aquel momento presidente de la Compañía Transatlán-

tica.

269 Incluía las siguientes frases: 'La legalización del Partido Comunista ha producido una repulsa general en todas las unidades del Ejército. No obstante, en consideración a intereses nacionales de orden superior, admite disciplinadamente el

hecho consumado'.

dos los protagonistas de la Transición se dejaron jirones en sus estrechas gateras. No podemos olvidar que, para lograr su legalización, Santiago Carrillo hizo aceptar al Comité Central del Partido Comunista de España (PCE) la monarquía, la bandera y la unidad de España.

Los meses de diciembre de 1976 y enero de 1977 fueron un constante desafío a la disciplina de unos y otros. Se produjo en ese corto espacio de tiempo el secuestro del presidente del Consejo de Estado, el del teniente general presidente del Tribunal Supremo de Justicia Militar, la matanza de cinco abogados laboralistas en un despacho de la calle de Atocha de Madrid y la detención de Santiago Carrillo, líder del PCE, en Madrid. Con todo, el proceso de reforma siguió adelante. En febrero de 1977 se aprobó el Real Decreto que regulaba la actividad política y sindical de los miembros de las FAS, lo que obligó a pasar a la reserva al propio Gutiérrez Mellado y al vicepresidente Osorio, miembro del Cuerpo Jurídico del Aire.

En julio de 1977 nació el Ministerio de Defensa con una estructura administrativa transitoria muy elemental que sólo duraría cuatro meses: una Subsecretaría y tres Secretarías Generales (de Tierra, Mar y Aire) 270 . En noviembre, cambió su estructura, organizándose en Subsecretaría y Dirección General de Armamento y Material. Se definió una organización dual que incluía dos ámbitos diferenciados: uno político, gestor de recursos dirigido por las autoridades del Ministerio, y otro

270 Para mayor detalle, ver TORRECILLAS VELASCO, Antonio, 'La creación y desarrollo

del Ministerio de Defensa. Dossier Reorganización del Ministerio de Defensa', Revista de Aeronáutica y Astronáutica , 55 (1987).

militar, en el que se integró a la Junta de Jefes de Estado Mayor (JUJEM) y a los tres jefes de los ejércitos con sus cuarteles generales, pero no a los propios ejércitos que permanecieron fuera de la orgánica ministerial. La función del ministro, por tanto, se limitaba a 'capacitar a las Fuerzas Armadas para que puedan cumplir su misión y ejercer la dirección de la política de defensa por delegación del presidente del Gobierno'. La creación del Ministerio incluía también la del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), aunque pasarían años hasta que se clarificasen sus tareas y dependencia 271 .

El ciclo previo a la Constitución se cerró con una ley de diciembre de 1978 que, por primera vez, regulaba las funciones y relaciones de los órganos superiores del Estado en la defensa nacional y que consagraba la situación legal de los ejércitos al margen de la jurisdicción del ministro, situándose tan sólo bajo la autoridad del jefe del Estado, lo que sería esgrimido por los defensores del consejo de guerra del 23F. La ley creaba igualmente la Junta de Defensa Nacional.

Tras el referéndum de diciembre del 78, entró en vigor la Constitución 272 . Son varios los artículos que hacen referencia a las FAS, entre los que pueden destacarse la prohibición de los tribunales de honor (art. 26), la restricción del derecho de sindicación (art. 28.1), la clara definición del derecho y deber de defender a España (art. 30), el mando supremo de las FAS que corresponde al Rey (art. 62.h), la po-

271 En ese momento existían dos organismos con una función semejante: el Servicio Central de Documentación de Presidencia del Gobierno (SECED) y el Servicio de Información del Alto Estado Mayor (SIBEM).

272 Fue aprobada con un 87,8 por ciento de vo-

tos afirmativos.

co diáfana redacción del artículo sobre las funciones castrenses del Gobierno (art. 97) 273 , o el artículo 8.1 que define la composición y misión de las FAS 274 . Pero probablemente lo más llamativo no es la redacción de este artículo, similar al de otras constituciones, sino la situación en la que aparece en la Carta Magna, dentro del Título Preliminar, junto a los partidos políticos y los sindicatos, entidades autónomas respecto de la autoridad del Gobierno. La hipótesis mantenida por el que fuera jefe del CESID, general Jesús del Olmo, es atribuir esta decisión 'a la firme convicción del general Gutiérrez Mellado de evitar a toda costa que los ejércitos se vieran vinculados a los Gobiernos para que no les contaminasen las querellas política que librarían' 275 .

5.- LOS GOBIERNOS DE UCD EN LA PRIMERA LEGISLATURA

Tras el triunfo en las elecciones de 1979, Suárez mantuvo a Gutiérrez Mellado como vicepresidente, pero el puesto de ministro de Defensa pasó a ser ocupado, por primera vez, por un civil, Agustín Rodríguez Sahagún 276 . Su gestión fue

273 'El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa

del Estado'.

274 'Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional'.

275 SEPÚLVEDA, Isidro y ALDA, Sonia (eds.), Congreso de Historia de la Defensa. Fuerzas Armadas y política de defensa: transición y modernización , Madrid, IUGM-UNED, 2008.

276 Un 'confidencial' de Europa Press de 6 de abril de 1979, citado por Puell de la Villa, lo razona: 'de esta forma se desvincula la pura acción política de los temas del ejército. Se acaba con la situación de que una actuación del ministro pueda

continuista, como no podía ser de otra forma, manteniéndose Gutiérrez Mellado en Vicepresidencia. Su mayor labor legislativa fue la aprobación de la Ley 6/80 de Criterios Básicos de la Defensa Nacional y la Organización Militar. En ella se definían las funciones y relaciones entre las autoridades y órganos relacionados con la defensa: Rey, presidente del Gobierno, Gobierno, ministro de Defensa, Junta de Defensa Nacional, Junta de Jefes de Estado Mayor, jefe de Estado Mayor de la Defensa y jefes de los ejércitos. Su principal defecto fue la ambigüedad en la definición de la cadena de mando sobre los ejércitos y la existencia de direcciones colegiadas 277 . Obvia señalar la dependencia de los ejércitos del poder ejecutivo. Posiblemente, como siempre ocurrió en la Transición, se llegó hasta donde fue posible llegar.

Un desgastado Suárez presentó su renuncia al Rey en febrero de 1981. El día 23, durante el desarrollo de la votación de investidura del nuevo presidente, se produjo el intento de golpe conocido como 23F, al que luego se hará referencia. Tres días más tarde Calvo Sotelo era finalmente investido, Gutiérrez Mellado le solicitó cesar en la Vicepresidencia, y Alberto Oliart fue nombrado para la cartera de Defensa. El nuevo ministro capeó los efectos colaterales del 23F con una blan- llevar consigo problemas de disciplina (si el titular es militar) y de que una crítica al ministro por su actuación administrativa sea tomada como crítica al estamento castrense'. PUELL DE LA VILLA, Fernando, Gutiérrez Mellado. Un militar del siglo XX (1912-1995), Madrid, Biblioteca Nueva, 1997.

277 En su último discurso con motivo de la Pas-

cua Militar de 1982, el ministro Oliart trató de establecer la diferencia entre 'el mando sobre los ejércitos', que debía ser ejercido por el Gobierno, y 'el mando en los ejércitos', de carácter técnico, que correspondía a la cadena militar y que se ejercía bajo las órdenes del anterior.

da disciplina, decidida conscientemente. Una de sus primeras medidas fue habilitar a los civiles para ocupar los altos cargos del Ministerio 278 .

El intento de golpe de estado del 23F es posiblemente el suceso más doloroso y que más daño causó a las Fuerzas Armadas durante la Transición. La profunda pérdida de prestigio y el hundimiento de la moral de los cuadros de mando ante el bochornoso espectáculo del Congreso, televisado en directo, y repetido una y otra vez, requirieron muchos años de buen hacer de los ejércitos para recuperar la consideración y estima de los españoles.

El suceso ha sido suficientemente tratado por todos los medios de difusión como para no precisar de una nueva interpretación. Sin embargo, conviene dejar constancia de la gallardía y valor con que Gutiérrez Mellado lo enfrentó. Igualmente, resulta un buen reflejo de la forma de pensar de muchos cuadros de mando, la respuesta, a preguntas de Oliart días después, del teniente general Quintana, capitán general de Madrid y posiblemente el hombre que más directa y prontamente detuvo el golpe 279 . Tras señalar que su lealtad al Rey estaba fundada en la que tuvo a Franco, afirmó: 'El Rey me ordenó parar el golpe y lo hice. Si me hubiera mandado asaltar las Cortes lo hubiera hecho'.

278 En la creación del Ministerio, Gutiérrez Mellado dejó establecido el ejército de procedencia y el empleo de todos los cargos, que fueron desempeñados hasta ese momento estrictamente por militares. Eduardo Serra, primer civil subsecretario de Política de Defensa, refería en el IUGM la anécdota ocurrida en su toma de posesión, al oír a media voz el comentario de un general asistente que murmuraba: 'Esta putada no nos la habían hecho ni en la República'.

279 El general Quintana Lacaci fue asesinado por ETA dos años más tarde.

Se abrirá a continuación, con palabras de otros autores, el tema del acceso a la Alianza Atlántica, decidido por el presidente Calvo Sotelo. El diplomático Inocencio Arias lo definió como 'uno de los sucesos más esquizoides de la transición española y, sin ninguna duda, el acontecimiento de política exterior que más ha dividido a nuestra sociedad desde la llegada de la democracia' 280 . Los sociólogos Martínez Paricio y Sánchez Navarro lo interpretaron así: 'ha privado lo partidista sobre los intereses nacionales […] se discutía sobre temas de partido, no de seguridad y defensa' 281 . Javier Tusell tachó la decisión de precipitada: 'había tenido un escasísimo debate ante la opinión pública y ante la clase dirigente española' 282 .

Dejando al margen las ambigüedades y el desconocimiento de los partidos de lo que suponía la entrada en la OTAN, será preferible destacar aquí las repercusiones que el referido ingreso tuvo para las FAS, a pesar del frenazo que la llegada al poder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) supuso posteriormente, que, sin embargo, como reconocen Tusell y Rupérez, aun viéndolo con simpatía, nunca mediatizaron el proceso. El ingreso en la OTAN dio a las Fuerzas Armadas una función exterior de la que habían carecido durante medio siglo, impulsó su modernización y despolitización a través de las

280 Citado por el profesor Luis PALACIOS BAÑUELOS, Reflexiones sobre la España de fin de siglo, Madrid, Centro de Estudios Ramón Areces, 2001.

281 MARTÍNEZ PARICIO, Jesús y SÁNCHEZ NAVARRO, Eulogio, Las FAS en las acciones internacionales. 'Un recorrido por los ejércitos europeos' , Madrid, Estado Mayor del Ejército, 1999.

282 TUSELL, Javier, en Celestino del ARENAL

y Francisco ALDECOA, España y la OTAN. Textos y documentos , Madrid, Tecnos, 1996.

relaciones personales establecidas con los ejércitos de los nuevos socios  claramente subordinados al poder civil del Estado  , con los que los homologó de derecho, y las dio acceso a foros de estrategia y defensa occidental y a nuevos procedimientos y doctrinas que previamente las estaban vedados. Y, aunque tardó en llegar aún algunos años, la necesidad de hecho de esa homologación supondría la indispensable equiparación a medio plazo de los obsoletos sistemas españoles de armas.

6.- LOS GOBIERNOS DEL PSOE EN LA SEGUNDA Y TERCERA LEGISLATURA

De diciembre de 1982 a marzo de 1996, Felipe González presidió los gobiernos socialistas que se sucedieron durante las cuatro siguientes Legislaturas. La mayor parte de las reformas que transformaron las FAS, coincidieron en el tiempo con tales gobiernos. Echemos ahora un vistazo a las dos primeras, que coinciden con el periodo analizado en este trabajo.

En ambas, la cartera de Defensa se encomendó a Narcis Serra. Suárez Pertierra, en el I Congreso de Historia de la Defensa del IUGM, reconoció: 'no había un previo programa político de actuación'. De hecho, el ministro estuvo todo un año sin tomar una sola decisión hasta tener constancia de la situación real. Para sorpresa de muchos, el propio presidente del Gobierno presidió, en la base militar de El Goloso (Madrid), la tradicional misa en honor de la Inmaculada, patrona de Infantería, breves días después de su toma de posesión. Fue portada en toda la prensa nacional y un gesto muy bien recibido por los altos cargos militares.

En enero de 1984 se publicó la Ley Orgánica 1/84, que reformó la 6/80 de Criterios Básicos de la Defensa Nacional. La nueva ley modificó las responsabilidades de todas las autoridades y órganos de la Defensa, además de crear la figura del jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD). Las principales consecuencias de la ley, que clarificaba las ambigüedades de la 6/80 de la Unión del Centro Democrático (UCD), fueron:

  • Clara definición de la línea de mando.
  • Los órganos de decisión pasaron de ser colegiados a personales.
  • Potenció las funciones de planeamiento y ejecución del presidente y del ministro.
  • La política militar pasó a ser dirigida por el ministro (previamente lo era por la Junta de Defensa Nacional).
  • El Real Decreto que la desarrolló incluyó, sin incertidumbre alguna, a los ejércitos en el organigrama del Ministerio.

Así, el Ministerio de Defensa quedó estructurado en tres áreas:

  • La responsable de los temas financieroeconómicos, a cargo de un nuevo departamento, Secretaría de Estado de la Defensa (SEDEF).
  • La administrativa y de personal (Subsecretaría).
  • La militar, que comprendía el Estado Mayor de la Defensa y los ejércitos.

Aunque el tema abarque varias legislaturas, se resumirán aquí las vicisitudes por las que pasó en estos años la situación de España en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). El programa electoral del PSOE incluía la congelación de la integración militar en la Alianza. El presidente fue rehén de sus promesas electorales 283 . Los miembros del gobierno  y el presidente el primero  fueron muy pronto conscientes de que si queríamos estar en Europa, había que estar en la OTAN con todas las consecuencias. Narcis Serra lo reconoció en su varias veces citada intervención en el Congreso de Historia de la Defensa: 'uno a uno lo aprendieron cuando hubieron de relacionarse con sus homólogos europeos'.

En octubre de 1984, el presidente presentó el llamado Decálogo sobre política de seguridad, que incluía la convocatoria de un referéndum sobre la permanencia de España en la OTAN 284 . Referéndum que no se convocaría hasta marzo de 1986. Tras una campaña tan extraña que hasta Alianza Popular solicitó la abstención y con el apoyo masivo de la televisión estatal, el sí resultó ganador por un 52,3 por ciento de votos frente al 38,84 del no.

A partir de ahí se inició un complejo encaje de bolillos para alcanzar alguna forma de coordinación entre las FAS españolas y las del resto de la Alianza. El llamado 'modelo español' requirió la aceptación por parte de la OTAN, de seis cometidos a los que España se comprometía. Los correspondientes Planes Operativos nunca vieron la luz, aunque, seis años más tarde, todos ellos habían sido desarrollados (agosto de 1992). La evolución de la política exterior española ya

283 Felipe González dejó claro que fue su mayor equivocación política: 'obligar a mis votantes a arreglar un error mío'.

284 En resumen incluía: participación en la OTAN pero no en su estructura militar integrada; no nuclearización; reducción de la presencia militar de Estados Unidos en España; voluntad de ingresar en la UEO; convocatoria de un referéndum sobre la permanencia de Estaña en la OTAN.

caminaba hacia la plena integración. Los años perdidos fueron calificados por Javier Rupérez 285 como 'teresiana manera de estar sin estar'.

Es preciso señalar el gran respeto mostrado por la Alianza ante las decisiones soberanas de España, manteniendo una actitud muy receptiva para con los vaivenes del gobierno. Para el militar profesional español, la inicial congelación y el posterior modelo supusieron una enorme decepción. Tras tan largos años de aislamiento, se esperaba tener un puesto en la defensa occidental que le fue negado.

La Segunda Legislatura incluyó las primeras medidas centralizadoras tomadas desde el Ministerio hacia los ejércitos: se decretó una estructura homogénea de los mismos que deberían articularse en: Cuartel General, Fuerza y Apoyo a la Fuerza: comenzó a publicarse el Boletín Oficial del Ministerio de Defensa , cancelando los anteriores diarios oficiales de cada ejército, y se creó, en marzo de 1985, el primer 'Cuerpo Común de Defensa', al integrar en él a los anteriores Cuerpos de Intervención de los tres ejércitos. En 1988 se repetirá la integración con los Cuerpos Jurídicos de los ejércitos y en 1989 con los de Sanidad y de Músicas Militares. Comenzó la reducción de plantillas y, para aminorar su repercusión económica sobre los cuadros de mando que quedaran sin destino, se creó la Reserva Transitoria.

Las elecciones que dieron paso a la Tercera Legislatura se caracterizarían, en lo militar, por la puja a la baja por todos los partidos, en cuanto a la duración del servicio militar, en sus respectivos pro-

285 RUPÉREZ, Javier, España en la OTAN. Relato

Parcial , Barcelona, Plaza & Janés, 1986.

gramas electorales. El PSOE prometió un servicio de nueve meses; el Partido Popular (PP), de ocho; el Centro Democrático y Social (CDS), de tres, y Convergencia i Unió (CiU), el Partido Nacionalista Vasco (PNV) e Izquierda Unida (IU) abogaron por una tropa de carácter profesional.

Ya en la Tercera Legislatura, en 1988, se ingresó en la Unión Europea Occidental (UEO), cumpliendo una de las premisas del Decálogo.

Siguiendo con las reformas ya claramente militares, dirigidas en particular a los componentes profesionales de los ejércitos, la Ley de Personal 17/89 trató de poner orden en la enmarañadísima, compleja, heterogénea y dispersa legislación de los tres ejércitos en esta materia 286 . La ley contempló los más diversos aspectos relacionados con el oficio militar: acceso, condición, estructura, cuerpos, escalas y empleos, enseñanza, destinos, ascensos y situaciones administrativas, con una minuciosidad más propia de un reglamento que de una ley. De hecho, se diseñó una carrera militar de nuevo cuño 287 . Así la ley:

  • Definió un nuevo sistema de promociones y ascensos, frente al poco competitivo anterior de la pura antigüedad.

286 Hasta el nombre de la ley fue motivo de debate. Entró en el Congreso como Ley de la Función Militar, pero la presión de los ejércitos por el intento de 'funcionariar' con tal denominación el oficio castrense, la acabó convirtiendo en el interminable título de Ley Reguladora del Régimen

del Personal Militar Profesional.

287 Lo positivo de todo ello quedó devaluado cuando, al acceder al gobierno el PP, aprobó una nueva ley de personal diferente de ésta y, por tercera vez, cuando volvió al poder el PSOE, se repitió la jugada, sin pensar en los miles de militares que verían variadas sus expectativas profesionales y, con ellas, sus situaciones sociales y familiares.

  • Agrupó los empleos en oficiales generales, oficiales superiores, oficiales, suboficiales superiores, suboficiales y tropa y marinería.
  • Creó el empleo de suboficial mayor.
  • Pospuso hasta los sesenta y cinco años la edad de retiro.
  • Anticipó el pase a la situación de reserva a los treinta y dos años de servicio.
  • Creó la Escala Media de Oficiales, suprimiendo la anterior Escala Auxiliar.
  • Concedió a la mujer el acceso a las FAS.
  • Suprimió los Cuerpos Eclesiástico y de Mutilados.

Fueron, sin embargo, bien recibidas otras medidas del gobierno como la que hizo perder la naturaleza militar al Cuerpo Nacional de Policía, dejando a los mandos militares fuera del entramado de seguridad ciudadana. Igualmente, la firma por parte de España, en 1986, del Documento de la Conferencia de Estocolmo sobre Medidas de Seguridad y Defensa en el marco de la Conferencia de Seguridad y Cooperación Europea (CSCE), que supuso la posibilidad de enviar observadores militares españoles a misiones internacionales (32 en los años 1986-1987 y 24 entre 1987 y 1988).

A punto de terminarse la Tercera Legislatura se publicó el Real Decreto 1207/89 de Estructura Básica de los Ejércitos, al que volverá a hacerse referencia en el apartado correspondiente a los mismos.

7.- LOS PRESUPUESTOS DE DEFENSA

De la misma forma que no puede investigarse la reforma de los ejércitos sin analizar la creación y transformación de la estructura y política de defensa, es preciso comprobar la influencia que los presupuestos ejercieron sobre tales reformas, obligando a recortes permanentes ante la imposibilidad de mantener una mínima operatividad con las anteriores estructuras. Sin embargo, la época que analiza este trabajo no fue, ni con mucho, la peor en este aspecto. Justamente, a partir del año 1990, comenzarían los fuertes recortes presupuestarios en Defensa, que fueron causa de sucesivas disminuciones en las estructuras castrenses.

Desde el final de la Guerra Civil hasta 1965 no se produjo apenas ninguna inversión que mejorara la triste situación de los materiales de los ejércitos. Por una parte, los acuerdos con Estados Unidos y, por otra, la necesaria homologación de sistemas, tras el ingreso en la OTAN, permitieron una aceptable puesta al día, que se completó con los programas especiales, que brevemente se comentarán.

Las sucesivas leyes de dotaciones de los años sesenta, setenta y ochenta marcaron el inicio de la modernización de materiales. La primera fue la Ley 85/65. A continuación se aprobó la 32/71 que, por primera vez, introdujo el criterio de disponer de dotaciones presupuestarias de carácter plurianual, algo indispensable para planear y adquirir los largos programas de sistemas de armas. El año 1977 se actualizó la ley, prorrogándola hasta 1982, en que se publica una nueva Ley de Dotaciones (Ley 44/82) que, a su vez, se fue prorrogando en 1987 y en 1990 288 . Sus previsiones se cumplieron en los primeros años, pero a partir de 1986 bajó el nivel de inversiones y en 1991 prácticamente dejó de cumplirse por el gobierno.

288 Esta Ley permitió la adquisición de los F18, Harrier, Chinook , equipos para el Príncipe de Asturias y para las fragatas Santa María .

Las consecuencias fueron que, entre 1965 y 1989, los presupuestos de Defensa se fueron incrementando, sin más pausas que las correspondientes a los denominados 'dividendos de la paz' 289 . Entre 1978 y 1984 el incremento en valores reales fue del 26 por ciento 290 . Sin embargo, el análisis de las cifras comparativas permite comprobar el maltrato dado a los ejércitos, respecto a otros campos de la economía nacional, especialmente hasta los años setenta. Un ejemplo lo deja en evidencia: entre 1946 y 1975, mientras que el presupuesto de Defensa se multiplicaba por 2,9, el PIB lo hacía por 4,8; el Presupuesto del Estado, por 6,2 y la Renta per Cápita por 3,7. Y, centrándonos en la época que se está analizando, con datos de entre 1977 y 1989:

  • El porcentaje del Presupuesto de Defensa respecto del Presupuesto General del Estado bajó del 15,54 al 7,68 (y al 4,5 en 1993).
  • El porcentaje del Presupuesto de Defensa respecto del Producto Interior Bruto, que subió del 1,64 al 2,2 en 1984, se hundió en 1993 al 1,37, sólo por delante de Luxemburgo, entre los países OTAN. Aun así, no se había tocado fondo.

En 1976, en su discurso de toma de posesión como jefe del Estado Mayor Central, el general Gutiérrez Mellado afirmaba: 'Las Fuerzas Armadas se han

289 En las tres legislaturas analizadas, los incrementos en términos reales del presupuesto de Defensa fueron: I Legislatura (UCD): 20,43 por ciento; II Legislatura (PSOE): 0,86%, y III legislatura (PSOE): 4,35%. El bajón a partir de 1990 queda reflejado en el decremento de la IV Legislatura (PSOE): menos 29,37.

290 Con Felipe González en la Presidencia y Se-

rra en Defensa, el Presupuesto de Defensa alcanzó el famoso porcentaje del 2 por ciento del PIB.

venido sacrificando a favor del desarrollo económico de la nación, por lo que quedaron apartadas de los planes de desarrollo'.

Al margen de lo anterior, en la década de los ochenta se dispuso de los créditos concedidos por el gobierno de Estados Unidos a través del Federal Financing Bank (FFB), que ampliaron las inversiones de aquellos años en un 17 por ciento, aunque, en años posteriores, se aminoraran al tener que devolver tales créditos.

En resumen, puede decirse que, dentro de la pobre dedicación que tradicionalmente han dedicado los gobiernos españoles a los gastos de Defensa, los años analizados no fueron, desde luego, los peores de la serie histórica y, con todos sus defectos, permitieron un cierto despegue de nuestros sistemas de armas, en el camino de la homologación con los países aliados. El último empujón para alcanzar dicha homologación se produciría a posteriori, mediante los anticipos recibidos del Ministerio de Industria para los programas especiales, que, sin incrementar el presupuesto, permitieron una importantísima mejora de los materiales. El resultado final del truco financiero aún lo estamos pagando y seguiremos devolviendo los anticipos unos cuantos años más. Pero, ésa es otra historia que no corresponde a este análisis.

8.- LOS EJÉRCITOS

8.1. Lo conjunto

Hasta el final de la GM II, en el mundo entero, los tres ejércitos tradicionales cumplían los objetivos estratégicos nacionales con unas acciones operativas disjuntas, aunque en busca de la finalidad

común. El concepto de 'combate conjunto' es posterior 291 . Las dificultades que todos los países han debido ir superando para salvar las resistencias de unos ejércitos temerosos de perder sus competencias en beneficio de lo conjunto, fueron aún más duras en España, donde cada ejército había tenido, durante cuarenta años, a uno de sus miembros sentado en una silla del Consejo de Ministros. A pesar de que tan pronto como en 1939 ya estaba creado el Alto Estado Mayor, como coordinador de los estados mayores de tierra, mar y aire, la falta de una auténtica autoridad política mantuvo en un estado muy precario dicha coordinación.

El primer precedente de un órgano conjunto data de 1975, año en que, ante las tensiones en el Sahara, y dada la lejanía de la Península, se creó el Mando Unificado de Canarias (MUNICAN), con un Estado Mayor Conjunto propio, independiente de los correspondientes a los tres ejércitos en aquel archipiélago. Un año después, y como una decisión preparatoria de la futura estructura del Ministerio, se reorganizó el Alto, creándose dos jefaturas: una de coordinación técnica y otra de coordinación operativa, germen del futuro Estado Mayor de la JUJEM 292 . Este organismo, que vería la luz en febrero de 1977, agrupaba a los jefes de Estado Mayor de los tres ejércitos y estaba presidido por el jefe del Alto, como órgano superior colegiado de la cadena de

291 El general Eisenhower, ya presidente de su país, afirmaba en un discurso ante el Congreso de Estados Unidos: 'la forma de hacer la guerra en trarnos en otra guerra, lucharemos con todas las

grupos separados de tierra, mar y aire ha terminado para siempre; si alguna vez volvemos a enconfuerzas armadas en un esfuerzo concentrado'.

292 RD 1021/76 de 8 de abril.

mando militar 293 . Su carácter colegiado resultó ser su mayor enemigo para la toma de decisiones, que debían alcanzarse por unanimidad, sin permitir, ni siquiera usar su voto de calidad al presidente.

Hasta 1980 no se decidió crear su Cuartel General que, por primera vez, incluía un Estado Mayor Conjunto. El mismo año nació su Centro de Conducción de Operaciones (CECOE), que todavía precisaría de cuatro años más para convertirse en el auténtico puesto de mando del JEMAD.

Entre las complicaciones para la cadena de mando que incluía el texto de la Ley 6/80 de UCD ya mencionada, se encontraba la de hacer depender a la JUJEM directamente del presidente del Gobierno. Ese mismo año se suprimió el Alto Estado Mayor que, de hecho, se convirtió en el Estado Mayor de la JUJEM. Con el ingreso en la Alianza Atlántica, la Junta reforzó sus funciones:

  • Su presidente se convirtió en miembro del Comité Militar de la OTAN.
  • Fue preciso modernizar todo su sistema de mando y control.
  • Se amplió extraordinariamente su campo de visión estratégica.
  • Accedió a la doctrina conjunta y combinada de la Alianza 294 .

Ya se ha comentado que la Ley 1/84 del gobierno socialista enmendó muchas ambigüedades de la 6/80. Entre ellas, cabe destacar, en el campo de lo conjunto,

293 RD 11/77 de 8 de febrero. La expresión 'cadena de mando militar' apareció por primera vez con carácter legal en un RD de 1976. Los medios de comunicación han empleado con preferencia la de 'cúpula militar'.

294 En lenguaje militar, 'conjunto' hace referen-

cia a distintos ejércitos (tierra, mar y aire) y 'combinado' a ejércitos de distinta nacionalidad.

la creación de la figura del JEMAD, convirtiendo en personales las anteriores funciones colegiadas. Con todo, lo conjunto resultaba aún muy vago y lleno de condicionantes. La frase de la 1/84 es muy característica de lo anterior: ' en tiempo de guerra, en su caso , el Gobierno podrá nombrar al JEMAD Jefe del Mando Operativo de las Fuerzas Armadas' 295 .

En la normativa que transformó la estructura básica del Ministerio en 1987, volvieron a reforzarse las responsabilidades del JEMAD:

  • Se le asignaron competencias para la conducción de las operaciones militares.
  • Se le autorizó a proponer y crear, ejercer o delegar mandos operativos.
  • Se le encomendó la elaboración del Plan Estratégico Conjunto, lo que previamente correspondía al ministro.

Por fin, en 1988 se definió una auténtica cadena de mando operativo, al hacer depender del JEMAD (y no del ministro, como hasta esa fecha) los Mandos Operativos, Terrestre, Naval y Aéreo y el MUNICAN. Aunque se señalaba que los mismos debían ser desempeñados por los propios jefes de Estado Mayor de los ejércitos, produciéndose de nuevo la indeseable mezcla entre lo orgánico y lo operativo que tardaría aún muchos años en resolverse.

Al margen de lo puramente conjunto, desde el Ministerio se iba, paso a paso, buscando la homologación de las estructuras disjuntas de los tres ejércitos. Como ya se indicó más arriba, en 1984 se aprobó una estructura homologada que los organizó en Cuartel General, Fuerza y

295 Evidentemente, la cursiva es del autor.

Apoyo a la Fuerza. En 1985, se unificó el programa de ingreso en las academias militares y pocos años después se centralizó en un único examen, con posterior elección por el aspirante del correspondiente centro de tierra, mar o aire. Dada la disparidad de la organización básica de cada ejército, un Real Decreto de 1989 estableció una nueva estructura  muy flexible  que unificaba conceptos y criterios y permitía facilitar las relaciones funcionales entre ellos y con el Órgano Central 296 .

8.2. El Ejército de Tierra

Sin remontarse a antecedentes excesivamente lejanos, conviene recordar que, como consecuencia de la lenta desmovilización tras la Guerra Civil -a consecuencia del riesgo de la GM II cerca de nuestras fronteras-, en la década de los cuarenta el ET disponía de 400.000 efectivos en filas. El texto articulado de la Ley Fundamental de Organización del Ejército de 30 de diciembre de 1942 era tan amplio que no hubo necesidad de cambiarlo ni en la revolucionaria reforma de 1965 297 .

La firma de los primeros acuerdos con Estados Unidos en 1953 coincidió con la disminución a 18 de las anteriores 24 divisiones, para pasar a 12 en 1958, cuando el ministro Antonio Barroso disolvió los cuerpos de ejército regionales. Entre tanto, se había producido el nacimiento y

296 La de Tierra se correspondía con una Instrucción del año 1988, la de la Armada respondía a la Ley Orgánica de la Armada (LOA) de 1970 y la del Ejército del Aire a un RD de 1978.

297 Preveía nueve regiones militares, ocho cuerpos de ejército, más de 20 divisiones en la Península, además de los ejércitos de Marruecos (dos cuerpos de ejército), Canarias y Baleares.

pronta muerte de las llamadas divisiones pentómicas, basadas en el Plan ROTAD del ejército estadounidense, que no cuajaron. En 1956, a consecuencia de la independencia de Marruecos, se reorganizó el Ejército del Norte de África con disolución y concentración de gran número de unidades de la Legión y Regulares.

La gran reorganización tras la Guerra Civil tuvo lugar en 1965 298 . Aunque se mantuvieron las nueve regiones militares, comenzó a definirse un ejército operativo estructurado en dos bloques: Fuerza de Intervención Inmediata (FII), responsable de la guerra convencional y nuclear limitada, y Fuerzas de Defensa Operativa del Territorio (DOT), ligadas a la estructura territorial y dedicadas a la guerra subversiva 299 . En total, un ejército de 24 brigadas con 250.000 hombres en armas. Se crearon, además, 18 Centros de Instrucción de Reclutas (CIR). Un ejército muy numeroso, mal armado y con un despliegue muy orientado a controlar la posible subversión.

A finales de los setenta, un nuevo plan empezó a tomar forma en la mente de los oficiales de la División de Planes del Estado Mayor del Ejército. Iba a nacer el Plan de Modernización del ET (Plan META). En palabras del general Alfonso Pardo de Santayana, fue en primer lugar 'una enorme auditoría […] porque en el

298 IG 165-142 de 10 de julio. La reducción fue muy importante, afectó al 21 por ciento de la infantería, el ocho de la caballería, el 27 de la artillería y el 31 de los ingenieros.

299 La FII incluía tres divisiones (acorazada, mecanizada y motorizada), más tres brigadas independientes (paracaidista, aerotransportable y de caballería). La DOT se articulaba en una brigada por región militar (nueve), dos divisiones de montaña y una brigada de alta montaña, más las guarniciones de Ceuta, Melilla, Baleares y Canarias.

ejército no se sabía lo que se tenía' 300 . El general Miguel Íñiguez, impulsor del Plan lo resumía muy acertadamente: 'conocer al paciente, diagnosticar sus males y recetar posibles remedios'. Se trató de un principio, sin el cual, no hubieran podido existir los planes sucesivos: RETO, NORTE y Plan de Transformación. Fue el único plan de reforma promovido por impulso interno del ET, cuyas estructuras no le permitían un adiestramiento que le hiciera medianamente operativo. Los planes de años posteriores respondieron más bien a recortes presupuestarios, disminuciones de tropa a causa de la menor duración del servicio militar, objeción de conciencia y la dificultad inicial para captar soldados profesionales.

Su periodo conceptual puede situarse entre 1980 y 1984, y su desarrollo entre 1985 y 1990, a través del denominado Plan de Reorganización que no fue sino la implementación del META 301 . Hasta 1993 se estuvieron produciendo movimientos de personal consecuencia del mismo.

Las nueve regiones militares se redujeron a seis, más las zonas militares de Baleares y Canarias 302 . Los mandos regionales tenían mando operativo sobre las grandes unidades de cada región, decisión totalmente ilógica al no disponer de los medios de mando, control y comunicaciones apropiados para ejercer dicho

300 MEDINA, Francisco, Memoria oculta del Ejército. Los militares se confiesan 1970-2004, Madrid, Espasa Calpe, 2004.

301 El Plan afectó a siete brigadas, 26 regimientos, cinco batallones y supuso la eliminación de casi 9.000 cuadros de mando y 74.500 individuos de tropa (30 por ciento).

302 Desaparecieron los mandos regionales de Zaragoza y Valladolid, quedando los de Madrid, Sevilla, Valencia, Barcelona, Burgos y La Coruña.

mando 303 . Resultó fundamental la supresión de los CIR. Sus instalaciones y campos de maniobras permitieron ubicar a las unidades de las brigadas, sacándolas de los núcleos urbanos, con posibilidades de desarrollar un programa de instrucción que las hiciera más operativas. Había nacido el concepto de base 304 .

En lo puramente orgánico, desaparecieron las brigadas DOT, el ET se estructuró en Cuartel General, Fuerza y Apoyo a la Fuerza, y en los mandos regionales desplegaron cinco divisiones 305 , lo que suponía once brigadas divisionarias, a las que había que añadir dos brigadas de Caballería, una Paracaidista y una Aerotransportable 306 . En total, un ET peninsular con quince brigadas, más las guarniciones de Baleares Canarias, Ceuta y Melilla.

El cambio orgánico coincidió con el nacimiento de una logística funcional que sustituyó a los antiguos servicios independientes de artillería, ingenieros, automovilismo, intendencia, sanidad, etc., de carácter nacional o regional, sin ningún

303 En 1989, se suprimió la denominación de capitán general, pasando a la de jefe de Región Militar. Las grandes unidades sobre las que ejercían mando eran brigadas y divisiones, pues el cuerpo de ejército había dejado de existir orgáni-

camente.

304 De aquellos años proceden las de Alcalá de Henares (Madrid), Marines (Valencia), Bótoa (Badajoz), Cerro Muriano (Córdoba), El Goloso (Madrid), Bétera (Valencia), San Clemente (Gerona), San Gregorio (Zaragoza), Figueirido (Pontevedra), San Isidro (Valladolid), El Ferral (León) y Castrillo del Val (Burgos).

305 División Acorazada Brunete, con cuartel ge-

neral en Madrid; Mecanizada Maestrazgo en Valencia; Motorizada Guzmán el Bueno en Sevilla; de Montaña Urgel en Lérida, y de Montaña Navarra en Pamplona.

306 Brigadas de Caballería Jarama en Salamanca y

Castillejos en Zaragoza; Paracaidista en Alcalá de Henares (Madrid), y Aerotransportable en Galicia.

organismo operativo que los coordinase, en línea con lo que muchos militares españoles habían aprendido en sus cursos en Estados Unidos. Con la cerrada oposición de los anteriores servicios, se pudo dar un primer y difícil paso de gigante para comenzar a convertir las unidades en organizaciones auténticamente desplegables por el mundo. Gracias al denominado Sistema de Apoyo Logístico del Ejército (SALE), la Logística quedó estructurada en tres escalones: superior, intermedio  con la creación de los Mandos de Apoyo Logístico a Zona Interregional (MALZIR)  y básico (unidades), produciéndose, a la vez, el nacimiento de las Unidades de Servicio de Bases y Acuartelamiento (USBA y USAC), que descargaron a las unidades operativas de las tareas ligadas a la vida diaria, pudiendo dedicar todo su esfuerzo a las tareas de adiestramiento. En 1989, además, se iniciaron los trabajos del Sistema Integrado de Gestión Logística del Ejército (Plan SIGLE) que introdujo la herramienta informática en la gestión logística.

Sin embargo, al Plan META le faltó el apoyo de un plan paralelo de material, debidamente apoyado en otro de dotaciones plurianuales, que solventase también la obsolescencia de los sistemas de armas del ET.

Entrando en los problemas de los materiales, se debe señalar que más del 60 por ciento de los de ayuda americana, recibidos entre 1953 y 1968, era de segunda mano y en muy mal estado de mantenimiento. A partir de 1968, los créditos concedidos permitieron una notable mejora de sistemas, aunque aún lejos de los estándares occidentales.

Como botón de muestra, se dará un vistazo a la evolución del parque de carros de combate, que siempre se ha utilizado como un índice de la situación material de un ejército. Hasta 1953, tan sólo se disponía de unos viejos T-26 B rusos y Panzer-I A/B alemanes más un par de docenas de Panzer-IV H adquiridos en 1943. Entre 1953 y 1975 se recibieron los M-24, 41, 47 y 48 . De esta forma, en los setenta el ET disponía de 734 carros, número excesivo para las necesidades nacionales, pero que no cubría las plantillas ni respondía operativamente a causa de sus permanentes averías 307 .

En 1970, los problemas que se avecinaban en el Sahara llevaron al Gobierno a la adquisición de 19 carros AMX-30 franceses, que eran rechazados por las unidades acorazadas, partidarias del Leopard I alemán. Pero la política decidió y, entre 1973 y 1983, se recepcionaron otros 280 AMX , fabricados en España, con tecnología atrasada en una generación. Nunca se consiguió que saliera adelante la idea de disponer de un carro de diseño nacional, como fue el proyecto Lince de los ochenta, que murió sin haber nacido.

El Tratado FACE de Reducción de Fuerzas Armadas Convencionales en Europa de 1990, con la aprobación del programa Transfer of Limited Equipment (TLE), obligaría a destrucciones de materiales españoles y a transferencias estadounidenses, que ya se realizaron en épocas posteriores a las analizadas en este trabajo.

307 Exactamente: 180 M-41 A1 y A3 , 390 M-47 y 164 M-48 y M-48 A1 . Los datos proceden de PLATÓN, Miguel: Hablan los militares: testimonios para la historia (1939-1996) , Barcelona, Planeta, 2001. Se ha podido comprobar en el Estado Mayor del Ejército la exactitud de la mayor parte de ellos.

8.3. La Armada

Con un claro sentido de lo práctico, la Armada ha ido ligando permanentemente las reformas orgánicas con los correspondientes planes de construcción o adquisición de buques, que llenaran de contenido las anteriores. Sin embargo, para no complicar la lectura, en el trabajo se separarán ambos espacios.

En 1953, a la firma del convenio con Estados Unidos, la flota española respondía a proyectos de la década de los veinte, sin apenas, por tanto, capacidad de combate ante riesgos aéreos y submarinos 308 . Los referidos acuerdos permitieron recibir, en forma de cesión temporal, alquiler o préstamo, buques de segunda mano 309 , y sobre todo, con los buques llegaron los procedimientos de la Navy (lo que era tanto como decir de la OTAN), asimilados por nuestros cuadros de mando en los correspondientes cursos en Estados Unidos.

En 1963 se iniciaron los estudios de lo que terminaría convirtiéndose en la Ley 9/70, Orgánica de la Armada, de 4 de julio (LOA) 310 . La LOA diseñó un sistema que diferenciaba la fuerza operativa de sus órganos de apoyo y se articulaba en dos cadenas que diferenciaban la función de mando  encabezada por el AJEMA  de la política, responsabilidad del ministro de Marina. Mantenía las an-

308 Básicamente compuesta por cinco cruceros y

14 destructores.

309 A lo largo de la vigencia de los acuerdos se recibieron: un portaaeronaves, cuatro submarinos, diez destructores y fragatas, 16 buques de guerra de minas y diez buques anfibios.

310 El almirante Nieto Antúnez, a la sazón ministro de Marina, ordenó la creación de tres comisiones: la del Programa Naval, la de Personal y la de Estudios y Planes, origen del Sistema UNO que, entre 1966 y 1968, dio lugar a la LOA.

teriores zonas marítimas, diferenciando sus medios navales de los de la Flota 311 . En cuanto a su estructura orgánica, la Armada se compondría de Fuerza, Servicios y Órganos Auxiliares. La Fuerza, a su vez, se dividía en Flota, Fuerzas Especiales y Unidades Auxiliares y, en cuanto a la organización por mandos, dicha Fuerza se agrupaba en: Mando del Grupo Aeronaval, Mando del Grupo Anfibio y Mando de Escuadrillas de Escolta 312 .

Siete años más tarde (1977), la creación del Ministerio de Defensa dejó a la Armada sin un marino en la mesa del Consejo de Ministros, lo que no sucedía desde 1714.

Coincidiendo con el ingreso en la OTAN (1982) se reestructuró la Fuerza Naval, suprimiéndose el Mando de Escuadrillas de Escolta, que se integró en el Grupo Aeronaval de la Flota. La Fuerza Naval se articuló en Fuerzas de Combate, Fuerzas de Protección y Unidades Auxiliares.

Sucesivamente, la Flota fue adquiriendo mayor trascendencia, incluyendo en ella cada vez más medios operativos. En 1987 el comandante general de la Flota pasó del empleo de vicealmirante al de almirante, con la denominación del almirante de la Flota (ALFLOT) y la responsabilidad de preparar y conducir las operaciones. Posteriormente, el jefe del Tercio de Armada (Infantería de Marina) pasó también a depender de ALFLOT y,

311 Cantábrico, Estrecho y Mediterráneo, además de la Jurisdicción Central y las Comandancias de Baleares y Canarias.

312 A la hora de establecer las estructuras dentro de la Armada, el lector profano puede encontrar dificultades, ya que existen distintas clasificaciones en función del carácter de que se trate: orgánica, por mandos, para adiestramiento, etc.

en diciembre de 1987, se pusieron bajo su mando, los submarinos y las aeronaves. Igualmente se trasladó su cuartel general desde la base de Ferrol a la de Rota 313 .

Aunque la LOA siguió marcando la estructura básica de la Armada, en enero de 1988 (Instrucción 01/88) la Fuerza Naval quedó constituida por las Fuerzas de Zona y la Flota que, a su vez, quedó estructurada en el Grupo ALFA, con misión del dominio del mar (portaaviones y parte de las escuadrillas de escolta) y el Grupo DELTA, responsable de proyectar el poder naval (transportes Castilla y Aragón, flotilla y fuerzas de desembarco).

Por fin, en 1991, la Armada adoptó la estructura básica de los otros ejércitos, decidida desde el Ministerio, articulándose en Cuartel General, Fuerza y Apoyo a la Fuerza.

Como se señaló anteriormente, los planes orgánicos de la Armada han sido acompañados por los correspondientes a sus materiales. Entre 1953 y 1963 ya contaba con los cinco destructores de la clase Fletcher (conocidos como 'Los Cinco Latinos'), el submarino S-31 , doce dragaminas costeros clase Nalón , tres buques de desembarco LSM y 13 lanchas LCM , todo ello con origen en los acuerdos hispano-estadounidenses. Pero en los sesenta, la Armada activó la construcción naval nacional a través de la Primera Fase del Programa Naval. En ella se construyeron cinco fragatas de la clase Baleares , se modernizaron dos destructores, se habilitó el portaaeronaves Dédalo y se nacionalizaron

313 El traslado obedeció al posible teatro de operaciones en las proximidades del eje Baleares-

Estrecho-Canarias (eje que la Armada va a utilizar en esos años para resaltar su interés estratégico), todo ello dentro del Plan de Ordenación Marítima del Estrecho (PLANORDES).

en gran parte los submarinos de la clase Delfín 314 .

Entre 1972 y 1979 se programó el Plan General de la Armada (PLANGEMAR), que va a ser reprogramado en 1978, y que, a pesar de las limitaciones presupuestarias, supuso un nuevo impulso a la modernización de la Fuerza Naval 315 . Destaca especialmente la construcción del portaaviones Príncipe de Asturias , botado en 1982 y que relevó al Dédalo en 1989. De esa época data la baja, en diciembre de 1975, del crucero Canarias , tras 650.000 millas de navegación y casi cincuenta años como buque insignia de la Armada. En ese momento, la Armada, todavía muy numerosa, había sido modernizada en parte, aunque contaba con muchos buques anticuados y a falta de misilística superficie-superficie y de aviones embarcados 316 .

A lo largo de los ochenta se continuó con la Segunda Fase del Programa Naval que incluyó el nuevo portaaviones, las

314 En 1967, la Armada contó, por vez primera, con un portaaeronaves. Había entrado en servicio en 1942 como crucero Wilmington y transformado al año siguiente en portaaeronaves Cabot . Tras la cesión a España, el día del Pilar de 1968, el Dédalo recibió la bandera de combate. Fue durante unos años portahelicópteros, hasta la llegada de los primeros aviones Harrier de despegue vertical en 1972.

315 Es posible incluir el este Plan a los Harrier , las , los submarinos , los cuatro patrulleros de la y las cuatro , además de los

seis corbetas de la clase Descubierta de la clase Galerna clase Serviola , el Príncipe de Asturias fragatas de la clase Santa María helicópteros que armaron aquellos buques.

316 En 1977 componían la Armada un portaaeronaves, 13 destructores, tres fragatas rápidas, tres fragatas, cuatro fragatas clase Baleares , cuatro corbetas, nueve submarinos, 16 dragaminas, cuatro patrulleros, tres transportes de ataque y cuatro buques de desembarco. Y se encontraban en construcción: cinco patrulleros Lazaga , seis Barceló , cuatro corbetas Descubierta , dos submarinos Galerna y una fragata Baleares .

fragatas FFG , la segunda serie de las corbetas clase Cazadora y el resto de submarinos de la clase Agosta .

Por fin, en 1988 se diseñó el Plan Alta Mar, que fue aprobado por el Gobierno en 1989 y cuyo desarrollo es posterior a la época analizada 317 .

8.4. El Ejército del Aire

El 8 de agosto de 1939 se creó el Ministerio del Aire y el 7 de octubre del mismo año, el Ejército del Aire (EA), cuya organización territorial se había diseñado en septiembre 318 . En febrero de 1968 tan sólo quedaban tres regiones aéreas (Madrid, Sevilla y Zaragoza) y la Zona Aérea de Canarias. Incluso después del nacimiento de los mandos funcionales, la articulación territorial perduraría durante todo el periodo analizado.

Los acuerdos con Estados Unidos permitieron, gracias a la llegada de materiales aéreos, la formación de mandos funcionales. En abril de 1956 nació el Mando de la Defensa Aérea y en 1964, el de la Aviación Táctica y la Jefatura de la Aviación de Transporte. Igualmente empezó a desplegarse la Red de Alerta y Control que, en 1977, ya enlazaba con el sistema de alerta de la OTAN. También comenzó la modernización de las bases aéreas.

En 1977 se produjo la separación entre la organización territorial (regiones

317 Ese Plan permitirá la incorporación de la segunda serie de las fragatas clase Santa María , las fragatas F-100 , los cazaminas Segura y diversos dragaminas, así como los buques anfibios Galicia y Castilla .

318 Se definen las Regiones Aéreas Cantábrica, Pirenaica, Centro, Frontera Portuguesa y Estrecho, y las Fuerzas Aéreas de Baleares, África y del Atlántico.

aéreas) y la organización funcional (mandos aéreos), aunque las jefaturas coincidían en los mismos tenientes generales. La reestructuración procedía del denominado programa ORGEA, que articulaba el EA en tres bloques: político-militar, desempeñado por el jefe del Estado Mayor del Aire (JEMA); de dirección (mandos), y de ejecución (unidades aéreas). En 1978, el EA se articuló en Cuartel General, Fuerza Aérea y Logística Aérea 319 . La Fuerza Aérea se organizó, a su vez, en Mando de Combate (MACOM), Mando Táctico (MATAC) y Mando de Transporte (MATRA), además del Mando de Canarias, que databa de 1977.

En 1989 se publicó el Real Decreto de Estructura Básica de los Ejércitos y, entre ese año y 1991 desaparecieron los mandos funcionales regresando al sistema de Mandos Regionales Orgánicos  Centro, Estrecho, Levante y Canarias  , que heredaron las misiones multifuncionales, a la vez que se reducía el número de puntos de despliegue 320 .

En cuanto a materiales, los acuerdos de 1953 cambiaron la cara de la fuerza aérea. Antes de 1959 ya se habían incorporado 260 Sabres , así como los Lockheed T33 321 . En los sesenta serán los T6, DC 3 y 4 y los Starfighter 322 .

319 En 1984 pasará a denominarse Apoyo a la Fuerza

320 Aunque se salga del periodo cronológico analizado, es conveniente señalar que en 1996 nació el Mando Aéreo de Combate, semejante a la Fuerza de Maniobra del ET, o a la Flota en la Armada.

321 Estados Unidos no permitió su utilización en

los conflictos de Ifni y Sahara. Una consecuencia de ello fue la compra de los Mirage a Francia.

322 A lo aviones de ayuda estadounidense, deben

añadirse los españoles Saeta , Supersaeta y Aviojet .

Con la firma del segundo acuerdo en 1971, se incrementó la llegada de materiales estadounidenses. En la época de creación del Ministerio de Defensa ya se disponía de la mayor parte de los Mirage IIIE , F1C, Phantom, F5, P3 Orion, Canadair, Hércules y Aviocar . Ello suponía contar con una flota de 124 aviones de combate en 1979.

La última adquisición de importancia de material de Estados Unidos obedeció a la implantación del Programa del Futuro Avión de Combate y Ataque (FACA), nacido en 1978 para sustituir a los viejos Mirage, F4, F5 y Phantom . Tras una preselección de siete modelos europeos y estadounidenses, casi por única vez, se respetaron los criterios operativos de los pilotos españoles y la elección recayó en el F/A 18 ( EF 18 en versión española) del que se adquirieron 72 aviones, frente a los 149 que deseaba el EA, y que se acabaron de recibir en 1990.

Aunque el proyecto de un caza europeo era anterior (1976) 323 , hasta 2003 no se recibió el primer EF 2000 .

9.- LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ

Aunque el grueso de la Operaciones de Mantenimiento de la Paz (OMP) realizadas por las FAS españolas sea posterior al periodo analizado, no podría terminarse este trabajo sin hacer alguna referencia a ellas. En 1988 se recibió una solicitud formal del secretario general de Naciones Unidas, Pérez de Cuéllar, para que, tras casi dos siglos de aislamiento internacio-

323 Comenzó con la colaboración de Alemania, Francia, Reino Unido e Italia, al que se incorporó España en 1983: Programa European Fighter Aircraft (EFA).

nal, siete militares españoles, al mando del teniente coronel Rodríguez Rodríguez, participaran como observadores en la misión UNAVEM I (control de la retirada cubana del conflicto angoleño). Pronto vendría Centroamérica (ONUCA, ONUSAL, etc.), los Balcanes y otras muchas más. Pero esa es otra historia.

La historia de la exitosa participación de unidades españolas, codo con codo con las de sus aliados, en esas misiones de paz, las cuales, sin las transformaciones realizadas en la política de defensa y en los ejércitos en los años setenta y ochenta, hubieran resultado inviables. Es de justicia, por ello, dejar aquí constancia de que, a pesar de las dolorosas bajas sufridas en tales misiones, las ventajas que la participación en ellas ha proporcionado a los ejércitos de España han sido extraordinarias 324 .

Gracias a aquellos principios, las FAS se encuentran hoy plenamente integradas en la estructura democrática del Estado, profesionalizadas, forman parte sin complejos de las alianzas más importantes del mundo, se proyectan globalmente a diario y cuentan con alto prestigio dentro y fuera de España. Aquella semilla acabó fructificando. Tan sólo resta la asignatura pendiente de la dotación económica que merecen y precisan.

324 En la obra del autor de estas páginas, Reflexiones militares de un viejo soldado (Madrid, Grupo Atenea, 2014), se señalan las siguientes: profesionalización de la tropa y marinería; puesta a punto operativo y logístico de las unidades; modernización, internacionalización y homologación de materiales y procedimientos; capacitación de apoyo logístico a grandes distancias; mejora en el dominio del idioma inglés; garantía de una próxima tarea concreta real a las unidades; mejora en la autoestima personal y colectiva; aumento del prestigio interno e internacional de nuestros ejércitos, y mejora de la capacidad de interlocución con elementos civiles y con otros ejércitos.

LA REFORMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LA JUSTICIA MILITAR ESPAÑOLA EN LA TRANSICIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA

José Luis Rodríguez-Villasante y Prieto Doctor en Derecho. General Consejero Togado ®

El sistema penal y disciplinario de las Fuerzas Armadas españolas experimentó una modificación profunda y básica durante la transición democrática, siendo la Jurisdicción Militar ha sido limitada al ámbito estrictamente castrense (Artículo 117. 5 de la Constitución) a través de cuatro leyes orgánicas: L. O. 12/1985, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas; L.O. 13/1985, de Código Penal Militar; L.O. 4/1987, de la competencia y organización de la Jurisdicción Militar, y L.O. 2/1989, Procesal Militar.

RESUMEN:

ABSTRACT:

The Spanish Armed Forces crime and disciplinary system underwent a deep and basic reform during democratic transition, being the military jurisdiction limited to the strict military scope (Article 117.5 of the Constitution). The reform was enforced through four organic laws: L. O. 12/1985, for the Armed Forces Disciplinary Regime; L. O. 13/1985, for the Military Criminal Code; L. O. 4/1987, for the Military Jurisdiction Organization and Competence, and L. O. 2/1989, for the Military Procedural Code.

PALABRAS CLAVE: Transición democrática; Constitución Española; Jurisdicción Militar ; Ley Disciplinaria Militar; Código Penal Militar; Organización y Competencia; Ley Procesal Militar .

KEYWORDS: Democratic transition; Spanish Constitution; Military Jurisdiction; Disciplinary Law; Military Criminal Code; Organization and Competence; Military Procedural Code .

  • 1.- LOS INICIOS DE LA REFORMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LA JUSTICIA MILITAR ESPAÑOLA
  • 1.1. El Código de Justicia Militar de 1945 y los Pactos de la Moncloa

Aunque durante los años anteriores a 1975 no faltaron intentos de modificar la secular organización de la Justicia Militar española (para cuyas líneas básicas hay que remontarse al Código de Justicia Militar del Ejército de 1890), la proyectada modificación del Código de Justicia Militar de 1945 aparece  iniciado el proceso de transición política en España  en el texto del acuerdo sobre el programa de actuación jurídica y política aprobado en Madrid el 27 de octubre de 1977, más conocido con el nombre de Pactos de la Moncloa . En efecto, el apartado VII de los indicados acuerdos lleva por título «Código de Justicia Militar» y se refiere a las siguientes cuestiones:

  • A) Reconsideración de sus límites en relación con la competencia de la Jurisdicción Militar:
  1. Por razón del delito. Resolver la dualidad de tipificación entre el Código Penal Común y el Código de Justicia Militar, restringiéndose éste al ámbito de los delitos militares.
  2. Por razón del lugar. Limitar la competencia de la Jurisdicción Militar a los actos cometidos en centros o establecimientos o lugares estrictamente militares.
  3. Por razón de la persona. Revisar los supuestos de desafuero y los términos en que se resuelve la competencia cuando concurre personal militar y no militar en unos mismos hechos que no constituyen delito militar.
  • B) Sometimiento a los Tribunales ordinarios de las Fuerzas de Orden Público, cuando actúen en el mantenimiento del mismo.
  • C) Fortalecimiento de las garantías procesales y de defensa en los procedimientos de la Jurisdicción Militar.

1.2. La referencia constitucional a la Jurisdicción Militar

La Constitución española de 27 de diciembre de 1978 aportó la consolidación al máximo nivel normativo de los siguientes principios constitucionales:

  • 1.º La Justicia Militar forma parte del Poder Judicial del Estado, al estar regulada (art. 117.5) en el Título VI de la Constitución ' Poder Judicial', por tanto no forma parte de la Administración del Estado (art. 97 de la Constitución) y, en consecuencia, no depen-
  • de del Ministerio de Defensa (creado en 1977) ni está integrada en las Fuerzas Armadas.
  • 2.º El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales (art. 117.5 de la Constitución).
  • 3.º Se limita el ejercicio de la Jurisdicción Militar (competencia) al ámbito estrictamente castrense y a los supuestos de estado de sitio (art. 117.5).
  • 4.º Se determina que la Jurisdicción Militar actuará de acuerdo con los principios de la Constitución (art. 117.5).
  • 5.º Se suprime la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra (art. 15 de la Constitución). Aunque el Código Penal Militar de 1985 mantuvo la pena de muerte para determinados delitos cometidos en tiempo de guerra, la pena de muerte fue suprimida también en el ámbito penal militar por Ley Orgánica 11/1995.
  • 6.º Se garantizan una serie de derechos fundamentales y libertades públicas con importante incidencia en las normas penales, disciplinarias y procesales castrenses.
  • 7.º Se consagran los principios de especialidad e integración en el poder judicial de la Jurisdicción Militar.

1.3. La reforma del Código de Justicia Militar por Ley Orgánica 9/80

Una de las primeras preocupaciones del Gobierno durante la transición política española fue la reforma urgente del entonces vigente Código de Justicia Militar. Así, en la Exposición de Motivos del

Proyecto de Ley de Reforma del Código de Justicia Militar (publicado en el Boletín Oficial de las Cortes el 15 de noviembre de 1978), se dice textualmente:

Por imperativos derivados del cumplimiento del punto VII del programa de actuación jurídica y política de los Pactos de la Moncloa, se acomete la tarea de modificar aspectos concretos de la normativa del sistema procesal y sustantivo del Código de Justicia Militar, dejando la revisión general del mismo para fecha posterior.

Se demoró tanto la tramitación parlamentaria de dicha ley que en éste tiempo se promulgó la Constitución, posteriormente se disolvieron las Cortes, se convocaron nuevas elecciones y todo ello supuso la práctica paralización del Proyecto durante 1979 325 . En el año 1980 una serie de actuaciones de la Jurisdicción Militar (entre ellas, el procesamiento de la directora de cine Pilar Miró por su película El crimen de Cuenca ) planteó de nuevo la reforma en proyecto, acentuando tanto su urgencia como su provisionalidad.

Finalmente fue aprobada la Ley Orgánica 9/1980, de 6 de noviembre, de reforma del Código de Justicia Militar, que fue la primera norma de la transición política sobre la modificación de la justicia castrense en España 326 . Se trataba de una ley de gran trascendencia y de urgente necesidad, pero insuficiente (a pesar de que modificó 106 artículos del Código de Justicia Militar) para ajustar el sistema

325 MILLAN GARRIDO, Antonio: 'Prólogo', en Justicia Militar, Madrid, Ariel, 2012, pp. 30 y ss.

326 VALENCIANO ALMOYNA, Jesús: 'En torno a un nuevo Código de Justicia Militar', Revista Española de Derecho Militar, 35 (1978), pp. 55

y ss.

penal, orgánico y procesal militar a los principios constitucionales.

La nueva ley orgánica trataba de resolver las cuestiones planteadas en los Pactos de la Moncloa, antes señaladas, estableciendo los siguientes principios:

  • a. Reconocimiento de la especial naturaleza de las infracciones militares que «comprenden generalmente un tipo de antijuridicidad y culpabilidad compleja, en las que el hecho no es susceptible de juicio ajeno a los profesionales de las armas».

  • b. Existencia de un poder punitivo interno y propio de la institución militar.

  • c. Previsión de un sistema modernizado de justicia militar, que resultará más eficiente en su día con una revisión general del Código cuando los cambios legales de la organización militar, la penal y la general del Estado obliguen a emprender la tarea de estudio y preparación de la obra que al Gobierno y a las Cámaras legislativas concierne. A tales efectos se dispone la elaboración de un plan de informes y anteproyectos relativos a la Reforma Legislativa de la Justicia Militar.

  • d. Se configura la posibilidad de una nueva ordenación disciplinaria que sirva de prerrogativa sancionadora puramente interna de los ejércitos, descargándose la judicialidad de todo proceder que anticipadamente pueda corregirse. Se separan, pues, los campos de lo judicial y disciplinario autorizando al Gobierno para dictar un Reglamento General de Disciplina Militar de acuerdo con las bases que se establecen.

  • e. Quiebra de los principios de autonomía y especialidad de la Jurisdicción Militar al establecer un recurso de casación contra las sentencias dictadas en primera instancia por el Consejo Supremo de Justicia Militar, ante la Sala Segunda (de lo Penal) del Tribunal Supremo. Pudo escribirse entonces que el Consejo Supremo había dejado de ser supremo y, frente a los que estimaban que este recurso de casación tenía un valor simbólico (por lo restringido de la competencia del Consejo Supremo para conocer en primera instancia), el proceso del 23-F supuso la interposición de este nuevo recurso de casación y la finalización de la causa con sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Este caso confirmó la idea de suprimir el Consejo Supremo de Justicia Militar.

  • f. Fortalecimiento de las garantías proce-

  1. sales y de defensa en los procedimientos que se sigan en la Jurisdicción Militar.
  • g. Eliminación de la dualidad de algunas tipificaciones superpuestas en el Código Penal y en el de Justicia Militar, tratando de superar los flagrantes casos de las relaciones de alternatividad entre ambos textos penales. Ciertamente este propósito no se logró completamente y aún después de la entrada en vigor del Código Penal Militar (1985), de la Ley Orgánica 14/1985 (Ley 'Puente') y del nuevo Código Penal (1995), hubo que lamentar la persistencia de tipos penales alternativos en los textos penales común y castrense hasta el Código Penal Militar de 2015.
  • h. Modificación muy restrictiva de la competencia de la Jurisdicción Militar
  1. por razón del delito, lugar, persona,
  2. causas de desafuero, conexión y codelincuencia de personas sujetas a distinto fuero.

Al estudiar el contenido de la L. O.

9/1980, se puede concluir que es un claro exponente de la prudencia, vacilaciones y falta de decisión en el desarrollo de los preceptos constitucionales que caracterizó a esta etapa de la transición política en España.

Analizando con detenimiento los principios generales de la L. O. 9/1980 que antes se han resumido, aun valorando sus indudables pasos adelante, se pueden deducir algunos principios que merecieron una justificada crítica. Así, la afirmación de que la especial naturaleza de las infracciones militares implica que el hecho no es susceptible de juicio ajeno a los profesionales de las armas es contradictoria con el nuevo recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo (y también con la composición de la vigente Sala de lo Militar del Tribunal Supremo). La existencia de un «poder punitivo interno y propio de la institución militar» choca frontalmente con la configuración constitucional de la Jurisdicción Militar como parte del Poder Judicial.

Además, evitaba la ley la reforma de una cuestión importante. Se trataba del mantenimiento de la atribución del ejercicio de la Jurisdicción Militar a los mandos militares (capitanes generales), en su condición de autoridades judiciales, que no podía satisfacer el principio constitucional de la judicialidad de las penas. Incluso la acertada previsión de una separación de lo penal y lo disciplinario militar no podía arbitrarse a través de la autorización al Gobierno para dictar un Reglamento General de Disciplina Militar, por la sencilla razón de que la competencia atribui-

da a los mandos militares para imponer sanciones de arresto (previstas a contrario sensu en el artículo 25 de la Constitución), que implican privación de libertad, suponía una reserva de ley y obligaba a establecerlas en una Ley Orgánica conforme al artículo 81 de la Constitución.

En la preparación, debate parlamentario y contenido de la ley analizada resultó muy significativo el aplazamiento de «un sistema modernizado de justicia militar» que, con el argumento de que «resultará más eficiente», se demora hasta que se cumplan los futuros «cambios legales de la organización militar, la penal y la general del Estado». Cautelas que se concretan en el contenido de la disposición final primera de la ley que dispone la constitución, bajo la autoridad del ministro de Defensa, de una Comisión para el estudio y reforma de la Justicia Militar para elaborar un proyecto articulado de código o códigos referentes a este ámbito antes de un año a partir de su constitución, en el que se reflejen debidamente los principios jurídicos del orden constitucional nacional, la autonomía y especialidad de la Jurisdicción Militar equilibradamente ponderada con la unidad procesal y sustantiva del ordenamiento jurídico y el sistema del poder judicial, así como el progreso comparado de los de la orgánica judicial militar de los ejércitos extranjeros de más asidua relación .

La crítica que merecieron las cautelas y el carácter fragmentario de la L. O. 9/1980, de 6 de diciembre, pese a que supuso algún notable avance en el sistema del Código de Justicia Militar (de secular vigencia), contrastaba con la valoración positiva y el decidido progreso que para la organización de la Defensa y de las Fuerzas Armadas, significó una ley anterior y del mismo año. Se trata de la Ley Orgánica 6/1980, de 1 de julio, por la que se regulan los criterios básicos de la Defensa Nacional y la Organización Militar. En el artículo 40 de esta ley básica (capítulo VII) dedicado a la Jurisdicción Militar , se establecía que la Justicia Militar se administrará en nombre del rey, en la forma que determine el Código de Justicia Militar y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución. No era ciertamente gratuita la alusión al artículo 123 de la Constitución, inserto en el Título VI del Poder Judicial, pues este precepto dispone que el Tribunal Supremo es la instancia judicial superior, salvo en las garantías constitucionales. Suponía el acta de extinción del Consejo Supremo de Justicia Militar como instancia superior de la Jurisdicción Militar, pero la L. O. 9/1980 no optó por la lógica consecuencia: la supresión del alto tribunal castrense.

La redacción de este importante artículo 40 de la L. O. 6/1980 continuaba estableciendo que la ley regulará el ejercicio de la Jurisdicción Militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, bajo los principios de especialidad jurisdiccional, salvaguardando debidamente la unidad del Poder Judicial del Estado. Añadía el precepto que el procedimiento penal militar establecerá la garantía de defensa. La apelación, casación y revisión de los fallos de los jueces y tribunales estarán reguladas en el Código de Justicia Militar con las restricciones que para el estado de sitio o tiempo de guerra se determinen.

Por último, el referido artículo 40 disponía:

[L]a constitución, funcionamiento, gobierno y estatuto de la Autoridad judicial militar, sus Juzgados, Tribunales y Minis-

terio Fiscal jurídico militar y el personal a ellos asignados, se regulará en la ley y en los reglamentos de su desarrollo.

Adviértase la cautela de esta ley orgánica de criterios básicos. Seguía haciendo referencia a la «Autoridad judicial militar» , que en aquel momento (y hasta la entrada en vigor de la L. O. 4/1987 el 1 de mayo de 1988) se atribuía a los capitanes generales y otras autoridades del Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire. Pero, seguidamente, se relacionaban unos inexistentes tribunales, salvo que se quisieran describir así los no permanentes consejos de guerra, nombrados por la autoridad judicial militar para cada juicio penal.

1.4. La publicación del Proyecto de Ley Orgánica de Código Penal de 1980

Por otra parte, también en la legislación penal común se prepara en la transición política el que se denominó después el 'Código Penal de la democracia' . Una ponencia especial, constituida en la Sección IV de la Comisión General de Codificación, elaboró un Anteproyecto de Código Penal que el Gobierno remitió al Congreso de los Diputados y fue publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el día 17 de enero de 1980 327 . Este proyecto supuso una completa revisión de nuestro ordenamiento penal común. Según la Exposición de Motivos, el Proyecto se inspira en los postulados de la moderna política criminal, en la modernización de las penas y en la eliminación de ciertos delitos formales. Los delitos se

327 RODRIGUEZ DEVESA, José María: 'La Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense,

reforma del derecho penal militar', extraordinario 3 (1980), pp. 9-16.

sistematizan en atención a la jerarquía y complejidad del bien jurídico lesionado, se adopta el sistema dualista de penas y medidas de seguridad y se consagra el principio de culpabilidad.

Este Proyecto de Ley, que por cierto no prosperó y hubo que esperar al Código Penal de 1995 (el antes definido como 'el Código de la democracia'), influyó decisivamente en la reforma de la Justicia Militar y, concretamente, en los redactores del Código Penal Militar que lo tuvieron como segura referencia.

1.5. La reforma de la Justicia Militar en la transición política española: principios generales

En el periodo conocido como la transición política española y a la vista del ordenamiento jurídico, fueron formuladas y desarrolladas como líneas directrices de la reforma de la Justicia Militar las siguientes 328 :

  • 1.ª Toda reforma militar debe tener presente la misión constitucional de las Fuerzas Armadas (art. 8 de la Constitución).
  • 2.ª Los derechos y deberes fundamentales de los españoles, recogidos en el Título I de la Constitución, deben ser respetados y tutelados por la Jurisdicción garantías
  • Militar, particularmente aquellos derechos relacionados con las penales y procesales.
  • 3.ª La Jurisdicción Militar forma parte del Poder Judicial del Estado (Título VI de la Constitución) y constituye una jurisdicción especial dentro del princi-

328 RODRIGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO, José Luis, 'El Código Penal Militar', Revista General de Derecho, 499 (1986), pp. 1276 y 1277.

  • pio de la unidad jurisdiccional del Estado.
  • 4.ª La Jurisdicción Militar se ejercerá en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio.
  • 5.ª El procedimiento penal militar establecerá la garantía de defensa, apelación, casación y revisión de los fallos, con las restricciones que para el estado de sitio o tiempo de guerra se determinen.
  • 6.ª Se establecerá un estatuto de la autoridad judicial militar, sus juzgados, tribunales y Ministerio Fiscal JurídicoMilitar.
  • 7.ª Se realizará la separación adecuada entre la acción penal y la acción disciplinaria, atribuyendo la potestad sancionadora penal a los tribunales castrenses y la potestad disciplinaria a las autoridades y mandos militares.
  • 8.ª Los principios recogidos en las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas, regla moral de la institución militar y marco que define las obligaciones y derechos de sus miembros presidirán la redacción del futuro código castrense.
  • 9.ª Se prescindirá de un código militar integral, aprobándose en diferentes leyes orgánicas las normas penales, disciplinarias, orgánicas y procesales.
  • 10.ª El futuro código militar deberá reflejar debidamente la autonomía y especialidad de la Jurisdicción Militar, equilibradamente ponderada con la unidad procesal y sustantiva del ordenamiento jurídico y el sistema del poder judicial.
  • 11.ª Para la reforma de la Justicia Militar se deberá tener en cuenta el progreso comparado con los sistemas de la or-
  • gánica judicial militar de los ejércitos extranjeros de más asidua relación.

La Disposición final primera de la L. O. 9/1980 había establecido la constitución, bajo la autoridad del ministro de Defensa, de una Comisión para el estudio y reforma de la Justicia Militar, cuyo cometido sería la elaboración de informes y anteproyectos relativos a la reforma legislativa, reordenación y modernización de la jurisdicción castrense. Tal comisión se constituyó efectivamente por Orden Ministerial 110/00014/80, bajo la presidencia del teniente general presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar y la Vicepresidencia y dirección técnica del general consejero togado Francisco Jiménez y Jiménez 329 . El autor de este trabajo formó parte de la Comisión en unión de relevantes compañeros de los tres ejércitos, del Cuerpo Jurídico Militar y de la Guardia Civil.

La Comisión trabajo intensamente durante más de dos años y fruto de sus trabajos y dividida en tres secciones (penal, orgánica y procesal) fue un Anteproyecto completo de Código Penal Militar y diversos estudios parciales sobre aspectos orgánicos y procesales de la reforma de las leyes militares, así como una contribución al Anteproyecto de Ley de Régimen Disciplinario Militar, con objeto de lograr su armonización con el Código Penal Militar en proyecto. La Comisión se disolvió de forma tácita en 1982, haciendo entrega de sus trabajos al Ministerio de Defensa.

El nuevo Gobierno, sustentado por la mayoría política obtenida en las elecciones de 1982, comenzó entonces el proce-

329 MILLÁN GARRIDO, Antonio: Justicia Militar, op. cit., p. 34

so de iniciativas legislativas que culminaron con la aprobación por las Cortes Generales de las diversas Leyes Orgánicas que reformaron profundamente la Justicia Militar, fruto genuino del consenso logrado en esta materia por la transición política española, que relacionamos a continuación 330 :

  •  Ley Orgánica 12/1985, de 27 de noviembre, de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas.
  •  Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, de Código Penal Militar
  •  Ley Orgánica 14/1985, de 9 de diciembre, de modificación del Código penal, y de la Ley Orgánica 8/1984, en correlación con el Código Penal Militar. Llamada 'Ley puente' pues tipificaba y remitía al Código Penal común para evitar la impunidad determinadas infracciones que dejaban de ser delitos militares.
  •  Ley Orgánica 4/1987, de 15 de julio, de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar
  •  Ley 9/1988, de 21 de abril, de Planta y Organización Territorial de la Jurisdicción Militar.
  •  Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar.

Una vez aprobada y en vigor esta última Ley Orgánica, que derogó los últimos preceptos vigentes del Código de Justicia Militar de 1945, puede afirmarse que finalizó la reforma de la Justicia Militar realizada en la transición política española durante más de diez años de es-

330 JIMÉNEZ JIMÉNEZ, Francisco: Introducción al Derecho Penal Militar, Madrid, Civitas, 1987, p. 201.

fuerzos (desde los Pactos de la Moncloa de 1977 a la aprobación de la L. O. Procesal Militar de 1989) para configurar, como afirma Millán Garrido, «una Justicia castrense acorde con la Constitución y regida por los principios comúnmente aceptados en nuestro entorno sociocultural» 331 .

No finalizó con estas normas la producción legislativa y reglamentaria relativa a la Justicia Militar, pero, pese a su gran importancia, no pueden considerarse estas normas posteriores incluidas en la reforma realizada en la transición política, pues responden a modificaciones y desarrollos del ordenamiento jurídico español, en particular disciplinario, penal, orgánico y procesal militares. Se citarán como más relevantes las siguientes:

  •  Real Decreto 555/1989, de 19 de mayo, sobre anotación y cancelación de notas desfavorables en la documentación militar profesional.
  •  Ley Orgánica 11/1991, de 17 de junio, de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil.
  •  Ley Orgánica 13/1991, de 20 de diciembre, del Servicio Militar, Disposición Adicional 8ª, que modificó el Código Penal Militar y la L.O. Procesal Militar.
  •  Real Decreto 1396/1992, de 20 de diciembre, Reglamento de Establecimientos Penitenciarios militares.
  •  Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, Disposición Adicional 1ª, que modificó la L.O. 4/1987, de la

331 MILLÁN GARRIDO, Antonio: Justicia Militar, op. cit., p. 72.

  • competencia y organización de la Jurisdicción Militar.
  •  Ley Orgánica 11/1995, de 27 de noviembre, de abolición de la pena de muerte.
  •  Ley Orgánica 8/1998, de 2 de diciembre, Régimen Disciplinario Militar.
  •  Ley 44/1998, de 15 de diciembre, de Planta y Organización territorial de la Jurisdicción Militar.
  •  Ley Orgánica 9/2003, de 15 de julio, por la que se modifica la L.O. 4/1987, de la competencia y organización de la Jurisdicción Militar.
  •  Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil.
  •  Ley Orgánica 12/2007, de 22 de octubre, de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil.
  •  Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, por el que se aprueban las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas.
  •  Ley Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.
  •  Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas.
  •  Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, del Código Penal Militar.
  •  Real Decreto 112/2017, de 17 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario Militar.

2.- LA LEY ORGÁNICA 13/1985, DEL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR

2.1. Preparación, aprobación y entrada en vigor 332

Partiendo del contenido del mencionado Anteproyecto de la Comisión para el estudio y reforma de la Justicia Militar, pero con puntuales modificaciones, el Gobierno remitió a las Cortes el 12 de septiembre de 1984 el Proyecto de Ley Orgánica de Código Penal Militar que, después del correspondiente trámite parlamentario, se aprobó como Ley Orgánica 13/1985, de 9 de diciembre, que entró en vigor el 1 de junio de 1985 333 .

Paralelamente fue aprobada la llamada 'Ley puente', L. O. 14/1985, de 9 de diciembre, que modificó el Código Penal, y la L. O. 8/1984, en correlación con el Código Penal Militar.

La Exposición de Motivos del Código Penal Militar expone su propósito de reflejar debidamente los principios constitucionales, el de especialidad de la Jurisdicción Militar y los progresos de la moderna ciencia jurídico-penal y del derecho comparado, con objeto de disponer de leyes penales culpabilistas.

  • 2.2. Principios y criterios determinantes del Código Penal Militar
  • 2.2.1. La promulgación separada de las leyes relativas a la Justicia Militar

La primera decisión del legislador penal militar y el criterio que presidió la

332 RODRIGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO, José Luis y BLECUA FRAGA, Ramón (coords.): Comentarios al Código Penal Militar, Madrid, Civitas, 1988.

333 MILLÁN GARRIDO, Antonio, Justicia Militar, op. cit., pp. 36-38.

redacción del Código y, en realidad, toda la reforma de la Justicia Militar, fue la promulgación separada de las leyes penales, disciplinarias, orgánicas y procesales militares, que se justificó en la alusión a «nuestros mejores Códigos penales castrenses» y a los ejemplos del derecho comparado 334 . En realidad se trataba de superar la idea de código integral o vademécum, regulador de aspectos penales, disciplinarios, orgánicos, procesales o incluso administrativos, que presidía el Código de Justicia Militar de 1945.

2.2.2. La separación entre lo penal y lo disciplinario

Una norma fundamental de la reforma fue la separación de la materia penal de la disciplinaria, con normas que se promulgan separadamente (L. O. 12/1985 y L. O. 13/1985). Ello comportaba la eliminación de las faltas judiciales militares, transformando parte de ellas en delitos menores y constituyendo las más la materia propia del régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas. Principio recogido en el artículo 6 del Código Penal Militar y que implicaba la adecuada coordinación entre ambas leyes orgánicas, remitidas a diferentes Comisiones en el Congreso, lo que dificultó el estudio conjunto de los tipos penales y disciplinarios 335 .

2.2.3. Un Código no integral, parcialmente complementario

La innovación de mayor trascendencia del Código fue, sin duda, que dejó de ser un código integral o completo para convertirse en una norma penal complemen-

334 RODRIGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO, Jose Luis, 'El Código Penal Militar', op. cit., pp. 1279 y 1280.

335 MOZO SEOANE, Antonio: Comentarios al Código Penal Militar, op. cit., pp. 177-196.

taria del Código Penal 336 . En la primera exposición de motivos del Proyecto se justificaba cumplidamente el carácter de las leyes penales especiales y el abandono de la técnica del código integral por la doctrina y las legislaciones militares más modernas. El artículo 5 del Código Penal Militar establece el principio de la especialidad del código castrense y la aplicabilidad del Código penal con una «clausula de salvaguardia» 337 . Sin embargo, en la actualidad, merecería alguna crítica la configuración del texto punitivo castrense al tratarse de un código solo parcialmente complementario, de excesiva extensión y que no satisface adecuadamente el principio de complementariedad respecto del Código Penal común, según los modelos de los códigos castrenses contemporáneos 338 .

2.2.4. La grave indeterminación del código penal de referencia

El principal problema de la codificación penal militar fue la grave indeterminación del texto punitivo castrense, pues no se sabe bien si es complementario del Código Penal entonces vigente (y desde luego existen notorias diferencias entre ambos), del referido Proyecto de Código Penal de 1980 o del Anteproyecto del Ministerio de Justicia de 1983. Desde luego no es complementario del vigente Código Penal que fue aprobado por Ley

336 RODRIGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO, Jose Luis, 'El Código Penal Militar', art. Cit. p.

337 RODRIGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO, José Luis: Comentarios al Código Penal Militar, op. cit., pp. 101-175.

338 RODRIGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO, José Luis: 'El Código Penal militar en el sistema penal español. Principio de especialidad y concurso de leyes', en El Derecho penal y procesal militar ante la reforma de las normas comunes, Madrid, Consejo General del Poder Judicial, 1996, pp. 21 y ss.

Orgánica 10/1995, es decir diez años después que el Código Penal Militar. Ahora bien, no es aceptable la postura de aquellos que critican que fuera aprobada antes la ley complementaria que la básica, desconociendo la urgencia de derogar el Código de Justicia Militar de 1945 y ajustar la Justicia Militar a la Constitución de 1978, como imperiosa necesidad sentida en el proceso español de transición política.

2.2.5. Influencia de los códigos penales extranjeros

No se puede olvidar en la codificación la influencia notoria de nuestro Derecho penal militar y común histórico, sin embargo en el Código Penal Militar se advierte como novedad la impronta (no confesada en su Exposición de Motivos) de los más modernos, en aquella época, códigos penales militares o códigos de Justicia Militar extranjeros, con la única excepción (que hay que lamentar) de los textos legales anglosajones. Son notorias las aportaciones que provienen de los Códigos Penales de Paz y de Guerra italianos de 20 de febrero de 1941 (definiciones, delitos contra la defensa nacional, en particular el derrotismo, delitos contra centinela o fuerza armada, deberes del mando, quebrantamiento de servicio, embriaguez en acto de servicio y delitos contra los deberes del servicio relacionados con la navegación). La Ley Penal alemana de 24 de mayo de 1974, comentada por nuestra mejor doctrina (E. Calderón Susín y A. Millán Garrido) influyó en la parte general (definiciones y circunstancias modificativas) y en algunos delitos en particular como la desobediencia.

En Francia se reformó profundamente el Código de Justicia Militar, por De- creto de 19 de noviembre de 1982, que

modificó el primitivo texto de 8 de julio de 1965. Su influencia en el Código Penal Militar español fue determinante en el tratamiento de las penas, delitos de sabotaje o destrucción, incitación a la sedición, ofensas contra los superiores y delitos contra los deberes del servicio relacionados con la navegación. Pero no solo se tuvo en cuenta el código castrense sino la totalidad del sistema penal francés en los delitos contra la defensa nacional: traición, espionaje y revelación de secretos.

El Código de Justicia Militar de Portugal, aprobado por Ley 141/1977, de 9 de abril, fue considerado como modelo para los delitos de cobardía, quebrantamiento de servicio, delitos contra la eficacia en el servicio y deber de presencia, contra el decoro y contra los bienes militares.

Han tenido menos influencia en la codificación penal militar española la Ley sobre Defensa Nacional de Canadá de 30 de junio de 1950 (delitos contra el deber de presencia); el Código Penal Militar de Suiza de 13 de junio de 1927, con sus reformas posteriores; el Código Penal Militar de Bélgica de 27 de mayo de 1870, y, sobre todo, el excelente anteproyecto belga de Código Penal Militar de 1978 en los delitos de capitulación, abandono de servicio, insubordinación, vías de hecho e infracciones contra las leyes y costumbres de la guerra. Finalmente, es muy apreciable la influencia del Código de Justicia Militar de la República Argentina en el principio de especialidad, cláusula de salvaguardia , sistema de penas militares, delitos de traición, espionaje y revelación de secretos, rebelión, abuso de autoridad, negligencia, honor militar y deberes de la navegación.

2.2.6. El sujeto activo del delito y la incriminación de personas sin condición militar

La Comisión que elaboró el proyecto del Código Penal Militar siguió el criterio de la exclusiva protección de bienes jurídicos afectantes a las Fuerzas Armadas , en los que es circunstancia principal la participación de militares como sujeto activo del delito. Ahora bien, esto no impidió la excepcional incriminación de personas que no tengan la condición militar, bien por la vía indirecta de la participación de stranei en un delito militar o en algunos contados casos en los que el delito puede ser cometido por cualquier persona.

El sistema que preside el Código Penal castrense combina, no siempre de forma coherente, el criterio del sujeto activo del delito militar (necesidad o no de la condición militar) con la circunstancia de paz o guerra, limitando como regla general el delito militar en tiempo de paz a los miembros de las Fuerzas Armadas («el militar que…»).

En esta cuestión, se debe recordar que incluso en algunos Estados, caracterizados por la vigencia de códigos penales militares rigurosos en cuanto a las personas (es decir, que solo los militares pueden ser sujetos activos de las infracciones castrenses); sin embargo se amplía el concepto de militar (para comprender a los reservistas) o se incluye al no militar como sujeto activo de graves delitos contra la defensa nacional, para prevenir la violación de secretos por los ya licenciados (Alemania, Estados Unidos, Italia o Portugal).

Por otra parte, en el derecho militar comparado es habitual la incriminación de no militares en los delitos de incitación a la indisciplina o auxilio a los desertores (Alemania, Francia, Italia y Portugal) Tampoco es infrecuente la determinación de un sujeto activo sin condición militar en los delitos contra los bienes militares, pillaje, receptación, seguridad de las Fuerzas Armadas y atentados contra centinela o fuerza armada (Francia, Italia y Portugal).

La Ley Orgánica 13/1985, de Código Penal Militar español, después de definir de modo estricto al militar, establece los siguientes criterios:

  • 1.º Se concreta el sujeto activo del delito («el militar que…») en tiempo de paz a quienes tengan la condición militar.
  • 2.º Se restringe a tiempos de guerra (o, en algunos tipos, a estado de sitio) el delito militar que puede ser cometido por no militares. Así, desaparecen en tiempo de paz como delitos militares (y se incorporan al Código Penal por la citada L. O. 14/1985) la traición militar mediante espionaje, el espionaje, revelación de secretos o información clasificada, infracciones contra medios y misiones de las Fuerzas Armadas, atentado y desacato a autoridad militar o incitación y apología de la sedición militar.
  • 3.º En el caso de comisión de los delitos militares de traición y rebelión, aun cuando sean perpetrados por militares, los tipos se limitan a tiempos de guerra y se suprime, aun en este caso, la participación de no militares, con remisión de las restantes conductas al Código Penal.
  • 4.º De modo excepcional se tipifican al-
  • gunos delitos militares en tiempo de paz donde el sujeto activo puede ser

una persona que no tenga condición militar. Así, el allanamiento y vulneración de medidas de seguridad en establecimiento militar (art. 61), la desobediencia, resistencia o maltrato de obra a un centinela (art. 85), la incitación, apología, auxilio y encubrimiento de los delitos de abandono de destino o residencia y deserción (art. 129), los delitos contra la administración de la Justicia Militar (arts. 180 a 188) y la receptación (art. 197).

2.2.7. La limitación del ámbito estrictamente castrense de acuerdo con el criterio de competencia de la Jurisdicción Militar por razón del delito

Sin duda la determinación más debatida del texto de la L. O. 13/1985, de Código Penal Militar, fue la contenida en el inciso final de su disposición derogatoria, que deja sin vigencia todas aquellas disposiciones referidas a la aplicación por la Jurisdicción Militar de criterios distintos del de competencia por razón del delito. Hasta entonces, en criterio clásico en la historia de la justicia castrense, se determinaba la competencia de la Jurisdicción Militar por tres nexos competenciales: por razón del delito, por razón del lugar y por razón de la persona. La nueva norma procesal se incluye in extremis en el texto del Proyecto, pues no aparece en textos anteriores y, quizás por ello, no merece ni una línea de justificación en la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica, a pesar de su gran trascendencia en el futuro de la

Jurisdicción Militar.

No se trata de una norma penal sino procesal, que se introdujo por razones de urgencia política y sin ninguna reflexión técnico-jurídica de sus consecuencias. Entre ellas, una revisión de los tipos del código castrense para plantearse la solu- ción ante supuestos de impunidad o remisión al texto punitivo común de delitos que claramente pudieran afectar al buen régimen y servicio de las Fuerzas Armadas y, por tanto, satisfacer el criterio constitucional de inclusión en el ámbito estrictamente castrense. Los tipos penales militares se redactaron teniendo en cuenta los clásicos (y entonces vigentes) criterios competenciales por razón del delito, lugar, persona y bienes jurídicos militares afectados (afección al buen régimen y servicio de las Fuerzas Armadas).

De forma coherente con la redacción original, en el primer preámbulo del proyecto de Código Penal Militar se destaca que su contenido (vaciado de los delitos que se remiten al Código Penal común por la L. O. 14/1985) se concreta a los delitos de naturaleza militar y quedan fuera de la competencia castrense los que, según otros criterios ( ratio loci o ratio personae) no afectan directamente en tiempo de paz a los intereses y deberes propios de las Fuerzas Armadas.

Los resultados de esta falta de técnica jurídica, aunque en parte fueron corregidos por la L. O. 4/1987, de la Competencia y Organización de la Jurisdicción Militar, se han dejado sentir hasta hoy, presentando grandes inconvenientes para el mantenimiento de la eficacia y disciplina militares. Sirva como ejemplo la laguna consistente en la falta de tipificación como delito militar de los tráficos de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas cometidas por militares en lugares militares, cuando afecten a la eficacia de las Fuerzas Armadas y constituyan un riesgo evidente por el manejo y la disponibilidad de armas. Es innegable que esta conducta, como ocurre en los Códigos de Justicia Militar de numerosos Es-

tados (Bélgica, Estados Unidos, Italia, Portugal o Reino Unido), puede castigarse por la Jurisdicción Militar en el ámbito estrictamente castrense. Y otro tanto cabría decir de incriminación específica de las violencias o acosos sexuales que se podrían incluir, en su caso, como delitos de abuso de autoridad.

2.3. Innovaciones más destacadas del texto punitivo castrense

Destacan como innovaciones relevantes del Código Penal Militar de 1985 la enumeración de los grandes principios penales militares (legalidad, culpabilidad, igualdad, irretroactividad, especialidad y separación de las infracciones disciplinarias); la llamada «cláusula de salvaguardia»; las cuidadas definiciones; la simplificación de las penas militares; la precisa diferenciación entre los diversos delitos contra la defensa nacional (traición, espionaje, revelación de secretos, sabotaje y derrotismo); la introducción de un título de nueva planta dedicado a los delitos contra las leyes y usos de la guerra (dando así cumplimiento en el ámbito castrense a lo dispuesto en los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949); la desaparición de la rebelión militar en tiempos de paz (que se incluye en el Código Penal); la reducción de la competencia sobre las personas no militares en los delitos contra la institución militar (delitos contra fuerza armada o policía militar, atentados y desacatos contra autoridades militares, ultrajes a la Nación e injurias a los ejércitos); la acertada sistematización de los delitos contra la disciplina y, entre ellos, el adecuado tratamiento del abuso de autoridad (con la tipificación de los tratos degradantes o inhumanos); la eliminación de un título exclusivamente dedicado a los delitos contra el honor militar, que quedan integrados en el extensísimo título correspondiente a los delitos contra los deberes del servicio; la desaparición de la gran mayoría de los delitos contra el decoro castrense; la nueva tipificación del delito de deserción militar (que cubría la mitad del espacio criminológico castrense); la introducción de un capítulo dedicado a los delitos contra los deberes del mando; la tipificación de la embriaguez en acto de servicio; la agrupación de la mayoría de los delitos de imprudencia y de peligro bajo el epígrafe de delitos contra la eficacia en el servicio; la concentración en un solo título específico de todos los delitos contra los deberes de la navegación, tanto marítima como aérea, y, finalmente, la desaparición del delito de fraude militar, ventajosamente sustituido por los delitos contra la hacienda en el ámbito militar.

Durante la tramitación parlamentaria del Proyecto de Código Penal Militar por el Senado se incluyó un nuevo título (Octavo) dedicado a los delitos contra la Administración de la Justicia Militar. Realmente, estos delitos son mera reproducción de los correspondientes delitos comunes (falso testimonio, prevaricación, cohecho y desacato, entre otros), convertidos en delitos militares para otorgar competencia a los tribunales y jueces militares para enjuiciar y castigar infracciones cometidas en los procedimientos y vistas orales castrenses. Otra de las consecuencias de la impremeditada disposición derogatoria, que limitó a los delitos militares la competencia de la Jurisdicción Militar.

La vigencia del Código Penal Militar, aprobado por Ley Orgánica 13/1985, ha sido de más de treinta años, pues ha sido

derogado por el vigente Código Penal Militar, aprobado por Ley Orgánica 14/2015, de 14 de octubre, que entró en vigor el 15 de enero de 2016 339 .

3.- ANÁLISIS DE LA LEY DISCIPLINARIA MILITAR: LA LEY ORGÁNICA 12/1985, DE RÉGIMEN DISCIPLINARIO DE LAS FUERZAS ARMADAS

Entre todas las normas que integraron la reforma de la Justicia Militar, la de mayor trascendencia para el ejercicio del mando fue la Ley Orgánica 12/1985, de 27 de noviembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas 340 . Y ello porque supuso una gran novedad en el desempeño de la potestad disciplinaria militar, que siguió atribuida a las autoridades y mandos militares, pero limitada por las normas constitucionales aplicables tam-bién a la acción disciplinaria. Tales fueron las innovaciones que aportaba que se aprobaron antes de su entrada en vigor, por Orden Ministerial 43/1986, de 27 de mayo, unas extensas Instrucciones dirigidas a las autoridades y mandos con potestad disciplinaria, para la mejor aplicación de sus novedosos preceptos.

La coincidencia de fechas en su promulgación evidencia que fue elaborada paralelamente al Código Penal Militar, aunque no dejó de presentar problemas

339 LEÓN VILLALBA, Francisco Javier de, JUANES PECES, Ángel y RODRÍGUEZVILLASANTE Y PRIETO, José Luis (dirs.): El Código Penal Militar de 2015. Reflexiones y comentarios, Valencia, Tirant lo Blanch, 2017.

340 ROJAS CARO, José: Derecho Disciplinario Militar, Madrid, Tecnos, 1990. CHAVARRI ZAPATERO, Jaime: Régimen disciplinario militar, Madrid, Tecnos, 1986. ÁLVAREZ ROLDÁN, Luis Bernardo y FORTÚN ESQUIFINO, Ricardo: La Ley Disciplinaria Militar, Pamplona, Aranzadi, 1986.

su tramitación parlamentaria en diferentes Comisiones del Congreso de los Diputados.

La entrada en vigor de la L. O. 12/1985 supuso, en primer lugar, el cumplimiento del principio constitucional de tipicidad de las infracciones sancionadoras, en este caso disciplinarias militares. Se superó así la anticuada relación de las faltas leves y graves del Código de Justicia Militar, ayuna de la mínima taxatividad requerida por las normas sancionadoras. Como crítica hay que advertir que no se acogió entonces la división tripartita propia del derecho disciplinario y, al lado de las faltas graves y leves, pervivieron las llamadas causas de infracciones extraordinarias, herencia indeseada del «expediente gubernativo», que se mantenía. En estas causas no se cuidó precisamente el principio de taxatividad. Pero, en general, la tipificación de las faltas disciplinarias militares significó un notable progreso y garantía para los sancionados.

Por otra parte, con acierto se estableció un catálogo cerrado de sanciones disciplinarias, eliminando algunas como los recargos en el servicio mecánico o la reclusión en calabozo, impropias del momento en que se aprobaba la reforma. En este sentido fue acogida la distinción efectuada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (caso «Engel» y otros, referidos a los arrestos de rigor) entre los arrestos por falta leve en domicilio o unidad, que no suponen privación sino restricción de libertad, al no implicar un encierro sino la permanencia en el lugar que se designe en la unidad (que no puede ser un calabozo), frente a los arrestos por falta grave que pueden ser considerados como privación de libertad, al consistir en el internamiento en un estableci-

miento disciplinario militar. La duración de las sanciones de arresto también fue modificada para adecuarla a los ejemplos de los ejércitos de más asidua relación. Téngase en cuenta que en el Código de Justicia Militar se podía imponer un arresto de hasta seis meses por una falta grave.

Asimismo, en la norma disciplinaria se determinaron con precisión las autoridades y mandos militares a quienes se atribuía la potestad disciplinaria y su competencia en relación con las sanciones disciplinarias por faltas leves, graves y extraordinarias (recaídas en el expediente gubernativo), estas últimas reservadas al ministro de Defensa.

Una de las mayores novedades fue la regulación del procedimiento sancionador que, aun en el oral que se seguía para las faltas leves, reconoció las garantías constitucionales básicas, como la audiencia del interesado o el derecho de defensa. El procedimiento escrito por falta grave y el expediente gubernativo fueron dotados de los derechos y garantías imperantes en el procedimiento sancionador común y disciplinario de los funcionarios. Sin embargo se mantuvo una excepción, que fue calificada por la doctrina, de inconstitucional, puesto que no se concedió la posibilidad de recurso contencioso-disciplinario militar contra los acuerdos sancionadores por faltas leves 341 . El fundamento esgrimido en el debate parlamentario consistió en la simple referencia al caso

341 MILLÁN GARRIDO, Antonio: Justicia Militar, op. cit, pp. 81 y 82. HIGUERA GUIMERÁ, Juan Felipe: Curso de Derecho Penal Militar Español, Barcelona, Bosch, 1990. RODRÍGUEZVILLASANTE Y PRIETO, José Luis: 'Prólogo', en ROJAS CARO, José, Derecho Disciplinario Militar, op. cit., pp. 19 y ss. LÓPEZ RAMÓN, Fernando: 'Reflexiones sobre el contenciosodisciplinario militar', Revista Española de Derecho Administrativo, 54, (1987), pp. 165-186.

«Engel» (conocida sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 8 de junio de 1978), relativa a los arrestos por falta leve que no implican privación de libertad, desconociendo el derecho constitucional del sancionado a obtener de un tribunal competente la tutela judicial efectiva (art. 24 de la Constitución). Error que se mantiene en la posterior L. O. 8/1998, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas y hubo que esperar al año 2011 para que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional esta exclusión de la tutela judicial. Para Millán Garrido, esta privación del control judicial para las faltas leves fue una concesión política, pues con anterioridad no existían recursos jurisdiccionales en materia disciplinaria militar, que fue denunciada durante la tramitación parlamentaria y se fundamentó por la mayoría de la Cámara en el curioso argumento de que era suficiente el recurso en vía administrativa al implicar solo restricción de libertad los arrestos por falta leve 342 .

Todos estos comentarios críticos no impiden el reconocimiento del progreso que supuso la atribución al sancionado de la posibilidad de recurrir las sanciones por falta grave y las sanciones extraordinarias impuestas en el expediente gubernativo, interponiendo el recurso contenciosodisciplinario militar que se sustanciaría (a partir de la entrada en vigor de la L. O. 4/1987) ante el Tribunal Militar Central o ante la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo. Esta Ley Orgánica mitigó la falta de tutela judicial en materia de faltas leves al establecer contra todas las sanciones disciplinarias militares el recurso contencioso-disciplinario preferente y sumario

342 MILLÁN GARRIDO, Antonio, Justicia Militar, op. cit, pp. 80 y ss.

por vulneración de la Constitución, que se sustanciaba ante los órganos de la Jurisdicción Militar. Estos tribunales, para paliar el carácter inconstitucional de la L. O. 12/1985, admitían a trámite estos recursos con gran amplitud, alegando el bloque de constitucionalidad e interpretando con generosidad el artículo 24 de la Constitución, para entrar en el fondo del asunto y no privar de tutela judicial a los sancionados por faltas leves. De forma que aquellas cautelas políticas que propiciaron la expresada irrecurribilidad se revelaron inconsistentes e ineficaces, además de inconstitucionales.

No transcurrieron muchos años desde la vigencia de la L. O. 12/1985, que inicialmente se aplicó a los miembros de la Guardia Civil, hasta que se aprobó un régimen disciplinario especial para éstos mediante la promulgación de la Ley Orgánica 11/1991, de 17 de junio, de régimen disciplinario de la Guardia Civil que, finalmente fue derogada y sustituida por la vigente Ley Orgánica 12/2007, de régimen disciplinario de la Guardia Civil, que establece un régimen disciplinario más parecido al vigente para el Cuerpo Nacional de Policía, dadas las funciones policiales de ambos cuerpos 343 .

Después de su aplicación durante más de una década, la L. O. 12/1985 fue derogada y sustituida por la promulgada Ley Orgánica 8/1998, de 2 de diciembre, ante la incidencia de numerosas disposiciones legales aprobadas posteriormente, particularmente en materia de personal y Jus-

343 MILLÁN GARRIDO, Antonio: Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, Madrid, Trotta, 1992. RODRÍGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO, José Luis et al.: Comentarios a la Ley Disciplinaria de la Guardia Civil, 2.ª ed., Madrid, Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior, 1996, 2 vols.

ticia Militar, así como por la suspensión del servicio militar obligatorio 344 .

Actualmente está vigente la Ley Orgánica 8/2014, de 4 de diciembre, de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas, modificada por la Disposición Final 5.ª de la Ley Orgánica 14/2015, del Código Penal Militar.

4.- LA REFORMA PROCESAL MILITAR. ANÁLISIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA COMPETENCIA Y ORGANIZACIÓN DE LA JURISDICCIÓN MILITAR

Habiendo sido modificadas, de manera urgente, las leyes sustantivas militares, penales y disciplinarias, restaba la reforma fundamental de la Justicia Militar, es decir, la determinación de la competencia y la organización de la Jurisdicción Militar. No olvidemos que, hasta el 1 de mayo de 1988 (casi diez años después de la promulgación de la Constitución española de 1978), no entró en vigor la Ley Orgánica 4/1987, de la competencia y organización de la Jurisdicción militar 345 . Hasta entonces, con las modificaciones antes comentadas e introducidas por la L. O. 9/1980 y por la disposición derogatoria de la L. O. 13/1985, pervivía la organización judicial militar establecida en el Código de Justicia Militar de 1945. Es decir, no existían tribunales militares permanentes, la autoridad judicial se atribuía a las autoridades

344 RODRÍGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO, José Luis et al.: Comentarios a la Ley Disciplinaria de las Fuerzas Armadas, Madrid, Ministerio de Defensa, 2000. MILLÁN GARRIDO, Antonio y PRADOS PRADOS, Santiago: Ley Disciplinaria de las Fuerzas Armadas, Madrid, Tecnos, 1999.

345 SÁNCHEZ GUZMÁN, Eugenio et al.: Comentarios a las Leyes Procesales Militares, Madrid,

Ministerio de Defensa, 1995, t. I y II.

militares superiores (según el aforismo «Quien manda juzga») y persistía el Consejo Supremo de Justicia Militar. Ciertamente, la figura tradicional del auditor y la institución del «disenso» dotaba de una importante garantía a la Jurisdicción Militar, pero no satisfacía lo dispuesto por la Constitución para el poder judicial, incluida la organización judicial castrense.

Desde 1978 resultaba evidente la necesidad de acomodar la competencia y estructura de la Justicia Militar a los imperativos constitucionales (en particular, a los artículos 24 y 117.5 de la Constitución), pero una vez más los condicionamientos políticos que presidieron la transición demoraron considerablemente la decisión de privar al mando militar de su condición de autoridad judicial, confiriéndola exclusivamente a jueces y tribunales independientes, inamovibles, predeterminados, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

Analizando el articulado de la L. O. 4/1987, de la competencia y organización de la Jurisdicción Militar, se pueden deducir los principios básicos de la reforma orgánica judicial militar 346 :

  • 1.º Integración de la Jurisdicción Militar, como jurisdicción especial, en el Poder Judicial único del Estado (Título VI y art. 117 de la Constitución).

346 MILLÁN GARRIDO, Antonio: Justicia Militar, op. cit, pp. 62-65. FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco: 'La Jurisdicción Militar en la perspectiva histórica', Revista Española de Derecho Militar, 56-57 (1990-1991), pp. 20 y 21. RODRÍGUEZVILLASANTE Y PRIETO, José Luis: 'Estatuto de los miembros de la Jurisdicción Militar e independencia de los órgano judiciales militares', en RAMÍREZ JIMÉNEZ, Manuel (coord.): Constitución y Jurisdicción Militar , Zaragoza, Pórtico, 1997, pp. 26 y 27

  • 2.º Reconocimiento constitucional de la Jurisdicción Militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio (art. 117.5 de la Constitución).

  • 3.º Afirmación del fundamento de la existencia de la Jurisdicción Militar en la naturaleza del derecho que aplica y ámbito institucional en que se ejerce (Preámbulo de la L. O. 4/1987).

  • 4.º Determinación de los criterios que han servido de base para una profunda reforma de la organización de la Jurisdicción Militar: a) Las corrientes doctrinales del Derecho comparado. b) Las exigencias de la sociedad actual. c) Los valores tradicionales de las Fuerzas Armadas. d) La eficacia de la justicia castrense.

  • 5.º Exclusividad de los órganos judiciales militares en la función jurisdiccional, con exclusión de los órganos militares de mando, a quienes se reconoció en principio una legitimación especial en el recurso de casación contra sentencias y autos de sobreseimiento definitivos, en defensa de la disciplina y otros intereses esenciales de la institución militar (art. 111 de la L. O. 4/1987, posteriormente derogado).

  • 6.º Consagración del principio constitucional de independencia de los órganos judiciales militares, garantizando su inamovilidad, responsabilidad, sumisión exclusiva al imperio de la ley y predeterminación. Y, en consecuencia, establecimiento de un estatuto especial de las personas con funciones en la administración de la Justicia Militar, determinación de la responsabilidad disciplinaria judicial y atribución de la inspección de todos los órganos de la

  • Jurisdicción Militar al Consejo General del Poder Judicial.

  • 7.º Profesionalización jurídica de la Justicia Militar mediante la tecnificación de sus órganos, atribuyendo la presidencia de los tribunales a miembros del Cuerpo Jurídico Militar, mayoría de vocales togados en las Salas en relación con los vocales militares y pertenencia al Cuerpo Jurídico Militar de los jueces togados militares, fiscales jurídico-militares y secretarios relatores.

  • 8.º Composición mixta de los tribunales militares (territoriales y Tribunal Central Militar), integrados por vocales togados (permanentes) y vocales militares, designados por sorteo para cada vista entre una lista predeterminada y publicada anualmente.

  • 9.º Unicidad del Poder Judicial en el vértice de ambas jurisdicciones (ordinaria y castrense) con la creación de la Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo y la dependencia de la Fiscalía Togada del fiscal general del Estado.

  • 10.º Reducción de la competencia de la Jurisdicción Militar en tiempos de normalidad (fuera del estado de sitio o tiempos de guerra), limitada fundamentalmente al enjuiciamiento de los delitos previstos en el Código Penal Militar y al conocimiento del recurso contencioso-disciplinario militar (tanto ordinario como preferente y sumario), con previsión de una mayor extensión en estado de sitio y tiempo de guerra.

No se pueden minusvalorar los decisivos logros de la L. O. 4/1987 en la reforma de la Jurisdicción Militar y su adecuación a los preceptos constituciona- les 347 . Sin embargo, en relación con determinados aspectos de su organización se han puesto de manifiesto algunas deficiencias en el ámbito de la garantía de independencia de los órganos judiciales militares 348 Esta independencia se cuestiona, a pesar del estatuto que establece la L. O. 4/1987, por la pertenencia de quienes desempeñan funciones judiciales y fiscales en la jurisdicción castrense al Cuerpo Jurídico Militar, cuerpo dependiente del Ministerio de Defensa, departamento determinante en las decisiones en materia de ascensos y progresión en la carrera. Además se consideran excesivas las atribuciones del ministro de Defensa en relación con la administración de la Jurisdicción Militar, en particular en nombramientos y destinos.

347 PEDRAZ PENALBA, Ernesto: 'Proemio', en El Gobierno de la Justicia El Consejo General del Poder Judicial, Valladolid, Universidad de Valladolid, 1996, p. 25. CALDERÓN SUSÍN, Eduardo: 'El procedimiento de habeas corpus', en Comentarios a las Leyes Procesales Militar es, op. cit., pp. 393395. ALMAGRO NOSETE, José: Instituciones de Derecho procesal. Proceso penal, 2.ª ed., Madrid, Trivium, 1994, p. 681. FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco: 'El marco constitucional de la Jurisdicción Militar: Su organización y competencia', en La Jurisdicción Militar, Madrid, Consejo General del Poder Judicial, 1992, pp. 38 y 39. MOZO SEOANE, Antonio: 'Recensión crítica', Revista Española de Derecho Militar, n.º 59-60 (1992), p. 650. GARCÍA BALLESTER, Pascual: 'Jurisdicción Militar y Constitución española', Revista Española de Derecho Militar, n.º 58 (1991), p. 168. BERMÚDEZ DE LA FUENTE, José Luis: 'Presentación', en La Jurisprudencia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, Madrid, Boletín Oficial del Estado, 1989, pp. 9 y 10. HERNÁNDEZ GIL, Antonio, 'La necesaria unidad jurisdiccional', Revista Española de Defensa, mayo (1988), p. 81.

348 MILLÁN GARRIDO, Antonio: Justicia Militar, op. cit., pp. 63-65. PARADA VÁZQUEZ, Ramón: 'Toque de silencio por la justicia militar', Revista de Administración Pública, 127 (1992), pp. 7 y ss. JIMÉNEZ VILLAREJO, José: Potestad disciplinaria militar y control jurisdiccional, Madrid, Colex, 1991, p. 60.

Por el contrario, estas críticas con invocación de la inconstitucionalidad de la norma han sido terminantemente rechazadas por el propio Tribunal Supremo (Salas Tercera, Quinta y Sala de Conflictos de Jurisdicción) y por el Tribunal Constitucional, en especial en la decisiva sentencia 204/1994, que se pronuncia sobre el estatuto jurídico del juez togado militar, los principios generales y garantías establecidos en la L. O. 4/1987, la pertenencia del juez togado al Cuerpo Jurídico Militar, su sometimiento al régimen disciplinario militar, su inamovilidad y la pérdida de destino por ascenso. Todavía más concluyente es la Sentencia 113/1995 del Pleno del Tribunal Constitucional que, después de ratificar la doctrina sentada por la sentencia 204/1994 antes citada, recuerda que la L. O. 4/1987 ha adaptado la Jurisdicción Militar a la Constitución y dotado a sus órganos de las garantías de independencia, imparcialidad e inamovilidad 349 .

Posteriormente se ha progresado, como lo hizo la citada L. O. 8/1998 en el régimen disciplinario militar de los miembros de la jurisdicción castrense, profundizando en su independencia respecto a las decisiones de la administración militar o a las atribuciones del ministro de Defensa. Pero debemos tener en cuenta que el artículo 117.5 de la Constitución establece la Jurisdicción Militar como distinta de la ordinaria, dentro de la unidad del Poder Judicial como Poder Judicial especial, por lo que preconizando un sistema judicial militar que reproduzca miméticamente el ordinario (como más constitucional), podríamos llegar a la

349 RODRÍGUEZ-VILLASANTE Y PRIETO, José Luis: 'Estatuto de los miembros', op. cit.,

pp. 41-56.

práctica desaparición de cualquier vestigio de singularidad de la jurisdicción castrense, lo que haría incomprensible su especialidad y podría desembocar  paradójicamente  en la conclusión de la inconstitucionalidad del mismo artículo 117.5 de la Constitución española 350 .

Desde una óptica de lege ferenda no se puede negar el fundamento constitucional de otras soluciones que, respetando la existencia de la Jurisdicción Militar, la organicen de forma diferente (y hay sobrados ejemplos en el Derecho comparado), pero lo que aquí debemos resaltar es el considerable acierto para la reforma de la Justicia Militar aportado por la L. O. 4/1987, como norma típica de la transición política española.

Se puede sostener, en definitiva, con Jiménez Villarejo, que la nueva organización de la jurisdicción castrense no llega a comportar una ruptura respecto a la situación normativa anterior; se trata de una reforma integral, profundamente innovadora, pero a la que no es ajena la tradición y un «ponderado eclecticismo» 351 .

Por otra parte, fue necesaria para el pleno funcionamiento de la nueva organización de la Jurisdicción Militar la aprobación de la Ley 9/1988, de 21 de abril, de planta y organización territorial de la Jurisdicción Militar, que estableció los territorios, los juzgados y tribunales castrenses, además de regular determina-

350 GÓMEZ COLOMER, José Luis: 'Principios y garantías del proceso penal militar', en III Jornadas sobre Jurisdicción Militar, Madrid, Consejo General del Poder Judicial, 1994, pp. 317 y ss.

351 JIMÉNEZ VILLAREJO, José: 'Algunos aspectos de la nueva organización de la Jurisdic53

ción Militar', Revista Española de Derecho Militar, (1989), pp. 17 y 18.

dos aspectos procesales en espera de la futura aprobación de la Ley Procesal Militar.

5.- LA PROMULGACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA PROCESAL MILITAR

Ya se ha adelantado que la reforma de la Justicia Militar en el periodo de tiempo que puede calificarse como de transición política, no finalizó normativamente hasta la derogación del último precepto del Código de Justicia Militar de 1945. Sin embargo, se demoró hasta el año 1989 la reforma procesal o de los procedimientos militares, al haber sido consideradas más urgentes las modificaciones sustantivas del año 1985 (penal y disciplinaria) y competencial y orgánica del año 1987, quizás por el carácter más técnicojurídico de los preceptos procesales. Sin embargo, en ningún momento dejó de ser propósito político del Ministerio de Defensa la culminación de la reforma de la Justicia Militar para adecuarla a la Constitución y alcanzar la completa derogación del Código de Justicia Militar.

Una síntesis de los propósitos y objetivos ministeriales, que se pueden considerar propios del periodo de transición política española, se podría formular así 352 :

  • 1.º Aprobar un procedimiento penal militar presidido por el principio de celeridad, factor de particular importancia en el ámbito castrense.
  • 2.º Instaurar el principio acusatorio y otros principios constitucionales como el de legalidad, contradicción, oralidad y publicidad.

352 MILLÁN GARRIDO, Antonio: Justicia Militar, op. cit., pp. 65 y ss.

  • 3.º Regular un proceso penal basado en la inmediatez de la práctica de las pruebas ante el órgano juzgador.
  • 4.º Admitir, con las restricciones necesarias, el ejercicio de la acción privada en la jurisdicción castrense, regulando la actuación del actor civil.
  • 5.º Reconocer de forma amplia el derecho de defensa.
  • 6.º Introducir un procedimiento de urgencia, con todas las garantías legales, para enjuiciar las infracciones que requieran el inmediato restablecimiento de la disciplina.

El iter parlamentario del proyecto en el Congreso y el Senado estuvo presidido por un notable consenso (el Proyecto del Gobierno fue aprobado por el Congreso de los Diputados con un solo voto en contra) y, en consecuencia, fue aprobada y promulgada la Ley Orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar.

También en esta ocasión fue reiterada la crítica, ya formulada en relación con el Código Penal Militar aprobado antes del Código Penal común y complementario de éste, destacando que al ser la Ley Procesal Militar en muchos de sus preceptos copia fiel de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no se hubiera esperado a la futura reforma de la anciana ley rituaria común, continuamente anunciada por los sucesivos gobiernos. Pero era evidente que a los imperativos de la transición se unía el despropósito de que los tribunales militares de nueva creación, regulados por la L. O. 4/1987, tenían que aplicar los preceptos procesales del Código de Justicia Militar, muchos de ellos aquejados de inconstitucionalidad, con una falta absoluta de coordinación entre lo orgánico y lo procesal.

En la Ley Procesal Militar, minuciosamente elaborada, se regulan varios tipos de procedimientos 353 . Dos de ellos fundamentales: el penal militar y el contencioso-disciplinario militar. Otros especiales, de índole criminal, como el penal para conocer de determinados delitos, el sumarísimo en tiempos de guerra, el procedimiento contra reos ausentes y para las faltas penales (en tiempos de guerra), así como el modo de proceder contra jueces togados militares, auditores presidentes y vocales de tribunales militares, por causa de responsabilidad penal.

Las disposiciones generales, que se regulan en el Libro Primero, revisten gran importancia pues en ellas se contienen las normas relativas a los conflictos de jurisdicción y las cuestiones de competencia, el gobierno y régimen de juzgados y tribunales, así como las normas que rigen las actuaciones generales.

Constituye una novedad importante el tratamiento de las partes en el proceso penal militar, que son el fiscal jurídico militar, el procesado (o inculpado), asistido por su letrado defensor, la defensa del Estado como responsable civil (conferida a la Abogacía del Estado), la acusación particular y el actor civil. No se reconoció, sin embargo, la posibilidad de acción popular en el ámbito jurisdiccional castrense.

Los mejores autores han destacado la acentuación de las garantías del justiciable y de los perjudicados por el delito, limitadas por los imperativos de la disciplina militar, que se concretan en el derecho a la asistencia letrada desde el momento de la imputación, en el principio de igualdad

353 SÁNCHEZ GUZMÁN, Eugenio et al.: Co-

mentarios a las Leyes Procesales Militares, op. cit., t. II.

de armas entre las partes del proceso penal, la potenciación del fiscal jurídico militar, la simplificación del procedimiento, la acentuación del carácter judicial de las diligencias previas, la regulación de la vigilancia penitenciaria y la inclusión de las normas sobre detención de militares 354

.

La Ley Orgánica Procesal Militar dedica su Libro Segundo al proceso penal militar y en él se regulan las diligencias previas de carácter judicial y el sumario por delitos. Con evidente influencia de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, contiene detalladas normas sobre la identificación del delincuente, comprobación del delito, condición de imputado, auto de procesamiento, declaraciones del procesado y prueba testifical y pericial, entrada y registro en lugar cerrado, medidas cautelares sobre personas (prisión provisional) y bienes, libertad provisional, conclusión del sumario, sobreseimiento y recursos.

La ley que se está analizando no se aparta notoriamente de su modelo común en la regulación del juicio oral, donde ha de practicarse la prueba ante el tribunal en la vista, cuyo desarrollo se detalla hasta las conclusiones de las partes y la sentencia. Se determinan también las normas sobre las actuaciones ante la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo y la ejecución de sentencias.

Los autores han calificado el procedimiento penal militar, constituido por normas tomadas de la Ley Enjuiciamiento Criminal, adaptadas a las peculiaridades de la Jurisdicción Militar, como un procedimiento más ágil, en el que se suprime la antigua prueba en plenario, se abrevian los plazos y se limitan los recur-

354 MILLÁN GARRIDO, Antonio: Justicia Militar, op. cit., p. 69.

sos 355 . Pero lo cierto es que, en la práctica, el proceso castrense (a pesar del modesto número de las causas criminales que se instruyen por los juzgados togados y de las que conocen los tribunales militares) no ha sido el instrumento capaz de dotar a la Jurisdicción Militar de la deseable celeridad, con demoras en su resolución que no siempre la justifican como instrumento rápido para restablecer la disciplina y otros valores de las Fuerzas Armadas, sin perjuicio de las garantías del debido proceso.

Finalmente, la Ley Orgánica Procesal Militar regula en su Libro Cuarto, en primer lugar, el recurso contenciosodisciplinario militar. Se desarrollan aquí las normas precisas para otorgar tutela judicial a los sancionados en vía disciplinaria militar, a través de un proceso que se sustancia ante el Tribunal Militar Central y en la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo. Tutela judicial que habían establecido tanto la L. O. 12/1985, de régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas como la L. O. 4/1987, de la competencia y organización de la Jurisdicción Militar. Y, posteriormente, la L. O. 11/1991 de régimen disciplinario de la Guardia Civil.

No obstante, como ya se ha apuntado críticamente, el recurso contenciosodisciplinario militar ordinario solo se podía interponer contra las sanciones impuestas por las autoridades y mandos militares y de la Guardia Civil en los procedimientos y expedientes por faltas graves o causas de sanciones extraordinarias (expediente gubernativo). Se excluía así la tutela judicial en el caso de sanciones por faltas leves, deficiencia mantenida durante años en el terreno normativo y subsanada

355 Ibidem, p. 70.

por el Tribunal Constitucional en sentencia 177/2011, de 8 de noviembre, que declaró inconstitucional tal limitación, concediendo la tutela judicial a todos los sancionados en la vía disciplinaria militar.

La regulación del recurso disciplinariomilitar tomó como base el recurso contencioso-administrativo ordinario establecido por la Ley de 27 de diciembre de 1956 y así se determinó la supletoriedad de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con las peculiaridades orgánicas y disciplinarias propias del sistema de la Justicia Militar. Entre ellas debe destacarse la ejecutividad inmediata de las sanciones impuestas en vía disciplinaria militar y la excepcionalidad de su suspensión.

Una notoria especialidad de la ley procesal castrense es el recurso contenciosomilitar preferente y sumario que puede interponerse contra cualquier sanción disciplinaria militar cuando se entienda que han sido vulnerados los derechos fundamentales del sancionado. Además de la competencia de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo y del Tribunal Militar Central, se atribuye el conocimiento a los tribunales militares territoriales.

Está previsto normativamente que en todos los procedimientos contenciosodisciplinarios militares, las sentencias del Tribunal Militar Central y de los tribunales militares territoriales, pueden ser recurridas en casación ante la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo.

Por último, la Parte Cuarta de la Ley Orgánica Procesal Militar regula, como proceso especial de carácter civil, la prevención de los juicios de testamentaría y abintestato, procedimiento sumario (que se instruye en caso de fallecimiento de un militar en campaña o navegación), que no

supone de declaración de herederos ni de cualesquiera otros derechos sucesorios.

CONCLUSIÓN

Como conclusión, se puede afirmar que la promulgación de la L. O. 2/1989, Procesal Militar que, en definitiva adecuó los procedimientos judiciales castrenses a la Constitución española e incorporó la tutela judicial de los sancionados en vía disciplinaria militar, significó la culminación de la obra de la transición política española y de la consolidación democrática en relación con la reforma del sistema de Justicia Militar, completando la modificación de las normas sustantivas (penales y disciplinarias) y orgánicas, con la derogación de los últimos preceptos del Código de Justicia Militar de 1945.

LA INCORPORACIÓN DE ESPAÑA A LAS ORGANIZACIONES DEFENSIVAS OCCIDENTALES (1976-1996)

Fernando Puell de la Villa Profesor del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED)

Las relevantes iniciativas políticas en materia de seguridad y defensa puestas en marcha por los sucesivos gobiernos españoles desde el inicio de la transición democrática, enmarcadas en un programa de modernización global de las Fuerzas Armadas, permitieron superar el aislamiento de los siglos precedentes y erradicar definitivamente el intervencionismo militar en política. El artículo analizará el proceso de incorporación de las Fuerzas Armadas a las principales organizaciones defensivas occidentales, inmerso a su vez en una profunda redefinición de la política exterior española, evidentemente muy interrelacionada con el anterior.

RESUMEN:

ABSTRACT:

The relevant policy initiatives in the field of security and defence implemented by Spanish Governments since the beginning of democratic transition process, within a comprehensive program for global modernization of the Armed Forces, allowed to overcome their centennial isolation and to definitively eradicate military interventionism in politics. This paper will be aimed to analyze the Spanish Armed Forces' incorporation to the main Western defence organizations in the context of a noticeable foreign policy redefinition, both obviously very correlated.

PALABRAS CLAVE: Transición democrática; Relaciones Internacionales; Fuerzas Armadas; OTAN; UEO.

KEYWORDS: Democratic transition; Foreign Relations; Armed Forces; NATO; UEO .

Actualmente, España entiende y proyecta su seguridad en el marco de unas alianzas y organizaciones internacionales de defensa de las que estuvo mucho tiempo ausente y a las que fue capaz de incorporarse con energía y decisión durante el proceso de consolidación de la transición democrática. Gracias a ello, su perfil internacional inspira hoy día confianza a la comunidad internacional y su compromiso con la seguridad y defensa de Occidente y con la paz mundial ha ido más allá de las tradicionales declaraciones programáticas del pasado.

Dos procesos simultáneos y culminados en un plazo de tiempo sorprendentemente breve desde el punto de vista histórico permitieron la consecución de tales objetivos. De una parte, el tendente a transformar el diseño de la política de seguridad y defensa, sin duda alguna uno de los acontecimientos más trascendentales y sustanciales de la historia reciente de España. Y de otra, el dirigido a reformar y modernizar la estructura, organización y funciones de las Fuerzas Armadas (FAS), las cuales sufrieron un cambio de mucha mayor entidad y profundidad que el in-

troducido en cualquiera de las demás grandes instituciones y organismos estatales, contribuyendo muy positivamente a normalizar la gobernabilidad del país.

Entre los principales beneficios derivados de ambos procesos, cabría destacar la definitiva erradicación del secular intervencionismo castrense en política, la normalización de las relaciones de la institución militar con el resto de las administraciones públicas, la identificación de los miembros de las FAS con el ordenamiento constitucional, su compromiso con las misiones y funciones asignadas por los poderes democráticos, su entrega y sacrificio en las operaciones internacionales para el mantenimiento de la paz, y su vocación de servicio y elevada profesionalidad para garantizar la seguridad y actuar en caso de catástrofes naturales. Todos esos elementos han contribuido muy positivamente a que las FAS ocupen un lugar muy destacado entre las instituciones más valoradas por la opinión pública.

En este artículo se analizará exclusivamente el primero de los dos procesos antes citados, inmerso a su vez en el encaminado a redefinir la política exterior española, que suele compartimentarse en tres fases sucesivas y bastante definidas, evidentemente muy interrelacionadas con las de la apertura al exterior de las propias FAS 356 :

  • 1975-1982: normalización y homologación internacional de la naciente democracia.

356 ARENAL, Celestino del: 'La posición exterior de España', en COTARELO, Ramón (comp.): Transición política y consolidación democrática. España 1975-1986 , Madrid, Centro de Investigaciones Sociológicas, 1992, pp. 389-428.

  • 1982-1986: definición de las líneas maestras de la política exterior española.
  • 1986-1996: implantación y consolidación del modelo diseñado.

Durante estas tres fases, una de las actuaciones más relevantes, excepción hecha del largo y complejo proceso que condujo al ingreso en las Comunidades Europeas (CEE) en 1986, fue el esfuerzo realizado para reconducir la política española de seguridad y defensa y homologarla con la del resto de países occidentales, cuestión esencial para la modernización de las FAS, sobre la que incidió de forma decisiva. Tres eran también las cuestiones que había que resolver en esta materia y que se analizarán con cierto detalle en las siguientes páginas:

  • Modificar la descompensada relación bilateral con Estados Unidos (EEUU).
  • Gestionar el ingreso en la Alianza Atlántica y establecer lazos con las organizaciones defensivas europeas, en particular con la Unión Europea Occidental (UEO).
  • Incorporarse a las misiones de paz y ayuda humanitaria aprobadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU) mediante la proyección de unidades militares al exterior.

1.- ANTECEDENTES (1939-1975)

Convendrá en primer lugar familiarizarse con la situación desde la cual se partía, al objeto de poder hacerse una idea lo más exacta posible de la magnitud de los cambios después experimentados

El estallido, desarrollo y desenlace de la Segunda Guerra Mundial tuvieron gran influencia sobre la política exterior del régimen franquista. Aunque formalmente

España no llegó a declararse beligerante, su participación en la invasión de la Unión Soviética (URSS) y su patente alineamiento con las potencias del Eje provocaron que quedase aislada y marginada del sistema internacional creado tras la contienda. Situación que no pudo ser modificada hasta que la Monarquía demostró su firme voluntad de restaurar las libertades y cuya superación constituiría una de las tareas fundamentales, y más arduas, de los gobiernos de la transición y consolidación democráticas.

Tampoco conviene olvidar que, una vez terminada la guerra, el factor predominante en el ámbito de la seguridad fue el enfrentamiento estratégico entre el Este y el Oeste. Ni que España se encajó en este tablero a partir de 1953 mediante la cesión de instalaciones militares en su territorio a EEUU, pero sin que los países miembros de la Alianza Atlántica permitiesen su incorporación a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). España aportó, pues, su geografía a la defensa de Occidente y asumió los riesgos inherentes a la presencia estadounidense en su territorio. Todo ello sin el lógico compromiso de mutua defensa, ni por parte de su único aliado ni por parte de la OTAN, pese a que las instalaciones cedidas fueron integradas desde el primer momento en el despliegue estratégico previsto para hacer frente a una hipotética agresión soviética.

El 12 de noviembre de 1946, la Asamblea General de Naciones Unidas (AGNU) calificó al Gobierno español de fascista, recomendó la retirada de los embajadores acreditados en Madrid y vetó el ingreso de España en todos los organismos de la ONU. Pero sólo seis meses después, el presidente Harry Truman redefinió su política exterior: proclamó que el comunismo era la amenaza más grave y directa para la seguridad de EEUU y anunció su disposición a apoyar a todos los pueblos libres que se opusieran al expansionismo soviético.

A partir de ese momento, comenzó a entreverse el interés del Pentágono por disponer de instalaciones militares en suelo español y las simultáneas gestiones del Ministerio de Asuntos Exteriores (MAE) para favorecer la inclusión de España en el cerco defensivo que se estaba tendiendo en torno a la URSS.

En noviembre de 1950, gracias al apoyo estadounidense, la AGNU anuló la resolución que instaba a la retirada de embajadores con la única oposición de la URSS y sus satélites y la significativa abstención de Francia y del Reino Unido. Ello no conllevó, no obstante, el ingreso de España en la ONU.

En marzo de 1951, Franco recibió en El Pardo al recién llegado embajador estadounidense, quien le preguntó directamente si España solicitaría el ingreso en la OTAN. Franco respondió que se inclinaba más por la firma de un pacto bilateral, «que integraría forzosamente a nuestra Patria en la defensa de Occidente» mediante la cesión en usufructo de bases navales y aéreas en «cualquier lugar y cualquier sitio, en territorio español o en sus posesiones» 357 .

Cuatro meses más tarde, se celebró la trascendental entrevista entre Franco y el almirante Forrest Sherman, jefe de Operaciones Navales de EEUU, punto de

357 VIÑAS, Ángel: En las garras del águila: los pactos con Estados Unidos, de Francisco Franco a Felipe González (1945-1995) , Barcelona, Crítica, 2003, pp. 96100.

inflexión que marcó el definitivo triunfo de las consideraciones estratégicas sobre las políticas o las ideológicas. El Caudillo, ante la negativa de su interlocutor a tratar sobre contrapartidas económicas, sostuvo que «El problema económico tiene que resolverse cuando menos simultáneamente con el militar, si no con anterioridad», porque un pueblo hambriento, sin reservas de trigo ni de carburante, sería incapaz de contribuir a la defensa colectiva. Al conocerse el encuentro, se desató una oleada de reacciones adversas en las cancillerías europeas y en la prensa británica, estadounidense y francesa. Los desamparados portavoces de la oposición al franquismo también señalaron que el acercamiento erosionaría de forma irreversible el crédito de EEUU en España y en Europa 358 .

Pese a que Sherman falleció repentinamente en Nápoles cuatro días después, Truman mantuvo el compromiso y envió a Madrid una misión exploratoria encabezada por el general James W. Spry, que llegó a las siguientes conclusiones:

  • El Gobierno español parecía dispuesto a negociar un acuerdo militar, incluyendo bases y derechos de sobrevuelo, sin necesidad de recibir a cambio una ayuda económica sustancial (discutible apreciación que gravitó negativamente sobre el curso de las futuras negociaciones)
  • En caso de guerra, los militares españoles no eran proclives a combatir fuera de sus fronteras y la obsolescencia de los aviones y de los barcos de guerra impedía contar con ellos

358 VIÑAS, Ángel: En las garras , op. cit., pp, 110125; MARQUINA, Antonio: España en la política de seguridad occidental, 1939-1986 . Madrid: Ediciones Ejército, 1986, pp, 418-448.

  • Se estimaba necesario comprometer 15 millones de dólares para renovar la red ferroviaria, 60 millones para instalaciones navales y 330 millones para instalaciones aéreas.

Nada más recibir el informe, Truman decidió formalizar dos acuerdos distintos: uno de carácter técnico-militar y otro de índole político-económica, y envió a Madrid dos equipos para negociarlos, con el general August W. Kissner al frente del primero.

España cifraba en 1.000 millones de dólares la contraprestación económica y contemplaba una ayuda militar que excedía con mucho las previsiones estadounidenses. Esta divergencia, unida a la llegada al poder del general republicano Dwight D. Eisenhower, incidió notablemente sobre el curso de las negociaciones. Sin embargo, el principal interés de Franco, y ello debilitaría la postura española y determinaría el desfavorable resultado final, era participar, a cualquier precio, en el sistema de defensa occidental para capitalizar interna y externamente el apoyo implícito al régimen derivado de la conexión con EEUU. Tal vez por ello el MAE quedó marginado y el peso de la negociación recayó en el Alto Estado Mayor y en el capitán de navío Luis Carrero Blanco, subsecretario de la Presidencia del Gobierno y encargado de informar directa y puntualmente a El Pardo de su desarrollo.

A finales de 1952, Franco se plegó a que EEUU pudiese utilizar las bases en caso de guerra, a lo que se había opuesto hasta entonces, y aceptó que no hubiese compromiso de defender el territorio español en caso de ataque por una tercera potencia. Ambas concesiones despejaron el panorama y, el 26 de septiembre de 1953, se firmaron los llamados Pactos de

Madrid. Su parte dispositiva era intencionadamente ambigua  declaración de mutua amistad, reforzamiento de la defensa de Occidente, mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional, y cooperación con otras naciones  y lo sustancial quedó relegado a una cláusula de carácter secreto. El Gobierno español quedaba obligado, por un plazo de diez años, prorrogable por otros diez, a autorizar a EEUU la utilización con fines militares de «aquellas zonas e instalaciones en territorio bajo jurisdicción española que se convengan» 359 .

En caso de agresión soviética, las citadas instalaciones, que según la letra del convenio eran «de utilización conjunta», se activarían conforme a los términos especificados en la cláusula secreta, vigente hasta 1970 y no conocida por la opinión pública de ninguno de los dos países hasta 1979. Su contenido autorizaba a EEUU, previa comunicación al Gobierno español, a utilizar libremente las bases e instalaciones ubicadas en suelo español en caso de agresión comunista contra Occidente o de amenaza de agresión contra la seguridad occidental.

Es decir, el descompensado convenio no garantizaba la mutua defensa ni contemplaba la activación de las bases en caso de ataque directo al país que las albergaba. Y, paradójicamente, España, aparte de afrontar el riesgo de un ataque directo a las bases por parte soviética, se vería potencialmente abocada a implicarse en un conflicto originado en cualquier otro país de la órbita occidental, mientras que a ninguno de ellos le afectaría una

359

http://www.historiasiglo20.org/TEXT/otan.htm,

consultado el 9 de octubre de 2017.

agresión contra su soberanía e intereses a no ser que EEUU considerase que vulneraba la «seguridad occidental» 360 .

Tamaño desequilibrio se puso de manifiesto en 1957 con ocasión de conflicto de Ifni y Sahara. EEUU no sólo se abstuvo de intervenir, sino que vetó el empleo del llamado armamento y material de ayuda, viéndose las tropas españolas abocadas a combatir con parecidos medios a los utilizados en las campañas rifeñas de las primeras décadas del siglo XX. El recuerdo de esta afrenta contribuyó a que algunos diplomáticos españoles criticaran abiertamente los términos del convenio cuando, en 1963, llegó el momento de prorrogarlo por otros diez años 361 .

Como era lógico, lo pactado exigía la presencia permanente de personal militar estadounidense en territorio español. Esto obligó a tolerar otra pérdida de soberanía al acordarse, en otra nota adicional secreta, que España renunciaba al principio de territorialidad de sus leyes penales y aceptaba que fuese competencia de la legislación y tribunales militares de EEUU conocer y juzgar las faltas y delitos cometidos por cualquier militar estadounidense en el interior o en el exterior de las bases.

Franco, una vez conseguido este primer espaldarazo político a su régimen, solicitó la ayuda de Eisenhower para que la ONU y la OTAN admitiesen a España en su seno. Respecto a la ONU, la oposición de las democracias occidentales logró allanarse con bastante facilidad y, en diciembre de 1955, la Asamblea General votó a favor del ingreso de quince nuevos

360 MARQUINA, Antonio: España en la política ,

op. cit., pp. 563-570.

361 VIÑAS, Ángel: En las garras , op. cit., p, 220.

países; unos patrocinados por EEUU, entre ellos España, y otros, por la URSS, comprometida con la otra gran potencia mundial a votar positivamente el paquete global. Sin embargo, la posibilidad de incorporarse a la Alianza Atlántica se frustró, pese a los reiterados esfuerzos estadounidenses realizados entre 1955 y 1960, ante el firme rechazo de varios países europeos, tenazmente opuestos a admitir a un socio cuya ideología política se consideraba incompatible con los principios defendidos por la OTAN.

A modo de recapitulación, los pactos firmados en 1953 supusieron un cambio radical respecto a una tradición que duraba ya siglo y medio. Aunque hubiera existido cierta subordinación a la gran potencia dominante en cada momento, jamás hubo compromisos militares adquiridos explícitamente, ni menos cesiones de soberanía o la posibilidad de implicar al país en un conflicto ajeno a sus intereses. Los pactos con EEUU, por el contrario, incluyeron la cesión y el uso de instalaciones militares permanentes desde las que podía lanzarse un ataque con ingenios nucleares a una tercera potencia sin el previo consentimiento del Estado español. Tan insólita cesión de soberanía se derivaba de un acuerdo de escasa monta, que no contemplaba compromiso alguno de defensa mutua y cuyas contrapartidas económicas se consideraron insuficientes desde el primer momento.

La vinculación con EEUU, prorrogada dos veces en similares términos hasta la muerte de Franco, en modo alguno constituyó un fin en sí misma, sino el instrumento necesario para alcanzar determinados objetivos políticos, económicos y militares.

En el terreno político, se pretendía que EEUU apadrinase el retorno a la comunidad internacional después de la marginación sufrida tras la Segunda Guerra Mundial. Aunque los peores años del aislamiento político ya habían pasado, el aval del país más poderoso de la tierra suponía una eficaz garantía frente a futuras presiones internacionales. No obstante, la propia naturaleza del franquismo impidió el acceso a determinados foros, particularmente a las organizaciones que protagonizaron la integración europea, y ni siquiera EEUU, con todo su peso, fue capaz de franquear esa barrera.

En el terreno económico, el objetivo era aliviar la asfixia originada por el fracaso de la autarquía económica practicada por el propio régimen y EEUU se convirtió en una fuente de financiación exterior, imprescindible en aquellos momentos. Pero la contrapartida económica no fue equiparable al Plan Marshall, ni por el volumen ni por su finalidad: acelerar la reconstrucción de Europa y promover su prosperidad para prevenir los disturbios sociales que podrían favorecer la extensión del comunismo. En el caso español, descontado ese peligro por la vocación férreamente anticomunista del régimen, sólo se pretendió mejorar las infraestructuras y el funcionamiento del sistema financiero para facilitar la rápida activación de las bases.

Y en el terreno militar, el objetivo fue modernizar las FAS y fortalecer la defensa nacional, así como vincular indirectamente a España con el sistema de seguridad occidental. Las FAS efectivamente se modernizaron, pero sus nuevas capacidades quedaron muy lejos de las necesidades originadas por los riesgos asumidos, y la vinculación al sistema defensivo occi-

dental fue muy precaria y al margen de la OTAN, su principal instrumento. Los españoles se vieron expuestos al riesgo de un enfrentamiento nuclear entre los dos bloques, pero, a diferencia del resto de países occidentales expuestos al mismo riesgo, sin la garantía de defensa mutua que proporcionaba la Alianza Atlántica.

2.- NORMALIZACIÓN DE LA POLÍTICA EXTERIOR (1975-1982)

Ni el Gobierno de Arias Navarro ni los de Adolfo Suárez consideraron prioritaria la política exterior y la supeditaron al cambio político interno. Aunque en algunas ocasiones, lo internacional cobró mayor relevancia al inicio de la Transición, sería más habitual lo contrario, dadas las muchas vicisitudes de aquel complejo e incierto proceso. El comportamiento de las potencias occidentales tampoco ayudó mucho a facilitar el proceso, pues hubo de trascurrir bastante tiempo para que su cautelosa actitud inicial diera paso a un respaldo total.

El presidente Arias, por indicación directa del Rey, que inicialmente mantuvo poderes muy similares a los ejercidos por Franco, encomendó la cartera de Exteriores a José María de Areilza, quien arbolaba por aquellas fechas la bandera del 'cambio' y que consideraba prioritario normalizar con urgencia la estrecha y problemática vinculación mantenida con EEUU desde 1953, relación que, sin satisfacer por entero los intereses de las dos partes, venía colmando sus respectivas necesidades. Esta cuestión, aparentemente resuelta a comienzos de 1976, acabaría provocando uno de los mayores debates de la Transición, al interrelacionarse muy estrechamente con la de la incorporación de España a la Alianza Atlántica.

Esta polémica cuestión, que no se zanjaría definitivamente hasta que pudo vincularse con la del ingreso en la CEE, puede interpretarse como una de las secuelas más nocivas de la anómala alianza pactada en 1953. Desde esa fecha, la política exterior se había insertado en el sistema de seguridad occidental, sin que desapareciese por ello entre la sociedad española la tradicional cultura aislacionista y neutralista interiorizada y asumida durante ciento cincuenta años. Aunque la especial relación con EEUU hubiera sido una constante de la política exterior del franquismo, que la llegada de la Monarquía no modificó sustancialmente, buena parte de la población reprobaba esa colaboración y la imagen de EEUU era muy negativa entre amplios sectores de la sociedad. En España  como en gran parte de Latinoamérica  la gran superpotencia no había ejercido el papel liberador que tuvo en el resto de Europa, sino que había apoyado a la dictadura. Para los europeos, los estadounidenses fueron el azote del nazismo y los generosos donantes del Plan Marshall, pero muchos españoles les consideraban como los principales responsables de que Franco se hubiera mantenido en el poder hasta su muerte y de haber permanecido marginados de Europa durante cuarenta años.

No es exagerado afirmar que la presencia de bases estadounidenses en territorio español y la posible adhesión de España a la OTAN se convirtieron muy pronto en uno de los temas más polémicos y controvertidos de la Transición y, durante casi un decenio, ambos ocuparon un lugar muy destacado en las agendas del Gobierno y de los partidos políticos,

así como en el interés de la opinión pública. Desde el inicio de la democracia, la sociedad española, tradicionalmente ajena e ignorante de los problemas internacionales que la afectaban, nucleó en torno a aquel debate cuanto hacía referencia a la definición de la política exterior.

Objetivamente, en aquel mundo bipolarizado, la pretensión de recuperar la tradicional neutralidad hubiera podido desestabilizar el delicadísimo proceso de transición, lo que equivale a reconocer que España estaba totalmente supeditada a los intereses de EEUU. Aunque ningún interlocutor europeo o estadounidense lo dijera expresamente, siempre se dejó entrever a los responsables políticos que la entrada en la CEE exigía nuestro previo ingreso en la OTAN, lo cual no era totalmente cierto, y esto es lo que precipitadamente hizo el Gobierno de Leopoldo Calvo-Sotelo tras el intento de golpe de estado del 23-F, incluso renunciando a negociar algunas cuestiones, como la de Gibraltar o la integración de Ceuta y Melilla en el área protegida por la Alianza Atlántica. Por otra parte, la OTAN era repudiada por muchos de los grupos políticos que se habían opuesto a Franco, al considerarla una herramienta más de la prepotencia y del imperialismo estadounidenses e identificarla con el apoyo prestado a su régimen. De ahí la postura del PSOE en las elecciones de 1982 y de su arriesgada apuesta de someter la decisión tomada por Calvo-Sotelo al resultado de un incierto referéndum.

2.1. El Tratado de Amistad y Cooperación de 1976

Nada más tomar posesión el primer

Gobierno de la Monarquía, Areilza se aprestó a homologar en lo posible el añejo vínculo defensivo establecido con EEUU. En ese sentido y contando con el firme apoyo del Rey, logró que Henry Kissinger, secretario de Estado estadounidense, se plegara a mostrar un cierto respaldo a la recién instaurada Monarquía mediante la transformación del acuerdomarco firmado poco antes de la muerte de Franco en Tratado de Amistad y Cooperación, así como a articular de alguna forma la contribución española a la defensa occidental en el marco de la OTAN. Pese al trascendental apoyo político que ello suponía, al marcar un antes y un después en la longeva relación bilateral, la vinculación defensiva no sufriría grandes cambios, por negarse rotundamente Kissinger a introducir en el texto garantía alguna de defensa mutua.

A consecuencia de ello, el 24 de enero de 1976 se firmó en Madrid el durante tantos años añorado tratado legislativo, de marcado carácter político y ratificado por las Cortes Españolas y el Congreso estadounidense. Además, EEUU se comprometió a retirar los submarinos nucleares de la base de Rota antes de junio de 1979 y los aviones cisterna de Torrejón con carácter inmediato (salvo cinco que pasarían a Zaragoza), así como a no almacenar en suelo español armas nucleares, durísimo caballo de batalla durante las sucesivas negociaciones para prorrogar los pactos de 1953.

Lo pactado se hizo público en su inte- gridad, lo cual puso de manifiesto la decidida voluntad del Gobierno español de reducir los márgenes de discrecionalidad que se venían tolerando en la utilización de las bases, en particular respecto a la necesidad de precisar los compromisos adquiridos y de reforzar el control espa-

ñol sobre las instalaciones, al objeto de responsabilizarse del acceso a ellas, de conocer el armamento almacenado, de repartir equitativa y proporcionalmente los gastos operativos y de mantenimiento, y de delimitar cuestiones aduaneras y fiscales. También se normalizó bastante el estatuto jurisdiccional de los militares estadounidenses. Lo único que no quedó bien perfilado fue el tema de la utilización de las bases en las llamadas operaciones «fuera de área», tema que causaría graves quebraderos de cabeza en el futuro. Obviamente, la opinión pública no llegó a comprender en todo su alcance el gran salto adelante que se había logrado dar, pues desconocía tanto la situación de partida como lo acordado anteriormente 362 .

El Tratado también contenía un artículo que evidenciaba el interés del Gobierno español por adherirse a la OTAN en un futuro no muy lejano, contemplándose la creación de una comisión de coordinación con «otras Fuerzas dedicadas a la defensa del Atlántico Norte», cuyo nombre definitivo fue bastante explícito: Comisión Ad Hoc para la Coordinación con la OTAN. Por esta vía, se obtuvo información que resultaría sumamente útil a la hora de producirse el ingreso en 1982, ya que, desde 1978, una delegación estadounidense se desplazaba a Madrid para informar de lo tratado en

362 Instrumento de ratificación de España del y los Estados Unidos de América, los siete Acuer-

Tratado de Amistad y Cooperación entre España dos Complementarios al mismo y ocho Canjes de Notas de 24 de enero de 1976 y del acuerdo de desarrollo del Tratado de Amistad y Cooperación, los Anexos de Procedimiento I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX-a, IX-b, X, XIII, XIV, XV, XVI y dos Canjes de Notas de 31 de enero de 1976. BOE n.º 267 (noviembre 1976).

las reuniones del Comité de Planes de

Defensa y del Consejo Atlántico.

2.2. El ingreso en la OTAN (1976-1982)

Seis meses después de la firma del Tratado y con ocasión del bicentenario de EEUU, el Rey fue recibido oficialmente en Washington. La visita se planteó como una gran operación de relaciones públicas y supuso un indudable éxito personal y un espaldarazo para sus intenciones democratizadoras. Ello le dio alas para desembarazarse del presidente Arias al poco de su regreso y nombrar para sucederle a Adolfo Suárez, un oscuro y casi desconocido político franquista. Areilza, ofendido por no haber sido nombrado presidente del Gobierno, presentó la dimisión y su subsecretario, Marcelino Oreja, se hizo cargo de la política exterior. Oreja consideraba que la incorporación de España a la OTAN era la fórmula más idónea para normalizar las relaciones con el bloque occidental y poder así reemplazar el impopular vínculo bilateral con EEUU por una relación multilateral más equilibrada 363 . Sus gestiones lograron que, el 17 de noviembre de 1976, la Asamblea Parlamentaria de la OTAN aprobase una resolución favorable a la incorporación española, con lo que desapareció el veto que desde 1949 había cortocircuitado la adhesión.

Sin embargo, la radical oposición de los principales partidos de izquierdas, entonces todavía ilegales, indujo al primer Gobierno de Unión de Centro Democrático (UCD) a mantener una postura cauta y bastante ambigua sobre el tema. Pero

363 POWELL, Charles: El amigo americano. España y Estados Unidos: de la dictadura a la democracia . Bar-

celona: Galaxia Gutenberg, 2011, pp. 494-512.

en octubre de 1978, su II Congreso Na- cional se decantó claramente a favor del ingreso de España en la OTAN y el programa electoral para las elecciones de marzo de 1979 corroboró dicha postura, pero introduciendo un importante matiz:

[UCD es] partidaria de la adhesión de España a la OTAN. Pero entiende que, por la naturaleza de la decisión, se requiere, en el momento oportuno, un debate parlamentario en el que se analicen en profundidad todas las ventajas e inconvenientes que llevaría consigo 364 .

Suárez volvió a ganar las elecciones de 1979, pero el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se consolidó definitivamente como alternativa política y el Partido Comunista de España (PCE) salió bastante reforzado. Tal vez por ello, el presidente decidió posponer el anunciado debate parlamentario y fue Oreja quien se encargó de proclamar la firme voluntad gubernamental de solicitar el ingreso en la OTAN, vinculándolo además al de integración en la CEE, en aquellos momentos prácticamente paralizado. Y en efecto, al desplazarse a Bruselas para reactivar las negociaciones, aprovechó para entrevistarse con el secretario general de la OTAN y nombró embajador en la capital belga a un decidido atlantista. A su regreso, Suárez le transmitió su malestar por querer quemar etapas y, en noviembre de 1980, le cesó y confió la dirección de la política exterior a José Pedro PérezLlorca, con el encargo de impulsar la renegociación del Tratado con EEUU y, según él, también el de poner en marcha

364 ARENAL, Celestino del: España y la OTAN ,

Madrid, Tecnos, 1986, pp. 281-283.

el proceso de adhesión a la OTAN, cosa que Suárez siempre negó haber dicho 365 .

En enero de 1981, Suárez, acosado por sus compañeros de partido, anunció su decisión de abandonar el Gobierno y UCD designó para sustituirle a Leopoldo Calvo-Sotelo. Su discurso de investidura ante el Congreso de los Diputados fue mucho más contundente sobre el tema OTAN, comprometiéndose a «iniciar las consultas con los grupos parlamentarios a fin de articular una mayoría, escoger el momento y definir las condiciones y modalidades en que España estaría dispuesta a participar en la Alianza» 366 . Como es bien sabido, el 23 de febrero su investidura se vio interrumpida por la irrupción del teniente coronel Antonio Tejero Molina en el hemiciclo. El fallido intento de golpe de Estado tuvo dos importantes efectos inmediatos. De una parte, sirvió como detonante para que el Gobierno se marcase como principal objetivo de política exterior ingresar en la OTAN lo más rápidamente posible. Y de otra, el desafortunado comentario del secretario de Estado estadounidense, general Alexander M. Haig, quien declaró que el golpe era «un tema interno de España», unido a la supuesta complicidad del embajador Terence A. Todman con alguno de los golpistas, fue devastador para el menguado crédito que la opinión pública concedía a EEUU y aniquiló la posibilidad de consensuar la política de seguridad 367 .

365 VIÑAS, Ángel: En las garras , op. cit., p, 220; la

SARASQUETA, Antxón: Después de Franco, OTAN , Barcelona, Plaza & Janés, 1985, p. 44.

366 ARENAL, Celestino del: España y la OTAN , op. cit., p. 227.

367 Los sucesivos esfuerzos de Reagan, de Haig y de Todman, durante las semanas inmediatamente posteriores al 23-F, para acallar los rumores de una presunta vinculación estadounidense con los

Aunque la cuestión de la OTAN hubiese quedado zanjada para el Gobierno de UCD, la oposición al ingreso se hizo más enconada por parte del PSOE y del PCE. Felipe González aprovechó el momento para recuperar los puntos perdidos por su apoyo al Gobierno tras el asalto al Congreso y se apresuró a declarar que, si el procedimiento de entrada no era refrendado por el pueblo español, propondría la salida cuando llegara al poder y, en octubre, el XXIX Congreso del PSOE abogó por establecer un sistema defensivo propio, vinculado coyunturalmente a EEUU, pero con la vista puesta en la desaparición de las bases, y apoyó la postura antiatlantista con cuatro argumentos 368 :

  • La OTAN no garantizaba la integridad territorial española, ya que el Tratado del Atlántico Norte consideraba «fuera de área» a Canarias, a Ceuta y a Melilla.
  • La OTAN no cubría las necesidades españolas de seguridad y defensa por dejar también «fuera de área» a Marruecos, principal escenario de riesgo para España.

golpistas tuvieron poco éxito. Aunque hasta muy recientemente algunos periodistas continúen aferrados a esa tesis (vid. ONETO, José: 23-F, la historia no contada: caso Tejero, 25 años después , Barcelona, Ediciones B, 2005, p. 27; GRIMALDOS, Alfredo: La CIA en España: espionaje, intrigas y política al servicio de Washington , Barcelona, Debate, 2006, pp. 177-194), recientes investigaciones académicas y periodísticas la han desmontado total y fehacientemente (vid. LÓPEZ ZAPICO, Misael Arturo: 'Anatomía de un 'asunto interno': la actitud del gobierno estadounidense ante el 23F', Ayer , 84 (2011), pp. 183-205; LÓPEZ CANALES, David: (2011), 'Tejero connection', Vanity Fair , febrero (2011).

368 Resoluciones del 29 Congreso del PSOE, 21-24 Octubre 1981. Anexo del Acta de Resoluciones , Madrid, s. l., 1981, p. 34.

  • La participación en la OTAN suponía un aumento del riesgo de destrucción nuclear para el territorio español.
  • El ingreso de España en la OTAN provocaría una reacción del bloque soviético, que intentaría fortalecer o ampliar el Pacto de Varsovia, con el consiguiente aumento de tensión y riesgo de guerra en Europa.

También el PCE, desde 1979, se oponía al ingreso en la OTAN y estaba en contra de los bloques militares que «acrecientan los peligros de guerra y los abrumadores gastos en armamento», por lo cual exigía aplazar la cuestión hasta 1986, argumentando que lo que necesitaba la España democrática era una política de «paz, distensión y coexistencia, amistad y cooperación con todos los países», basada en el «no alineamiento». En 1981, con ocasión de su X Congreso, la postura se radicalizó y se acusó a Calvo-Sotelo de haber supeditado los intereses españoles a las demandas de EEUU, declarando además que sería «intolerable» que una decisión de tamaña trascendencia se tomase por mayoría simple y que era preciso convocar un referéndum, conforme exigía, según los comunistas, el artículo 92 de la flamante Constitución 369 .

La decisión también se había postergado hasta entonces debido al escepticismo y cautela de la comunidad occidental ante el proceso democratizador, pues ni el PSOE ni el PCE disponían de fuerza suficiente para obstaculizarla, como en realidad ocurriría al final. La posterior sensibilización de los países occidentales ante el rumbo que estaba tomando la

369 ARENAL, Celestino del: 'La posición exterior de España', op. cit., pp. 379, 387 y 388.

transición coadyuvó sin duda al apresu- ramiento que criticaría la oposición.

Dicho lo cual, el momento elegido para solicitar el ingreso vino determinado por una compleja interrelación de factores internos y externos. Aparte de la citada incidencia del 23-F, Calvo-Sotelo estaba convencido de que el PSOE ganaría las próximas elecciones generales, lo cual demoraría indefinidamente el ingreso en la OTAN, a su juicio inevitable. También debe tomarse en consideración que el Tratado firmado con EEUU en 1976 expiraba en septiembre de 1981 y que, ante el recrudecimiento de la Guerra Fría, los asesores del presidente Ronald Reagan, que había accedido a la Casa Blanca en enero de ese año, pretendían que su renegociación se solapase con el proceso de incorporación a la OTAN 370 .

En agosto de 1981, pese a la unánime oposición de los partidos de izquierda, el Gobierno solicitó autorización a las Cortes para formalizar la solicitud de ingreso en la Alianza Atlántica. El 29 de octubre, tras un largo y durísimo debate, el Congreso de los Diputados respaldó la moción por 186 votos a favor y 146 en contra. Un mes después, superado tras ser aprobada en el Senado por 106 votos a favor y 60 en contra, se presentó la solicitud en Bruselas y el 10 de diciembre el Consejo Atlántico la aceptó. El 29 de mayo de 1982 finalizó el largo proceso de ratificación por los parlamentos de los países miembros y al día siguiente España se convirtió en el decimosexto miembro de la OTAN. El 4 de junio se izó la ban-

370 La llamada Segunda Guerra Fría se inició con ción de la ley marcial en Polonia, donde estaba la

la invasión soviética de Afganistán y la implantasede del Pacto de Varsovia, y sus principales manifestaciones fueron las intervenciones estadounidenses en Granada y Libia.

dera española en el Cuartel General del Mando Supremo Aliado (SACEUR) y, finalmente, el 9 de junio el presidente Calvo-Sotelo asistió de pleno derecho a la cumbre que tuvo lugar en Bonn.

Al hilo del proceso anterior, se había ido negociando la renovación del tratado firmado con EEUU en 1976. Evidentemente, el inminente ingreso en la OTAN y la necesidad de atender las demandas de una oposición cada vez más consolidada hubieran debido permitir modificar en profundidad el carácter de la relación. Sin embargo, el debilitado Gobierno de Calvo-Sotelo no supo aprovechar las bazas que tenía entre manos y, sorprendentemente, se plegó a volver a reducir el tratado al nivel de acuerdo ejecutivo, así como a rebajar el montante de las contrapartidas económicas.

El lento ritmo de las conversaciones exigió abrir un periodo de prórroga y el nuevo Convenio de Amistad, Defensa y Cooperación no pudo firmarse hasta el 2 de julio de 1982, es decir, una vez producido en ingreso en la OTAN. Por tanto, uno de sus aspectos más novedosos fue que la cooperación bilateral se desarrollaría en el marco de la Alianza Atlántica. Otro punto positivo era la mucho más estricta regulación del empleo de las bases, ahora denominadas «instalaciones de apoyo», sujetas a unas «autorizaciones de uso» para poder activarlas. Lo primero hacía referencia a todo «terreno, construcción o conjunto de ellos», propiedad del Estado español, en el que se admitía la presencia y actividades de las FAS estadounidenses para las finalidades específicas del Convenio. Y lo segundo, a los permisos necesarios para utilizar el espacio aéreo, las aguas y los territorios espa-

ñoles, así como polígonos de tiro, oleoductos, etc 371 .

Volviendo al tema OTAN, tras acreditarse en Bruselas los representantes diplomático y militar, se nombró una delegación para negociar con el Comité Militar los aspectos concretos de la inserción española en el sistema defensivo aliado. De julio a octubre de 1982, en tres rondas de negociaciones, se fue debatiendo el nivel de fuerza que debería ser asignada a la Alianza, su dependencia operativa, sus áreas de responsabilidad y las misiones que habría de desempeñar. Inmediatamente se hicieron patentes los muchos escollos que habría que sortear para llevar a buen término una negociación que exigía modificar esquemas muy consolidados a lo largo de más de treinta años, especialmente respecto a la estructura de mandos aliados. Además, el contencioso de Gibraltar entre España y el Reino Unido se alzó como un obstáculo insalvable para el reparto de zonas de responsabilidad. En el curso de la última ronda, al no haberse llegado a ningún acuerdo y estarse en vísperas de unas elecciones generales que se anticipaban catastróficas para el partido en el Gobierno, los representantes del Comité Militar propusieron que se firmase una declaración de mínimos, al objeto de materializar la integración española en la estructura militar antes de que el PSOE congelase las negociaciones, tal como establecía su progra-

371 Convenio de Amistad, Defensa y Cooperación entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, hecho en Madrid el 2 de julio de 1982, con Convenios complementarios y anejos, así como, en relación con el artículo 4 del Convenio, texto del Convenio de Londres de 19 de junio de 1951, y protocolo al Convenio de Amistad, Defensa y Cooperación, hecho en Madrid el 24 de febrero de 1983. BOE n.º 120 (mayo 1983).

ma electoral, pero la delegación española desestimó la propuesta.

3.- DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA DE DEFENSA: EL DECÁLOGO DE 1984

Como ya se ha comentado, los partidos políticos contrarios al ingreso en la OTAN, y muy especialmente el PSOE, interpretaron que la decisión de CalvoSotelo había sido un acto precipitado y desleal, que hurtaba a la opinión pública el gran debate sobre la cuestión que venía anunciando UCD desde 1979, y exigieron un referéndum consultivo. El programa del PSOE para las elecciones generales del 28 de octubre de 1982 proclamaba que, en caso de llegar a gobernar, se interrumpirían las negociaciones en curso y se convocaría un referéndum 372 .

El triunfo del PSOE fue realmente aplastante  202 escaños de los 350 que componían el Congreso de los Diputados  , pero Felipe González enseguida se percató de que su pretensión de consolidar la democracia y modernizar el país exigía un contexto internacional favorable y la plena inserción de España en el bloque occidental, lo que requeriría no sólo ingresar en la CEE sino también permanecer en la OTAN. Ambos objetivos condicionaron la política exterior de su primer Gobierno. Aunque el 30 de noviembre de 1982, en su pragmático discurso de investidura, pasó sobre la cuestión como de puntillas, se mantuvo leal a las promesas electorales y, nada más pisar la Moncloa, ordenó congelar las arduas y complejas negociaciones para la incorporación a la estructura militar integrada.

372 Por el cambio. Programa electoral. Partido Socialista Obrero Español , Madrid, s. l., 1982, p. 47.

Efectivamente, el 9 de diciembre, una semana después de tomar posesión el Gobierno, el ministro de Asuntos Exteriores, Fernando Morán, anunció en la reunión del Consejo Atlántico en Bruselas que, a partir de ese momento, España mantendría la posición en que se encontraba dentro de la Alianza, pero que se abstendría de suscribir los comunicados de las reuniones ministeriales, tanto del Consejo Atlántico, como del Comité de Planes de Defensa, del Eurogrupo y del Comité de Planes Nucleares, hasta tanto no se pronunciase el pueblo español sobre la permanencia de su país en la Alianza.

A lo largo de 1983, comenzaron a surgir dudas en el seno del PSOE sobre lo que convenía hacer y las posturas favorables a la permanencia en la OTAN fueron ganando paulatinamente la partida en el Gobierno. Además, el ministro de Defensa, Narcís Serra, logró hacer comprender a sus compañeros que, para llevar a buen fin la ambiciosa reforma de las FAS que tenía entre manos, resultaría muy útil proporcionar a los militares un referente exterior difícilmente cuestionable por la oficialidad, tal como también había advertido su antecesor Alberto Oliart en 1982.

A pesar del rechazo de los militantes socialistas al ingreso en la OTAN, la reconversión de la postura gubernamental obedeció en buena medida a la situación de hecho en el ámbito internacional, esto es, el recrudecimiento de la Guerra Fría y el compromiso que España debía refrendar con Occidente en tanto naciente democracia; en reconocimiento, por decirlo de alguna manera, del nuevo papel del país en el sistema internacional. En ese marco, parece poco probable que EEUU y las principales potencias europeas hu- bieran permitido una decisión contraria a la integración. Paralelamente, en el ámbito interno existía el objetivo común, si bien con distintos matices, de romper el aislamiento internacional al que España se había visto confinada durante el franquismo.

Todo ello se plasmó en el programa que Felipe González presentó ante el Congreso de los Diputados el 23 de octubre de 1984, con ocasión del primer debate del Estado de la Nación, comprometiéndose también a convocar un referéndum consultivo antes de que finalizase la legislatura. Su plan era que todos los grupos parlamentarios respaldasen la política de paz y seguridad, que su discurso esbozaba en diez puntos. La prensa llamó a aquel esbozo «Decálogo» y como tal ha pasado a la historia. He aquí un brevísimo extracto de su contenido:

  1. Permanencia de España en la Alianza Atlántica.
  2. No incorporación a la estructura militar integrada de la OTAN.
  3. Veto al armamento nuclear en el espacio español.
  4. Reducción de la presencia militar estadounidense.
  5. Ratificación del Tratado de Prohibición de Pruebas Nucleares.
  6. Incorporación a la UEO.
  7. Reivindicación de la soberanía sobre Gibraltar.
  8. Participación activa en la Conferencia Europea de Desarme.
  9. Firma de convenios defensivos bilaterales con los países europeos.
  10. Consenso parlamentario en materia de política de defensa.

Aunque no sin cierta resistencia, el Decálogo se incluyó entre las resoluciones definitivas del XXX Congreso del

PSOE, celebrado en diciembre de 1984, pero el resto de partidos continuaron reacios a consensuar la política de defensa. Al final, el Gobierno logró que la minoría catalana presentase una moción a favor de la permanencia en la Alianza, que fue aprobada en diciembre de 1985, lo que dio pie para poder pedir al pueblo español que refrendase los cuatro primeros puntos del Decálogo.

Poco después, y ya en vísperas del referéndum, Felipe González reconoció que los intereses de España se defenderían mejor en el seno de la OTAN y que su anterior valoración sobre ella y sobre su funcionamiento no había sido correcta. En opinión el politólogo Fernando Rodrigo, tan radical cambio postura respondía a las siguientes razones 373 :

  • La inexperiencia y juventud de los dirigentes del PSOE, unidas al largo tiempo pasado por el partido en situación de ilegalidad y clandestinidad, y sin apenas contactos internacionales.
  • Su ideologizado punto de vista sobre la política internacional.
  • Interesadas motivaciones electoralistas, muy útiles a la hora de desacreditar al Gobierno de UCD y de atraer el voto del 43 por ciento del electorado contrario al ingreso, votos que no debían caer en manos del PCE, que también realizaba una entusiasta campaña anti OTAN.

Tras una enconada campaña, el referéndum se celebró el 12 de marzo de 1986, con escasa afluencia de votantes y

373 RODRIGO, Fernando: 'La inserción de España en la política de seguridad occidental', en GILLESPIE, Richard, RODRIGO, Fernando y STORY, Jonathan (eds.): Las relaciones exteriores de la España democrática , Madrid, Alianza, 1995, pp. 93-96.

un resultado muy ajustado: 59,42 por ciento de participación, 52,49 de votos afirmativos y 39,80 de negativos.

4.- CONSOLIDACIÓN DEL MODELO DISEÑADO (1986-1991)

El referéndum de la OTAN puso término a la confusa ambigüedad que había presidido la política de seguridad y defensa del PSOE desde su llegada al poder. Sólo a partir de ese momento, una vez culminado también el proceso de incorporación de España a la CEE, pudo emprenderse una política exterior coherente y equilibrada, cuyos principales hitos, en materia de defensa, fueron el establecimiento de acuerdos de coordinación con la OTAN, la revisión de la relación bilateral con EEUU, la integración en organizaciones defensivas específicamente europeas y el inicio de la participación de unidades militares en operaciones multinacionales para el mantenimiento de la paz.

4.1. El modelo español de integración en la OTAN (1986-1991)

Políticamente, España perfiló su vinculación con la OTAN en un momento muy oportuno. La adhesión voluntaria de un nuevo miembro representó un refuerzo de enorme valor moral y militar que vino a fortalecer el espíritu de la Alianza. Con ello, ésta no solamente ganó credibilidad, sino que también aumentó su capacidad de disuasión convencional y erosionó en cierta medida la superioridad soviética en este campo. Aspectos que quedaron bien patentes, al dar los aliados por escrito la «bienvenida»  término nunca utilizado en documentos de la or-

ganización  a la contribución española 374 .

Desde que, a finales de 1982, Felipe González paralizó la incorporación a la estructura militar, la representación española ante la OTAN había abierto un periodo de reflexión, y también de aprendizaje de su funcionamiento interno y del papel político a desempeñar en ella. A éste siguió otro para perfilar lo que con el tiempo se conocería como «modelo español», que concluyó prácticamente por las fechas en que se celebró el referéndum. El trabajo realizado sirvió de base para redactar los principios generales en que se basaría la contribución española a la defensa común y las propuestas concretas sobre su contribución militar. Inmediatamente después se abrió un periodo de consultas para exponer las capacidades españolas, la posible participación en el proceso de planeamiento de fuerzas y las áreas donde se produciría la coordinación entre mandos españoles y aliados, anticipando las posibles fuerzas que se pondrían a su disposición.

Todo ello hizo posible que, el 13 de mayo de 1986, recién cumplidos dos meses de conocerse el resultado del referéndum, el embajador español pudiese comunicar oficialmente al secretario general de la OTAN cómo concebía el Gobierno de Madrid su futuro papel en la organización y esbozar las bases que deberían sustentar el «modelo español» de integración, muy distinto del francés y del de los otros catorce países miembros:

374 ZAMARRIPA MARTÍNEZ, Eduardo: 'Entrevista con el Representante Militar de España ante la OTAN', Revista de Aeronáutica y Astronáutica , 580 (1989), p. 451.

  • La defensa del territorio español era responsabilidad de todos los países miembros y, a cambio, su situación geoestratégica y la disponibilidad de sus FAS contribuirían sustancialmente a la defensa común.
  • La contribución militar debía desarrollarse preferentemente en el espacio estratégico de interés nacional, dentro del cual España se comprometía a desempeñar determinadas misiones:
  • Cada una de ellas sería objeto de un Acuerdo de Coordinación entre las fuerzas españolas y aliadas, con ciertas limitaciones.
  • España participaría en el proceso de planeamiento de fuerzas, fuera de la estructura militar integrada y cumplimentaría anualmente el Cuestionario de Planeamiento de Defensa.
  • España participaría en los ejercicios de los Cuarteles Generales de la OTAN y en los programas de ejercicios militares.
  • Se establecerían enlaces con los mandos superiores aliados.
  • Se coordinarían los sistemas de telecomunicaciones e información.

El diseño definitivo del modelo español se encomendó a un grupo de trabajo, que año y medio después, el 18 de enero de 1988, defiñió el marco político-militar en el que se iba a desarrollar la contribución militar española. Sobre esta base, se redactarían las directrices a las que habrían de atenerse los previstos Acuerdos de Coordinación para regularla. La preparación del texto definitivo fue objeto de enconados debates durante 1988, volviendo a surgir obstáculos muy similares a los planteados en 1982; no obstante, la decisión política de no pertenecer a la estructura militar integrada permitió su-

perarlos con cierta facilidad. Gracias a ello, el 10 de noviembre se sometió a la consideración del Comité Militar el proyecto de directrices elaborado. Salvadas sus objeciones, el documento fue aprobado sin dificultad por el Comité de Planeamiento de la Defensa el 23 de noviembre, por los jefes de Estado Mayor el día 29, por los ministros de Defensa el 1 de diciembre, y por los jefes de Estado y de Gobierno del Consejo Atlántico al día siguiente.

En esencia, lo que se dilucidó durante 1988 fueron los cometidos concretos que la OTAN podía asignar a las FAS españolas y las limitaciones impuestas a dicha asignación. La redacción de las citadas directrices, inspirada en el patrón de algunos países, como Francia, Portugal y el Reino Unido, renuentes a renunciar al ejercicio de la plena soberanía nacional, dio lugar a un nuevo y positivo modelo de participación que permitía compatibilizar una política de defensa nacional e independiente con una fructífera relación con la OTAN fuera de la estructura militar integrada 375 .

El siguiente paso fue normalizar los planes de defensa o de contingencia en los que participasen unidades españolas a través de seis Acuerdos de Coordinación entre las FAS españolas y los Mandos Supremos de la OTAN, uno por cada uno de los cometidos asumidos, tarea culminada en junio de 1991. Por orden cronológico, éstos fueron los acuerdos suscritos:

  • Acuerdo sobre defensa aérea de España y áreas adyacentes.

375 GAMBLES, Ian: 'Prospects for West European Security Cooperation', Adelphi Papers , 244 (1989), p. 57.

  • Acuerdo sobre operaciones navales y aéreas en el Atlántico Oriental.
  • Acuerdo sobre operaciones navales y aéreas en el Mediterráneo Occidental.
  • Acuerdo sobre defensa del territorio nacional.
  • Acuerdo para preservar la integridad del territorio español.
  • Acuerdo para la defensa y control del estrecho de Gibraltar y sus accesos.
  • Acuerdo para facilitar el territorio e instalaciones españolas para la recepción y tránsito de refuerzos y apoyo logístico naval y aéreo.

4.2. Reducción de la presencia militar estadounidense (1982-1988)

Una vez encarrilado el tema de la OTAN, el siguiente paso a dar, en consonancia con lo aprobado en el referéndum, era renegociar la relación bilateral con EEUU para reducir sus efectivos militares en España, negociación materializada en el Convenio sobre Cooperación para la Defensa suscrito el 1 de diciembre de 1988. Éste fue el resultado final de un dilatado proceso, iniciado nada más ganar las elecciones el PSOE y cuyo desenlace terminaría siendo muy positivo; tan positivo que, una vez cumplido el plazo inicial de ocho años de vigencia, el convenio ha ido prorrogándose hasta el día de hoy, siendo firmada su última prórroga el 10 de febrero de 2012 por un nuevo periodo de ocho años. Realmente es posible afirmar que, en el momento de la derrota socialista en 1996, las relaciones con EEUU estaban en su mejor momento, sin sombra de automatismos o de subordinación y con un margen de maniobra bien establecido y aceptado por ambas partes. Una situación sin ningún prece-

dente histórico y con el modelo franquis- ta totalmente superado.

Tres fueron las etapas de aquel largo proceso. La primera, bastante breve, orientada a lidiar con la herencia recibida y, sobre todo, a ratificar en las Cortes Generales el acuerdo suscrito por el Gobierno de Calvo-Sotelo. Durante la segunda, coincidente con la cuestión de la OTAN, se definieron y negociaron las líneas maestras del futuro modelo de relación. Y en la tercera, se implantó e implementó el modelo elegido.

El Gobierno socialista carecía totalmente de experiencia en la materia. Su única aproximación al tema se había desarrollado en el ámbito local, concretamente en el entorno de los ayuntamientos de Morón, Torrejón y Zaragoza, de que cuya gestión se hizo cargo el PSOE tras las elecciones municipales de 1979. Y la relación había sido bastante tensa, al ponerse sus ediles al frente de las reivindicaciones del vecindario, descontento con el ruido producido por el tráfico aéreo y, sobre todo, por la problemática laboral del personal español contratado en las bases.

Como se ha apuntado antes, el programa electoral del PSOE para las elecciones de 1982 se comprometía a mantemedidas, igualitarias, de equilibrio y fijadesequilibrio de la situación occidental» 376 . electorado ner la relación bilateral «en condiciones das en el tiempo [y] fundada en el no defensiva Ninguna fuerza política con vocación de gobierno, aun con todas las connotaciones antiestadounidenses del del PSOE, hubiera podido obviar aquel vínculo y la importancia de éste, en su vertiente defensiva, no podía descartarse, ni tampoco arrostrar el coste

376 Por el cambio , op. cit. p. 46.

político y económico de interrumpirla. Pero también era imprescindible introducir cambios en ella. A ese objeto, Morán planteó al embajador Todman la necesidad de replantearse algunos aspectos de lo pactado en 1982, que estaba en vías de ratificación por las Cortes, especialmente en lo relativo a la congelada integración en la OTAN. El tema se resolvió con facilidad mediante un protocolo adicional, firmado el 24 de febrero de 1983, por el que se acordó que las cláusulas del convenio no prejuzgaban la incorporación española a la estructura integrada de mandos. A consecuencia de ello, en el mes de abril las Cortes ratificaron el convenio por aplastante mayoría: 249 votos a favor y nueve en contra en el Congreso, y sólo tres votos en contra en el Senado 377 .

La siguiente etapa comenzó inmediatamente después, con ocasión del viaje del presidente González a Washington a primeros de junio. En sus entrevistas con Reagan y con el vicepresidente George Bush, confirmó su intención de convocar el prometido referéndum e insinuó que, para poder ganarlo, sería conveniente reducir de mutuo acuerdo el nivel de fuerzas estadounidenses en España. Como se ha visto, ambos extremos quedaron incorporados al Decálogo de 1984 y fueron refrendados, tras un amargo debate, por el XXX Congreso del PSOE, cuyas actas reconocían que únicamente desde una perspectiva de conjunto podría revisarse la relación bilateral con EEUU, «de manera que progresivamente se reduzca su presencia militar en nuestro suelo» 378 .

377 POWELL, Charles: El amigo americano , op. cit., p. 593.

378 ARENAL, Celestino del: España y la OTAN , op. cit., pp. 336 y 337.

En septiembre de 1984, Reagan nombró embajador en Madrid a Tomas O. Enders, quien no concedió credibilidad alguna a la pretensión española de reducir efectivos e hizo todo lo posible para que el referéndum no llegara a convocarse. En mayo del año siguiente, Reagan visitó España y, a diferencia de sus predecesores, sus escasas apariciones públicas originaron sonadas manifestaciones antiestadounidenses. Tanto a él, como a su secretario de Estado, George P. Schultz, se les volvió a comentar que cuando llegase la hora de renegociar el convenio bilateral, cuya vigencia expiraba en mayo de 1988, habría de contemplarse una reducción de la presencia militar estadounidense en suelo español. Aunque públicamente se declaró que ambas partes habían llegado al acuerdo de «iniciar contactos diplomáticos» para revisar la situación, la realidad fue que el séquito de Reagan regresó a Washington bastante molesto por la actitud mostrada por el Gobierno español en el curso de una visita de Estado 379 .

La tercera y última etapa comenzó cuando en julio de 1985, tras la solemne firma del protocolo de adhesión a la CEE, Morán fue sustituido por Francisco Fernández Ordóñez en el MAE y éste dio el pistoletazo de salida para la renegociación del convenio. A lo largo del otoño, tras algunos encuentros personales de alto nivel, tuvieron lugar los primeros contactos preparatorios entre las delegaciones presididas por Enders y por Máximo Cajal, secretario general de Política Exterior, en los que enseguida afloró la falta de entendimiento. Efectivamente, las con-

379 CAJAL, Máximo: Sueños y pesadillas: memorias

de un diplomático , Barcelona, Tusquets, 2010, pp. 146-149.

versaciones tuvieron un cariz mucho más duro de lo esperado, debido a la firmeza de los representantes españoles en defensa de su postura y del escepticismo de los estadounidenses hacia ésta. El núcleo del enfrentamiento giró en torno a la salida de los 72 cazabombarderos F-16 del 401 Ala Táctica de la base de Torrejón, tema muy delicado para la opinión pública española, y la retirada de los cinco aviones cisterna que permanecían en Zaragoza. A cambio, España se comprometía a asumir algunas de sus misiones y a mantener la capacidad global defensiva y el mismo nivel de seguridad. La contrapropuesta estadounidense fue trasladar los F16 a Morón, cerrar tres pequeñas instalaciones auxiliares y prolongar indefinidamente el convenio de 1982.

Enders, cuya táctica dilatoria había consistido básicamente en supeditar la posible reducción de fuerzas al resultado del referéndum, contempló atónito su convocatoria y resultado. Según los términos de la pregunta planteada, el sí estaba condicionado a la «reducción progresiva de la presencia militar de los Estados Unidos en España», lo cual fue considerado siempre por la delegación española como algo innegociable. Al abrirse oficialmente los contactos en julio de 1986, Cajal comunicó Enders que España no aceptaría una mera operación de cosmética, sino que aspiraba a que el futuro acuerdo se basase en las siguientes premisas:

  • Reducción razonable y negociada de la presencia militar estadounidense.

  • Respeto mutuo, igualdad soberana y reparto equitativo de cargas defensivas, sin sombra alguna de subordinación.

  • Estricto control por parte española de las autorizaciones de uso, sobrevuelos, reabastecimientos, entrenamientos, preposicionamientos y apoyo logístico.

  • Relación bilateral de carácter exclusivamente defensivo.

  • Revisión de la normativa laboral y extinción de los privilegios jurisdiccionales residuales.

Probablemente, el futuro éxito de la negociación se debió en buena medida a la decisión de circunscribirla a lo estrictamente defensivo, sin contemplar contrapartidas de otro tipo, tradicionalmente utilizadas con la intención de desviar la atención sobre el verdadero meollo de la cuestión, encauzándola hacia el ámbito de la cooperación cultural, económica, educativa, etc. Esto supuso una ruptura total con cualquiera de las anteriores negociaciones, en las que EEUU había aireado el señuelo de la cooperación integral para hacerse a precio de saldo con instalaciones militares consideradas imprescindibles.

Con las conversaciones prácticamente estancadas al final del verano de 1986, Enders optó por pasar al sector privado y Reagan le sustituyó por Reginald Bartholomew, que traía fama de ser un negociador extremadamente duro, como había quedado demostrado cuando desempeñó una misión parecida en Grecia. También en Bruselas, donde comenzaba a estudiarse el modelo de integración en la OTAN, la postura española suscitaba serias dudas sobre la fiabilidad y coherencia de un aliado que parecía anteponer sus intereses de política doméstica a los compromisos de seguridad adquiridos. Schultz, que continuaba sin dar crédito a la firmeza de los planteamientos españoles, tuvo que reconsiderar los suyos cuando, a finales de aquel año, tras insinuarle a Fernández Ordóñez en una reunión del Consejo Atlántico que España era incapaz de defenderse con sus propios medios, le lanzó el órdago de que, en las condiciones planteadas, EEUU podría decidir desmantelar las bases. El ministro español aceptó el envite y le contestó que, si no había reducción de fuerzas, no se renovaría el convenio 380 .

Llegado 1987 y al constatar la reticente delegación estadounidense la inmovilidad de la postura española, sacó a colación diferentes argumentos catastrofistas con la intención de debilitarla: falta de capacidad por parte española para cumplir las misiones de los F-16 con aviones propios o los nocivos efectos sobre las relaciones con Grecia y Portugal, que también pretendían reducir la presencia militar estadounidense.

No obstante, a medida que corría el tiempo y se acercaba la fecha tope para denunciar el convenio, Washington fue haciéndose a la idea de la firmeza de la postura española, especialmente en lo relativo al desmantelamiento de la base de Torrejón, y Shultz pactó con Fernández Ordóñez que los jefes de delegación llegasen a un principio de entendimiento. Éstas fueron las líneas generales de lo acordado entre Bartholomew y Cajal en varios encuentros personales a principios del verano de 1987 381 :

  • Conferir carácter vinculante al acuerdo que eventualmente se alcanzase, así

380 CAJAL, Máximo: Sueños y pesadillas , op. cit., p. 176. Un episodio similar había tenido lugar entre González y Shultz un año antes en Nueva York (vid Powell, Charles: El amigo americano , op. cit. p. 617).

381 CAJAL, Máximo: Sueños y pesadillas , op. cit. p.

  • como simplificar y homogeneizar su marco jurídico.
  • Mantener operativas las bases, haciéndose cargo de España de su dirección y mantenimiento.
  • Preservar lo dispuesto sobre autorizaciones de uso, operaciones «fuera de área» y régimen de escala de buques.
  • Eliminar cualquier referencia a ayuda militar o económica.
  • Dejar fuera del acuerdo la cooperación en materia no estrictamente defensiva.

Pero las espadas continuaron en alto y la guerra de nervios se prolongó durante bastante tiempo más: los españoles sin dar su brazo a torcer y los estadounidenses convencidos de poder regatear y salirse con la suya. A fin de superar la situación, Felipe González decidió echar otro órdago y, el 10 de noviembre, cuando solo faltaban seis meses para que expirase el convenio de 1982, se comunicó oficialmente al Gobierno estadounidense que España optaba por denunciarlo, lo cual escandalizó a la prensa conservadora en Washington y en Madrid. Ante ello, el 15 de enero de 1988 EEUU se plegó a acatar la «decisión soberana» del Gobierno español, aceptando retirar los F-16 de Torrejón a condición de hacerlo en un plazo no inferior a siete años y de que el nuevo convenio tuviese la misma vigencia. Como poco después diría Fernández Ordoñez en el Congreso de los Diputados, «Ha salido exactamente lo que España planteó como posición de partida» 382 .

Quedaba no obstante mucho camino por recorrer, pues faltaba por plasmar la letra pequeña del texto definitivo. De esto se encargaron sendas comisiones: una en Washington, centrada en todo lo relativo

382 VIÑAS, Ángel: En las garras , op. cit., p, 495.

a su vertiente militar, y otra en Madrid, dedicada a atar cabos sueltos. El debate terminó centrándose en la prohibición de introducir armamento nuclear en territorio español, tal como exigía uno de los condicionantes del referéndum, lo que exigió la intervención directa de los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa de ambas partes para buscar una fórmula transaccional y poder de esa forma salvar el escollo.

Finalmente, el 1 de diciembre de 1988 se firmó el Convenio sobre Cooperación para la Defensa, que establecía un plazo de tres años para el abandono total de la base de Torrejón, mantenía los conceptos de instalaciones de apoyo y autorizaciones de uso definidos en 1982, y delimitaba los niveles autorizados de fuerzas estadounidenses en España 383 . No obstante, su principal novedad era que quedaba ceñido al estricto ámbito defensivo y que consagraba una relación basada en intereses de seguridad mutua y no en la búsqueda de contraprestaciones económicas.

Los recelos que la larga negociación había suscitado al otro lado del Atlántico se fueron poco a poco superando y, con ocasión de la primera Guerra del Golfo, quedó ampliamente demostrada la fiabilidad española. El nuevo convenio comenzó a demostrar su utilidad desde agosto de 1990 hasta el final de la Operación «Tormenta del Desierto», incluso superándose muchas veces lo pactado a lo largo de esos meses. España demostró entonces que era un aliado fiable, desmintiendo las muchas opiniones escépticas o

383 Convenio entre el Reino de España y los Es-

tados Unidos de América sobre Cooperación para la Defensa, anejos y canjes de notas anejas al mismo, hecho en Madrid el 1 de diciembre de 1988. BOE n.º 108 (mayo 1989).

desfavorables aparecidas en círculos especializados de EEUU y de la OTAN. Se puso también en evidencia su valor geoestratégico como base de apoyo al despliegue de fuerzas en operaciones «fuera de área» de la OTAN y más concretamente en zonas del Norte de África y del Cercano Oriente 384 .

4.3. Incorporación a la UEO (1985-1991)

La sexta de las metas propuestas por Felipe González en el Decálogo de 1984 era la integración en la UEO, tal vez debido a que, unos meses antes, Helmut Schmidt, ex canciller de la República Federal Alemana (RFA), había insistido en la necesidad de que los europeos potenciaran su propia defensa. Al año siguiente, en junio de 1985, el Partido Socialista francés lo volvió a reiterar y, en la cumbre de Bonn de noviembre del mismo año, los jefes de Gobierno socialistas de los países miembros de la OTAN plantearon la necesidad de reformar esta organización para otorgar mayores responsabilidades a Europa en materia de seguridad.

El embrión de la UEO había sido el añejo Tratado de Alianza y Asistencia Mutua firmado por Francia y el Reino Unido el 4 de marzo de 1947, más conocido como Tratado de Dunkerque. Al año siguiente, concretamente el 17 de marzo de 1948, es decir, un año antes del nacimiento de la OTAN, y sobre el modelo del Tratado de Río de Janeiro suscrito entre EEUU y algunos países latinoamericanos en septiembre de 1947, Bélgica, Francia, Luxemburgo, los Países Bajos y el Reino Unido firmaron el Tratado de Bruselas y acordaron crear una Organiza-

384 PECK, Michael: 'Closer US-Spanish ties evolve', Defense News , junio (1991), p. 23.

ción para la Defensa de la Unión Occidental. Pasados cinco años, en mayo de 1952, dichos países, más Italia y la RFA, constituyeron la Comunidad Europea de Defensa, pero la no ratificación del parlamento francés abortó el proyecto.

El testigo fue recogido por el Gobierno británico y, el 25 de octubre de 1954, los Acuerdos de París modificaron el Tratado de Bruselas de 1948, pusieron fin a la ocupación militar de la RFA por parte de EEUU, Francia y el Reino Unido, y dieron a luz la UEO. La UEO permaneció aletargada hasta octubre de 1984  el mismo mes en que Felipe González anunció su propósito de incorporarse a ella  , momento en que la Declaración de Roma propuso revitalizarla. Tres años después, la Plataforma de La Haya la consideró esencial para la construcción de una Europa integrada, «que quedará incompleta hasta que no se considere el aspecto de su seguridad y defensa» 385 .

En el curso de la cumbre hispanoalemana de septiembre de 1987, el Gobierno español se ofreció a asignar alguna unidad a la recién creada brigada francoalemana, lo que se interpretó como un gesto de aproximación a la UEO. Sin embargo, el Reino Unido vetó que se cursase la preceptiva invitación mientras no se precisase el alcance de sus aportaciones militares a la Alianza Atlántica. Resuelto esto, el 18 de abril de 1988, mientras se negociaba en Bruselas el primer Acuerdo de Coordinación con la OTAN y se discutían en Madrid los términos del nuevo convenio defensivo con EEUU, el Consejo de Ministros de la

385 BARDAJÍ, Rafael: 'La defensa europea: ¿mi-,

to o realidad?', Revista de Aeronáutica y Astronáutica 564, (1987), p. 1268.

UEO abrió sus puertas a España y Portugal. El 10 de mayo, el Congreso de los Diputados autorizó al Gobierno, por amplísima mayoría, iniciar el proceso de negociación, por considerar que España no debía permanecer fuera del principal foro de reflexión y coordinación del pensamiento europeo en materia de paz y seguridad. El 26 del mismo mes comenzó la negociación y el 14 de noviembre se firmó la adhesión, ratificada por las Cortes en marzo de 1990.

Poco después, mientras comenzaba a desmoronarse el Pacto de Varsovia, el secretario general de la UEO visitó Madrid y lanzó la idea de crear fuerzas multinacionales europeas, desplegadas en Alemania, Bélgica y Francia. El tema suscitó bastante rechazo en Washington, canalizado a través del Reino Unido, pero el Consejo Atlántico, reunido en Londres a primeros de julio, decidió por unanimidad que, ante el giro que estaba dando la URSS, era preciso adaptar con urgencia la OTAN al nuevo escenario europeo. Apenas se había iniciado este proceso, Iraq invadió Kuwait y saltó a primer plano la obsolescencia de la política de defensa del bloque occidental, muy influida todavía por la estrategia de la disuasión y atónita ante los cambios acontecidos en Europa del Este. Para hacer frente a la crisis kuwaití, ni la OTAN ni el Pacto de Varsovia fueron capaces de concebir una respuesta de carácter disuasorio que evitase tener que recurrir a la guerra como única solución viable. El Pacto de Varsovia, consciente de su inminente desaparición, optó por inhibirse, EEUU se alzó como único árbitro de la situación y la ONU se limitó a legitimar su actuación. La CEE, por su parte, no pudo hacer más que decretar el embargo econó-

mico de Iraq, pero, al carecer de medios para que fuese eficaz, se vio abocada a recurrir a la UEO, cuyo nivel de operatividad era prácticamente nulo.

La constatación de dicha realidad tuvo diversas consecuencias. En primer lugar, en octubre de 1991, durante la preparación de la cumbre de Maastricht, el presidente de la República Francesa, François Mitterrand, y el canciller de la reunificada Alemania, Helmut Kohl, anunciaron la creación de un cuerpo de ejército francoalemán, sobre la base de la preexistente brigada franco-alemana, abierto a la participación de otros países miembros de la UEO. Poco después, la cumbre de la OTAN, celebrada en Roma en noviembre, definió el «Nuevo Concepto Estratégico de la Alianza», reconociendo que en el futuro habría que afrontar riesgos de cambiante naturaleza en escenarios geográficos distantes. A continuación, en diciembre, el Consejo Europeo reunido en Maastricht creó la UE y la dotó de una política exterior y de seguridad común, con la vista puesta en adoptar también «a su debido tiempo» una política común de defensa.

No obstante, la UEO no llegó a convertirse en brazo ejecutor de la política de defensa de la UE, ni tampoco alcanzó realmente la consideración de «pilar europeo» de la OTAN, a causa de la cautelosa inserción en el tratado de constitución de la UE del citado «a su debido tiempo», compromiso laboriosamente logrado entre los atlantistas, encabezados por EEUU y el Reino Unido, que deseaban fiar en exclusiva la defensa europea a la OTAN, y los europeístas, liderados por Alemania y Francia, con pleno respaldo español, quienes consideraban que Europa podría verse obligada a defender in-

tereses no necesariamente compartidos por EEUU. El temor a duplicar estructuras con respecto a las integradas en la Alianza Atlántica fue otro de los motivos por los que en Maastricht se procuró que la OTAN y la UEO no compitieran entre culadas por el principio de «transparencia y complementariedad» de ambas organi- sí, sino que quedasen estrechamente vinzaciones.

4.4. Orígenes de la participación española en OMP (1989-1991)

España comenzó a participar en las misiones de paz respaldadas por la ONU con bastante retraso respecto de otras naciones europeas, debido a su tardía incorporación a las organizaciones occidentales de defensa, sumada a su aislamiento internacional al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Las potencias que derrotaron a Hitler crearon la ONU, en sustitución de la fracasada Sociedad de Naciones, para mantener la paz en el futuro y uno de sus principales objetivos fue erradicar el uso de la fuerza en el ámbito de las relaciones internacionales. Sin embargo, su carta fundacional exceptuó dos supuestos a este respecto: la legítima defensa de cualquier Estado ante una agresión y la potestad del CSNU para autorizar puntualmente el uso de la fuerza para mantener la paz, ayudar al cese de las hostilidades y prevenir su reanudación.

Esta potestad, ejercida por primera vez en 1948 para vigilar el alto el fuego entre israelíes y palestinos, fue el pistoletazo de salida de las misiones de imposición de la paz, contempladas en el capítulo VII de la Carta de NU 386 . Inicialmente,

386 Carta de Naciones Unidas, 26 de junio de

1945, caps. VI y VII, <http://www.un.org/es/

dichas misiones fueron encomendadas a una coalición de fuerzas de diversos países bajo la bandera de la ONU. La primera «misión de observación», en la que se intervino sin armas, se desarrolló en Egipto, Jordania, Líbano y Siria en 1948 y la segunda, de las mismas características, en India y Pakistán en 1949 387 . Poco después, se optó por organizar expresamente fuerzas multinacionales ad-hoc, sujetas a determinadas «reglas de enfrentamiento». Los enseguida llamados «cascos azules» actuaron por primera vez en 1956, con ocasión de la crisis desencadenada cuando el Gobierno egipcio decidió nacionalizar el canal de Suez.

Como se recordará, España se incorporó a la ONU en 1955, pero se abstuvo de participar, ni siquiera económicamente como hacían Japón y la RFA, en ninguna de las misiones que trataron de poner fin a los diversos conflictos surgidos durante los años sesenta y setenta del pasado siglo, pese a formar parte del Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz desde que se creó en 1965. No obstante, en tres ocasiones, mediante la firma de sendos acuerdos bilaterales con los países afectados, pequeños contingentes de fuerzas fueron enviados a determinadas áreas conflictivas: un destacamento sanitario a Vietnam, a requerimiento de EEUU, desde 1966 a 1971; una escuadrilla de aviones a Guinea Ecuatorial para transportar alimentos y medicinas en 1979, y un contingente militar para reorganizar el ejército ecuatoguineano desde 1979 a 1991. También, en 1982, el Go-

documents/charter> (consultada el 10 de noviembre de 2017).

387 VEGA FERNÁNDEZ, Enrique: Operaciones

militares de gestión de crisis: tipos, evolución y características , Madrid, IUGM-UNED, 2010, pp. 49-55.

bierno de Calvo-Sotelo aceptó aportar una dotación aérea a la fuerza multinacional que se estaba organizando para supervisar la independencia de Namibia, antigua colonia alemana ocupada por la Unión Sudafricana desde el final de la Primera Guerra Mundial, pero la misión se suspendió debido a la falta de acuerdo entre las grandes potencias sobre el trato que debía darse al racista régimen sudafricano.

Habría que esperar, pues, a 1989 para que España participase por primera vez en una misión directamente dependiente de NU. En diciembre del año anterior, su secretario general, Javier Pérez de Cuellar, solicitó al Gobierno de Felipe González el envío de observadores para verificar el repliegue de los 50.000 soldados cubanos destacados en Angola, condición impuesta por la Unión Sudafricana para conceder la independencia a Namibia. A ese objeto, en el mes de enero de dicho año, siete oficiales del Ejército de Tierra se incorporaron al equipo de 70 observadores enviado por la ONU, seguidos poco después por un avión de transporte Hércules C-130 , y algo más adelante, a mediados de abril, por ocho Aviocar C-212 , tripulados y mantenidos por 85 efectivos del Ejército del Aire, con la misión, muy ligada a la anterior, de prestar apoyo al proceso de independencia de Namibia.

El debut internacional de las FAS españolas, pese a la insignificancia de los medios proyectados, fue realmente beneficioso, sobre todo de cara a su propia autovaloración, pues supuso una verdadera inyección de autoestima para unos hombres que todavía se sentían afectados, y también avergonzados, por el abyecto comportamiento de parte de su corporación en el 23-F. Era la primera vez que un grupo de militares profesionales se veía abocado a trabajar en igualdad de condiciones con sus compañeros de armas de otras naciones y, al hacer balance de la misión que habían realizado, fueron tomando conciencia de que su preparación técnica y nivel operativo eran totalmente equiparables con los de aquellos.

Casi simultáneamente, los Gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua solicitaron a Pérez de Cuellar que la ONU supervisase el proceso de implantación de los acuerdos de paz suscritos en 1987, tardío fruto del Acta de Contadora, abortada por EEUU dos años antes. A consecuencia de ello, en noviembre de 1989, el CSNU acordó enviar a la zona una misión que recibió el nombre de ONUCA y fue encomendada al general Agustín Quesada. ONUCA fue la primera misión de NU bajo el mando de un general español y la primera también en que el idioma español se utilizó como vía preferente de comunicación. No en vano era también la primera cuya zona de actuación era Latinoamérica y en la que la mayoría de sus cascos azules procedían de países hispanohablantes (Argentina, Colombia, Ecuador, España y Venezuela), estando en clara minoría los de procedencia distinta (Brasil, Canadá, India, Irlanda y Suecia). Su cometido fue especialmente complejo, por tener que actuar en áreas controladas por guerrillas, contraguerrillas y mercenarios, al servicio unas y otros de intereses contrapuestos, unas veces explícitos, otras encubiertos y, casi siempre, bastante siniestros. La mezcla de firmeza y flexibilidad, unida a grandes dosis de mano izquierda, del general Quesada y de sus mandos subordinados fue un factor decisivo para que la misión llegara a buen término, y el papel

de España subió muchos enteros entre la comunidad internacional. Y por si fuera poco, la difícil tarea se saldó sin ningún incidente y, sobre todo, sin tener que lamentar ninguna desgracia personal.

El buen hacer de los militares españoles incitó a Pérez de Cuellar a solicitar su incorporación a dos nuevas misiones: la dirigida a imponer el alto el fuego entre el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y el Gobierno de El Salvador (ONUSAL) y la encargada de supervisar el proceso electoral en Haití en diciembre de 1990 (ONUVEH). El mando de ONUSAL fue confiado a otro militar español, el general Víctor Suances, y su mayor contingente era el formado por los 138 oficiales de la misma procedencia destacados a la zona. La misión finalizó satisfactoriamente en mayo de 1995, siendo relevada por un nuevo contingente de policías y guardias civiles encargados de consolidar la situación (MINUSAL).

Las misiones realizadas en Centroamérica se caracterizaron por alcanzar los objetivos fijados en breve plazo de tiempo, algo poco habitual en las hasta entonces promovidas por la ONU, y también por la alta participación de españoles en ellas. Aparte de contribuir decisivamente al prestigio internacional de España en el mundo, y más particularmente, en un área donde su imagen continuaba estando muy controvertida y levantaba numerosas suspicacias, tuvo el valor añadido de servir de campo de prácticas para la futura participación en misiones de más envergadura, como las que enseguida se desarrollarían en los Balcanes, y más adelante en Afganistán, Iraq, Libia, el Índico y el Líbano y, y, sobre todo, elevaron la bas- tante mermada autoestima de los miem-

bros de las FAS. Sin embargo, pasaron muy desapercibidas para el conjunto de la sociedad española, que no alcanzó a valorarlas debidamente.

Afortunadamente, esto mejoró notablemente después, al tiempo que entre la población, y también entre muchos responsables políticos y líderes de opinión, fue calando la idea de que los integrantes de las FAS eran básicamente «soldados para la paz». Imagen bastante extendida, sobre la que conviene hacer algunas precisiones. Tradicionalmente, la instrucción de las FAS no contemplaba este tipo de funciones, a diferencia de lo que ocurre hoy en día, en que todos los ejércitos del mundo se preocupan de impartir largos y complejos cursos a ese objeto, regularmente y en especial inmediatamente antes de proyectar tropas a una misión en el exterior. No obstante, el núcleo de su formación práctica y teórica continúa estando orientado hacia la preparación para intervenir en un conflicto bélico. Como dijera Dan Hammarsjold, antiguo secretario general de la ONU, para atajar las críticas suscitadas por las primeras misiones: «evidentemente, los militares no son las personas más idóneas para las operaciones de paz, pero sin ellos no se podrían llevar a cabo» 388 . Efectivamente, sólo las FAS poseen la capacidad de respuesta necesaria y el personal y medios adecuados para crear y mantener un ambiente general de seguridad que permita llevar a cabo, con unas condiciones de riesgo asumibles, labores de interposición, de acceso y distribución de asistencia humanitaria, de celebración de elecciones

388 Cit. por RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, José , Madrid,

Luis: Las misiones en el exterior de las Fuerzas Armadas: donde, cuando… y para lo que haga falta Alianza, 2010, p. 402.

y retorno de refugiados y desplazados, de desmovilización y desar-me, y, más recientemente, de reconstrucción física, económica e institucional.

A modo de conclusión, cabe decir que lo que ha sancionado definitivamente el cambio y homologación de las FAS españolas ha sido la continuada proyección de sus unidades hacia el exterior desde hace ya casi treinta años (en total, cerca de 150.000 hombres y mujeres) y su implicación en unas 80 misiones y operaciones. Misiones y operaciones tal vez sin mucho relumbrón, pero sí con la exigencia de mucha preparación, mucho adiestramiento previo, mucha profesionalidad y mucho sacrificio, y con un compromiso a fondo con la comunidad internacional.

ANTECEDENTES Y PRIMERAS MISIONES EN EL EXTERIOR DE LAS FUERZAS ARMADAS

José Luis Rodríguez Jiménez Profesor Titular de la Universidad Rey Juan Carlos

Las misiones de ayuda humanitaria y pacificación realizadas por las Fuerzas Armadas son parte de la Historia Actual de España. Este trabajo analiza y resume las misiones de esta tipología realizadas durante la transición de la dictadura a la democracia y la primera fase de la consolidación de la democracia (1976-1990), sin olvidar los antecedentes de la etapa franquista. El propósito es explicar los motivos y las características de las primeras misiones, por qué se realizaron en América, África y Asia, al servicio de la diplomacia bilateral o de la Carta de Naciones Unidas, o de ambas cosas a la vez, y cómo, paulatinamente, los gobiernos de España fueron asumiendo más responsabilidades en su compromiso con la paz y la seguridad en el mundo. En aquella coyuntura de ampliación de las relaciones internacionales de una España que no era socio de la Comunidad Económica Europea, los gobernantes descubrieron que las misiones de ayuda humanitaria y de pacificación desarrolladas con personal militar eran una pieza importante de la política exterior de España.

RESUMEN:

ABSTRACT:

The missions of humanitarian aid and pacification carried out by the Armed Forces are part of the Current History of Spain. This work analyzes and summarizes the missions of this typology made during the transition from dictatorship to democracy and the first phase of the consolidation of democracy (1976-1990), without forgetting the antecedents of the Franco era. The purpose is to explain the reasons and characteristics of the first missions, why they were held in America, Africa and Asia, at the service of bilateral diplomacy or the Charter of the United Nations, or both at the same time, and how, gradually, the governments of Spain were assuming more responsibilities in their commitment to peace and security in the world. In that conjuncture of expansion of international relations of a Spain that was not a member of the European Economic Community, the rulers discovered that humanitarian aid and peacekeeping missions developed with military personnel were an important part of Spain's foreign policy.

PALABRAS CLAVE: Fuerzas Armadas de España, Sanidad militar, Naciones Unidas, Misiones de pacificación, Ayuda humanitaria, Vietnam, Guinea Ecuatorial, Centroamérica.

KEYWORDS: Armed Forces of Spain, Military health, United Nations, Peacekeeping missions, Humanitarian aid, Vietnam, Equatorial Guinea, Central America.

Los compromisos adquiridos en seguridad y defensa y a favor de la paz en el mundo, así como la voluntad de los gobiernos de la nación de fortalecer la pre- sencia del Estado en el exterior, han propiciado la contribución material y humana de España a la pacificación de sociedades sometidas a distintas tipologías de con-

flicto, así como a la seguridad internacio- nal y a la gestión de crisis humanitarias.

De entre las cuestiones relacionadas con las Fuerzas Armadas (FAS), ha sido esta labor en cuatro continentes la que mayor trascendencia ha tenido en la sociedad española. Además, el trabajo hecho por más de cien mil militares en más de cincuenta operaciones y los logros alcanzados, por ejemplo, en la pacificación de Bosnia-Herzegovina, y en la reconstrucción de poblaciones dañadas o destruidas por la fuerza de la naturaleza en América, África y Asia, justifican el reconocimiento internacional del esfuerzo solidario de España, en concreto de sus fuerzas armadas y de seguridad; un reconocimiento que ha sido expresado por gobiernos y organismos internacionales, pero también por medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales de muy distinto tipo y orientación política. Esto supone un cambio radical de tendencia respecto a la consideración de las FAS de España en etapas anteriores de nuestro pasado reciente.

Una parte de estas contribuciones se han realizado bajo el mandato de la principal organización internacional dedicada a la paz y la seguridad en el mundo, Naciones Unidas (ONU), y también a las órdenes de organizaciones internacionales regionales, como es el caso de la Unión Europea Occidental, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la Unión Europea. Además, unidades militares han participado en operaciones en el exterior, muy lejos de nuestras fronteras nacionales, como resultado de la voluntad del Gobierno de atender peticiones de Estados Unidos. Y ha habido también casos en que el Gobierno de la nación ha tomado la decisión, unilateral o en con- formidad con otros gobiernos, de asumir una misión, como ha sucedido con varias porcionar medios de sanidad y para la reconstrucción de una ciudad, región o

de ayuda humanitaria destinadas a propaís-es.

En la década de 1990, la historia de las misiones de las FAS en el exterior de nuestras fronteras adquirió una continuidad que no había tenido hasta entonces. Sucedió así porque los gobiernos de la democracia deseaban aumentar el protagonismo internacional de nuestra nación y porque descubrieron su importancia como parte de la política exterior de España y para que unas fuerzas armadas que, durante mucho tiempo (podíamos, incluso, decir que siempre), habían intervenido en la política nacional, encontrasen, junto con la pertenencia a la OTAN, una serie de objetivos que abrían puertas para la modernización y el reconocimiento de su labor. Pero esta historia comenzó antes, tiene unos antecedentes y una primera etapa que merece la pena recordar y ordenar para la nueva historia militar y de las relaciones internacionales.

1.- INTRODUCCIÓN: LAS MISIONES EN EL EXTERIOR, DE PAZ Y DE GUERRA

La Constitución establece como cometidos de las FAS los de garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y, asimismo, la defensa del ordenamiento constitucional. Además de cumplir con mayor o menor acierto con este mandato, los gobiernos de la democracia han entendido, y es obligado destacar el trabajo hecho por los presididos por Felipe González, que la garantía de esa soberanía, de

esa independencia y de esa integridad exige, además de una capacidad de defensa de lo propio, la capacidad de proyectar las FAS al exterior del territorio nacional para cooperar con otros Estados o con organizaciones internacionales. Así pues, las directivas de Defensa Nacional han tenido en cuenta que la política de defensa está estrechamente asociada a la política exterior, y que la seguridad de España está vinculada a la de los países vecinos y a la de aquellos otros situados en áreas de nuestro interés estratégico.

España inició con retraso respecto a otras naciones de nuestro entorno europeo la participación en lo que hoy se denominan, con una voluntad generalista y unificadora, misiones en el exterior o misiones de pacificación. El motivo de este desfase fue la situación de relativo aislamiento internacional de España en los años siguientes a la Segunda Guerra Mundial y, como consecuencia, la tardía incorporación de nuestra nación tanto a los principales organismos especializados en la paz y la seguridad internacional como a alianzas militares. No obstante, ya antes de que se estableciera en España el régimen de Franco, las relaciones internacionales de España se habían caracterizado por su falta de relevancia. Desde finales del siglo XIX, a causa del declive del imperio español y del lamentable estado en que se encontraba el Tesoro público, España permanecía al margen u ocupaba un lugar secundario en las grandes cuestiones internacionales.

La debilidad de nuestra política exterior tuvo efectos negativos pero también uno positivo, para la mayor parte de la población española: nuestro país no participó en los principales conflictos militares. En efecto, desde 1815, España no se ha visto implicada directamente en ninguna de las guerras más destructivas y de mayor duración que han asolado Europa. Además, desde 1898, contra Estados Unidos, los españoles no hemos combatido con los nacionales de otra nación para defender nuestro territorio (Cuba era parte de España). Esto no significa que España no haya participado en guerras. Antes y después de la crisis del 98, los españoles han vivido dos tipos de conflictos militares: guerras civiles y conflictos armados desarrollados fuera de nuestras fronteras nacionales.Si dejamos al margen las seis guerras civiles habidas durante la edad contemporánea (patriotas contra afrancesados, tres guerras carlistas, conflicto cantonalista, guerra de 1936-1939), desde el inicio de esta edad, en 1808, hasta 1966, las FAS de España actuaron fuera de lo que hoy son fronteras nacionales con los siguientes objetivos: la defensa del imperio español en América y Asia, posesiones que eran, según las leyes, parte de España; colaborar en acciones coloniales de Francia en Asia y América; la adquisición de colonias (Marruecos, Sahara occidental); prestar diversas colaboraciones al Tercer Reich (inteligencia militar, aprovisionamiento a buques, envío de oficiales de los tres ejércitos para operaciones de guerra en el frente del este contra la URSS); y defensa del África occidental española (Ifni-Sahara).

Después de esa guerra de Ifni-Sahara (1957-1958), las FAS volvieron a combatir en 1974-1975. Lo hicieron en la colonia del Sahara, y actuaron contra el Frente Polisario, la guerrilla del movimiento independentista saharaui, y en una serie de escaramuzas en el entorno de su frontera norte con las Fuerzas Armadas Reales que el gobierno de Rabat utilizaba como

arma de presión política para anexionarse la colonia. Posteriormente, durante dos décadas las FAS no volvieron a actuar en una misión de guerra. Durante este tiempo desempeñaron diversas misiones en la lucha contra el terrorismo de ETA (inteligencia, protección de ciudadanos e instalaciones), en España y fuera de España, en parte ocultadas por los gobernantes, al ser tan secretas como fundamentales para la defensa por parte del Estado español de su territorio y de sus ciudadanos.

Más cerca en el tiempo, las FAS han actuado en misiones ofensivas fuera de España. En 1995, el Ejército del Aire participó en una acción de guerra de la OTAN contra Serbia, en el contexto de la guerra en la ex Yugoslavia: cazabombarderos F-18 del ala 12 de Torrejón (Madrid) bombardearon objetivos en distintos lugares de Serbia para obligar al gobierno de Belgrado a cesar en sus ataques a bosnio-musulmanes en BosniaHerzegovina y para imponer los intereses de Estados Unidos en la zona. La situación se repitió en 1999: en una operación OTAN, aviones españoles participaron en el ataque a objetivos serbios en Serbia y en Kosovo (que era región autónoma de Serbia), para forzar la salida del ejército serbio de Kosovo y que allí, en las proximidades de una Rusia en fase de declive, se extendiera la influencia de Estados Unidos. Las FAS volvieron a participar en acciones de guerra en 2003-2004, cuando, en el contexto del apoyo español a la invasión de Irak por Estados Unidos, una parte de los efectivos españoles tuvieron que utilizar las armas para defender sus vidas. El mandato, oficial, del gobierno a los jefes militares destinados en Irak fue el de contribuir a la seguridad, la estabilización y la reconstrucción de ese país. Sin embargo, a causa de los ataques sufridos, en diversas ocasiones las tropas españolas tuvieron que combatir para defender sus vidas.

Citamos estos hechos para contextualizar y para comparar. Pues el tema que nos ocupa no es el de las misiones de guerra, sino las de ayuda humanitaria y pacificación realizadas desde comienzos de la transición política a la democracia hasta comienzos de la década de 1990. Comenzamos haciendo referencia a los antecedentes y a la importancia que tuvo la sanidad militar en las primeras misiones en el exterior.

2.- ANTECEDENTES

  • 2.1. La sanidad militar: Pionera en misiones en el exterior (y en escenarios de guerra)

De la Fuerza responsable del cumplimiento de una misión de tipología no de guerra, casi siempre ha formado parte un equipo de la sanidad militar española, cuya composición ha dependido de la tipología de la misión (pacificación, seguridad, estabilización de un territorio, lucha contra el terrorismo, ayuda humanitaria) y del grado de compromiso del Gobierno de la nación con la misma. En estos casos, las unidades de sanidad desempeñan dos labores en la zona de operaciones. En primer lugar, atender a la Fuerza de la cual forma parte el personal de sanidad militar. En segundo lugar, en cuanto ha sido posible y en función de los medios materiales y humanos disponibles, extender esa sanidad a la población civil de la zona.

Pero debemos tener en cuenta que, como apuntábamos, una operación de las FAS en el exterior puede tener distintos fines. Entonces, si una misión decidida por el Gobierno de España tiene fines humanitarios, ¿por qué se envía a militares y no a civiles? Casi todos los países lo hacen así por varios motivos, al menos cuatro. El primero es que, cuando, con motivo de una catástrofe natural, se decide colaborar y enviar personal para labores de distribución de alimentos, ropa y otros bienes, para el alojamiento provisional de población, para obras de reconstrucción de servicios públicos e infraestructuras, y para asistencia sanitaria, en todas estas situaciones, se tiene en cuenta la posibilidad de que en el lugar de destino del personal que va a realizar la ayuda humanitaria exista un problema de déficit de seguridad o la seguridad sea inexistente. El segundo es que para determinadas misiones es necesaria una capacidad logística que solo los ejércitos están en disposición de proporcionar. El tercero es que también puede ser necesario un personal no solo bien entrenado sino también acostumbrado al funcionamiento de una estructura muy jerárquica. El cuarto tiene que ver con esa disciplina, con el hecho de que los oficiales y jefes militares son oficiales de carrera y que, además, todos los militares están a las órdenes del Gobierno de España para misiones de seguridad en el interior y en el exterior de las fronteras nacionales.

Si nos estamos deteniendo en la sanidad militar es porque desempeñó un pasido pionero en estas misiones y ha teni- pel principal en las primeras misiones en el exterior. Al abordarlo destacaremos dos cuestiones: el personal de sanidad ha do como destino tanto escenarios de gue-

rra como lugares afectados por catástrofes naturales. A veces se olvida que, cuando comenzaron, la sanidad militar lo era todo o casi todo en las misiones en el exterior, y también que su comienzo hay que buscarlo antes de que existiera el actual sistema político (1977-2018).

La sanidad militar fue la protagonista de la primera misión española de ayuda humanitaria compuesta por militares. Y se realizó tras una insistente petición de Estados Unidos. Con anterioridad, un gobierno de España había estudiado la posibilidad de participar en una misión de paz. Fue en 1935, durante la Segunda República. Entonces España era miembro del Consejo de la Sociedad de Naciones y la comisión tripartita creada para supervisar el plebiscito del Sarre, territorio ocupado por Francia al finalizar la Primera Guerra Mundial y que se reincorporó a Alemania tras la citada consulta a su población. Estaba previsto un mandato de la citada Sociedad y el envío de una fuerza internacional, a la que España iba a aportar efectivos de la Guardia Civil, pero ambas iniciativas quedaron colapsadas por el deterioro de las relaciones franco-alemanas 389 .

Después de la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial, el relativo aislamiento internacional y, a continuación, el deseo de los gobiernos de Franco de no poner a sus tropas en riesgo de sufrir bajas que provocaran un descontento en la sociedad que pudiera beneficiar a la oposición, son los factores que explican la no participación de España en misiones en el exterior con fuerzas de seguridad y militares. España, ausente de la

389 RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, José Luis: Las misiones en el exterior de las Fuerzas Armadas de España , Madrid, Alianza, 2010, pp. 20-21.

ONU, no participó en la misión de vigilancia del alto el fuego entre israelíes y palestinos, ni en la misión en Cachemira, territorio en litigio entre India y Pakistán, tampoco en la coalición compuesta por dieciséis estados, bendecida por la ONU y dirigida por Estados Unidos, que intervino en la guerra de Corea. La situación no cambió apenas tras el ingreso de España en la ONU, en 1955: no participó en ninguna de las llamadas misiones de pacificación establecidas para Egipto, Congo, Chipre y Líbano, entre otros territorios afectados por conflictos armados. A estas misiones España no aportó medios militares, ni contribuyó de otra forma, bien con medios económicos o apoyo logístico, como fue el caso de Japón y República Federal Alemana, estados cuyas constituciones prohibían el empleo de medios militares fuera de sus fronteras nacionales. Sucedió así pese a que, desde 1965, que es el año de su creación, España formaba parte del Comité Especial de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, participando en las reuniones y en la elaboración de informes y análisis correspondientes al desarrollo de las sucesivas misiones.

2.2. Una misión durante el franquismo, para cumplir con Washington: La misión en Vietnam del Sur.

La relación estrecha y desigual de España con Estados Unidos ha dado lugar a varias misiones que tienen mucho más que ver con los intereses de la primera potencia del mundo que con los españoles. Por este motivo, los destinos de las unidades han estado muy lejos de las fronteras nacionales y de lo que en la actualidad se denomina frontera avanzada (Vietnam. Irak, Afganistán) y, precisa- mente por ello, resulta muy difícil medir su utilidad para la seguridad de nuestra nación.

La primera misión en el exterior fue muy compleja en su formato y características. Se hizo a petición de Estados Unidos, que era el principal aliado político (a la par que el Estado Vaticano) del régimen de Franco. Por este motivo, cabía pensar que la denominada Misión Española de Ayuda a Vietnam del Sur estaría compuesta por medios militares de cierta entidad, pero no fue así.

En la guerra de Vietnam, que tanto recordaba la de Corea, el Sur tenía el apoyo de Estados Unidos, país que había gestionado la aportación de tropas de varios estados miembros de la Organización del Tratado del Sudeste Asiático, y también, con otros aliados, el envío de técnicos agrícolas y de misiones sanitarias, hasta más de cuarenta. Posiblemente, cuando recibió la primera petición de medios militares, Franco tuvo en cuenta que, pasada ya más de una década de la firma de los pactos con Estados Unidos, y una vez que el panorama internacional había mejorado sustancialmente para su régimen, la ayuda económica proporcionada por Estados Unidos era muy reducida, que la colaboración militar suponía cualquier cosa menos un pacto entre iguales y que no había tenido el apoyo deseado para sus intereses en el África occidental. Tardó en responder a las sucesivas peticiones de medios militares o, al menos, de un equipo médico, y acabó dando una respuesta negativa a la solicitud de tropas mediante el método de no responder de forma directa a esa petición y accediendo a proporcionar otra ayuda, de muy escasa cuantía. Para forzar una respuesta, el presidente Johnson le envió una carta, de

fecha 26 de julio de 1965, en la que le decía que se veía obligado a incrementar el contingente militar desplegado en Vietnam y le pedía («I now ask that you») que extendiera su respaldo al terreno de los hechos mediante una señal clara al mundo, y especialmente para Hanoi, de solidaridad con el apoyo internacional a la resistencia «to aggresion in Viet-Nam and for a peaceful settlement in Viet-Nam». Mediante carta entregada en mano por su embajador el 20 de agosto, Franco respondió que la situación en el sudeste asiático representaba un problema de índole más política que militar (siendo, la amenaza comunista, «de carácter eminentemente político, no es solo por la fuerza de las armas cómo esa amenaza puede desaparecer»), calificó a Ho Chi Minh de patriota «por su historia y sus empeños por expulsar a los japoneses, primero, a los chinos después y a los franceses más tarde», y aventuró un resultado negativo para Estados Unidos en la zona, sin comprometerse a ayuda alguna 390 .

Franco no adoptó ninguna decisión hasta mediados de noviembre. Entonces se inclinó por una misión de sanidad militar y de fines humanitarios, ya que no estaba destinada a las tropas estadounidenses (que disponían de suficientes, y mejores, medios sanitarios), sino a los civiles survietnamitas. Una vez recibida la solicitud a través de la Free World Military Assistance Office, en marzo de 1966 el Estado Mayor Central del Ejército envió un escrito confidencial a la jefatura de Sanidad del Ejército, exponiendo la voluntad del gobierno y solicitando de las

390 RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, José Luis: Salvan-

do vidas en el delta del Mekong: La primera misión en el exterior de la sanidad militar española (Vietnam del Sur, 1966-1971) , Madrid, Ministerio de Defensa, 2013, pp. 60-64.

jefaturas de sanidad militar del Ejército de Tierra la aportación de catorce voluntarios: un comandante médico, cuatro capitanes médicos, cuatro practicantes o ayudantes técnico sanitarios de primera, y cinco de segunda. Ni todos serían voluntarios, ni tampoco catorce, pues solo fue posible reclutar a doce. El primer jefe de la Misión fue el comandante médico Argimiro García Granado, que fue el único especialista, radiólogo.

Fue una misión de larga duración, iniciada en septiembre de 1966. El equipo español se estableció en el hospital provincial de Gò Công, pequeña ciudad del delta del Mekong, situada a unos 45 kilómetros de Saigón. El hospital consistía en un viejo edificio mal acondicionado, de una sola planta y de pabellones aislados: en un pabellón estaban las consultas, en otros la hospitalización, con unas 150 camas que albergaban, a veces de dos en dos, a enfermos y heridos de guerra, en otro el quirófano, sala de cura, medicina general y pediatría. Con material sanitario vietnamita y aportado por Estados Unidos, se atendió a civiles y militares sudvietnamitas, heridos de guerra o enfermos. A las consultas acudían tuberculosos, mutilados, heridos por la explosión de minas, por bombardeos de napalm, por accidentes de circulación, muchas madres con niños enfermos de difteria, fiebres tifoideas, paludismo, parasitosis intestinales, disentería y diarrea. Los médicos habían estudiado estas enfermedades, producidas por la mezcla del clima, la mala alimentación y la falta de higiene, pero no todas las habían tratado. Paulatinamente, también atendieron a prisioneros capturados a la guerrilla comunista (Vietcong) y, en menor medida, a militares estadounidenses, aunque estos tenían

sus propios hospitales. No había en el equipo ningún diplomado en cirugía. Hasta entonces, el director del hospital había atendido los servicios de tocoginecología y cirugía. A partir de entonces uno de los capitanes médico, Linares, que poseía la especialidad de Dermatología y Cirugía Plástica y Reparadora, asumió muchas de las operaciones de cirugía general que allí hubo que realizar con carácter de urgencia. Además, cuando lo permitía la situación militar, el equipo español realizó campañas de vacunación y visitas sanitarias a varias pequeñas localidades y puestos militares de la provincia.

El equipo dependía para casi todo del ejército norteamericano desplegado en la zona: desplazamientos, combustible, material médico de reposición, y parcialmente para la adquisición de víveres. Incluso, durante la jornada laboral, sus integrantes vestían el uniforme estadounidense, con los distintivos y divisas españolas, aunque lo evitaban cuando salían de la zona del recinto hospitalario. Para su protección recibieron un chaleco antibalas, fusil M16 y pistola, que no llevaban consigo de forma habitual, sí durante los desplazamientos. Vietnam era un país en guerra y los españoles sabían lo cerca que estaba de ellos, por el tránsito de vehículos militares, por el fuego de morteros enemigos sobre instalaciones militares y civiles, al atardecer y sobre todo durante la noche, por la respuesta de los militares sudvietnamitas y norteamericanos a las acciones guerrilleras y por el asesinato de varios médicos filipinos. Además, los españoles vivieron la guerra en directo en varias ocasiones, sobre todo en febrero de 1968, cuando el avance del ejército de Vietnam del Norte hasta Saigón supuso el bombardeo de su residencia, próxima al hos- pital, y esquirlas de metralla alcanzaron a dos suboficiales causándoles heridas leves.

Los miembros de la primera expedición permanecieron un año en Vietnam. Disfrutaron de ratos de ocio en instalaciones estadounidenses y en Saigón, durante los turnos de descanso establecidos para los fines de semana, con periodicidad mensual. Además, cada seis meses el servicio norteamericano Rest and Recuperation ofrecía viajes gratuitos, de una semana, a un destino seguro del continente asiático, como Japón, Hong-Kong o Malasia.

Una minoría de los oficiales repitió destino, para estancias que pasaron a ser de seis meses. Fue una misión exitosa y premiada, y muy poco conocida en su época, pues los medios de comunicación españoles apenas hablaron de ella, por falta de datos y porque esa era la voluntad del gobierno, mientras dejaba mucha libertad para informar sobre todo lo demás relativo a la guerra de Vietnam. El gobierno de Vietnam del sur les condecoró a todos: Medalla de Honor de Primera Clase y Medalla de Campaña. Asimismo. También el de Estados Unidos: Army Commendation Medal; algunos recibieron la Estrella de Bronce.

La misión española se retiró en noviembre de 1971, tras más de cinco años de trabajo. La integraron más de cincuenta médicos y sanitarios. Fue la primera misión de la sanidad militar española en el exterior tras la Segunda Guerra Mundial, la primera protagonizada por militares médicos en un escenario de guerra sin otro acompañamiento de unidades militares españolas y la primera de carácter humanitario realizada por las fuerzas armadas españolas. En resultados fue muy importante, como muestra un informe

elaborado por el Provincial Health Assistance Program, que destaca, en términos comparativos, el número de pacientes atendidos por el hospital provincial que estaba a cargo del equipo español 391 . También lo fue como experiencia personal y de la sanidad militar española, por el trabajo hecho, por desarrollarse en un escenario de guerra y a varios miles de kilómetros de territorio nacional, y por las lecciones aprendidas, ya que los americanos disponían de los medios más avanzados de la época para el tratamiento de las bajas, entre éstos la evacuación en helicóptero.

Las siguientes misiones en el exterior también tuvieron como protagonista a la sanidad militar, pero con otras características: no de apoyo a Estados Unidos y, paulatinamente, en escenarios de no riesgo militar.

3.- LA ETAPA DE LOS GOBIERNOS DE UCD: MISIONES EN EX COLONIAS. LA LLAMADA DE LA ONU

3.1. La misión en Nicaragua

La siguiente misión tuvo como escenario la Nicaragua envuelta en una larga guerra civil. Tanto el régimen de Franco como los gobiernos de la transición política a la democracia habían respaldado la dictadura de la familia Somoza y, ante la inminente victoria de la revolución sandinista (de mayoría comunista) en la guerra que le enfrentaba a guerrillas derechistas (el primer contendiente apoyado por la URSS y el segundo por Estados Unidos), el Ministerio de Asuntos Exteriores del

391 Ibid, p. 197.

segundo gobierno democrático presidido por Adolfo Suárez se apresuró a escenificar un plan de ayuda a la población civil, consistente en un muy modesto equipo de sanidad militar, de menor entidad que el enviado a Vietnam. El presupuesto de gasto fue de cinco millones de pesetas al mes (30.050 euros), cantidad que incluía las dietas y la estancia del personal de la misión, inferior al desembolso que supuso la ayuda prestada cuando, unos años antes, un terremoto sacudió ese mismo país. El Ministerio de Exteriores se apoyó en el de Defensa porque este era el único capacitado para acometer intervenciones de riesgo en el exterior con personal medianamente cualificado.

La primera expedición llegó a Managua en agosto de 1979, integrada por un comandante médico, un capitán médico, un soldado médico, un teniente y auxiliar técnico sanitario (ATS), un comandante de intendencia, seis soldados sanitarios y un auxiliar de laboratorio, una ATS, una religiosa y doce damas enfermeras de sanidad militar; todo el personal militar procedía del Ejército de Tierra. Este equipo fue destinado por las autoridades nicaragüenses a Estelí, pequeña población del norte del país muy afectada por los combates, a unas dos horas en coche de Managua.

A diferencia de la misión en Vietnam, en esta ocasión la aportación española fue criticada por las autoridades del país. Tres fueron los motivos de queja. El primero se refiere al hecho de que los sandinistas habían pedido ayuda material para montar un hospital. Dado que esta no llegó (otros países europeos si atendieron esta petición), las autoridades instalaron el denominado Hospital Militar Español de Estelí en un viejo edificio confiscado a la

Hermandad de Ganaderos, donde se improvisó una sala para consultas externas y otras dos para hospitalización de hombres y mujeres, y a su personal en un motel cercano, antiguo burdel. La segunda protesta se fundamenta en un supuesto trato prepotente de algunos médicos para con sus pacientes, que eran civiles y militares, incluidos heridos de guerra, en Estelí y localidades próximas, hasta el punto de que, en noviembre, la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional solicitó a la embajada de España la retirada de la misión. Entonces, el embajador solicitó a Defensa su relevo por «situación insostenible» y el Ministerio procedió a acelerar el relevo del personal. La tercera queja era de carácter político, pues en medios militares españoles alguien se había encargado de que en el material de escritorio y de recetas figurase el nombre de Hospital Militar Español Generalísimo Franco. Con su protesta, el gobierno sandinista propuso que ese nombre fuera sustituido por el del jesuita español García Laviana, afín a la teología de la liberación e implicado en la guerra civil a favor de los sandinistas. Esa propuesta fue aceptada y el hospital pasó a llamarse Hospital Militar Español Comandante García Laviana; cuando el primer jefe de la misión regresó a Madrid, fue convocado por el mando para comunicarle que ese era el nombre de un cura miembro de la organización terrorista ETA y sancionarle con varios días de arresto domiciliario.

De la carencia de medios para una labor efectiva deja constancia la correspondencia de uno de los miembros de la misión, el entonces capitán Carlos Álvarez Leiva, quien acabó haciéndose cargo del hospital. La escasez de recursos humanos

(ausencia de médicos y enfermeras del país, que sí hubo en la misión en Vietnam, al igual que el apoyo proporcionado por otro país), así como de recursos materiales y de instalaciones adecuadas, dio lugar a situaciones de agobio, de impotencia. No había material de resucitación, de inmovilización, de radiodiagnóstico y de diagnóstico, y la mayor parte del instrumental de laboratorio era de escasa utilidad o estaba inservible; las peticiones a España no fueron atendidas, por falta tanto de planificación como de voluntad, pues en Defensa querían cancelar la misión. Tampoco había medios de evacuación, por lo que, para los casos que se presentaban, era preciso utilizar camiones o ambulancias de la Cruz Roja, y normalmente los encargados no realizaban el servicio hasta haber recibido su abono por parte del paciente.Cabe añadir dos problemas referidos al personal: las damas de sanidad militar (pronto extinguidas) ponían mucho entusiasmo en lo que hacían,pero carecían de la necesaria formación para trabajar como auxiliares directas; y, a diferencia de la misión anterior y, en general de las siguientes, algunos médicos no se llevaron bien entre ellos y hubo críticas a compañeros por haber solicitado ese destino para cobrar dietas y hacer turismo en países cercanos. El equipo español no tuvo que lamentar ningún herido, pero sintió los combates muy cerca de sus instalaciones, sobre todo durante la noche.

Por la proximidad de la guerra y por la misión en Nicaragua tiene algunas seme- atención a civiles y a combatientes, la janzas con la de Vietnam. Pero fue bastante más corta, pues se retiró en 1980, en fecha que no hemos conseguido averiguar, y no dejó buenos recuerdos a nin-

guna de las partes, con la excepción, suponemos, de la mayoría de las personas atendidas por el personal español. Ninguno de los miembros de la misión publicaría nada sobre su labor. Las autoridades del país no condecoraron a los militares españoles, y tampoco quedó un recuerdo allí de la misión por iniciativa de las autoridades locales (en Gò Công sí, un pequeño puente bautizado «Puente del España»). La parte positiva fueron las enseñanzas que algunos sacaron sobre el envío de una misión al exterior, en este caso al otro lado del océano Atlántico, sin apenas medios materiales, y esta vez sin la cobertura de Estados Unidos, y sobre la carencia de un planteamiento logístico para este tipo de misiones: no existía una unidad especial para estos casos y el equipo formado por la suma de voluntarios procedentes de distintos hospitales militares ha descubierto sobre el terreno la ausencia de una cadena de mando que atienda sus necesidades profesionales e incluso vitales, ya que algunos se han sentido abandonados y aislados porque, es solo un ejemplo, la valija diplomática ha funcionado con lentitud y la correspondencia tarda mucho en llegar a su destino 392 .

3.2. La misión en Guinea Ecuatorial

En ese mismo año de 1980 tuvo lugar una nueva misión de la sanidad militar, en esta ocasión en Guinea Ecuatorial, en el

392 RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, José Luis, PALACIOS BAÑUELOS, Luis y SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, María F.: El Escalón Médico Avanzado del Ejército de Tierra en las misiones de paz y de asistencia humanitaria realizadas por las Fuerzas Armadas , Madrid, Los Autores, 2009, pp. 21-24. Los datos proceden de las entrevistas realizadas en 2008 a Carlos Álvarez Leiva y de su archivo personal.

marco de un amplio programa de ayuda material y de colaboración militar con el que se intentó restablecer, y potenciar con rapidez, la muy deteriorada relación con la ex colonia, el único país del África subsahariana donde el español era idioma oficial y lo hablaba la mayoría de la población.

La oportunidad vino propiciada por el golpe militar encabezado por Teodoro Obiang, sobrino del derrocado dictador, Francisco Macías, y comandante en jefe de sus fuerzas armadas. A comienzos de agosto de 1979, Obiang había solicitado a la representación diplomática española en Malabo que el gobierno de Adolfo Suárez le proporcionara apoyo militar y diplomático para el golpe. El gobierno español ofreció comprensión para el plan en marcha pero no apoyo militar 393 . Esto no impidió que, tras hacerse con el poder, Obiang solicitara a España una amplia colaboración en todas las áreas: sanidad, educación, defensa, economía, justicia, transporte y medios de comunicación. Pero, a cambio, ofreció poco, y de forma intermitente se hizo el ofendido por lo que consideró afrentas españolas: sendas negativas a proporcionar apoyo militar para el golpe y, después, una unidad militar para su seguridad personal. Obiang desconfiaba de algunos de sus compañeros en la Junta Militar. Por este motivo, y porque tampoco confiaba de las naciones que habían apoyado a Macías, y él era uno de los pocos guineanos que había estudiado la carrera militar en la Academia General Militar de Zaragoza, en la época

393 OREJA, Marcelino: Memoria y esperanza. Relatos de una vida , Madrid, La Esfera de los Libros, pp. 335-336; CALVO, Juan María: Guinea Ecuatorial. La ocasión perdida , 1989, http://www.asodegue.org/hdojmc.htm, pp. 100101.

colonial, Obiang decidió rodearse de una guardia personal y pensó que España era el candidato ideal para proporcionarla. Transmitió esta petición en cartas al rey Juan Carlos I y al presidente Suárez 394 ; como se ha dicho, la respuesta fue negativa, pero antes se habían hecho planes para el envío de un contingente de la Guardia Civil o de la Legión (la guardia pretoriana de Macías la aportó finalmente Marruecos, a indicación de Francia).

No obstante, lo cierto es que el gobierno de Suárez decidió implicarse a fondo en Guinea y que dio una respuesta positiva a casi todas las peticiones, y rápida, incluso precipitada. Se nombró de inmediato un embajador, varios altos cargos visitaron Guinea para conocer in situ la situación y para asesorar a las autoridades sobre el juicio al ex presidente Macías, y se envió un primer contingente de ayuda, con bienes de primera necesidad, alimentos principalmente y medicinas, y dos aviones militares para asegurar el enlace aéreo entre Malabo y Bata. Durante octubre y noviembre, una comisión ministerial planeó la ayuda y colaboración bilateral; además, de acuerdo con la Casa Real, se pensó en la conveniencia de un viaje de los reyes a Guinea, y, para la cooperación económica, se creó un grupo de trabajo presidido por el ministro de Economía y en el que estaban representados los Ministerios del área económica, el gabinete del presidente y el Banco de España. Este grupo aprobó el envío de asesores para cada ministerio guineano, la

394 LAGUNA SANQUIRICO, Francisco, et al.: 'La presencia militar española en Guinea Ecuatorial', en LAGUNA SANQUIRICO, Francisco, et al.: La cooperación militar española con Guinea Ecuatorial , Madrid, Ministerio de Defensa, CESEDEN, Documentos de Seguridad y Defensa nº 5, 2006, p. 21.

concesión de un crédito de 23 millones de dólares y la donación de mil millones de pesetas para adquirir alimentos, medicinas, grupos electrógenos, material escolar y viviendas prefabricadas.

Para trabajar en Guinea era necesario disponer de información veraz y detallada, para que los departamentos ministeriales elaborasen planes de actuación en las distintas áreas, formasen equipos de cooperantes y proporcionasen a estos datos de zona. Uno de los temas más urgentes, por la situación del país y porque este tipo de actuación es muy bien recibido por la población, era el de la sanidad. Por este motivo, en cuanto el Gobierno concretó las áreas en las que se iba a prestar ayuda con carácter inmediato, el Ministerio de Defensa organizó un equipo de sanidad militar más amplio que en anteriores ocasiones, en cuanto a especialistas se refiere, pues estuvo integrado por diez médicos militares (cinco capitanes y cinco tenientes) y diez ATS, personal que procedía de los tres Ejércitos y no solo de Tierra; la mayoría de sus miembros eran oficiales, a diferencia de la misión en Nicaragua y de los equipos de sanidad militar que, una década después, iban a formar parte de las agrupaciones tácticas enviadas a Bosnia Herzegovina (en Guinea, el militar de menos rango era un sargento). El jefe de la misión fue el capitán Julián Relanzón López, quien había participado en la de Nicaragua.

Este equipo tenía asignada la tarea de evaluar la situación sanitaria del país, no la de aportar por sí mismo la ayuda sanitaria, como se había hecho en ocasiones anteriores y se haría después. Es decir, recorrer el país y elaborar un informe sobre el estado de la sanidad guineana, el cual sería utilizado por el Ministerio de

Sanidad español para organizar la labor de los cooperantes civiles que, después, ejecutarían la ayuda sanitaria. No obstante, estaba previsto que el equipo prestase algunas labores de atención médica, pues se suponía que sería imprescindible, por la generalizada carencia de médicos y de medios sanitarios en Guinea, y además este tipo de acciones siempre resulta útil para recabar información 395 .

La misión tuvo una duración de menos de un mes. El equipo partió de Madrid el 23 de enero y estuvo de regreso en esta ciudad el 15 de febrero. Los miembros de la misión emplearon los días 25 y 26 en visitas oficiales y en conocer las instalaciones sanitarias de la isla de Bioko. El capitán Relanzón había elaborado un plan de actuación, el cual presentó al embajador español y a las autoridades guineanas. Atendía a tres aspectos 396 :

  1. Información veraz, real y objetiva de las formaciones y medios sanitarios existentes en el país, así como las necesidades más perentorias para poner en marcha el plan sanitario.
  2. Comenzar una campaña de vacunación, ya prevista, que continuará y terminará un relevo de médicos y ATS civiles en número de 80, que llegará el próximo día 18 de febrero. Se iniciará la vacunación en los pueblos más importantes, mentalizando a las gentes a favor de esta campaña.

395 Los datos sobre la misión proceden del informe elaborado sobre la misma y de las entrevistas realizadas a los generales, entonces capitanes, Julián Relanzón, en Madrid, los días 16 de septiembre de 2013 y 18 de febrero de 2014, y Antonio Velázquez, en Chiclana de la Frontera (Cádiz) en agosto de 2012, 2013 y 2015.

396 En 'Informe que formula el Capitán Médico D. Julián Relanzón', folios 5-6, Papeles Julián Relanzón.

  1. Preparar los asentamientos, casas y medios de vida para los médicos civiles que han de venir, y el terreno para que su labor sea conocida de antemano, entregándoles una información completa de los itinerarios y estado de las carreteras y pistas de todo el país

A continuación, Relanzón organizó cinco equipos para cubrir la práctica totalidad de los itinerarios del país. Cada equipo constaba de un capitán médico, un teniente médico y dos ayudantes técnicos sanitarios. Su dispersión dio comienzo en la mañana del día 27 de enero. Concluyó el día 10 de febrero, por la tarde, en Bata, para los equipos asignados al continente, los cuales, en la mañana del día siguiente, volaron a Malabo, donde se unieron al equipo que se quedó en la isla, dando así por finalizada la misión.Habían recopilado información sobre las vías de comunicación, las de conducción del agua, y su nivel de contaminación, y sobre la alimentación y enfermedades predominantes. El informe fue entregado al Estado Mayor, que a su vez dio una copia a la Cruz Roja 397 . Además de recopilar información, los equipos atendieron a enfermos en todas las poblaciones visitadas y realizaron algunas campañas de vacunación, y no hicieron más porque las dosis que tenían que llegar de España se retrasaron y porque las autoridades guineanas disponían de muy escasas existencias.

Las autoridades guineanas, incluido el presidente Obiang, agradecieron el trabajo hecho a los miembros de la misión. Además, el embajador español escribió al ministro de Defensa, Agustín Rodríguez Sahagún, para transmitir su agradecimien-

397 Entrevistas en Madrid con General Julián

Relanzón López, el 16 de septiembre de 2013 y el 18 de febrero de 2014.

to al Ministerio, y en particular a la Sanidad Militar, y también la satisfacción de las autoridades del país por la labor realizada «en la Isla y, especialmente en la provincia de Río Muni, cuyas dificultades de reconocimiento son verdaderamente increíbles» 398 . En breve, su labor sería continuada por personal sanitario seleccionado por Cruz Roja Española. Relanzón hizo un nuevo viaje a Guinea y, a su regreso, seleccionó cinco miembros de su equipo para que acompañaran y orientasen al personal médico sanitario de Cruz Roja, que inició su trabajo el 18 de febrero. El trabajo de los cooperantes españoles sería importante. Por dos motivos. El primero, por los servicios que pusieron en marcha y la ayuda que dieron a la población guineana. El segundo, porque la asistencia española a todos los ministerios guineanos nos sitúa ante la primera misión de cooperación integral española, que sería la semilla de la agencia española de cooperación internacional.

La ayuda a Guinea tuvo una segunda parte de índole militar, esta de larga duración, de 1980 a 1991. De acuerdo con la petición de Obiang, de asesoramiento para reestructurar las fuerzas armadas guineanas, cuando en octubre de 1980 se firmó el Acuerdo de Amistad y Cooperación, a este se le añadieron una serie de protocolos sobre cada una de las áreas que abarcaba la cooperación, uno referido a defensa y concretado en dos cuestiones: la aportación de asesores militares para la reorganización del ejército guineano, y la acogida de becarios en las escuelas militares españolas para su formación y especialización. Durante la primera etapa, un destacamento de aviones de transporte se

398 Copia del documento en Papeles Julián Relanzón.

encargó de asegurar la comunicación entre la capital, Malabo, en la isla de Bioco, y la zona continental 399 . Paulatinamente se fueron asumiendo competencias en la formación de las fuerzas armadas: enseñanza y formación de los cuadros de mando y, a continuación, de la tropa, que incluyó la reconducción de la previamente recibida, en su país o en el extranjero, y la asimilación de unos conceptos éticos comunes y la mejora de la disciplina militar; reestructuración orgánica y redacción de una normativa legal que fijara las competencias de los distintos órganos de la defensa, y que diferenciara las correspondientes a las fuerzas armadas y a las de orden público; acciones encaminadas a la organización y formación de las fuerzas terrestres, navales y aéreas; y concesión de becas de estudios en academias militares españolas 400 . Es interesante la valoración hecha por el general Francisco Laguna, que fue protagonista de aquella misión, en tanto que destinado como asesor del presidente Obiang. En su opinión, aquella fue una gran oportunidad para que militares españoles de los ejércitos de Tierra y del Aire colaborasen en la reestructuración del estado guineano, aprovechando la base cultural común y los lazos establecidos en los años sesenta entre oficiales españoles y guineanos. No obstante, considera que no estuvieron «claramente delimitados ni los objetivos a alcanzar, ni los medios disponibles, ni la

399 CESEDEN: La cooperación militar española con

Guinea Ecuatorial , Madrid, CESEDEN, Documentos de Seguridad y Defensa nº 5, 2006 y LAGUNA SANQUIRICO, Francisco: 'La cooperación con Guinea Ecuatorial: Un primer paso a nuevas misiones', Revista Ejército , 84 (2008), pp. 29-39.

400 LAGUNA SANQUIRICO, Francisco: 'Problemática de la cooperación en el área de la defensa', Revista Ejército , 84 (2008), pp. 29-39 y 59-67.

propia estructura orgánica de los cooperantes » 401 .

3.3. La importancia de la sanidad militar proyectada

Durante las etapas de transición política y de consolidación de la democracia, los gobiernos reformaron las FAS, con el doble propósito de que dejaran de ser un poder político y una fuerza de ocupación interior y de modernizar sus dotaciones y el planteamiento de defensa, de acuerdo con las necesidades nacionales y las de la OTAN.

En la década de 1980, varios militares reflexionaron sobre la proliferación de conflictos con formato de guerra civil entre un gobierno y un grupo guerrillero, las acciones terroristas contra objetivos no individuales (en Italia, España y otros países), y, en general, los conflictos de baja intensidad. Estos conflictos se caracterizan por su reducido número de bajas, en comparación con fenómenos de guerra en los que se utiliza armamento pesado, el aumento porcentual de bajas civiles, el condicionamiento político de las acciones militares, y la necesidad de un despliegue rápido por parte de la fuerza que acude para proporcionar ayuda humanitaria o dar seguridad a la población civil. Por su parte, algunos oficiales médicos, con vocación no de médicos para los militares, sino de militares médicos, utilizaron la experiencia en misiones en el exterior para reflexionar sobre la atención a poblaciones afectadas por catástrofes naturales en áreas remotas desde la perspectiva de los occidentales, donde apenas existen hospitales, y estos mal equipados.

401 LAGUNA SANQUIRICO, Francisco, et al.: 'La presencia militar ', op. cit., p. 9.

Por supuesto, y esto es fundamental, se dieron cuenta de que algunos ejércitos se habían dotado de unidades de acción rápida, para la defensa de un territorio o para ser proyectadas, pero que el esfuerzo logístico realizado había dejado un vacío en la función sanitaria que debe acompañarlas, y de que esta situación la habían resuelto, o estaban trabajando en su resolución, varias naciones, pero no España. Por este motivo se esforzaron para que sus ideas llegaran a los despachos de los jefes militares y de los políticos, como había hecho Mariano Gómez Ulla, el cirujano militar más importante de su tiempo, que prestó servicio en la campaña de Marruecos y que en 1921-23 inauguró hospitales transportables a lomos de mulos, para asistencia a primera línea.

A partir de la experiencia sobre el terreno y las reflexiones vertidas al papel, estaba a punto de comenzar la transformación de la sanidad militar española, que tanta importancia había tenido en las primeras misiones en el exterior, y que la iba a tener en varias de las que estaban por venir.Uno de los primeros militares que planteó el tema en medios gubernamentales fue el capitán Relanzón, en el informe sobre la misión en Guinea 402 :

De esta misión, recogiendo además la ex- periencia de otras anteriores, se ha sacado

402 Informe que formula el Capitán Médico D.

Julián Relanzón, folio 8. Papeles Julián Relanzón. Más información en RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, José Luis, NÚÑEZ DE PRADO CLAVELLl, Sara: 'Trabajando para el restablecimiento de las relaciones España-Guinea Ecuatorial: análisis de la misión de Sanidad Militar en Guinea (1980)', en VIÑAS MARTÍN, Ángel y PUELL DE LA VILLA, Fernando (coords.): La historia militar hoy: Investigaciones y tendencias , Madrid, Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado-UNED, 2015, pp. 363-386.

la conclusión de que sería muy interesante la preparación de un Equipo Médico de Intervención Inmediata, es decir, una lista de personal ya conocido, de garantía y con probados conocimientos en este campo, que en cualquier momento estuviese dispuesto a salir cuando el servicio lo exija, evitando incluir a última hora a gente que por su inexperiencia o ineptitud haga peligrar el éxito de toda la misión. Tendrían siempre pasaporte al día, etc. Personal rigurosamente voluntario, médicos y ATS.

La unidad que se estaba diseñando sobre el papel debería modificar o sustituir el existente Puesto Quirúrgico Avanzado que, con el Hospital de Evacuación y el Hospital de Campaña, eran las formaciones sanitarias pensadas para apoyar a una división en cualquier tipo de operación. Debería sustituirlo por un modelo de formación más ágil, de mayor movilidad, basado en los principios clásicos de la logística. Por lo tanto, debería: tener capacidad de despliegue en muy poco tiempo (inmediato) sobre una zona de operaciones situada a larga distancia de su base y de implementar técnicas entonces solo aplicadas dentro de un hospital, por lo que tendría que disponer de recursos limitados pero suficientes para estabilizar a los pacientes, ser autónomo una vez desplegado en la zona de operaciones (aunque dependiente de la logística nacional), y ofrecer garantías de seguridad, por lo que su reducido equipamiento tendría que ser de alta tecnología y sencillo manejo; asimismo, tendría que ser flexible, o modular, es decir, que con pequeño módulos se construyese el dispositivo de trabajo para la clasificación y estabilización de las bajas; finalmente, tendría que ser polivalente, preparado para atender tanto a catástrofes como a operaciones militares. Disponer de una unidad de sanidad militar con capacidad de rápida proyección al exterior era una necesidad tanto militar como política, pues los Gobiernos de la nación apostaban ya por unas relaciones internacionales más ambiciosas, y, con este fin, decidieron utilizar medios humanos y materiales de los ejércitos como herramienta de la política exterior.

Para que este proyecto saliera adelante fue importante la valoración de la misión en Guinea y que en el otoño 1980 se realizase otra misión de sanidad militar en el exterior, y que el resultado fuera satisfactorio. Un equipo bien dotado de material fue enviado en socorro de la región de El-Asman, en Argelia (país con el que España mantenía una tensa relación desde que el gobierno de Madrid adoptase una solución pro marroquí a la crisis del Sahara occidental), afectada por un terremoto en octubre. Pese a los daños causados por las sacudidas sísmicas, que continuaron durante varios días, se consiguió montar con rapidez un pequeño hospital de campaña en Beni-Rached, que se mantuvo operativo durante un mes.

Más determinante fue que el entonces ministro de Defensa, Rodríguez Sahagún, se interesase por la creación de un equipo médico de intervención inmediata, siempre dispuesto para ser movilizado en cuestión de horas y viajar a donde el Gobierno ordenase. El ministro pidió a Relanzón que elaborara un informe sobre el tema y que fuera organizando ese equipo. No era sencillo, pues las estancias de varios meses fuera les supondrían a los médicos militares perder clientela civil, y, dada la escasez de voluntarios, a los que ya habían salido una vez se les volvería a requerir para otra misión en el exterior, lo que, ya entonces, daba lugar a quejas.

Además, las misiones de sanidad militar son caras, por la logística, las dietas y porque buena parte del equipo se suele dejar en el país de destino. Sin embargo, Relanzón hizo el listado necesario, a base de cirujanos, anestesistas, traumatólogos y pediatras, con médicos que conocían un idioma extranjero y declararon estar dispuestos a viajar fuera de España en caso de emergencia. Con fecha de 27 de diciembre de 1980, el ministro dirigió el siguiente escrito reservado al teniente general jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, relativo a la «Creación de un Equipo Médico de Intervención Inmediata»:

Las últimas intervenciones de las Fuerzas Armadas en el extranjero con motivo de situaciones catastróficas (Nicaragua, Guinea y Argelia) han demostrado por su espíritu y entusiasmo que nuestras misiones son capaces de conseguir un alto nivel de eficacia si su empleo se ve apoyado en una buena organización.

Por otra parte, se hace preciso aprovechar estas intervenciones en beneficio de nuestro prestigio y de las más útiles relaciones internacionales en todos los órdenes, lo cual solo ha de ser posible a través de una coordinación de todos los esfuerzos.

En consecuencia, he dispuesto la creación en breve plazo de un Equipo Médico de Intervención Inmediata, según las directrices que se acompañan y de cuyo desarrollo se encargará un grupo de trabajo cuya composición se indica al dorso, plasmando una instrucción que, una vez sometida a informe de la Subsecretaría y Estado Mayor y aprobada por mi Autoridad, dará carácter permanente al Equipo Médico de Intervención Inmediata, con la máxima agilidad operativa y óptimo rendimiento de las relaciones.

El grupo de trabajo actuará bajo la coordinación de mi Gabinete a cuyos efectos será nombrado un Jefe del mismo.

Por la experiencia adquirida en este tipo de misiones es conveniente que por ese Cuartel General del Ejército se designe, además de las personas señaladas al respaldo, al Capitán Médico don Julián Relanzón, del Hospital Militar Gómez Ulla.

Por lo tanto, ruego a V. E. tenga a bien nombrar los miembros del grupo de trabajo que corresponden a ese Organismo, según relación al dorso. La notificación correspondiente será enviada a mi Gabinete antes del 15 de enero.

Dios guarde a V., E. muchos años. Madrid, 27 de diciembre de 1980.

En enero de 1981 nació el Equipo Médico de Intervención Inmediata, la primera unidad militar española de este tipo. Su labor, a lo largo de una década, fue positiva e importante para el impulso de la sanidad militar y de las misiones en el exterior protagonizadas por militares. Los médicos militares tuvieron el protagonismo en otras dos de estas misiones en la década de 1980: en 1985, en Colombia, en la zona afectada por la erupción del volcán Nevado del Ruiz; y en 1986 en Camerún, en la zona afectada por la emanación de gas de un volcán situado en el lecho del lago Nyos.

Hasta entonces, todas las misiones habían sido de ayuda humanitaria o, en el caso de la de Vietnam, la acción principal había consistido en ayuda humanitaria, si bien a un bando en guerra. No tuvieron un carácter científico, pero, si atendemos a la labor realizada, podemos decir que tuvieron un antecedente en la expedición de Francisco Javier de Balmis y Berenguer (1753-1819), cirujano honorario de Carlos IV y que fue quien promovió la

expedición realizada a las colonias españolas de América y Filipinas para difundir la vacuna de la viruela.

4.- EL GOBIERNO DE GONZÁLEZ INAUGURA LAS MISIONES DE PACIFICACIÓN

4.1. España expresa su voluntad de participar en las misiones de pacificación de la ONU

La segunda vez que España estuvo a punto de participar en una misión bajo mandato del organismo internacional dedicado a velar por la paz en el mundo fue en 1982. El secretario general de la ONU sondeó entonces al gobierno español sobre la posibilidad de que contribuyera al dispositivo de supervisión de la independencia de Namibia, en el marco de la Resolución 435/78 del Consejo de Seguridad; en concreto, que aportara el componente aéreo, diez aviones de despegue y aterrizaje en pista corta, con sus correspondientes dotaciones. El gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo dio una respuesta positiva ese verano y, en noviembre, el primer gobierno socialista, encabezado por Felipe González, envió a la sede de Naciones Unidas una comisión militar. Los preparativos de la misión avanzaron con rapidez, y el planeamiento operativo del grupo aéreo se basaba en el Aviocar, de fabricación nacional. Pero la misión no se llevó a cabo. No fue por culpa española, sino de las grandes potencias, divididas en su apoyo o condena al régimen sudafricano, que controlaba Namibia. No obstante, la voluntad política de participar decidió al Gobierno a establecer criterios para una futura operación de paz bajo los auspicios dela ONU. Para entonces, España había participado en foros internacionales, como la conferencia de Seguridad y Cooperación para Europa, y colaborado, en el marco de la Comunidad Económica Europea (CEE), en la búsqueda de soluciones negociadas para Oriente Próximo y otras zonas del planeta. Además, el restablecimiento de la democracia había conducido a España a la integración en organizaciones internacionales (no en la CEE, con la que tenía un acuerdo preferencial) de las que, por motivos políticos, había estado ausente. También al establecimiento de nuevas relaciones bilaterales y multilaterales.

4.2. De Angola a Namibia

En diciembre de 1988, el secretario general de la ONU pidió a España que aportara oficiales para participar, en calidad de observadores, en el Grupo de Ayuda para la Transición en Namibia (UNTAG, en sus siglas en inglés). Mientras que los cascos azules conforman la fuerza militar aportada por distintos Estados a base de tropa y oficiales armados para las misiones de pacificación de la ONU, los observadores son oficiales y van desarmados, aunque tengan que trabajar con ejércitos y guerrillas, es decir, su arma es la boina azul. La labor inicial de estos observadores iba a tener como escenario otro territorio, pues consistía en verificar el repliegue, y posterior evacuación, de las tropas que el gobierno cubano había enviado para apoyar al gobierno comunista del país en su conflicto con grupos guerrilleros y con Sudáfrica (que atacaba desde Namibia), como primer paso a una pacificación del país y posterior transición política a la democracia. Previamente, todo muy propio de la

Guerra Fría, el gobierno sudafricano, respaldado por Estados Unidos y Gran Bretaña, se había comprometido a retirar sus tropas de Namibia y a conceder la independencia a este territorio, si Cuba, respaldada por la URSS, retiraba las suyas de Angola.

Fue la presencia en Angola de una fuerza militar que tenía como idioma el español el hecho determinante para que Naciones Unidas solicitara la colaboración de España para su desmovilización. En diciembre de 1988, una delegación presidida por el embajador español comprometió en su sede, en Nueva York, la participación de España en la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Angola (UNAVEM). Se ponía así fin a la larga ausencia de España en las operaciones de paz del organismo internacional para la paz en el mundo. En enero de 1989, siete militares del Ejército de Tierra, mandados por el teniente coronel José Benito Rodríguez, quedaron integrados en el equipo de setenta oficiales encargados de verificar la retirada de 50.000 soldados cubanos destacados en Angola. La misión, con sus correspondientes relevos, duraría dos años, ya que el gobierno castrista hizo una retirada escalonada de efectivos. Los objetivos fijados se cumplieron sin problemas de especial gravedad. Fue la primera vez que oficiales españoles participaron en una misión de pacificación, trabajando con distintas facciones enfrentadas en la guerra civil y las tropas extranjeras allí destacadas.

La colaboración de España con las miactualidad. La siguiente misión con parti- siones de la ONU se iba a incrementar, paulatinamente, y se mantendría hasta la cipación española fue la de asistencia de Naciones Unidas para la Transición en el

Proceso de Independencia de Namibia, misión ligada a la anterior. Desde mediados de abril de 1989, España aportó ochenta y cinco efectivos del Ejército del Aire y ocho C-212 Aviocar para los vuelos de transporte desde la base de Eros, próxima a la capital, a distintos puntos del país.

4.3. El inicio de las misiones en Centroamérica

Centroamérica era entonces una zona que arrastraba numerosos conflictos con formato de guerra civil, de guerra entre naciones y de Guerra Fría, por la implicación de Estados Unidos y la URSS. Los conflictos más graves eran los que sufrían los habitantes de Nicaragua y El Salvador. Varios factores iban a permitir la puesta en marcha de un amplio plan de la ONU para la pacificación de toda la zona: la condena de Estados Unidos por el Tribunal Internacional de La Haya, por armar y financiar a la Contra nicaragüense, atacar territorio nicaragüense y el minado de los puertos del país, para su aislamiento económico; la llegada al poder en la URSS de Gorbachov y su decisión de retirar su apoyo al régimen sandinista; la de Washington de modificar su forma de hacer política en la zona en esa coyuntura de final de la Guerra Fría; la labor mediadora del Grupo de Contadora para la Paz en Centroamérica, liderado por México y que contaba con el respaldo de la CEE y de la Organización de Estados Americanos; y la labor de Costa Rica (Estado satélite de Washington), que impulsó dos cumbres de presidentes centroamericanos, de la primera de las cuales salió una declaración de paz (Esquipulas I). Fue entonces cuando el gobierno español adquirió un papel protagonista en el proceso de

pacificación, junto con el Grupo de Contadora, Naciones Unidas y el papa, Juan Pablo II, que había visitado todos los países de la zona. El gobierno de González aceptó liderar los esfuerzos de la ONU para la pacificación en Centroamérica y desempeñó un importante papel en la firma de los Acuerdos de Paz Esquipulas II, suscritos por los presidentes de Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, que se reunieron en la citada localidad en agosto de 1987. El documento contenía una petición de «respeto y ayuda a la comunidad internacional para nuestros esfuerzos» y establecía el plan para establecer la paz y la democracia en toda la región 403 .

Durante 1989, la ONU preparó el establecimiento de la misión de Observadores de las Naciones Unidas para Centroamérica (ONUCA), que debía conseguir, paulatinamente, el cese de los combates y el desarme de las guerrillas. En noviembre, la Resolución 644 dispuso su creación y el secretario general de la ONU, el peruano Javier Pérez de Cuéllar, procedió, como había acordado con el presidente González, a solicitar a España que aportara un general de división para el mando de la misión, que fue Agustín Quesada, del arma de Ingenieros. Comenzaba así la primera misión ONU con mando español. Y hay más. ONUCA fue una misión conjunta, con efectivos de tierra, mar y aire, y combinada, pues participaron diez Estados, pero España aportó el contingente más numeroso (59 observadores de algo más de 200, en el primer año) y, además, fue la primera en la que el idioma español (el oficial en las misiones ONU es el inglés) desempeñó

403 RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, José Luis: Las misiones en el exterior , op. cit., pp. 26-32.

un papel crucial, pues al hecho de desarrollarse en Centroamérica y a la participación española hay que añadir la de militares de otros cuatro países hispano hablantes.El mandato inicial de la ONU fue de observación y verificación del cese de la ayuda a las fuerzas irregulares y movimientos insurreccionales, y de vigilancia del uso del territorio de un Estado para agredir a otros Estados. El despliegue de los observadores comenzó en diciembre de 1989, una vez que lo autorizaron los gobiernos de Nicaragua, contrario a la misión pero sometido a presión internacional y que se había comprometido a convocar elecciones, y el de El Salvador, este propicio a la misma. La evolución en sentido positivo de la misión, en parte gracias a la victoria de la oposiciónal gobierno sandinista en las elecciones celebradas en febrero de 1990, decidió a la ONU, en marzo, a transformarla, de observación a desmovilización y desarme de los grupos guerrilleros, con un grupo de observación (boinas azules) y una fuerza de mantenimiento de la paz (cascos azules). Durante los siguientes meses tuvo lugar, bajo la protección de ONUCA, que fue creando zonas de seguridad para el desarme, la desmovilización de la Resistencia nicaragüense en Honduras y Nicaragua, que culminó en junio. Entonces, el general Quesada fue reemplazado en el mando de ONUCA por otro general español, Víctor Suances, que, con un menor número de efectivos, desarrolló una labor de estabilización, consolidación de la paz, de verificación del cumplimiento de los acuerdos y de ayuda a la reconstrucción 404

.

404 Ibid, pp. 33-66. Más datos en RODRÍGUEZ

JIMÉNEZ, José Luis: 'Las misiones en el exterior de las Fuerzas Armadas de España. Análisis de caso: Un militar español en el proceso de paz de El Salvador', en AZCONA, José Manuel (ed.),

5.- EPÍLOGO

Gracias a los éxitos alcanzados, el Consejo de Seguridad de la ONU renovó el mandato de ONUCA y le dio otras competencias. Mientras unos militares españoles iniciaban otra misión, la de Observadores de Naciones Unidas para Haití, que supervisará las primeras elecciones democráticas, en noviembre, otros se preparaban para ser parte de la Misión de Observadores de Naciones Unidas en El Salvador, aprobada por la ONU en junio de 1991; la aportación española volverá a ser determinante, hasta el punto de que el mando correspondió al general Suances y de que, por primera vez, Naciones Unidas estableció como idioma oficial para una de sus misiones uno distinto del inglés, el español; y habría una segunda vez, con la misión en Guatemala, abierta en 1994.

Las misiones ONU en Centroamérica tuvieron un resultado positivo para los países de la zona. Por lo que a España se refiere, el Gobierno las valoró muy favorablemente y lo mismo los militares españoles. Así pues, asentaron la voluntad de los gobiernos de España de seguir apostando por esta forma de hacer política exterior. En seguida llegarían misiones con tropa en distintos escenarios para atender diferentes solicitudes, de la ONU, de la OTAN y de Estados Unidos; ese personal de tropa estará integrado primero, en su mayoría, por los denominados voluntarios especiales de la Brigada Paracaidista y de la Legión, y, en muy escasa proporción por soldados del servicio

Fuentes orales, emigración española y desarrollo socioeconómico en Centroamérica , Navarra, Thomson Reuters Aranzadi, 2014, pp. 525-544.

militar obligatorio, y, conforme avance la profesionalización total de las Fuerzas Armadas, por personal de todas las unidades. Llegarán las misiones en el Kurdistán iraquí, Bosnia-Herzegovina, Kosovo, Albania, Afganistán, Irak, Líbano y otros escenarios.

Las misiones que han sido objeto de nuestra atención, las correspondientes a las etapas de transición y comienzos de consolidación de la democracia, con el antecedente de la etapa franquista, son distintas de las posteriores en bastantes aspectos. Tres de los principales son que en ninguna se empleó la fuerza para llevar a cabo el cometido de la misión, que se hicieron sin personal de tropa, o su empleo fue mínimo y para labores subalternas, y sin mujeres, pues todavía no se habían incorporado a las FAS. También cabe destacar el protagonismo de la sanidad militar en las primeras misiones.

Por otro lado, lo expuesto muestra un proceso de aprendizaje, de los gobernantes y de los militares, y que los pasos se dieron con mucha cautela, y que los primeros compromisos fueron de escasa entidad, y que a finales de la década de 1980 cambia el ritmo, situación que se iba a acentuar en la década siguiente. Esta evolución no se entendería si no la situásemos en el contexto de democratización de España, de ampliación de sus relaciones internacionales y de modernización de las Fuerzas Armadas. Tampoco habría tenido lugar si ciertos políticos no hubieran entendido la importancia de estas misiones para los intereses nacionales, como parte de la política exterior. La imagen de España, que era y es una potencia mundial en el sector del turismo, y cuyo idioma es el oficial en varios países del mundo, se vio fortalecida gracias a los

compromisos adquiridos en beneficio de la paz y de la seguridad internacional, y lo mismo cabe decir de la ayuda humanitaria a poblaciones de distintos países.

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RESUMEN:

LA MODERNIZACIÓN DE LOS CUERPOS DE SUBOFICIALES

Jerónimo F. Naranjo García. Doctor en Paz y Seguridad por el IUGM

Este artículo analiza lo que representó la Transición para los suboficiales: un avance definitivo para la proyección de sus carreras. Los tres ejércitos propiciaron nuevos modelos, de manera casi simultánea al final de la dictadura que, aunque perduraron tres lustros, no fueron homogéneos. Cambios necesarios, en algunos casos tímidos, en momentos trascendentales, que dieron como consecuencia una modernización de este personal, que además de ineludible, era perentoria para los ejércitos.

ABSTRACT:

This article analyzes what the Transition for NCOs represented: a definitive breakthrough for the projection of their careers. The three services (Army, Navy, Air Force) propitiated new models, almost simultaneously at the end of the dictatorship, which, although they lasted three years, were not homogeneous. Necessary changes, in some cases timid, in transcendental moments, that resulted in a modernization of this personnel, which in addition to unavoidable, was imperative for the armed forces.

PALABRAS CLAVE: Transición, militar, suboficial , academia, formación , promoción .

KEYWORDS: Transition, military, NCO, Academy, training, promotion .

1.- INTRODUCCIÓN

Es difícil imaginar las victorias militares, incluso la propia organización de los ejércitos, sin la intervención directa de los suboficiales, esos protagonistas menores. Resistir las exigencias impuestas por la maquinaria militar es del todo imposible sin la constante presencia y asistencia de este grupo de profesionales que poseen una serie de factores claves, como el liderazgo, la eficacia o la moral. Son elementos intangibles, más que mensurables, que nos permite observar una perspectiva histórica reciente. Nada de esto lo pueden realizar por sí solo los oficiales, por muy grande que sea su genio y por enormes que sean sus energías 405 .

Se tratará de ofrecer una interpretación de la aportada por la escasa bibliografía que se posee al respecto, algo que, por otra parte, debería causar sorpresa tratándose de un grupo profesional que tanto ha aportado al oficio militar. La historiografía española, sin embargo, ha ignorado a estos hombres 406 .

405 KENNEDY, Paul: Ingenieros de la victoria, Bar-

celona, Debate, 2014, p. 454.

406 Es escasa bibliografía que sobre los suboficiales del Ejército se ha escrito, destacando de manera especial un reducido grupo de historiadores

La creación de tres ministerios militares al finalizar la Guerra Civil, se tradujo en que durante casi 50 años, sus miembros vivieron de espaldas unos de otros. Esto fue especialmente doloroso en el caso de los suboficiales, que carecían del espíritu de cuerpo emanado de las academias generales en las que se formaban los oficiales. Se habían ido gestando en el Ejército como grupo profesional, durante los años de la dictadura de Primo de Rivera y se desarrolló de manera definitiva en la Segunda República, y la Guerra Civil les otorgó una dura reválida que no necesitaban. La dictadura emanada de la contienda, que tantos cambios realizó en los ejércitos, consolidó el status quo logrado, porque comprendió la necesidad demostrada de su utilidad. Antes de la desaparición del régimen, se hizo necesario un cambio que permitiera adaptarlos a la nueva situación de la sociedad y de la Institución, y durante la Transición se fueron transformando hasta la promulgación de la ley 17/1989.

2.- ANTECEDENTES

Tomando como hilo conductor el reclutamiento, la formación, la carrera y la promoción, cada ejército siguió su propio guion; proyectaron sus currículos de manera individual, de acuerdo con las nece-

militares encabezado por el general Emilio Fernández Maldonado, en el que destacan dos libros: El sargento español en el siglo de las luces 1685-1760 , Madrid, Ministerio de Defensa, 1999 y El sargento español de ultramar , del mismo editor, 2000; además de diversos artículos al respecto. El otro autor es Miguel Parrilla, especializado en biografías de suboficiales: Narraciones militares, Madrid, Hermandad de Sargentos Provisionales, 1970; Sargentos para la historia , de la misma editorial, 2007; Caballeros de África, de la misma editorial, 2011; igualmente asiduo colaborador de publicaciones relacionadas con el tema militar.

sidades del momento y sin atender a un plan global interministerial de futuro.

Las distintas leyes que se promulgaron en esa época para regular a este grupo, no fueron específicamente para los suboficiales; se referían en realidad a normativas para captar tropas voluntarias que tuvieran cierta preparación y predisposición para continuar la carrera de las armas, para la que se les ofrecía la posibilidad de emprender una prometedora, pero incierta carrera profesional como militar hasta los empleos de oficial, pasando por todos los escalones de suboficial 407 .

Por tanto, no resultó paradójico que los tres ejércitos, con modelos de suboficial que diferían sustancialmente en lo relativo a la formación y promoción, tuvieran reclutamientos tan semejantes, cuando cada uno de ellos tenía necesidades y requerimientos muy distintos.

Para el reclutamiento, todos tenían el mismo denominador común: las clases de tropa, en la mayoría de los casos no especialmente aptas para ello. El Ejército de Tierra (ET) y el Ejército del Aire (EA) recurrieron a la formación en las academias o escuelas regimentales en las propias unidades, para el caso de las armas y cuerpos, con profesores que carecían de la necesaria preparación pedagógica y del incentivo esencial para desarrollar su la-

407 En la Armada no cambió el modelo a lo largo de toda la dictadura, al basarse en las Escalas de Especialistas, decreto de 31 de julio de 1940 (Boletín Oficial del Estado (BOE.) 225); para el caso del Ejército del Aire (EA) por ley de 15 de julio de 1952 (BOE. 84) para los componentes del arma de Aviación, y por orden de 26 de diciembre del mismo año (Boletín Oficial del Ejército del Aire (BOA.) 150) para el de los especialistas modernizada por la ley 142/1962, de 24 de diciembre (BOE. 311); para los componentes del ET cambió por ley de 22 de diciembre de 1955 (BOE. 359).

bor 408 . Para ello no se necesitaban grandes recursos económicos ni humanos, al ser la conscripción la fuente principal del personal del último escalón militar y su fuente de incorporación: «Durante varias generaciones, los sargentos se habían encargado de la administraciones de las unidades militares, tarea para la que no estaban preparados…En su nueva 'carrera' apenas recibían instrucción militar» 409 . No se valoraron especialmente los conocimientos y la formación previa de los futuros suboficiales; era preferible la experiencia y la sumisión. Por su parte la Armada contó desde el principio con una escuela para la formación de los suboficiales especialistas, a la que se accedía desde el empleo de cabo primero 410 .

En algunos casos, el origen endogámi- co era la clave del reclutamiento, pues se convirtió en refugio de hijos de militares que, o no podían continuar los estudios de nivel universitario debido a la prole que poseían sus progenitores y a sus bajos ingresos, o no querían realizar el esfuerzo para ello. También ayudó de manera especial el estado laboral depauperado de la sociedad civil, que no permitía una fácil integración profesional.

Si en el ET, la masa principal de suboficiales pertenecía a las armas y cuerpos, en el EA y en la Armada fueron los especialistas los auténticos protagonistas, y en todos los casos se requería una formación

408 En el ET se finalizaba la formación en las academias especiales de las armas y cuerpos. En el EA, para el caso de los pertenecientes a Tropas y Servicios (TS), en una academia en Los Alcázares

(Murcia).

409 PAYNE, Stanley G.: Los militares y la política en la España contemporánea, Madrid, Sarpe, 1986, p. 280.

410 En la Armada tenían desde 1939 la Escuela

de Suboficiales en San Fernando (Cádiz).

mucho más técnica y prolongada, y siempre en la clase de tropa, que hubo que perfeccionar conforme se recibía el moderno material armamentístico con origen en los acuerdos con los Estados Unidos (EE.UU.) durante los años sesenta. Para ello se utilizaron grandes recursos en personal, instalaciones y materiales, que en el caso del EA supuso también una gran dispersión de escuelas, lo que hizo aún más difícil la ya de por sí imposible cohesión profesional de Cuerpo.

El primer obstáculo con el que se encontraron los futuros suboficiales tras la guerra, fue la restauración del empleo de cabo primero, último de las clases de tropa. Los «sargentos baratos» se eternizaban en su empleo, sufriendo la incomprensión de los de su clase, y el ostracismo de los superiores, hasta lograr los ansiados galones de sargento 411 . Se trató de tener el mayor número posible de ellos, para ahorrarse el sueldo de sargento y evitar el crecimiento desmesurado del Cuerpo de Suboficiales (CS) 412 . Ese crecimiento no era bien visto por parte de la oficialidad, debido a sus numerosas reivindicaciones conseguidas durante la República 413 . La mayoría de cabos primeros abandonaron la fallida carrera militar, ante la imposibilidad de ingresar en el CS y ser profesionales.

411 PARRILLA, Miguel: 'El sargento barato. Setenta y cinco años de la creación del empleo de n.º 104, marzo

cabo primero', en Revista Militares de 2015, pp. 44-46.

412 CARDONA, Gabriel: El gigante descalzo, Madrid, Aguilar, 2006, p. 187. Los tiempos de permanencia en el empleo de cabo primero se habían previsto muy prolongados, por lo que se les concedió el sueldo de sargento a los doce años de servicio o los diez del empleo, por decreto de 31 de marzo de 1944 (BOE. 105).

413

Ibídem , página 27.

A esto se unió la obligada absorción mediante cursos, como si la guerra no hubiera sido una buena universidad, de la ingente cantidad de sargentos provisionales que el ET había creado durante la Guerra Civil, para hacer frente al conflicto 414 . Saturó las escalas e hipotecó durante muchos años el futuro de los Cuerpos, envejeciéndolos 415 .

El ingreso en el CS y los ascensos dentro de él, se producían por antigüedad y con ocasión de vacantes, lo que convertía sus prolongadas carreras en inciertas trayectorias profesionales carentes de aliciente alguno, con la consabida pérdida de motivación 416 .

La creación de dos nuevos empleos dentro del CS, sargento primero y subteniente, con las mismas funciones que tenían los sargentos y brigadas respectivamente, supuso un duro golpe para sus aspiraciones profesionales, sin apenas contraprestaciones prácticas ni crematísticas 417 . Tanto se prologaron los tiempos de permanencia en los empleos, que fue necesario implementar medidas de tipo económico, para tratar de paliar la situa-

414 PUELL, Fernando: Historia del Ejército en Es. Madrid, Alianza, 2000, p. 204. El primero en realizar un trabajo en profundidad sobre ellos fue Madrid,

paña GÁRATE, José Mª: Sargentos provisionales, Hermandad de Sargentos Provisionales, 1977.

415 NARANJO, Jerónimo F.: Los suboficiales del Ejército de Tierra. La memoria de los olvidados. 19311989 , Tremp, Fernández Maldonado, 2016, pp. 106-118. Hasta el año 1945 no se convocó el primer curso de sargento del ET y en 1947 para los del Ejército del Aire (EA), en ambos casos en cantidades poco representativas.

416 PUELL, Fernando: Historia … op. cit ., p. 267.

417 Para el ET por la ley 46, de 21 de julio de 1960 (BOE. 176); para la Armada por decreto 2.800, de 10 de noviembre de 192 (BOE. 270); y para el EA por decreto 2.618, de 25 de octubre de 1962 (BOE. 129). Este hecho no tuvo reflejo en los oficiales, en los que no se contempló la necesidad de aumentar los empleos.

ción. Así se concedieron los sueldos de brigada a los sargentos 418 .

En el caso de la Armada, existían dos empleos más dentro del CS, el de mayor, que se redujo en uno cuando aparecieron los empleos de sargento primero y subteniente. Aunque tenían consideración de oficiales, en realidad se trataba de suboficiales en su último empleo de la carrera 419 .

La promoción a oficial, vieja aspiración de los suboficiales, desde los tiempos en los que habían sido clase de tropa, y con la que se pretendía alcanzar elevados niveles profesionales y sobre todo sociales, se hizo casi imposible, dentro de las escalas paralelas creada por estas leyes, además de envejecer irremediablemente los ya de por sí veteranos Cuerpos. Debido a la desmesurada existencia de Escalas, desconectadas unas de otras, incluso con legislaciones diferentes, algunos, los menos, lograron llegar al último peldaño, mientras que la mayoría se convirtieron en suboficiales resilientes, debido a la

418 Ley de 22 de diciembre de 1953, por la que se concede el sueldo de brigada a los sargentos del Ejército con más de 20 años de servicio efectivo, (BOE. 358). Al aparecer el empleo de sargento primero, se les concedió la misma prerrogativa por la ley 104/1960 (BOE. 308). Al resto de escalas no comprendidas en la ley, se les fue concedida el mismo año por diversas legislaciones. El EA lo aplicaba con anterioridad, de acuerdo con el real decreto de 6 de agosto de 1929 (Colección Legislativa del Ejército) (CLE) 256). Ninguna de estas medidas fueron necesarias en el caso de los oficiales: ni el aumento de empleos ni la concesión de sueldos de empleos superiores.

419 El mayor era un empleo de suboficial aunque con asimilaciones a oficial, con dos categorías: mayor de primera (alférez de navío - teniente), y mayor de segunda (alférez de fragata - alférez), que se establecieron en 1956. Se volvió una única categoría en 1969, al aparecer los empleos de sargento primero y subteniente, porque se entendía que en la última categoría existían tres empleos muy próximos. Desapareció definitivamente cuando se promulgó la ley de los especialistas de la Armada en 1973.

estrechez de horizonte de la rutinaria vida cuartelera 420 .

El ingreso en las escalas superiores de oficiales, aunque regulados, no fueron suficientemente explotadas debido al bajo nivel escolar que poseían los miembros del CS además de las edades elevadas, y a lo poco reconocido por parte de los oficiales.

Por último, las edades de retiro, siempre tempranas, variaban de manera significativa entre escalas y ejércitos, lo que suponía el desasosiego en el último tramo de vida militar, por la pérdida de ingresos económicos en unos momentos familiares difíciles.

Por lo demás, la dictadura no prestó demasiada atención a este grupo militar, más allá que el de aproximar tímidamente sus condiciones sociales a las de los oficiales, mediante el acceso a economatos, vivienda o sanidad, aunque siempre con la distancia que la diferencia jerárquica exigía 421 . Estos tres modelos de suboficial perduraron a lo largo de toda la dictadura. Al finalizar cada uno de los tres ministerios llegó a la misma conclusión sobre el cambio de rumbo que necesitaban los suboficiales, si querían conseguir una mejor preparación acorde con los tiempos: cada vez mayor formación en educación general de los reemplazos de tropa y el moderno armamento, que requería de una sólida formación reglada, obligó a realizar un profundo y serio estudio para efectuar los cambios necesarios.

420 BUSQUETS, Julio: El militar de carrera en Es-

paña, Barcelona, Ariel, 1967, p. 140.

421 PAYNE, Stanley G.: Los militares … op. cit ., p.

3.- LA COMISIÓN

A propuesta del teniente coronel Diplomado de Estado Mayor (DEM) Alfonso Martín de Pozuelo, en 1965 se crea en el Estado Mayor Central (EMC) una comisión, compuesta por nueve ponencias para la reorganización y reforma del Estado Mayor (EM) y el nuevo despliegue del ET422. Ninguna de las ponencias contemplaba estudiar el que para entonces comenzaba a denominarse «el problema de los suboficiales». El nuevo Jefe del EMC, Cesar Mantilla Lautrec, tras una visita de la Comisión a la Academia Auxiliar Militar (AAM) de Villaverde, recibe de su director «un proyecto muy elaborado de reforma del plan de estudios y un esbozo muy crítico sobre las dificultades de los suboficiales que se interesaban por promocionar a las Escalas Activas de la Academia General Militar (AGM)»423.

La propuesta del Director de la AAM fue tomada en serio y pasó a formar parte de una de las nueve ponencias, que lo convirtió en un borrador que se llamó «la ley de los suboficiales», cuando en realidad ni siquiera se trataba de un anteproyecto. Aunque no era el único, se destacó como bastante urgente. No se planteaba una nueva sede ni algo separado de la AAM. Las Cortes estaban recibiendo reclamaciones de suboficiales que se sen-

422 Era Ministro del Ejército el teniente general Camilo Menéndez Tolosa (1962-1969) y Jefe del EMC el también teniente general Rafael Cabanillas Prosper. El secretario de dicha Comisión, desde septiembre de 1965 hasta el verano de 1972, fue el entonces capitán DEM Miguel Alonso Baquer, que ya de general me concedió tres entrevistas entre septiembre de 2007 a enero de 2013. Transcripción realizada por el autor.

423 El Director de la Academia Auxiliar Militar era el coronel DEM Joaquín Rodríguez Cabezas.

tían postergados y que aspiraban a lograr la categoría de oficial.

Dentro de la Comisión hubo disparidad de opiniones, pero el nuevo Ministro del Ejército Juan Castañón de Mena (1969-1973), impulsó lo que ya tenía forma de anteproyecto de ley, pero el aparato de la Dirección General de Organización y Campaña, continuaba frenando la iniciativa.

Como medida inmediata y viendo que los otros dos ejércitos estaban implicados en estudios para un cambio de parecidos cortes, el Alto Estado Mayor (AEM) dispuso una Comisión Interministerial que lograra un acuerdo común sobre el tema de los suboficiales 424 .

Muñoz Grandes era conocedor de la idiosincrasia de los tres ministerios, y del celo que tenían cada uno por salvaguardar sus parcelas de poder y mando, por lo que estaba convencido de que no se alcanzaría un acuerdo para legislar en paralelo, como había sucedido en ocasiones anteriores con otras comisiones.

La Armada tenía muy avanzado el estudio para la reestructuración de su personal especialistas, mediante la Comisión de Estudios y Planes (COMESPLAN), y la posterior comisión de estudios de per-

424 El Jefe del AEM era el capitán general Agustín Muñoz Grandes (1958-1970). Al fallecer le sustituyó el teniente general Manuel Díez-Alegría Gutiérrez, que venía de dirigir el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN). La orden de la Presidencia del Gobierno (almirante Carrero Blanco) de la creación de la Comisión Interministerial para el estudio del anteproyecto de ley, actualizando la legislación sobre 'Reclutamiento de los Suboficiales, Oficiales Auxiliares y Especialistas de los tres Ejércitos', es de fecha 14 de julio de 1971 (BOE. 183). La Comisión estaba presidida por el general de división del EA DEM Fernando Martínez-Vara de Rey y Córdova Benavente.

sonal (COMESPER) que analizaba la política de ascensos en cada una de las escalas, y que en nada se parecía al presentado por el ET; el EA por su parte tenía una organización de personal propia y distinta a la de los otros dos ejércitos, y continuó con los escasos cambios que tenía previsto. Los acontecimientos posteriores le dieron la razón al ya fallecido Muñoz Grandes, y su sucesor, Manuel Diez-Alegría no pudo lograr un acuerdo antes de ser cesado de su mando, que hubiera resultado muy beneficioso para los tres ejércitos.

Lejos de buscar la militarización, como en épocas anteriores, era más una mejora sustancial de la profesionalidad. Ya no se trataba de una lucha contra el analfabetismo, sino de preparar a los suboficiales para el acceso a formaciones académicas superiores, incluso universitarias. En lo que sí coincidieron todos fue en la necesidad del rejuvenecimiento y en acabar con los desfases en la fluidez de las distintas Escalas y especializaciones, mediante una drástica reducción de ellas. Pero como veremos no se logró enteramente, sobre todo en los temas de la reducción de escalas, el reclutamiento y sobre todo, en el de la promoción, cuya larga sombra llegó hasta la ley 39/2007, de 19 de noviembre.

La Comisión fue disuelta por el Ministro de Defensa Agustín Rodríguez Sahagún, ya desaparecidos los tres ministerios militares, y cuando se habían promulgado las tres leyes correspondientes 425 . No se consiguió aunar criterios y continuaron las disparidades entre los tres ministerios.

425 Orden de 18 de abril de 1979 (BOE. 96).

4.LA MODERNIZACIÓN DE LOS SUBOFICIALES DE LA ARMADA

La Armada fue la primera que comenzó su proceso de lo que consideraron modernización de los suboficiales en 1973, basado más en el empirismo que en la realidad del presente y sobre todo en el futuro. Con ello apareció por primera vez el concepto de Escala Básica para definir de manera genérica a este grupo militar. Pero el cambio de nomenclatura no supuso una transformación significativa en el reclutamiento ni en la formación de los suboficiales 426 .

La Escala Básica se agrupó en cinco secciones con un único escalafón para cada una de ellas, por lo que uno de los objetivos que se había marcado la Comisión, la reducción de escalas, se cumplió solo de manera parcial.

En realidad se trató de un nuevo reclutamiento de tropas voluntarias para la Armada, de parecidas características a las publicadas para el ET y el AE durante la dictadura, en las que se reguló el ingreso y la carrera de los suboficiales, con el único origen en la tropa especialista. Por tanto fue una homogenización con los otros dos ejércitos, pero adaptada a su estructura y necesidades. Para el reclutamiento de especialistas solo se requería la certificación escolar de estudios primarios, que no aumentaba en las convocatorias para el ingreso en el CS, por lo que no alcanzaba los requisitos mínimos propuestos por la Comisión, de elevar los niveles de estudios previos existentes ya en la sociedad civil.

426 Ley 19/1973, de 21 de julio, de Especialistas de la Armada (BOE. 176). Se desarrolló por el

decreto 1.650/1974, de 31 de mayo (BOE. 146).

La tropa especialista de la Armada, además de la formación propia para alcanzar su preparación técnica, requería de largos periodos de permanencia en los empleos de cabo y cabo primero, además de las condiciones de embarque, excepto para el caso de los componentes de Infantería de Marina, antes de poder acceder al CS mediante una evaluación, una oposición y un curso de formación específico, ya con edades elevadas 427 . Otra condición de la Comisión, el rejuvenecimiento de la Escala, se vio comprometida desde el principio, debido al método de reclutamiento empleado.

La formación del CS era de tan solo diez meses, con dos periodos: uno de mes y medio común a todos en la Escuela de Suboficiales, en la que difícilmente se podía alcanzar el espíritu de Cuerpo, y una segunda de poco más de ocho meses en las escuelas de especialidades respectivas, para finalizar el currículo 428 .

En cuanto a la promoción, se crearon las Escalas Especiales de Oficiales, tantas como secciones de la Escala Básica existían, por lo que continuaron las escalas

427 La Armada contaba con una Junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales para el ingreso en la Escala Básica, en la que no había ningún representante con categoría de suboficial. Eran los encargados de evaluar a los aspirantes al curso para el ingreso en el CS, y para el ascenso a los diferentes empleos del Cuerpo. Para ello empleaban los informes y expedientes personales, informes psicofísicos, hojas de servicio y todo aquello que pudiera servir para una valoración de juicio, incluidos los aportados por el interesado. El ingreso en la Escala Especial lo evaluaba una Junta de Clasificación de los Cuerpos de Oficiales.

428 Debido al elevado número de cabos primeros que por diferentes convocatorias no habían podido acceder al CS, las primeras convocatorias se dividieron en dos tipos de opositores: los que llevaran más de 18 años de servicio, que solo realizarían el primer periodo de formación, y el

resto de cabos primeros, que lo harían completo.

paralelas de oficiales, con origen en los suboficiales. Un postulado más de la Comisión que no pudo verse cumplida.

Como consecuencia de los elevados periodos de permanencia en las clases de tropas y en los cuatro empleos de suboficial, además de las tempranas edades de retiro, la mayoría de este personal se veía imposibilitado acceder a los empleos superiores de la Escala Básica, y por el bajo nivel de estudios exigidos para su ingreso, pocos podían acceder a la Escala Especial de Oficiales 429 .

Por ello se puede deducir que la Armada no realizó un esfuerzo por modernizar su organización en lo que a los suboficiales se refiere, a pesar de que se esperaba un relanzamiento en su despliegue y armamento, para el que iba a necesitar un nuevo modelo de mandos intermedios que realizara labores desconocidas hasta entonces. Esta ley sufrió numerosas modificaciones a lo largo de los años de la Transición, sobre todo en lo relativo a la tropa especialista, pero que en nada afectó al modelo existente hasta la promulgación de la ley 17/1989.

5.LA MODERNIZACIÓN DE LOS SUBOFICIALES DEL EJÉRCITO DEL AIRE

Fue el ejército más tardío en llevar a cabo los cambios en los suboficiales,

429 El tiempo medio de permanencia en los dife-

rentes empleos se establecieron en trece años para el grupo de sargento y sargento primero y en otros trece para el segundo grupo de brigada y subteniente. En cuanto a las edades de retiro eran las de 54 años de edad para el primer grupo, y de 56 para el segundo grupo. Las plantillas de la Armada no hacían diferenciación en cuanto al número componentes de sargento y sargento primero, ni en el de brigada y subteniente.

aunque fue como consecuencia de la reorganización del propio Arma de Aviación, en unos momentos en el que el EA estaba recibiendo material de combate de elevada tecnología para el que se necesitaba una especial preparación 430 . Así mismo, fue el que menos cambios introdujo en el reclutamiento y formación de los suboficiales. Antes de comenzar la implementación de esta ley, y en un gesto paternalista, se permitió el ingreso en el CS a los cabos 1º que llevaban más de 20 años de servicio, como premio más a su constancia que a sus verdaderas cualidades 431 .

En ella se establecieron una Escala de Tropas y Servicios y nueve de Especialistas, escasa reducción de escalas lejos de los postulados de la Comisión. No se creó una escuela de formación común para los suboficiales, porque continuó el mismo método de reclutamiento y la misma organización y dispersión de centros de formación. Las oposiciones de ingreso de los especialistas iban dirigida a la realización de los cursos de formación para tropa, continuando con los preceptos de la ley de 1962 para el ingreso en el CS 432 . En cuanto al reclutamiento y formación de la Escala de Tropas y Servicios, se continuó con los métodos que se venían realizando hasta el momento: desde el empleo de cabo primero y superación del curso de sargentos en la Escuela de

430 Ley 18/1975, de 2 de mayo, de reorganización del Arma de Aviación (BOE. 107).

431 Orden 1.669, de 4 de junio de 1974 (BOA. n.º 68), por la que se asciende al empleo de sargento a los cabos 1º con más de 20 años de servicio, previa superación de una prueba, que en todo caso fue laxa. No podían superar el empleo de sargento primero.

432 Ley 142/1962, de 24 de diciembre (BOE. 310)

Suboficiales, para ingresar en el CS con ocasión de vacantes 433 .

En lo que respecta a la carrera, continuaron los ascensos por antigüedad y con ocasión de vacantes, excepto para los empleos de sargento primero y subteniente, por lo que persistieron los elevados tiempos de permanencia en los mismos, que desembocaba en la indeseada consecuencia del envejecimiento de este personal que ya era palpable. Para tratar de evitarlo, se amoldaron a las condiciones de ascenso de ET y de la Armada, con posterioridad a la promulgación de la ley de la reforma del Arma de Aviación, para evitar el agravio que suponía 434 .

Los retiros sí que fueron revisados al alza, pues se entendió que los especialistas podían prolongar su vida profesional 435 . Y en lo relativo a la promoción, se crearon las Escalas Especiales de Jefes y Oficiales, hasta el empleo de comandante, con las mismas escalas que tenían los suboficiales, y desaparecieron las Escalas Auxiliares.

433 La Escuela de Suboficiales había sido trasladada desde Los Alcázares a Reus (Tarragona) por orden ministerial 2.223/70, de 17 de septiembre (BOA. 114). En ella se realizaron, además del curso ya descrito, los de promoción a oficiales y el correspondiente de la escala de Oficinas Militares.

434 Fue muy tardía, con respecto a los otros ejércitos, la implementación de las condiciones para el ascenso a los empleos de sargento primero y subteniente. Primero por real decreto 2.626/1976, se equipararon a los establecidos por el ET y la Armada en los años sesenta (BOE. 2); y por la ley 43/1977, de 8 de julio, se modificaron esas condiciones para todos los empleos de los suboficiales del EA, igualándolos con los del ET (BOE. 139).

435 Subtenientes y brigadas a los 58 años de edad, sargentos y sargentos primeros a los 54 años de edad. Los ejércitos no contemplaron un pase a la situación reserva para los suboficiales previo a la de retiro, hasta bien entrado los años ochenta, y únicamente cuando se equipararon las edades de jubilación de los militares con los del funcionariado de la Administración.

6.LA MODERNIZACIÓN DE LOS SUBOFICIALES DEL EJÉRCITO DE TIERRA

Tras la muerte del general Castañón, el nuevo Ministro del Ejército, Coloma Gallegos, hizo suyo el proyecto de regeneración de los suboficiales, y encargó al general Más, que había sido miembro de la Comisión, que elaborara un proyecto de ley para presentarlo a Las Cortes lo antes posible. Pocos cambios se introdujeron en la nueva ley, con las propuestas de la Comisión.

El Ejército de Tierra sí que modernizó a los suboficiales y creó un nuevo modelo que representó una verdadera innovación, en lo relativo al reclutamiento, la formación y la carrera 436 . Perduró hasta 1989 y resultó paradigmático en la elaboración de las futuras leyes sobre el personal militar promulgadas desde entonces.

Muchos de sus postulados se inspiraron en el reclutamiento y la formación de la Academia General Militar (AGM) de Zaragoza, aunque circunscrito al nivel intermedio de mandos. Para comenzar, se creó una academia de formación propia y común para todos los alumnos que superaran las oposiciones: la Academia General Básica de Suboficiales (AGBS) 437 . Para el ingreso se solicitó por primera vez, niveles de estudios que en la mayoría de los casos no poseían los cabos primeros

436 Ley 13/1974, de 30 de marzo, de organización de las Escalas Básicas de Suboficiales y Especial de Jefes y Oficiales del Ejército de Tierra (BOE. 78). Se desarrolló por decreto 2956, de 27 de septiembre del mismo año (BOE. 258).

437 La AGBS se creó por orden de 31 de mayo de 1975 (DOE. 125). Imprescindible para conocer el génesis y los primeros 25 años de la historia de la AGBS es la obra de FERNANDEZ MALDONADO, Emilio: Retazos de una historia, Tremp,

Fernández Maldonado, 1999.

que podían optar: bachiller elemental o educación general básica 438 . Eso permitió dar entrada, como sucedía en la AGM, a personal civil sin experiencia alguna en la vida militar: el acceso directo mediante oposiciones. La realidad demostró que los paisanos fueron mayoría en juventud y niveles culturales.

La formación era prolongada, tres años, y durante todo el proceso los alumnos poseían la consideración de suboficial, que los alejaba definitivamente de la tropa. El primer curso se realizaba en la AGBS y era común para los componentes de las armas, cuerpos y especialidades, con una duración de un año escolar. Era el encargado de socializar tanto a veteranos como a principiantes en la vida militar en el nuevo estilo. La dureza de ese primer curso permitió que por primera vez se creara el tan ansiado espíritu de Cuerpo, pues ya no se trataba de cursos de ascensos, sino de promociones completas de ingreso en la nueva Escala que creó la ley, la Escala Básica de Suboficiales (EBS).

El segundo curso, de igual periodo de duración, se realizaba en las academias especiales de las armas, cuerpos y especialidades, en donde se recibía la formación curricular para sus futuras funciones profesionales y consolidaba el espíritu de Cuerpo a niveles inferiores.

438 NARANJO, Jerónimo F.: La Escala Básica de Suboficiales: Un nuevo modelo para el Ejército de Tierra (1974-1989) , tesis doctoral publicada, Madrid, Ministerio de Defensa, 2014, p. 264. En realidad esos niveles de estudios fueron superados con creces por los opositores y posteriores alumnos. Se trató de una alternativa atrayente a la AGM, para los que no lograban superar el acceso a ella. Del mismo modo, fue elegido por muchos miembros de las clases de tropa de otros ejércitos y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado con niveles de estudios, como alternativa a lo limitado de las expectativas de promoción en esas unidades y Cuerpos.

El último año se dedicaba a la realiza- ción de cursos de especialización que completaban la formación curricular de manera más específica, además de la realización de prácticas en unidades, antes de su incorporación a sus unidades una vez recogido sus títulos de empleo 439 .

La carrera se estructuró en tiempos máximos de permanencia en cada empleo, lo que al menos aclaraba el futuro de los suboficiales. Y los retiros continuaron siendo a edades muy temprana: 56 años de edad. Pero en lo relativo a la promoción no se atendió a las propuestas de la Comisión que trató de hacer desaparecer las escalas paralelas de oficiales, mediante el acceso directo de los suboficiales a la Escala Activa. Se creó una nueva escala de oficiales, con origen en los suboficiales: la Escala Especial de Jefes y Oficiales del Ejército de Tierra, para la que no era necesario pasar por todos los empleos de suboficial 440 .

439 Cursos más específicos que marcarían de manera definitiva las funciones a efectuar durante la carrera: paracaidismo, helicópteros, operaciones

especiales, carros etc.

440 NARANJO, Jerónimo F: Los suboficiales … op.

cit. pp. 121-125. La propuesta de la Comisión para la promoción de suboficiales, se basaba en la experiencia conseguida durante los años de la dictadura, que formaba en los dos primeros cursos en la AAM, a los suboficiales que habían ingresado en la AGM; los preparaba antes de que sus componentes se unieran a sus compañeros de promoción en las distintas academias especiales, ya de alféreces caballeros cadetes. El general Más lo descartó y continuó con modelos que se habían demostrado obsoletos, aunque actualizados mediante una oposición, dos años de formación y la exigencia de bachiller superior. Aunque al finalizar la formación de estos oficiales (tres años en la AGBS y dos en la Academia Especial Militar (AEM)), y con niveles de estudios similares, no se equiparaban con los de las Escalas Activas. La otra promoción consistía en el ascenso de los subtenientes al empleo de teniente, a los 25 años desde el ascenso a sargento, con un curso previo en la AEM, siempre que tuvieran el nivel de estu-

La ley consiguió la mayoría de los objetivos que se había marcado la Comisión: desaparecieron todas las Escalas de Suboficiales existentes hasta el momento, excepto los de La Legión y la Compañía de Mar, asumiendo los suboficiales de la EBS todas sus funciones. El rejuvenecimiento que perseguía la Comisión fue evidente desde las primeras promociones y se mantuvo a lo largo del tiempo. Del mismo modo aumentó de manera significativa el nivel cultural y creció el interés que puso la juventud, siempre reacia a todo lo militar, por ingresar en la nueva AGBS 441 . Se trató sin duda alguna, de un nuevo modelo que rompió moldes.

El nuevo modelo, que no tenía nada similar en los otros ejércitos, tuvo unos comienzos difíciles; se encontró con problemas de adaptación por parte de oficiales, quizás porque acortaba la distancia social e intelectual entre ellos, al tener el mismo origen; y con la incomprensión de los componentes del CS, que no vieron con buenos ojos a los nuevos suboficiales, ya fuera por su juventud, por su formación o por su estilo de mando impuesto por la AGBS. Pero pronto se integró en las unidades y demostró su valía en todos los campos que le fueron asignados, llegando a recibir elogios en las altas esferas políticas y militares:

Ha habido una verdadera obsesión por ese maravilloso Cuerpo de Suboficiales que está saliendo a la luz de las nuevas Academias y que va a ser una esperanza tremenda para nuestros Ejércitos, produciendo incluso una competencia para los Oficiales de carrera. En esos campamen-

dios necesario. Nunca se pudo realizar porque la ley 17/1989 la hizo desaparecer.

441 NARANJO, Jerónimo F.: La Escala… op. cit , pp. 260-265.

tos que existen en Cataluña, en el Talarn, se ven unas promociones que son una gran promesa y realidad ya (…) 442 .

7.- LEYES 17/1989 Y 17/1999 443

Para los suboficiales la Transición no se puede considerar finalizada con la promulgación de la ley 17/1989, como para el resto del personal de los ejércitos. Es cierto que se introdujeron profundos cambios en sus estructuras que han llegado hasta nuestros días, pero hubo que esperar hasta el s. XXI para que se completara de manera definitiva. También supuso un importante impulso la regulación del ingreso de la mujer en las Fuerzas Armadas (FAS). Se dieron pasos importantes en la unificación de criterios en cuanto a la enseñanza de grado básico, así la Armada y el EA comenzaron a realizar el primer periodo de formación de carácter general en una academia común para todos los aspirantes a suboficial, en condiciones similares a las realizadas por la AGBS, y con idénticos periodos 444 .

Como consecuencia del proceso de profesionalización de la tropa que la ley puso en funcionamiento, y para incentivar su ingreso, se volvieron a antiguas fórmulas de reclutamiento para los sub-

442 Teniente general Gutiérrez Mellado, Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de Defensa, en su comparecencia informativa en la Comisión de Defensa de las Cortes Generales. Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Sesión núm. 1 (informativa), celebrada el

martes, 10 de enero de 1978, p. 28.

443 Ley 17/1989, de 19 de julio, Reguladora del Régimen del Personal Militar Profesional (BOE. 172). Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas (BOE. 119).

444 La Armada ya tenía su Escuela de Suboficiales (ESUBO) en San Fernando y el EA creó la Academia Básica del Aire (ABA) en León por real decreto 331/1992, de 3 de abril (BOE. 86).

oficiales que ya, en el caso del ET, habían sido descartadas por haberse demostrado obsoletas. Aunque no se eliminó el acceso directo, si lo constriñó de manera ostensible elevando el protagonismo de la promoción interna. Tuvo consecuencias no deseadas entre los suboficiales: el envejecimiento y la disminución del nivel cultural, al no lograr atraer a la tropa a jóvenes suficientemente preparados.

Con la promulgación de la ley se llegó a la unificación en una única Escala Básica (EB) para cada ejército 445 ; se dividió en dos grupos a los suboficiales, de dudosa utilidad tanto táctica como organizativa 446 ; se introdujo un empleo más 447 : y cambiaron los criterios para el ascenso, que ya no serían únicamente por antigüedad 448 .

445 Basta comentar que se integraron en las Escala Básica (EB) del ET 21 Cuerpos y Especialidades de suboficiales; en la de la Armada tres; y en la del EA diez; además pasaron a formar parte de los Cuerpos Comunes de la Defensa las tres escalas de suboficiales Ayudantes Técnicos Sanitarios, que ascendieron a alférez y las tres escalas de suboficiales músicos; además se declararon a extinguir siete Escalas de Banda del ET, una de la Armada y una del EA. Esto da una idea bastante aproximada de la enorme profusión de Cuerpos y Escalas existentes en cada Ejército.

446 Suboficiales (sargento, sargento primero y brigada) y suboficiales superiores (subteniente y suboficial mayor). Desapareció con la ley 17/1999.

447 Se creó el empleo de suboficial mayor. Entre los oficiales no se habían aumentado los empleos a lo largo de la dictadura; tan solo a partir de la ley 17/1999 se crearon los empleos de general de Ejército, almirante general y general del Aire, para los Jefes de Estado Mayor de los tres ejércitos y el Jefe del Estado Mayor de la Defensa.

448 Desapareció el curso de brigada; para el ascenso además de la antigüedad en los dos primeros empleos, se utilizó la selección para el de subteniente atendiendo al perfil de carrera, y por elección para el caso de suboficial mayor, previo curso. Los retiros se habían establecido de oficio, durante los años ochenta, al cumplir la edad de jubilación con carácter general en la Administra-

Peor resultó la aplicación de la ley

17/1999 en lo que al reclutamiento y formación de los suboficiales se refiere. Se eliminó definitivamente el acceso directo y se redujo el plan de estudios a dos cursos, tesis propuesta por Julio Busquets. Antes de la promulgación de la ley 17/1989 escribió:

Sin plantearse las razones fundamentales de una polémica secular, el franquismo creó, en 1974, la AGBS (Academia General Básica de Suboficiales) de Talarn y España pasó a ser el único país del mundo en el que se estudia una carrera de tres años, para luego desempeñar el modesto cometido de sargento, Esa es la realidad. Lo que ya es más difícil es hacer una valoración de este hecho: ¿Es positivo o es negativo? ¿Somos pioneros innovadores o absurdos despilfarradores? ¿Cuál de los dos sistemas es socialmente mejor? ¿No sería más lógico reservar esta Academia a los soldados que hubiesen cumplido dos o tres años de servicio antes de ingresar en ella? 449 .

8.- CONCLUSIONES

En el marco de la Transición se gestó la modernización de los suboficiales, que podría calificarse de incompleta en los casos de la Armada y del EA y, sí es verdad que comenzaron a notarse leves síntomas de rejuvenecimiento y de elevación del nivel cultural entre sus miembros, fue debido más a la mejor preparación de la juventud de la sociedad, que a la inten-

ción Civil de Estado, con lo que se normalizó esta situación.

449 BUSQUETS, Julio: 'Las academias de Suboficiales', en La Enseñanza Militar en España, Madrid, CSIC, 1986, p. 261. Julio Busquets fue diputado socialista y componente de la Comisión de Defensa del Congreso. Falleció en el 2001, por lo que vio cumplida su especulación, aunque no sus nefastas consecuencias.

cionalidad de ambos ejércitos, que preferían los obsoletos modelos a los propuestos por la Comisión.

No fue el caso de los suboficiales del ET. Se trató de una valiente elección para proyectar un moderno modelo sostenible en unos momentos de cambios políticos y militares, y su sombra se alargó hasta el s. XXI. Aunque no fue una panacea, significó un importante paso adelante para el Ejército, como lo demuestra que más de 15.000 sargentos egresaron de la AGBS, hasta la promulgación de la ley 17/1989, muchos de los cuales aún están en activo 450 .

Fueron dispares las medidas aplicadas en lo relativo al reclutamiento, formación, carrera, promoción y retiro sin que existiera una unidad de criterio, que parecía lógico en los momentos que se estaban viviendo y los que se preveían en muy corto plazo de tiempo. Hubo una intencionalidad por parte del Mando para que cambiaran los modelos de suboficial, pero el celo en la preservación de las parcelas de poder de cada ejército al finalizar la dictadura, prevaleció a la necesidad y al interés real.

La promulgación de las leyes 17/1989 y 17/1999 empobreció de manera ostensible el reclutamiento y la formación de los suboficiales, en el caso del Ejército de Tierra, aunque supusieron un importante avance para la Armada y para el EA y sus efectos, suavemente maquillados, perduran en la actualidad.

Queda pendiente por tanto, una modernización en lo que a suboficiales respecta, en varios aspectos: un reclutamiento en el que se aproveche de manera más

450 NARANJO, Jerónimo F: Los suboficiales … op.

cit., p. 247.

eficaz y coherente, la materia prima que la sociedad actual ofrece, con elevados niveles de formación entre la juventud, y aprender de los errores del pasado.

Un ejercicio de estudio sería el planteamiento de la disminución de los empleos, volviendo a los que tradicionalmente ha tenido el Ejército, con unas funciones asignadas de manera clara, como sucede con los oficiales y la tropa; no se trata de asignar a los empleos actuales nuevas funciones que se habrían de crear, con dudosa utilidad para el servicio, y que parecería más una improvisación o parche a lo ya legislado 451 .

Se imponen un cambio en la denominación de la formación y carrera, porque básica no parece que sea la realidad de este colectivo, que más bien debía referirse a la tropa, siendo la de media más acorde con los estudios realizados en las academias militares y funciones asignadas a los suboficiales, por lo que el reconocimiento por parte de Educación sería un paso decisivo.

Los suboficiales se encuentran en la actualidad, totalmente integrados en la sociedad moderna, sin diferencia alguna con los oficiales, con niveles de estudios equivalentes; entre sus cuadros hay un número considerable de titulados universitarios y de posgrado; reciben una formación militar adecuada, que se refleja en su trabajo diario y en las misiones militares en el extranjero, en donde son valora-

451 Como ejemplo valga la del empleo de suboficial mayor, que se creó con la ley 17/1989 y al que no se le asignó una función clara hasta el año 2013 (BOD. 142) y de manera definitiva en el 2016 (BOD. 231), 23 años después de su creación, lo que sin duda creó confusión entre oficiales y suboficiales, y que en nada benefició ni al empleo ni a la Institución.

dos de manera positiva, por su capacitación.

Y debido a la falta endémica de oficiales subalternos, los suboficiales han tenido que asumir, sobre todo en el ET, las funciones de aquellos, no solo en instrucción de orden cerrado, sino en algo tan delicado como son las misiones tácticas, lo que da una idea bastante aproximada de su nivel de preparación 452 .

Los actuales conflictos asimétricos, como característica estructural de la guerra moderna, en los que la desigualdad en el armamento y sin frentes de combate estables, hacen necesario penetrar en profundidad en territorio hostil mediante pequeños núcleos de fuerzas, con gran capacidad tecnológica, dirigidos en la distancia por oficiales; es en este escenario en donde desarrollan una labor inestimable, precisamente por su preparación militar y física, además por el cada vez más extendido conocimiento de idioma y tecnologías, demostrando la capacidad de liderar con éxito a la tropa 453 . Y esto no es el futuro: está sucediendo en la actualidad.

452 Con la ley 39/2007, de 19 de noviembre (BOE. 278), desapareció de manera definitiva, la promoción a oficial de los suboficiales, y con ella la escala de oficiales cuyo origen eran precisamente los suboficiales, que nutría en gran medida las filas de las unidades durante un prolongado tiempo y que permitía la continuidad de la acción de mando. Los oficiales que egresan de la AGM, están poco tiempo en las unidades, antes de su ascenso a capitán, por lo que las secciones tienen que ser mandadas por brigadas, así como cubrir los servicios de estos oficiales subalternos.

453 GEISS, Robin: 'Las estructuras de los conflictos asimétricos', en International Review of de Red Cross , n.º 864, diciembre de 2006, pp. 1-24.

LA IMEC Y EL RESERVISMO

José Miguel Quesada González Doctor en Paz y Seguridad Internacional. Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED)

RESUMEN:

La reserva de las primeras décadas del régimen democrático no supuso una ruptura con existente al final del franquismo. Estaba formada por un contingente muy numeroso de ciudadanos varones que habían sido previamente adiestrados mediante un servicio militar obligatorio. En caso de una eventual movilización, gran parte de los mandos necesarios para encuadrarlos eran proporcionaba la IMEC, un proceso de formación de oficiales y suboficiales de Complemento que, en líneas generales, también había heredado la configuración de un modelo anterior.

ABSTRACT:

Military reserve during first Democratic Regime decades did not represented a rupture with the existing one at the end of Franco's period. It was composed by a very large contingent of male citizens who had previously been trained through compulsory military service. In the event of being drafted, a big part of platoon and squad heads would have been provided by the IMEC, a training process for reserve officers and NCO that, as a general statement, had kept previous configuration as well.

PALABRAS CLAVE: movilización , reclutamiento, reserva militar, servicio militar .

KEYWORDS: conscription, draft, military reserve, recruitment .

1.- LA RESERVA MILITAR DEL TARDOFRANQUISMO

Bajo el recuerdo aún presente de las grandes confrontaciones del siglo XX, la práctica totalidad de los ejércitos de ambos bloques mantuvieron una estructura preparada para un rápido crecimiento en unidades y en hombres mientras duró la seria amenaza de la Guerra Fría. Obviamente, el modo de conseguir ese objetivo era la instrucción militar de la inmensa mayoría de la población masculina, es decir, mediante el llamado servicio militar o «mili». En ese modelo, los ciudadanos

-con la condición temporal de militarnutrían todas las clases de tropa y unas pocas vacantes de cuadros de mando de las unidades regulares, lo que sucedía al mismo tiempo que recibían su formación castrense. Una vez finalizado el servicio, dichos soldados volvían a la vida civil y permanecían en situación de disponibilidad durante bastantes años, con carácter general hasta casi cumplir la cuarentena.

Sentada esa aproximación conceptual, cada país ajustaba los parámetros del modelo de acuerdo con sus necesidades, las cuales dependían enormemente del entorno estratégico y de la política de de-

fensa. En ese sentido, durante el período que media entre la Segunda Guerra Mundial y la distensión de finales de los sesenta, fue la magnitud de los contingentes movilizables del bloque soviético lo que marcó fuertemente tanto la duración del servicio militar como el tiempo de permanencia en reserva de los ex soldados occidentales. Debe tenerse en cuenta que el Pacto de Varsovia obligaba como promedio, aún al final de su existencia, al 20,1 por ciento de sus ciudadanos a una prestación de 34,4 años de duración 454 . La propia URSS presumía entonces de poseer una reserva de 25 millones de personas, de las que casi cinco millones y medio podrían haber entrado inmediatamente en combate 455 .

A pesar de ello, avanzada la década de los sesenta, algunos países europeos comenzaron a sentir la necesidad de reducir la duración de la prestación que se venía solicitando a sus ciudadanos. Por un lado, el aumento extraordinario de la natalidad durante los primeros años de la posguerra mundial -o de la posguerra civil, en el caso españolproporcionaba, veinte años más tarde, reemplazos muy numerosos. Por otro, el proceso de descolonización en el que se encontraban inmersas las potencias europeas aconsejaba el mantenimiento de ejércitos más pequeños, con reservas menos numerosas. Además, ante la proliferación de armas atómicas no parecía que una nueva guerra mundial volviera a enfrentar a grandes masas de ciudadanos. Era la llamada disuasión nuclear, que se hizo más efectiva cuando

454 Son datos de 1987. BARROSO, Cristino: ¿Para qué sirve la «mili». Funciones del servicio militar obligatorio en España , Madrid, Siglo XXI de España Editores, 1991, p. 231.

455 Datos de 1985. Ejército , n.º 350 (noviembre, 1985), p. 133.

nuevos países como China, Francia o Reino Unido incorporaron armas de este tipo a sus arsenales.

La España de los últimos años del franquismo no fue ajena a ese cambio de escenario. Al final de dicha década fue abordada una reforma del reclutamiento en aras de tener a los mozos menos meses en filas y a los reservistas menos años disponibles. No obstante, hubo otras motivaciones de carácter interno. La operatividad del Ejército de Tierra español era entonces desoladora en lo que concernía a la mayoría de las unidades 456 . En esa situación, la reducida capacidad que podían proporcionar plantillas orgánicas con numerosas vacantes sin cubrir, con armamento y material obsoletos y con munición y combustible escasos quedaba, además, muy mermada por la atención dedicada a la instrucción de unos reemplazos que eran cada vez más numerosos. Dicho de otra manera, había una necesidad perentoria e interna de acortar la «mili».

Así, el nuevo servicio militar definido en 1968 suponía dieciocho años de vinculación a la defensa, siendo la primera vez en la historia española que se reducía el tiempo total de prestación personal al promulgar una nueva ley -hasta entonces se servían veinticuatro años. Todo ese tiempo se repartía en tres períodos distintos.

En primer lugar, un tramo de «dispo- nibilidad», de duración variable. Comprendía el intervalo entre el primero de enero del año en que se cumplían veinte

456 PUELL DE LA VILLA, Fernando: Historia ., segunda edición. Madrid,

del Ejército en España Alianza Editorial, 2005., pp. 242 y 243.

años de edad y el ingreso en la unidad en la que se había de servir.

A ese le seguía un período de «actividad», de dos años de duración. Este, a su vez, se dividía en «servicio en filas», de entre quince y dieciocho meses dependiendo del ejército- y «servicio eventual», hasta completar los dos años. El «servicio en filas» era lo que todos conocían como la «mili».

Por último, un último tramo de «reserva», cubriendo hasta los dieciocho años de servicio, es decir, hasta el uno de enero del año en que el reservista cumplía los treinta y ocho años de edad 457 .

Con esta reforma -la primera que trataba por igual el reclutamiento y la reserva de los dos Ejércitos y la Armada- el servicio militar español se convertía, una vez más, en uno de los más cortos de Europa. Además se adoptaron medidas adicionales para que el impacto sobre la población activa fuera mínimo, tales como la reducción de edad de ingreso o la protección laboral del mozo. El soldado, de nuevo por primera vez en la historia española, tenía derecho a la reserva del puesto de trabajo. Dicha protección coincidía con una época en la que el franquismo intentaba conceder mejoras sociales a los trabajadores y participaba como tutor de las negociaciones colectivas.

No obstante, no sólo el acortamiento de la «mili» a quince meses -duración guía la reducción del contingente. La ley de 1968 incorporaba otras medidas, como elegida por el Ejército de Tierra- persedeclarar excedente al personal que sobra-

, Madrid, Imprenta nacional del Boletín Oficial del Estado,

457 Servicio Militar. Ley y Reglamento 1973, pp. 65-526.

ra cuando se hubiesen cubierto las necesidades de las unidades. Los llamados «excedentes de cupo», debían cumplir el período de adiestramiento en el Centro de Instrucción de Reclutas [CIR] y jurar bandera, quedando posteriormente en sus casas, donde seguían las vicisitudes de su reemplazo. Aunque no consta que sucediera nunca, los excedentes de cupo podían ser militarizados y «utilizados en servicios complementarios de la defensa y en las misiones de alto interés nacional que el Gobierno determine», de forma parecida a lo previsto en el modelo francés. Sin embargo, no recibían ni organización ni instrucción alguna como para eso pareciera viable.

Por otra parte, la ley de 1968 reforzó el papel formador de las Fuerzas Armadas en adición a la tradicional labor alfabetizadora que, desde primeros de siglo, venía ejerciendo el Ejército de Tierra. A esa labor se unió una formación de carácter profesional que, indefectiblemente, llevó a que los reservistas españoles estuvieran predispuestos, en general, a un mejor desempeño profesional que los que no habían pasado por el servicio militar.

Volviendo al análisis del modelo de reserva basado en el servicio militar obligatorio, sería interesante saber con cuántas personas se pudo llegar a contar en caso de una movilización general. En la tabla n.º 1 se muestra el número de efectivos de las fuerzas regulares y de la reserva para un número reducido de países. De la mera comparación de las cifras correspondientes a 1979 se podrán extraer varias observaciones. La primera es que España declaraba el triple de reservistas que militares en activo, mientras que el resto de países mantenía una proporción entre el 40 y el 140 por ciento. La razón

es la siguiente: Estados Unidos, Francia y Rusia sólo incluía en sus informes a los efectivos que consideraba adiestrados, ya fuera por haber recibido instrucción con posterioridad a su incorporación a la vida ciudadana, ya fuera por haber transcurrido poco tiempo desde el abandono del uniforme.

Los datos españoles no discriminaban entonces entre el personal que aún retenía el adiestramiento y los que podían considerarse simples civiles. Eso lleva a afirmar sin miramientos que la reserva de la última etapa del régimen anterior -igual que sus predecesoras- no era un colectivo susceptible de ser movilizado en condiciones razonables de operatividad, más allá como es lógico de los que hubiesen dejado recientemente las filas. No obstante, no debe pensarse que fuera un olvido legislativo porque todas las disposiciones del siglo XX incluyeron la posibilidad de activar reservistas para preservar su adiestramiento. Sin embargo, este tipo de movilizaciones no se llevó nunca a cabo excepto una vez -en 1934, durante el go-

En cualquier caso, ese millón de personas en situación sedentaria, virtualmente preparados para una gran movilización, ¿habrían sido suficientes? Para decirlo es necesario tomar como referencia una gran movilización, como la que tuvo lugar a lo largo de la Guerra Civil española. En un enfrentamiento convencional severo como ese, las dos administraciones existentes movilizaron -según diferentes autores- a entre dos y medio y tres millones de españoles 461 . Dado que, en un conflicto que dure varios años hay tiempo para lanzar sucesivas campañas de reclutamiento y adiestramiento, parece que el tamaño de la reserva española era, al menos en teoría, más que suficiente, hecha de nuevo la salvedad de la escasa o nula

Tabla n.º 1: tamaño declarado (miles) de fuerzas regulares y de reservas instruidas en distintos países 458 .

1979 1979 1990 1990
País Personal en activo Reservistas Personal en activo Reservistas
Estados Unidos 2.012 818 2.118 1.644
España 331 1.085 274 250
Francia 509 342 461 419
URSS 3.658 5.000 3.988 5.602

bierno cedista de Ricardo Samper 459 -, que acabó siendo cancelada ante el revuelo causado 460 .

458 Elaboración del autor a partir de Ejército , n.º 490 (noviembre, 1980), p. 130, y Ejército , n.º 614 (marzo, 1991), pp. 32, 60, 108 y 110.

459 En los meses previos a los sucesos de octubre de 1934, se intentó llevar a cabo una concentración parcial para comprobar la idoneidad de la organización existente para la movilización al amparo del reglamento de movilización de 1932.

preparación.

Pero no todos los que hacían el servicio militar y constituían posteriormente la reserva eran simples soldados. La men-

La campaña de la prensa de izquierdas desatada a continuación hizo desistir al Gobierno.

460 QUESADA GONZÁLEZ, José Miguel: El yunque y la espada , Madrid: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED), 2014, pp. 98 y 99.

461 Ibid, p. 234.

ción a la Guerra Civil trae a colación uno de los principales problemas que tuvieron que afrontar los bandos contendientes en dicho conflicto. Se trata de la ausencia de mandos que permitiera el crecimiento de las unidades activas a partir de los contingentes movilizados. Dicho de otra manera, ante la ausencia de oficiales de reserva o de Complemento, los soldados puestos rápidamente sobre las armas no dispusieron al principio de la guerra de la estructura jerárquica necesaria para ser encuadrados, lo que llevó a que las unidades recién creadas no pudieran ser inmediatamente operativas 462 . Este era un viejo problema de la reserva española cuya solución fue arbitrada al principio de los años cuarenta mediante la llamada Instrucción Premilitar Superior [IPS] en el Ejército de Tierra y modalidades similares en la Armada y en el Aire -estas otras puestas en marcha algo después. Por lo tanto, la reserva de los últimos años del franquismo no se encontraba ya afectada de esta carencia.

Dichos mandos, más adelante oficiales o suboficiales reservistas, eran titulados universitarios que, durante sus estudios, habían recibido diez meses de formación militar repartidos en tres bloques. Los dos primeros tenían lugar en los dos últimos veranos de la formación académica y permitían obtener el empleo de sargento. Al finalizar los estudios, cuatro meses adicionales de prácticas permitían a unos

462 En 1936, el Ejército español sólo tenía 6.150 oficiales movilizables, mientras que Francia disponía de 120.000. Son datos elaborados por autor a partir de GÁRATE CÓRDOBA, José María: «Improvisación de mandos en 1936, I. Alféreces provisionales», Revista de Historia Militar , n.º extraordinario, 2010, pp. 53-114 y NAVAJAS ZUBELDÍA, Carlos: Ejército, Estado y sociedad en España (1923-1930), Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, 1991, p. 159.

consolidar dicho empleo y a otros alcanzar el efectivo de alférez.

Es preciso reconocer que fue una iniciativa exitosa, al menos cuantitativamente hablando. En 1972, cuando tras casi treinta años de instrucción de cuadros, la IPS fue sustituida por otra modalidad la IMEC, de la que se hablará con posterioridad-, habían pasado por las filas del Ejército de Tierra un total de 168.179 universitarios -112.873 alféreces y 55.306 sargentos-, permaneciendo aún en reserva 81.876 oficiales y 46.813 suboficiales, es decir, 128.689 jefes de sección y de pelotón en total 463 . Se había cumplido con creces el sueño de tantos planeadores de la defensa, que sabían que el modelo de reserva basado en el reclutamiento forzoso no podía funcionar sin una clase numerosa de cuadros de mando movilizables.

Otra cosa era la calidad de estos mandos. Por ejemplo, en los años setenta Francia sólo disponía de 41.000 oficiales reservistas, todos más instruidos y experimentados que sus homónimos españoles. Más de la mitad de ellos eran veteranos de Argelia y habían servido durante dieciocho meses, frente a los diez que los veteranos de la IPS habían permanecido en filas. Como sucedió con sus compañeros de tropa, los alféreces y sargentos españoles nunca fueron reciclados. Por lo tanto, en un tiempo en que el armamento y las tácticas sufrían una cada vez más rápida evolución, parece lógico dudar de la operatividad que habrían tenido estos cuadros una vez movilizados.

Conscientes de la importancia de pre- servar lo más posible el adiestramiento de

463 QUESADA GONZÁLEZ, José Miguel: Yunque , op. cit., p. 205.

El

la reserva, algunos países europeos habían favorecido -en los años anteriores y posteriores a la Gran Guerra- la creación de asociaciones con las que aglutinar a los oficiales de Complemento, favorecer la interlocución con ellos en ausencia de guerra y fomentar el sentimiento de pertenencia a su clase. De hecho, la francesa Union Nacional de Oficiales de Reserva [UNOR] reunía en 1939 a más de 100.000 miembros, quienes pertenecían a 505 asociaciones diferentes.

En el régimen franquista, por el contrario y a pesar de que hubo muy pronto una masa crítica de oficiales suficiente como para crear una asociación, las condiciones políticas no favorecieron su aparición. Debe recordarse que, aunque el derecho de libre asociación se había recogido en el Fuero de los Españoles de 1945, no hubo una ley de asociaciones hasta 1964. En cualquier caso, la libertad no era tal, ya que las organizaciones debían recoger en sus estatutos la fidelidad a los principios del Movimiento Nacional y, además, la compleja burocracia asociada al proceso de registro más bien daba a entender que se deseaba disuadir de tal iniciativa o, en caso de tenacidad de los socios, controlar su constitución y funcionamiento, como ya venía ocurriendo desde las primeras disposiciones elaboradas en la posguerra. Todas estas restricciones configuraron, como no podía ser de otra manera, un tejido asociativo vinculado ideológicamente al régimen.

Dado ese estado de las cosas, con una masa de potenciales socios ya bastante numerosa, pero con un marco legal poco propicio y nulo apoyo gubernamental, que esperar cincuenta y dos años desde la resulta comprensible que hubiera primera regulación en materia de oficiales

de Complemento y veintiséis años tras la creación de la Milicia Universitaria, es decir, hasta 1966 -cuando ya estaba bastante avanzado el período desarrollista y aperturista del franquismo-, para que se dieran las condiciones para el nacimiento de la asociación más veterana, que aún existe hoy en día: la Unión Nacional de los Antiguos Oficiales y Suboficiales de las Milicias Universitarias de los tres Ejércitos [UNAMU].

Los fines principales de la UNAMU, que constituyeron un molde para futuras iniciativas, se pueden resumir en los siguientes puntos: mantener la cohesión entre los reservistas, ser puente de unión entre el mundo castrense y la sociedad civil y fomentar la cultura de defensa.

Como era habitual en la época, se sumaban a estos fines puramente asociativos otros que se podrían llamar de índole política, como «el cultivo de la moral nacional» y «la afirmación de la unidad de la Patria». Con todo ello, hasta el fin de la Transición permaneció como la única asociación de reservistas españoles de las categorías oficial y suboficial. No obstante, la escasa afiliación a la misma no permitió extender el cultivo de los fines mencionados a muchos reservistas de la Escala de Complemento.

En resumen, la reserva de los años setenta respondía al modelo de reclutamiento obligatorio que, como se ha dicho, ponía énfasis en el número de potenciales combatientes en vez de en la calidad de los mismos. Asimismo, se disponía de una clase de oficiales y suboficiales de reserva que habría permitido inmediatamente encuadrar a los miembros de la clase de tropa en pelotones y secciones de infantería o en las unidades equivalentes pertenecientes a las otras especialidades

del Ejército de Tierra, de la Armada o del Aire. Sin embargo, a pesar de que se considera que el número superaba ampliamente las necesidades de una eventual movilización, se pone en duda el nivel de adiestramiento del contingente que, en primer lugar, era el de menor duración de todo el continente europeo y, en segundo lugar, nunca se sometió a adiestramiento periódico. Si, al menos, hubiera habido un asociacionismo mayoritario se hubiera paliado esta falta de instrucción mediante el cultivo de la pertenencia a ese colectivo o la participación a título particular en ejercicios teóricos o prácticos.

2.CUADROS DE RESERVA O LA INSTRUCCIÓN MILITAR PARA LA FORMACIÓN DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE COMPLEMENTO [IMEC] (1973 - 1990)

El primero de los cambios que afectó a la reserva militar durante la Transición -y más allá- fue, de hecho, la última intervención del franquismo en esta materia. Dicha reforma diseñó una nueva manera de reclutar y de instruir a los futuros mandos movilizables.

Se trató de algo ya anunciado unos años antes, cuando la ley de reclutamien- to de 1968 fijó que debían revisarse y refundirse «las normas que actualmente regulan el reclutamiento del personal a integrarse en la Escala de Complemento y las actualizarán de forma coordinada y conjunta para los tres Ejércitos y a través del Alto Estado Mayor».

Hubo dos motivaciones para ello, ninguna de ellas por cierto relacionada con la referida falta de adiestramiento de los veteranos de la IPS. En primer lugar, mientras que la población universitaria española de finales de los sesenta crecía exponencialmente, las Fuerzas Armadas menguaban. Por tanto, había que evitar la proliferación de unos oficiales y suboficiales -procedentes del mundo universitario como se recordará- cuyo número ya era entonces desmesurado 464 . La segunda tuvo que ver con la ebullición ideológica de ese entorno, una más que potencial fuente de elementos subversivos que, sin remedio, estaban accediendo a las salas de banderas de los cuarteles.

Promulgada la susodicha ley, fue el general Gutiérrez Mellado el encargado de liderar la comisión interministerial que habría de adecuar «la estructura de la Escala de Complemento a los nuevos condicionantes, regular el acceso de los aspirantes procedentes de la Universidad y de los que se formaban en las unidades, y ajustar su entidad a las necesidades reales de cuadros de mando intermedios». Sus integrantes se pusieron a trabajar una vez producidos los primeros avances en la redacción del reglamento del servicio militar, tarea que también era responsabilidad de Gutiérrez Mellado. En bastante menos de un año fue elaborado un proyecto de decreto con el que nutrir las Escalas de Complemento que contó con el nada desdeñable visto bueno del vicepresidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, y de los tres ministros militares.

En 1971, con la publicación del documento final quedaba constituida la IMEC. El Ejército de Tierra dio el primer paso para su implantación, dictando en 1972 las normas para el ingreso y perma-

464 Cada año eran instruidos alrededor de 6.000 alféreces y sargentos.

nencia en la parte del colectivo que era de su responsabilidad.

una figura que venía existiendo desde la Escala de Reserva gratuita del siglo XIX, los oficiales y suboficiales de carrera que

Figura n.º 1: evolución temporal de los miembros de la IMEC, posteriormente oficiales y suboficiales reservistas de la Escala de Complemento (Ejército de Tierra) 465 .

Con esta reforma la Escala de Complemento de cada uno de los dos Ejércitos y de la Armada pasaba a estar integrada por jefes, oficiales, oficiales especialistas, suboficiales y suboficiales especialistas, que podían alcanzar los empleos de sargento a comandante -o capitán de corbeta. Durante el período de servicio militar sólo podían obtenerse los de sargento y alférez -o alférez de fragata. No obstante, con una prolongada relación profesional, acabado el servicio, se podían conseguir los ascensos previstos en el decreto, siempre condicionados a que ascendieran los militares de igual empleo y antigüedad pertenecientes las otras escalas. En definitiva, se requería toda una vida profesional en activo para poder llegar a comandante. Por último, como

465 QUESADA GONZÁLEZ, José Miguel: El Yunque , op. cit., p. 214.

lo solicitasen podían ser transferidos a la Escala de Complemento, lo que extrañamente sucedía.

Quien quería hacer el servicio militar en la IMEC tenía que estar matriculado en el penúltimo curso de carrera. Una vez admitido, el aspirante era instruido en dos fases, la primera en un CIR de su distrito universitario -durante dos meses y medio- y la segunda en la academia o centro de su Arma o Cuerpo -durante tres meses-. El período de prácticas era el mismo que el anteriormente establecido para la IPS.

¿Cómo luchar contra la subversión? Las convocatorias de aspirantes debían ser anunciadas con «la antelación suficiente que permita disponer a las Fuerzas Armadas de elementos de juicio suficientes sobre los solicitantes», una manera de

indicar a los aspirantes que podían ser sometidos a investigación.

En un ejercicio voluntarista, ya tradicional -como se ha visto- en la legislación española sobre el servicio militar, se dejaba abierta la posibilidad de que los cuadros reservistas fueran llamados para realizar prácticas, maniobras o ejercicios, excepcionalmente y con un máximo de treinta días al año.

Durante sus dieciocho años de vigencia, un total de 68.802 estudiantes universitarios decidieron realizar su servicio militar en el Ejército de Tierra, en las condiciones privilegiadas que proporcionaba la IMEC, la inmensa mayoría en la categoría de oficial. En cuanto a su faceta cuantitativa, en los primeros años las plazas se mantuvieron del mismo orden que en la etapa final de la IPS (ver figura n.º 1), pasando a decrecer notablemente durante los años ochenta, particularmente a partir de la aplicación del plan META. Las últimas convocatorias sólo admitieron a entre 1.500 y 1.900 aspirantes anuales, exclusivamente oficiales.

En cuanto al asociacionismo de los miembros de la IMEC -como una manera de, al menos, mantener su cohesión-, hay que tener en cuenta que, a lo largo de los ochenta, la necesidad de los ciudadanos de participar en las instituciones democráticas -o de crear grupos de influencia de todo tipo- revitalizó el deseo de pertenecer a una asociación, a un partido político o a un sindicato. Pero en el asociacionismo reservista ese no fue el único factor.

Durante los años de la Transición se fue acrecentando la brecha entre la sociedad española y sus Fuerzas Armadas, particularmente tras los intentos de golpe de estado que se produjeron a principios de los ochenta. El pueblo español, por su parte, perdió la escasa confianza que tenía en sus militares y se alejó notablemente de ellos lo que influyó, sin duda, en la decisión del PSOE de someter a referendo la entrada de España en la OTAN 466 .

Fue precisamente en ese tiempo cuando se echó en falta un tejido asociativo de reservistas que cumplieran con la misión de mantener vivo entre la sociedad civil el interés por las Fuerzas Armadas, lo que no había cubierto desde luego la asociación única UNAMU. Así, a lo largo de los ochenta, y a caballo entre el deseo ciudadano de participar en la actividad pública y la necesidad de fomentar la cultura de defensa tras el 23-F, sucesivos gobiernos -muy especialmente los socialistasfavorecieron la aparición de estas asociaciones. De estos años quedan numerosos testimonios en prensa en los que se ve como personajes influyentes apoyaban a las asociaciones recién creadas o exhortaban a los veteranos a asociarse.

La organización pionera de este período apareció el mismo año del intento de golpe de estado del 23-F. En ese momento, la Fundación de la Milicia Aérea Universitaria «Vara de Rey» abrió la brecha intentando atraer a los veteranos de la Escala de Complemento del Ejército del Aire. Luego vinieron muchas otras 467 .

466 En una encuesta realizada por el Ministerio de Defensa en 1989, sólo un tercio de los jóvenes en edad militar manifestaban tener un concepto alto o muy alto de la profesión militar. Más de la quinta parte lo tenía bajo o muy bajo, PUELL DE , op. cit.,

LA VILLA, Fernando: Historia del Ejército pp. 264 y 265.

467 Unos años más tarde se agruparon los oficiales de complemento de la Infantería de Marina en torno a la Asociación de Oficiales y Suboficiales de la Escala de Complemento del Cuerpo de Infantería de Marina [AOSSCIM] -1984-, la

Todas ellas se inscribieron en el registro del Ministerio del Interior con unos fines muy parecidos, en esencia, a los tres puntos mencionados en su momento para la UNAMU, aunque llegaron a tener una mayor definición como, por ejemplo, el propósito de editar publicaciones propias o el de crear premios y concursos relacionados con los valores castrenses. Como novedad significativa se prescindió del enfoque ideológico que sí incorporaba su antecesora. Lamentablemente, aunque creció el número de asociados, no se alcanzaron cifras que estuviesen al nivel de un colectivo cuyo tamaño era del orden de bastantes decenas de millar.

En resumidas cuentas, la reforma del proceso de instrucción de los oficiales y suboficiales de Complemento no mejoró en nada la IPS, con la que compartió la falta de operatividad y el escaso compromiso de sus miembros durante el período en reserva. Si se llevó a cabo fue para poder controlar la subversión y reducir las plazas ofertadas. Implantado ya el régimen democrático, la principal ventaja de la IMEC fue la armonización de la formación de cuadros de mando en los dos Ejércitos y la Armada.

Asociación de Milicias Navales Universitarias [MNU] -1986- y la Asociación de Veteranos de la Milicia Universitaria del Ejército de Tierra [AVMUETE] -1992-, siendo esta última una federación que amparó a diez asociaciones regionales tanto de reservistas como de ex reservistas de la Escala de Complemento del Ejército de Tierra que habían venido fundándose durante la década de los ochenta como, por ejemplo, la Asociación de Veteranos de la IPS del Campamento de los Castillejos, más tarde denominada Asociación Catalana de la Milicia Universitaria [ACMU]. El proceso siguió con otras entidades regionales como la Asociación Madrileña de la Milicia Universitaria [AMMU], fundada en 1992 o la Asociación de Veteranos de la Milicia Universitaria de Navarra [AVMUNA], fundada en 1994.

3.- LA PRIMERA DISPOSICIÓN SOBRE RECLUTAMIENTO DE LA ESPAÑA DEMOCRÁTICA (1984)

La segunda reforma relacionada con la reserva militar durante el período de estudio debe enmarcarse en las profundas transformaciones que sufrieron las Fuerzas Armadas legadas por el franquismo, cambios que tuvieron lugar tanto por razones intrínsecas como por mor de la evolución que estaban sufriendo las organizaciones armadas en todo el mundo.

En el tramo final de la Guerra Fría, prácticamente descartada la amenaza nuclear, todos los ejércitos se estaban preparando para ser desplegados en misiones internacionales y hacer frente a las nuevas amenazas subnacionales, como el terrorismo o el nacionalismo. Así, en un intenso debate que estaba sucediendo dentro y fuera del estamento militar, parecía imparable la progresiva mutación del ejército de masas constituido por conscriptos, y configurado para la defensa del territorio propio, en el ejército profesional pequeño formado con personal voluntario altamente preparado, listo para convertirse en fuerza expedicionaria, que es el paradigma del siglo XXI.

Volviendo a la situación nacional, sobrecargados los costes por una plantilla de oficiales inflada, era obvio esperar deficiencias en el armamento y el material -particularmente en el Ejército de Tierra. Con ello, y ante el cuestionable nivel instrucción de los soldados, los esfuerzos de los jefes de unidad por tener un nivel aceptable de operatividad se hacían estériles. El coronel Martínez Inglés sitúa en prácticamente cero la capacidad de respuesta de las unidades existentes en los

primeros años ochenta 468 . El general Ortega, sin embargo, es menos rotundo y afirma, refiriéndose al Ejército de Tierra de esos años, que «las plantillas de personal estaba cubiertas, incluso con exceso, en tropa de reemplazo, pero los materiales no respondían a las necesidades mínimas. [...] las tropas de infantería ligera, basadas sobre todo en el factor humano, tenían buen nivel de operatividad, dentro de las limitaciones de materiales auxiliares [...]. Pero las unidades con sistemas de armas más sofisticados como las mecanizadas, de caballería, de artillería antiaérea, de transmisiones o de ingenieros, padecían de gran falta de cobertura de los mismos, lo que limitaba grandemente su operatividad» 469 . El general Díez-Alegría, algo más pesimista, pensaba por otra parte que las Fuerzas Armadas de principio de los años setenta no eran muy distintas de las que participaron en el Desembarco de Alhucemas, en 1925 470 .

Entretanto, el general Gutiérrez Mellado asumió el liderazgo de la modernización profesional de las Fuerzas Armadas con el fin, entre bastantes otros, de reducir del tamaño de los Ejércitos. Eso significaba alterar directamente el servicio militar e, indirectamente, la reserva.

De momento, la Ley Orgánica 6/1980 de Defensa Nacional mantuvo la obligatoriedad del servicio militar para los españoles varones - «prioritario sobre

468 MARTÍNEZ INGLÉS, Amadeo: España inde-

fensa . Barcelona: Ediciones B, 1989, p. 31.

469 ORTEGA MARTÍN, Jorge: La transformación de los ejércitos españoles (1975-2008) . Madrid: Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED), 2008, p. 40.

470 DÍEZ-ALEGRÍA, Manuel: «La defensa nacional: un remanso y sus avenamientos», Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas , n.º 60 (1984), p. 166.

cualquier otro servicio que se establezca»- pero incorporó nuevos conceptos que ya hacían necesaria la promulgación de una nueva ley del servicio militar. Dichas novedades eran la participación de la mujer en la defensa, la objeción de conciencia y la posibilidad de realizar una prestación social sustitutoria en lugar del servicio de armas, aspectos todos ellos consignados en el artículo 30 de la Carta Magna.

Cuando el PSOE llegó al Gobierno por primera vez reformó la Ley Orgánica 6/1980, aunque el título que trataba del servicio militar quedó inalterado. Seguía siendo necesaria una nueva ley de la «mili» que se alineara con las demandas sociales recogidas en la Constitución y también con las promesas realizadas por el partido que unos años antes se había sentado en los bancos de la oposición.

De cualquiera de las formas, desde dentro y fuera de las Fuerzas Armadas, existía una fuerte presión por reducir la duración del servicio militar y por contar con soldados profesionales. Muchos eran conscientes del alto grado de especialización que requerían los nuevos sistemas de armas, para los que resultaba imposible instruir a los soldados de reemplazo, si bien este era un problema común a todo Occidente. El teniente coronel Jean, del Ejército italiano decía en aquellos años: «estimamos que es inevitable la abolición del servicio militar obligatorio si continúa la tendencia general de los países occidentales a la progresiva reducción del tiempo de servicio. Las ventajas del servicio militar de recluta obligatoria decrecen rápidamente cuando el tiempo de servicio queda por debajo de los dieciocho meses;

un número creciente de puestos tácticos deben ser cubiertos por voluntarios» 471 .

La sociedad tampoco percibía una amenaza que justificase la duración existente, mientras que la flamante pertenencia a la OTAN permitía una significativa reducción de efectivos, lo que ya se había arbitrado con el plan META, ya mencionado.

En cuanto a las peticiones de objeción de conciencia, no se trataba de algo nuevo. Unos veinte años antes habían comenzado a solicitarlas los testigos de Jehová aunque, comenzados los ochenta, los objetores eran multitud e incluían a grupos de católicos radicales y a protestantes de diversas sectas, así como a personas de ideales pacifistas, anarquistas y otros 472 . Algunos de los objetores adoptaron una actitud puramente testimonial, mientras que otros optaron por organizarse y promover acciones colectivas. Por ejemplo, el Movimiento de Objetores y Objetoras de Conciencia se dio a conocer a principios de 1977 cuando 20 de sus miembros se encadenaron a una verja en la Plaza de España de Madrid. Es preciso decir que, en 1980, la duración de la parte activa del servicio militar español era en-

471 JEAN, Carlo: «¿Ejércitos de profesionales o , n.º 452

de reclutamiento forzoso?», Revista Ejército (1977), p. 79.

472 La objeción de conciencia por razón religiosa fue regulada por el primer gobierno de Adolfo Suárez en una fase muy temprana al acogerse a la facultad gubernamental -encarnada por las prórrogas de 4.ª clase de la ley de 1968- para otorgar dispensas a colectivos en base al interés nacional. Con carácter claramente disuasorio, a los objetores se les ofrecía un «servicio de interés cívico» de tres años de duración en una región distinta a la suya. En el lugar de prestación eran sometidos a una revisión anual del comportamiento. Superados los tres años sin tacha, el servicio militar activo le era convalidado, pasando entonces a la reserva.

tonces sólo un mes mayor que la media de los miembros de la OTAN con reclutamiento forzoso, que era de catorce meses, siendo el país que concedía mayor número de días de permiso a sus soldados -cuarenta y cinco; el siguiente era Portugal, con treinta días- y de los que menos gastaban por soldado, sólo rebasado por Grecia y por Turquía.

En diciembre de 1982, cuando el Gobierno ya tenía un anteproyecto de ley en preparación -aunque no había sido anunciado-, la minoría catalana en el Congreso presentó una proposición de ley para reformar el servicio militar en tres únicos aspectos: reducción del servicio activo en filas a doce meses, incorporación a los dieciocho años de edad o incluso antes -a petición del interesado-, y destino en una unidad de su propia comunidad autónoma. La proposición fue finalmente rechazada por los grupos mayoritarios del Congreso.

El Partido Socialista argumentó entonces -y aprovechó para anunciar- la existencia de un anteproyecto y rebatió la falta de equidad que podría suponer la des demográficas y de distribución de las Grupo Popular manifestó, por su parte, que la reforma debía ser integral y contemplar aspectos no tratados aún como el voluntariado la participación de la mujer en la defensa y guna de las intervenciones se habló de las necesidades defensivas de España como realización del servicio militar en el entorno más próximo, dadas las desigualdaunidades militares. El especial, la objeción de conciencia, la prestación social sustitutoria. En ninhabía sucedido en los debates homologables del siglo XIX, ni siquiera para rebajarlas. En cambio, todos los grupos parlamentarios coincidieron en que cualquier

reforma debía decidirse en favor de los jóvenes.

A pesar de que se había reconocido públicamente que se estaban dedicando esfuerzos a la reforma del servicio militar, tinuó empeñado durante 1983 en diversas reorganizaciones del ámbito de la defensa que podrían calificarse de nivel superior en espera de que, apoyándose en éstas, se el ministro de Defensa Narcís Serra conpudieran abordar más adelante otras reformas de menor alcance y mayor profundidad.

Fue entonces, en el último trimestre de 1983, prácticamente decididas tanto la nueva orgánica del Ministerio como las responsabilidades asociadas a cada una de las entidades y departamentos recién diseñados, cuando el Gobierno presentó al Congreso un proyecto de ley de reforma del servicio militar que contemplaba la reducción del tiempo de servicio en filas, admitía una proporción de soldados profesionales -mediante el voluntariado especial-, establecía una alternativa al servicio sobre las armas y abría un testimonial camino para la participación de la mujer en la defensa.

La ponencia del Congreso que se encargó de preparar el informe sobre el proyecto del Gobierno -integrada por figuras tan representativas de la Transición como el militar Julio Busquets o el político Santiago Carrillo- no introdujo modificaciones sustanciales, a pesar de los intentos del PNV por reducir el tiempo total de servicio militar, incluido la disponibilidad como reservista, a doce años 473 .

473 Los componentes de dicha ponencia fueron

Julio Busquets Bragulat (PSC), Santiago Carrillo Solares (PCE), Jon Gangoiti Llaguno (PNV),

Durante la tramitación en el Senado continuó la presión para reducir el tiempo de la prestación personal tanto en activo como en reserva, sacando adelante el PSOE -que ya pensaba en futuras reducciones- una enmienda a su propio proyecto que fijó unívocamente el servicio sobre las armas en un año, cuando inicialmente se había establecido un intervalo de entre doce y quince meses, dependiendo de las particularidades de cada Ejército 474 .

Con tan sólo unos meses de tramitación -aunque su reglamento se hizo esperar durante casi dos años-, la primera ley del servicio militar de la democracia vio la luz antes del verano de 1984. Dicha disposición mantenía las situaciones de la anterior legislación disponibilidad, actividad y reserva- pero reducía el tiempo de servicio sobre las armas, como ya se ha dicho, a doce meses y el tiempo total de servicio militar a quince años. Hay que remontarse a los proyectos previos a la ley de reclutamiento de 1912 para ver un servicio militar tan corto. Asimismo, se daba la licencia absoluta a todos los reservistas existentes que tuvieran treinta y cuatro años de edad o más.

Como continuación de la aportación de la ley de 1968 en tal sentido, la disposición recién publicada redujo nuevamente la edad de disponibilidad para el servi-

Antonio García-Pagán Zamora (PSOE), Carlos Manglano de Mas (AP-PDP), Luis Mardones Sevilla (UCD), Joaquín Molins y Amat (CIU), Juan Andrés Muñoz García (PSOE) y Ricardo Squella Martorell (AP-PDP).

474 Los integrantes de la ponencia designada para

estudiar el proyecto de ley en el Senado fueron Julio Bassets Rutllant (PSOE), Vicente Bosque Hita (AP-PDP), Joaquín Campoamor Rodríguez (PSOE), Rafael Estrella Pedrola (PSOE) y Joaquín Jiménez Hidalgo (AP-PDP).

cio militar, que quedó establecida en diecinueve años. Esto requirió, como había sucedido en la ley anterior, de un período transitorio de cinco años en el que los llamamientos y la duración del tiempo en filas debieron irse adaptando progresivamente al nuevo marco.

Un servicio militar tan corto no permitía instruir, como se dijo en su momento, ni a los especialistas de determinados destinos ni a los efectivos de las unidades de alta cualificación. Fue la figura del voluntario especial -extraordinariamente desarrollada en el reglamento de 1986 y disposiciones posterioresla que se utilizó en la nueva ley para cubrir esa necesidad creciente y, al mismo tiempo, ir materializando la profesionalización parcial de las Fuerzas Armadas, de la que tanto se había venido hablando 475 . El voluntariado especial había sido creado mediante la ley de 1968 pero su utilización había quedado prácticamente limitada a unos cientos de expertos al año con destino en el Ejército del Aire, así como algunos efectivos que reforzaron las plantillas de la Guardia Real y de la Guardia Civil. Estos voluntarios permanecían en la reserva desde la finalización del compromiso hasta el primero de enero del año en el que cumplían treinta y cuatro años, como el resto de conscriptos 476

Las prórrogas permanecieron esencialmente como en la ley de 1968, con la única novedad de añadir una quinta clase «por desempeñar un cargo público por elección popular». Por otra parte, el servicio militar de las mujeres quedó en suspenso, pendiente de una ley que nunca llegó. En cuanto al «servicio civil», o a la prestación civil sustitutoria del servicio militar para objetores de conciencia, una disposición transitoria facultaba al Gobierno -entretanto se preparaba una ley específica- a destinar a estos mozos a Protección Civil, a la Cruz Roja o a otras organizaciones similares.

Como una manera de desarrollar un derecho constitucionalmente reconocido, la primera ley reguladora de la objeción de conciencia llegó el mismo año de la promulgación de la nueva disposición sobre el servicio militar. Algo se había regulado en este sentido en 1976, como se vio anteriormente, pero sólo se reconocía entonces la objeción religiosa y era preciso extender esa cobertura a la razón ideológica, la ética o cualquier otra.

475 En el año 1987 se convocaron 4.000 plazas de larga duración para el Ejército de Tierra, 2.000

para la Armada y 712 para el Ejército del Aire.

476 Los destinos del voluntariado especial ofrecidos en 1977 en el Ejército del Aire fueron: administrativos de abastecimiento, administrativosescribiente, mecánicos del automóvil, mecánicos de mantenimiento de avión y técnicos en electrónica, 590 plazas en total. La Guardia Real, constituida inicialmente por profesionales encuadrados en una escala especial, admitió voluntarios especiales -unos pocos cientos al año- desde 1979. La aplicación del voluntariado especial a la Guardia Civil permitió incrementar sus efectivos sin

. La prestación social sustitutoria era un servicio alternativo al militar mediante el cual el ciudadano solicitaba voluntariamente quedar destinado en Protección Civil, en conservación del medio ambiente, en servicios sociales de todo tipo, en servicios sanitarios, en programas de cooperación internacional y en otras actividades de interés general. En situación de actividad servían entre dieciocho y veinticuatro meses, mientras que en la reserva seguían las mismas vicisitudes que los compañeros de reemplazo que habían elegido la vía militar, si bien en caso de

aumentar la plantilla -algunos miles cada añoante las nuevas misiones encomendadas, creando la figura del guardia civil auxiliar.

movilización eran destinados a protección y defensa civiles.

En cuanto al aspecto cuantitativo, una mirada a la tabla n.º 1 muestra de nuevo la evolución sufrida en el tamaño de las Fuerzas Armadas y la reserva, una vez que la ley de 1984 pudo considerarse ampliamente implantada. En dicha tabla se observará la reducción sufrida por los dos países europeos que se han tomado de ejemplo, mientras que Estados Unidos y la Unión Soviética reforzaron sus efectivos, tanto en la situación de servicio activo como en la sedentaria. España dividió en poco más de diez años su reserva por cuatro. Esta severa reducción no vino motivada solamente por el cambio aquí descrito sino también por una alineación de criterio con el resto de aliados, que no consideraban en este montante los reservistas no adiestrados, como se mencionó en su momento. Ante la ausencia de un programa de instrucción, los españoles reportados como pertenecientes a la reserva pasaron a ser los que habían terminado recientemente el servicio militar.

4.- CONCLUSIONES

La reserva de los primeros quince años de democracia en España mantuvo una coherencia conceptual con la existente durante todo el franquismo, acusando únicamente una importante reducción en su tamaño de, aproximadamente, una cuarta parte. Dicha reducción tuvo que ver tanto con el acortamiento de los años de disponibilidad como con una adaptación en el criterio de cuantificación de los reservistas mediante la cual se descartaba el personal que no hubiese estado recientemente en filas. Además, se asumió que algunos reservistas -los objetores de conciencia- no empuñarían jamás un arma, siendo eventualmente movilizados en servicios civiles.

La clase de mandos movilizables, preparados para facilitar el encuadramiento de los reservistas, cambió de nombre y sufrió adaptaciones en su proceso de reclutamiento e instrucción. No obstante, en líneas generales la IMEC no sufrió una transformación con respecto a su antecesora franquista, la IPS.

En un camino que, claramente, ya apuntaba hacia la plena profesionalización de finales de los noventa, no fueron resueltos los grandes problemas de la reserva. Estos tenían que ver con la preservación del adiestramiento militar de todas las clases y, tras la promulgación de la Constitución, con la incorporación de la mujer a sus filas. Si nadie se ocupó de ella cuando una reserva de masas bastantes décadas atrás- tuvo plena justificación, no iba a recabar la atención gubernativa precisamente ahora, cuando un cambio de paradigma estaba en ciernes.

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Roberto Muñoz Bolaños Profesor de la Universidad Camilo José Cela Fernando Puell de la Villa Profesor del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED)

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Artículos

Miscelánea

CUARENTA AÑOS DE DEMOCRACIA: REFLEXIONES

Luis Palacios Bañuelos Catedrático de Hª Contemporánea

RESUMEN

A partir de los libros de Santos Juliá y de Tom Burns, el autor reflexiona sobre estos cuarenta años de democracia incidiendo en que actualmente nos encontramos en un momento final de ciclo histórico con una crisis política profunda que tiene su punto de arranque en la llegada de nuevas generaciones al poder y de los partidos populistas al Parlamento, en el cuestionamiento de todo lo que supuso la Transición, en la fuerte crisis económica, etc.

ABSTRACT

From the books of Santos Juliá and Tom Burns, the author reflects on the forty years of democracy stressing the fact that we are living the final moments of a historic cycle with a political crisis that has as a starting point the arrival of the new generations to power and the populist political parties to Parliament, questioning everything the Transition period meant, within a strong economic crisis, etc.

Se cumplen cuarenta años de democracia efectiva en España. Justo en un momento en que vivimos una larga crisis, en que tenemos un rey recién estrenado y que, con el fin de la etapa política del marianismo, comienza otra nueva con Pedro Sánchez, el inesperado y recién llegado a la Moncloa. Unos hablan de las bondades de la Transición, de los éxitos de nuestra democracia cuando otros abundan en los fallos. Es momento de reflexionar, hacer balance y sacar conclusiones. Y nada mejor que hacerlo al dictado de dos importantes libros publicados por Galaxia Gutenberg: uno de historia, de Santos Juliá, titulado Transición. Historia de una política española (1937-2017) y otro que es un ensayo de Tom Burns Marañón, titulado Entre el ruido y la furia. El fracaso del bipartidismo en España 477 .

Comenzaré con el libro de Santos Juliá. ¿Transición o transiciones? Aunque no hay unanimidad a la hora de acotar la Transición, muchos entendemos que es la etapa en la que se hace realidad el paso de la dictadura franquista a la democracia y que se realiza en un tiempo histórico concreto: desde que Juan Carlos I es proclamado rey de España, el 22 de noviembre de 1975, hasta la promulgación de la constitución, el 6 de diciembre de 1978,

477 Este artículo es deudor a las reseñas que de estos dos libro he publicado en Revista de Libros y a mis libros sobre estos la Guerra, el Franquismo, la Transición y el reinado de Juan Carlos I, que constituyen las Bases de la España actual, publicado por Dilex en 2017.

en que oficialmente empieza a funcionar la democracia. Este reciente libro del Prof. Santos Juliá va más lejos, habla no solo de dicha Transición sino también de sus antecedentes, de las transiciones planteadas desde 1937 hasta el tiempo presente en que los nuevos populismos insisten en lo del 'régimen de la Transición'. En este sentido, a cuantos pensamos que la Transición es una historia no in fieri sino cerrada, terminada, el autor nos recuerda que hoy el tema ocupa un lugar central en el debate político y hablar de la Transición es 'hablar de política tanto como o más que de historia', o mejor, 'cuando se aparenta hablar de historia, lo que se hace cada vez con mayor frecuencia es un uso del pasado al servicio de intereses o proyectos políticos o culturales del presente' (p. 13).

Este libro se adentra en nuestra historia en busca de las muchas transiciones planteadas echando mano en todo momento de una magnífica documentación.

El resultado es 'una investigación en las huellas que el proceso político de la transición a la democracia ha ido dejando a lo largo de ochenta años'. Se trata, pues, no de un ensayo sino de un libro de historia -historia política, apuntilla el autor- escrito por un reconocido historiador. Es un libro denso , con fuerte carga de erudición, riguroso e importante que se convertirá en referente para los historiadores.

Santos Juliá comienza con la Guerra civil aceptando que 'no fue la culminación de una historia, sino su quiebra brutal, un corte profundo infligido a la sociedad española que, desde 1939, quedó amputada para siempre de una parte muy notable de sus gentes y de su historia' (p. 18). La Guerra civil se resumió en victoria y derrota sin que quedara espacio para ningún tipo de transición. Con todo, recuerda varios proyectos de transición para romper con aquella situación bélica desde los primeros días de la rebelión militar y de 'la revolución que fue su inmediata secuela'. El primero de ellos es de Manuel Azaña, de quien Juliá es un gran conocedor, para quien la española era el primer acto de la nueva Guerra mundial y debía ponerse fin mediante la mediación -que nunca llegó- de las potencias extranjeras por vía diplomática. Un segundo proyecto se debió a un grupo de católicos españoles exiliados en París en torno a Mounier y la revista Esprit que pronto fue conocido como 'Tercera España'. La respuesta de los católicos franceses se concretó en la creación de un Comité pour la paix civile et religieuse en Espagne presidido por Jacques Maritain. Su afirmación de que 'la guerra que se libra en España es una guerra de extermi-

nio' le granjeó duras críticas de católicos españoles.

En el libro se citan otros muchos planes. Varios de Azaña, como el presentado en el Foreign Offise en mayo del 37 a través de Besteiro. Interesante y profusamente documentado es el que el arzobispo Giuseppe Pizzardo presentó al primado de España para que el Vaticano hiciera de mediador en la guerra pero que el cardenal Gomá rechazó pidiendo a la Santa Sede que no colaborara en la consecución de un armisticio. Para los obispos españoles, la guerra no podía terminar más que 'con el triunfo del Movimiento Nacional'. La evolución del tema va unida a la propia evolución de la guerra. Así, Negrín, presidente del Gobierno, cree en 'nuestra victoria segura' y no aceptará que se hable de mediación con los insurgentes (21 mayo 37). Prieto como ministro de Defensa no cree en esa misma fecha que existiera ningún camino hacia la paz… Azaña que se reafirma en que la solución sólo podía llegar de fuera. Y los proyectos de mediación de Salvador de Madariaga, en mayo del 38. Pero todos chocarán con la cerrazón de los franquistas. '¡Guerra a la mediación en la guerra!' escribe el ABC de Sevilla en octubre del 38. Y es que, como pensaba el obispo de Madrid, Eijo Garay, y reconocía Yanguas Messía, 'existe una imposibilidad intrínseca de mediación'.

Monarquía versus república. Santos Juliá nos conduce a través de la historia de este largo periodo, condicionado por la marcha de la Guerra mundial, entrecruzando los dos proyectos de transición como salida del régimen de Franco: la monarquía y la república. El proyecto monárquico ofrece fórmulas diversas con

Don Juan como protagonista. Un personaje este Don Juan que el autor diseña como variable, adaptable a las circunstancias con tal de lograr su objetivo. Entregado a Franco con una restauración monárquica como culminación del Movimiento Nacional u ofreciendo una monarquía católica-tradicional respaldado por grupo de generales monárquicos 'bien untados' por la embajada británica… que, en 1943, defienden una monarquía como continuación de la 'obra revolucionaria de Franco' que cerraría la continuidad histórica para una España reconciliada y unida. Recuerda el libro las presiones de ocho Tenientes generales (Orgaz, Dávila, Varela, Solchaga, Kindelán, Saliquet, Monasterio y Ponte) que piden al dictador un régimen que complete la instauración monárquica… y que comenzaría cambiando a Franco por Don Juan. En este proceso, un hecho cambiaría para siempre la percepción que el dictador tendrá del pretendiente. Se trata de una carta de Don Juan al conde de Rodezno en el que califica de usurpador a Franco. Conocido su contenido por el dictador pocas posibilidades de llegar a rey le quedarían al pretendiente. La carta de respuesta de Franco el 6 de enero de 1944 dice que aquello era 'una absurda ruptura' la que había provocado aconsejado por Gil-Robles y Saínz Rodriguez, etc. que le habían inculcado 'la supuesta ilegitimidad de mis poderes'. A partir de entonces Don Juan plantea la restauración por derecho y sin rodeos. En un Manifiesto de 19 de marzo de 1945 le pide a Franco que reconozca su fracaso y abandone el poder… Pero para entonces el régimen empieza a autodefinirse como una democracia orgánica, como le explicó Franco al periodista americano Bradford en La Vanguardia española. Desde el

Instituto de Estudios Políticos se inventa y desarrolla un 'sentido español de la democracia definiendo la democracia como un 'régimen político-cristiano'. Al mismo tiempo, el régimen lava su imagen retirando el saludo fascista y conceptos como revolución, totalitarismo e imperio. Por su parte, Don Juan se instala en Estoril anunciando la Monarquía tradicional y una Confederación de Fuerzas Monárquicas redactaron las Bases institucionales de la Monarquía española (28 febrero 46). Hablan de una monarquía representativa aunque poco tenía que ver con la democrática.

Además, Franco había logrado que la jerarquía eclesiástica lo ratificara, con un Pla y Deniel que escribiría aquello de que la Guerra había sido 'una Cruzada por Dios y por España frente a una República en la que había anarquía sangrienta comunistas ' (8 mayo 45) y que meses más tarde pediría a las Naciones Unidas que 'respetaran a España el derecho innegable a organizar su régimen' pues debía tenerse en cuenta 'la orientación de cristiana libertad opuesta a un totalitarismo estadista' como quedaba claro en el Fuero de los Españoles.

La alternativa republicana la mantiene con fe el Gobierno de la República desde el exilio esperando la ayuda de las potencias democráticas. Un primer llamamiento a los españoles, de abril de 1940, da por inexistente el Frente Popular y reivindica el derecho de España a decidir su régimen definitivo. Un año después se empieza a presentar la Guerra civil como primera etapa de la guerra de Europa. La formación de Acción Republicana Española (ARE) reúne partidos de izquierda excluyendo a socialista, anarquistas, comunistas y nacionalistas vascos y catala- nes. Los socialistas por su parte estaban divididos: con Negrín, instalado en Londres, y con Prieto, en México, administrando los fondos del 'Vita'. Importante también fue la Asamblea de la Unión de Profesores Universitarios Españoles en el Extranjero, en octubre del 43, que declararon el derecho de España a recobrar un poder soberano, escoger su gobierno, etc. esperando el apoyo de Naciones Unidas. Una denominada Junta Española de Liberación se ocuparía de hacer realidad la Constitución de 1931 y poder reunir la Cortes para sustituir a Franco. En medio de tanta euforia e ingenuidad se llega a hablar, en abril de 1944, de una Tercera República que deberían reconocer las Naciones Unidas. Las esperanzas seguían puestas en las potencias aliadas.

Pero derrocar a Franco no era asunto fácil. Desde la comunista Radio España Independiente, en octubre del 45, se habla de derribar a Franco y a la Falange y se ve la historia, por primera vez, como 'transición pacífica'. Pero los comunistas carecían de influencia tras su actuación en la guerra y su participación en las sacas, represiones, etc. El papel de los comunistas, sus aportaciones y fallos son abordados por Juliá con todo detalle a lo largo de muchísimas páginas. El papel histórico del partido y de personalidades como José Díaz, Dolores Ibárruri, Jesús Monzón, Carrillo… Sus acciones concretas como las guerrillas, la invasión por el valle de Arán 'el fiasco de los combates de los Pirineos' y los intentos de que Franco desapareciera y se derrumbara el régimen… Los consejos de Stalin a los comunistas españoles para que cambien de estrategia. Carrillo y su propuesta de un gobierno republicano de Unión Nacional… El logro de un gobierno de tran-

sición que organice un plebiscito… Y la creencia de los comunistas a finales de 1947 de que el franquismo se hunde.

Dos hechos deben destacarse. Uno es que fallará la ayuda exterior. Una nota tripartita de Estados Unidos, Francia y Reino Unido deja muy claro que el futuro de España dependerá solo de los españoles. Y el segundo es que el 9 de junio de 1947 la Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado define a España como un Estado católico y otorga a Franco el derecho de proponer al sucesor.

A medida que el tiempo pasa, la historia de transiciones, de terminar con el Régimen resulta más y más interesante. En un capítulo titulado 'Del plebiscito al holocausto de la legitimidad' Santos Juliá plantea la fórmula Prieto (noviembre 37) consistente en buscar la mediación desde el exterior con objeto de convocar un plebiscito en el interior, que no era sino lo que ya había propuesto Azaña. Es importante recordar que el PSOE optaba por restaurar el régimen republicano. Pero, aunque se plantearon otras fórmulas (Aranda, Beigbeder) como un gobierno provisional con monárquicos y republicanos presidido por un general se va abriendo paso la idea de que la solución monárquica era inevitable.

También van cambiando las condiciones internacionales. Los Estados Unidos desde octubre de 1947 se plantean modificar su política hacia España aceptando que había fracasado aquello de prescindir de Franco. Incluso desde ámbitos diversos se habla de que los españoles necesitan un general al frente del país para funcionar. Se recuerda aquello de Juan Valera de que España no se podía gobernar sino a palos, que se traducía en que nada funcionaba sin un general al mando. En fin, como decía Martín-Artajo, el Régimen caminaría hacia una forma de democracia española. Era el nuevo relato sobre el futuro del Régimen: que era susceptible de evolucionar hacia su constitucionalización. De hecho, hubo Conversaciones entre socialistas -que rechazarían a los comunistas- y monárquicos. Pero Don Juan que era quien con más cuidado debía defender la Monarquía no resultaba fiable a los socialistas pues al mismo tiempo que se reúne con ellos también lo hace en el Azor con Franco para tratar de la formación de Juan Carlos.

Con 1950 llega la decisión norteamericana de resolver el problema de aceptación de España en la ONU, que votará, el 4 de noviembre, a favor de ser de nuevo admitida en los organismos internacionales dependientes de las Naciones Unidas. Era la peor noticia que los republicanos exiliados y esperanzados podían recibir. Definitivamente quedaba muy claro que las potencias democráticas no harían nada y que los españoles solos debían resolver sus problemas.

A partir de la década de los cincuenta se dará, según Santos Juliá, una transición ordenada de la Dictadura a la Democracia. Comienza con las jornadas que convoca el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo a finales de junio de 1950 tratando de buscar una transición democrática al régimen democrático. Su impulsor y presidente del Consejo es Madariaga, defensor de que a Franco le debía suceder la Monarquía de Don Juan. A este Consejo acuden todas las fuerzas de izquierdas menos los totalitarios, comunistas y fascistas. Se aprobó un 'Anteproyecto de Estatuto para restablecer la normalidad jurídica en España y preparar

elecciones libres' que se envió a la

Asamblea de Europa. Su contenido es, según Juliá, el primer plan de transición acordado por elementos representativos de todas las fuerzas políticas españolas del exilio, con excepción de falangistas y comunistas' (p.194)

Para los republicanos la República seguía siendo el régimen legítimo de España. En octubre de 1955, Gordón Ordás presentaba un Memorándum sobre el problema español preguntándose cómo resolver aquellas opciones de republicanos, monárquicos y gentes del Movimiento Nacionalsindicalista. El Gobierno de la República pensaba que la solución estaba en el voto popular que permitiera elecciones libres y garantizadas. Pero lo cierto era que la propuesta del CFEME garantizaba una transición ordenada de la dictadura a la democracia mejor que el Gobierno de la República. Aceptarlo era para los republicanos un doloroso holocausto, como lo califica Juliá, de sus principios.

Entre otras propuestas de diálogo y de reconciliación, este libro documenta el papel de la revista Las Españas. Revista literaria que proponía revisar todo. Como dice Carretero 'No queríamos el franquismo y no queríamos volver al 31'; querían una 'España nueva' y plural. Pedían una reconstrucción nacional para lo cual aparece una corriente empeñada en indagar el ser auténtico de España o de las Españas. Dentro se plantea el tema de España como o sin problema. Se debate sobre terminar con la Guerra civil, las propuestas de diálogo… la metáfora de las Tres Españas… Hay una toma de conciencia colectiva, que diría Castellet, a raíz de la rebelión estudiantil de 1956. Nuevas generaciones que nada han tenido que ver con la Guerra civil entran en escena y se rebelan contra los férreos esquemas del Régimen. Dionisio Ridruejo, Sánchez-Mazas, Tamames, Múgica, Ruiz Gallardón y Elorriaga lideran aquella rebelión estudiantil que integra la denominada generación del 56. En este proceso el Prof. Juliá destaca una serie de momentos: a) El Frente Universitario Español, FUE, que aparece en México mediado 1956. Propone la necesidad de liquidar la Guerra civil -que entraña responsabilidad colectiva- mediante la concordia nacional. Su objetivo es sustituir a Franco, rehacer España entre todos y apoyar a cualquier gobierno intermedio tras Franco que camine hacia la democracia. B) Carrillo, el PCE y su Programa de reconciliación nacional para un cambio pacífico (1956). Tras la entrevista con Stalin, los comunistas españoles abandonan le política de Unión Nacional por la de Frente Nacional Antifascista que, bajo el liderazgo del PCE, tratarán de unir fuerzas para liberar a España. C) Acción Democrática se forma en el otoño del 56 y pronto se convirtió en Partido Social de Acción Democrática, PSAD, en torno a Dionisio Ridruejo que promueve 'establecer en España una democracia viable, ajustada a las posibilidades de la nación'. El deseado cambio político, vienen a decir, sólo será posible con la Monarquía como hecho consumado. D) Propuesta del socialista Tierno Galván y del grupo de Salamanca -que trasladan al Secretario General del PSOE, Llopis- que en esencia defiende que el futuro del país será la Monarquía y aconseja pactar con ella.

El Dictador, en su decisión de perpetuarse en el poder, se defiende de estos intentos definiendo su carácter de Monarquía y desarrollando toda una serie de teorías sobre la democracia orgánica, ya

apuntada. Torcuato Fernández-Miranda, cuya 'logomaquia es para Juliá muy cercana al trabalenguas', defiende la naturaleza evolutiva del Régimen: caudillaje, regencia, realeza. Y a medida que pasan los años va confirmándose que la monarquía vendrá de la mano de Franco o no vendrá. Don Juan, en 1957, le escribe al dictador que la Monarquía debía llegar como evolución del Movimiento -'un lenguaje en la frontera de lo servil', apostilla con razón Santos Juliá-. El conde de Ruiseñada, uno de tantos monárquicos del Movimiento, confirma que la nueva Monarquía española tendrá siempre su origen en esa historia nacional concentrada en aquel 18 de julio. Y es que Franco se reafirma y legitima en su origen proclamando al inaugurar el Valle de los Caídos el carácter sagrado de la guerra de liberación, verdadera cruzada.

En cualquier caso, la monarquía recibe apoyos tanto de los monárquicos como, por ejemplo, de Tierno Galván. Ridruejo y Sánchez-Mazas piden al Pretendiente 'Romped con Franco. Ganaos ante el país la legitimación de ejercicio'. Izquierda Demócrata Cristiana habla de establecer una nueva bandera. Giménez Fernández sugiere una transición a través de una regencia en la persona de su amigo Alfonso de Orleáns. También hay quien, con Satrústegui, se preguntaban si la guerra civil podía ser un acto fundacional porque sobre ella no podía asentarse la Monarquía que debería llegar 'a continuar la Historia de España'.

Muy destacable es para Santos Juliá el papel del PCE con su Política de reconciliación. Pero era difícil el acuerdo de toda la oposición con el rechazo de la dirección socialista de Toulouse. Recuerda que la Huelga Nacional Pacífica de junio del

59 quiso ser un plebiscito contra la dictadura.

Pero aún encuentra Juliá más proyectos de transición. El increíble de la Unión Española de 1961 y, sobre todo, el importante Coloquio de Munich, iniciativa de Madariaga, de junio de 1962. Este IV Congreso del Movimiento Europeo se planteó inicialmente como un debate de las fuerzas de oposición al franquismo excepto el PCE- sobre la relación España-Europa pero en él se habló de restauración monárquica con la idea clara que allí se ponía punto final, según Madariaga, a la Guerra civil.

A partir de los años sesenta el gran tema será 'y después de Franco, ¿qué?'. El Régimen no se cansó de repetir aquello de 'atado y bien atado' en cuyo entramado incluía la instauración. Y los proyectos siguieron apareciendo. RuizGiménez publicó un artículo titulado 'Meditaciones sobre España', en el verano del 67 en Cuadernos para el Diálogo '. Jorge de Esteban y Herrero de Miñón plantean estudios sobre cómo sería la transición. Tácito se hizo oir en sus propuestas de futuro… Iniciativa del PCE fue la Junta Democrática y del PSOE la Plataforma de Convergencia Democrática y la Platajunta nacería de la fusión de ambas.

Muere Franco, se abre el pastel de la herencia franquista y comienza la verdadera Transición. Juan Carlos I, Suárez, los partidos políticos, el pueblo español… serán sus protagonistas. Las tres grandes palabras que recogen las demandas de los españoles son libertad, amnistía y autonomía. A ellas deberíamos unir europeísmo. Estos grandes objetivos, tan aje-

nos al franquismo, son los que se hacen realidad en la Transición y el libro que comento lo estudia con detenimiento y rigor. Aquel 'Libertad sin ira' de Jarcha se convertiría en el himno de toda una generación.

Lograr la libertad era alcanzar la democracia. Este libro nos muestra la incertidumbre que viven los españoles desde la muerte de Franco pero también su deseo de libertad. Lo visualizan las movilizaciones: en Cataluña, el 8 de febrero de 1976, convocadas por la Assamblea de Catalunya pidiendo libertad, amnistía y Estatuto de Autonomía; en Sevilla, Burgos, y tantísimas otras ciudades. El desarrollo de la historia que los españoles escriben aquellos años 1976, 1977 y 1978 es trepidante y recordada por muchísimos de sus protagonistas anónimos. La apertura -o node Arias. Las expectativas de Areilza y Fraga. Adolfo Suárez, Alfonso Osorio… 'Lo importante, escribe Santos Juliá, fue que mientras los tecnócratas permanecían lejos de la primera fila, la crema del reformismo ocupó, por impulso regio, los ministerios de más relieve en el nuevo Gobierno formado el 11 de diciembre de 1975' (p.351). No olvida destacar el papel relevante de un Fraga que el 25 de febrero de 1976 presenta al púbico su Llamamiento para una reforma democrática , adelanto de lo que poco después será el Libro blanco para la reforma democrática, ambos elaborados por GODSA. Otros muchos temas como el de reforma o ruptura o el importante primer viaje del Rey a Estados Unidos (su importante discurso lo elaboraron el catedrático Vicente Palacio Atard, maestro del Rey, y el ministro Areilza) donde el Rey adelantó el guión de la Transición …

'En la primavera de 1976, veinte años después de que el PCE lo codificara, el proceso de transición era ya de uso común' (p. 364), escribe el Prof. Santos Juliá. Y añade que, aunque la derecha procedente de la dictadura se había apropiado del concepto proceso de transición, por su historia pertenecía a la izquierda y, muy decisivamente, al Partido Comunista que había sido su gran muñidor. Y hace referencia a un trabajo de Carlos Ollero en el que se habla que desde antes de la muerte de Franco se había iniciado ya en España un incontenible proceso de democratización.

El nuevo lenguaje en la política española habla de soberanía, reconciliación, amnistía. Carrillo publicaría ¿Qué es la ruptura democrática? Resulta muy interesante la evolución que se produce en Suárez desde sus primeros momentos en que nada quiere negociar con la oposición 'habla con todo el mundo, pero no se comprometió a nada con nadie'- hasta llegar a legalizar el partido comunista. Pero antes no puede olvidarse la Ley para la Reforma Política, obra de Torcuato que, jugando con las preposiciones no era de reforma sino para la reforma, 'una argucia que nunca se le había ocurrido a aquel pionero de reformistas que fue Manuel Fraga' (p. 374). El plan era que conducir a la convocatoria de elecciones generales por sufragio universal. Se trataba, es bien sabido, de elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle era simplemente normal, de devolver al pueblo las libertades políticas… Pero, apuntilla Juliá, 'más que de la ley a la ley, Suárez trataba de transitar de la legitimidad del pasado del que venía a la del futuro al que aspiraba: en eso consistía la transición política' (p. 375). Y considera

que la primera fase de su plan de transición política se cumple cuando el 11 de enero de 1977 se reunía por primera vez el Gobierno con la Plataforma de Organismos Democráticos para hablar de legalización de partidos, Estatutos de Autonomía y normas electorales.

Un hecho trágico, el asesinato de Atocha, provocará una oleada de solidaridad con el PCE. Se visualizó en la reacción que provocó el atentado: una manifestación multitudinaria, la primera presidida por banderas rojas y saludada con puños en alto. Carrillo recupero entonces el discurso de la reconciliación nacional 'que tanto había contribuido a construir dos décadas antes, para recordar una vez más que la guerra era 'un hecho histórico' (p. 383). El efecto de aquella trágica matanza fue que muchos españoles empezaron a aceptar que debía legalizarse el PCE. Su legalización, tan conocida por repetida, 'fue celebrada una noche de Sábado Santo como la reconquista de la libertad durante tantas décadas machacada' (p. 385). Claro que en aquellos momentos de historia acelerada nada era fácil y no faltaron obstáculos. Santos Juliá se ocupa expresamente de las Fuerzas Armadas, cimiento del régimen, (acepta la tesis de Felipe Agüero cuando dice que 'los militares no participaron en el núcleo de elite que tomó las decisiones esenciales de la transición' ). Habla de la Iglesia católica -'de donde procedía la definición de aquel Estado como democracia orgánica, o bien como católico o nacionalcatólico-'; recuerda expresamente a Ángel Herrera Oria, 'un egregio camaleón de la política', y también al Movimiento Nacional, que se hizo el harakiri. El autor se detiene en un hecho tan importante como la legalización del PCE, vivida por el Ejército como un engaño y como una traición porque 'un Estado con organismos e instituciones en los que fuera posible la presencia legal de comunistas no era el Estado del 18 de julio, al que los militares habían jurado defender contra cualquier enemigo interior' (p. 400).

La amnistía era fundamental para lograr una reconciliación y la plena convivencia nacional. Recuerda el Prof. Santos Juliá que, desde la Guerra civil, los republicanos venían demandando ambas cosas. Y cita los Treces Puntos de Negrín, de mayo de 1938, a Azaña, Prieto, Largo Caballero, etc. y también a los católicos y su amplia presencia en el PCE y en CCOO tras el Vaticano II. En la década de los setenta destaca la propuesta de liberales, monárquicos, demócrata cristianos y socialistas que expusieron al ministros de Exteriores alemán, Walter Scheel, en abril del 70 la necesidad de que se otorgara una amplia amnistía . Se detiene también en el juicio de Burgos y en el encierro de Montserrat; en la declaración 'Educación para la paz en la reconciliación' de la Comisión pontificia Justicia y Paz y en el cardenal Vicente Enrique y Tarancón con su pastoral de 1973 sobre la reconciliación; de la campaña pro amnistía de Ruiz -Giménez en abril del 74 y de Pablo VI que dedicó a la reconciliación aquel Año Santo aunque los obispos españoles 'no se atrevieron a estampar la palabra amnistía en su declaración final' (p. 420).

Tras una amnistía en 1976 -insuficiente diría López Aranguren- serían los representantes del pueblo los que lograrían una amnistía total. Como explicaba Arzalluz, el 27 de julio de 1977, todo nuevo régimen debe 'hacer todo lo posi-

ble para borrar las secuelas de los regímenes anteriores… y es necesario el olvido, el cese del diálogo de sordos, de las imputaciones mutuas y no hay otra manera de que termine sino a partir de una amnistía total…'. Si, la oposición considera que es necesario el olvido para borrar del todo el franquismo y situar en el pasado la Guerra y los cuarenta años de Franco. Santos Juliá no olvida que una ETA que no se cansa de matar altera aquel inestable equilibro (en 1978 mató a 68 personas y a 80 en 1979). Solo el miedo que provoca explica que el primer manifiesto contra ETA no llegara hasta mayo de 1980 a través de la revista Muga.

Las Autonomías son la tercera gran reivindicación. Se trata de un complejo proceso que Santos Juliá explica con agudeza detallando la utilización de voces que tanto han llegado a confundir, como nación, nacionalidad y región -la Constitución de 1931 solo reconoce la región- y de conceptos como plurinacionalidad, nación de naciones (Carretero), derecho de autonomía, etc. Hace un recorrido histórico de la utilización de estos conceptos parándose en los casos de Cataluña y del País Vasco. Destaca el Informe de Carrillo en el Manifiesto-Programa del PCE (setiembre del 75), el discurso de Pujol alrededor de los conceptos de autonomía y solidaridad… Explica cómo va fijándose el término nacionalidad, que no gustaba nada a Julián Marías y recuerda las quejas del propio Marías y de GarcíaPelayo porque no apareciera en el Título Preliminar de la Constitución el concepto nación española y se hablara solo de España o de Estado español. Y confirma que no existió un plan de organización final del Estado optándose por soluciones pragmáticas quedando pendientes mu- chos problemas que 'acabarían por empañar el éxito obtenido por el Gobierno en sus tratos con los nacionalismos históricos' (p. 496)

Los tres últimos capítulos: El desencanto, Después de la Transición y la Transición cumplida y desechada son de enorme interés porque nos trasladan a la actualidad. De la euforia inicial de recuperar las libertades se pasó pronto al desencanto. El Prof. Santos Juliá trae a colación la entrevista que Josefina Martínez del Álamo hizo al Suárez presidente, en julio de 1977, pero que ABC no publicó hasta el 23 de setiembre de 2007 cuando el expresidente recibe el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. En aquel 1977, viene a decir Suárez, comienza lo que llaman desencanto. ¿Causas?; muchas. Por las cosas que se hicieron mal y porque las enorme expectativas creadas no pudieron hacerse realidad en muchos casos. Tal vez, también, por esa tendencia a cierta autodestrucción de muchos españoles. Sí, se respiraba cierta frustación, una especie de cansancio histórico que le llevarían a Vázquez Montalbán a hacerse aquella pregunta capciosa: '¿Con Franco estábamos mejor?', tan recurrente en tantos chistes, quitadas las interrogaciones. Santos Juliá expone con detalle aquel período de desconcierto, las idas y venidas de Suárez, el desastre de UCD. Y luego el desencanto. Asumir que el franquismo pertenece a la historia ('hay que amnistiar al franquismo, luego historiarlo' diría Castilla del Pino); frustración porque 'no había pasado nada de lo que nuestra esperanza esperaba' (Vidal-Beneyto) y desencanto ante 'una democracia implantada por los franquistas en continuidad riguro- sa, incluso desde el punto de vista de la

legalidad, con el régimen anterior ' y, sobre todo, por la 'enorme distancia entre el ideal por el que se luchaba y los pobres resultados hasta ahora obtenidos' (Aranguren). Eran sentimientos frecuentes también entre muchos católicos, como Gómez Caffarena, Aumente o Comín.

Al consenso también le llegaría su final, tras la aprobación de la Constitución que para Alfonso Guerra suponía la ruptura. Ruiz-Giménez daría una conferencia el 5 de abril de 1979 con el título 'La democracia entre el encanto y el desencanto' pero desde una perspectiva más amplia Raymond Carr aconsejaba no caer en el desencanto porque, a pesar de todos los fallos que pudieran existir, España era ya una auténtica democracia. Es en ese contexto donde Suárez se convirtió en un traidor para unos y en el causante de la crisis para otros. Llegó el 23 F. Si algo demostraba aquel intento de golpe de Estado -que aunque no fue pudo ser- era que la democracia no estaba aún consolidada. Pero el millón de españoles que se manifestaron demostró que el país estaba con la democracia. Y no puede olvidarse que el juancarlismo se convierte tras esa fecha en uno de los mitos fundacionales de la Transición. Para Santos Juliá, el desencanto se esfumó al tiempo que la transición con el resultado final del intento de golpe de Estado.

¿Qué ha ocurrido después de la Transición? Llegan al poder los socialistas con Felipe González pues 'del final de desencanto sólo pudo resultar beneficiado el Partido Socialista, que previamente había renunciado a cualquier utopía' (p.541). Santos Juliá detalla que el triunfo del PSOE 'tuvo un decisivo efecto en la mirada que desde ese momento se proyectó sobre la Transición, ratificando… la decisión de no utilizar el pasado como arma en el debate político' (p. 542) e insiste en que Felipe González no sintió necesidad de evocar el pasado franquista… y añade algo importante contra muchas voces que surgirían después: 'no evocar la Guerra Civil o la dictadura en el debate entre partidos poco tuvo que ver con el miedo, ni con un sentimiento de culpa compartida, ni con un pacto de silencio o con una amnesia colectiva sufrida de pronto por toda la sociedad, tal vez la más grande de las fantasías propagadas en los relatos sobre la Transición…' (p. 542). No deja de ser curioso que en el momento de esta narración Santos Juliá vuelva a recordar lo que el PCE había publicado en Mundo Obrero a principios de 1966: que a la mayoría de los españoles les movía un deseo de reconciliación e instalar una democracia y hacerlo evitando una nueva guerra civil. Con ello quiere explicar lo que esa declaración significa: antes de la Transición que pretendían la instauración de la democracia y después de la Transición que los socialistas pretendían 'impedir que las guerras del pasado afloraran como armas en las confrontaciones del presente' (p. 543).

Con el ingreso en las Comunidades Europeas, se extiende un sentimiento positivo hacia lo hecho en la Transición. En 1986, Josep Ramoneda habla en La Vanguardia de 'El modelo de la Transición'. Se pondera el éxito de aquella difícil operación de paso de una dictadura a la democracia y se vende como una operación bien hecha y con buen final. Historiadores, politólogos, sociólogos… explican los logros de aquella España que nada tiene que ver con la España anterior. En este sentido, el año 1992 representa el

cénit para aquella España que se muestra al exterior con toda su 'riqueza' mediante la Expo '92 en Sevilla, las Olimpíadas en Barcelona y la capitalidad cultural europea en Madrid. Ramón Cotarelo insiste en que España es un caso ejemplar de transición lograda, y que se un modelo teórico.

En la tercera legislatura socialista, a partir de 1989, se destaparía con los casos de corrupción, guerra sucia, etc. la erosión sufrida por el PSOE y su líder al tiempo que el Partido Popular lograba rearmarse y desplazarse hacia el centro político con un nuevo líder, José María Aznar. Aznar proclamaba no identificarse con la derecha y echaba mano de un Azaña español, patriota, desengañado… tratando reforzar la imagen centrista de la derecha y su proyecto reformista. Para muchos políticos terminaba la Transición y comenzaba una etapa en la que la historia podría utilizarse como arma política. Así lo decide Felipe González para ganar votos acusando a Aznar, como había hecho con Suárez, de heredero del franquismo. Los candidatos del PP, decían los socialistas, 'eran la peor derecha de Europa' y -esto era lo nuevo- herederos del franquismo. Algo se había roto y parecía que llegaban nuevos tiempos. En este contexto empezó a hablarse de segunda transición (Fraga) lo que permitiría hacer nueva lectura de la Constitución. Los nacionalistas lo aprovecharían para avanzar hacia la plena soberanía (Pujol pide en La Vanguardi a, el 5 de agosto de 1991, negociar con urgencia una nueva lectura del Estatut). Frente a la creciente desmoralización socialista, tras las elecciones de 1993, está la euforia de los populares. El propio Aznar se presenta como portaestandarte de la segunda transición. En la siguiente campaña electoral todo se radicalizó, como explica con detalle Santos Juliá: 'con el dóberman afloró una nueva versión del relato secular de las dos Españas, presentada una en blanco y negro, como exigía la memoria del pasado al que pretendían devolver a España los populares, y la otra en color, como la que estaban construyendo los socialistas' (p.550). Lamentablemente las dos Españas, dadas por muertas en el Congreso de los Diputados un 14 de octubre de 1977, resucitaban como también el viejo y peligroso lenguaje de la Guerra Civil.

Aznar recuperaría en su discurso de investidura los logros de la Transición y de la Constitución. Puntualiza el Prof. Santos Juliá que 'el PP asumió como suyo el relato de la Transición como fundante de la democracia' (p. 553) y se pregunta qué sentido tenía entonces seguir con aquello de segunda transición. Sí lo tenía para los nacionalistas que lo entendieron como interpretar de otra manera la Constitución, como dijo en una Conferencia en el Club Siglo XXI el honorable Pujol: 'rechazamos la teoría del café para todos y estamos en contra del federalismo… queremos más de lo que tenemos: un reconocimiento del hecho diferencial catalán respecto al resto de las autonomías'. Piden un Estado plurinacional. Indudablemente, algo había cambiado para siempre, como el futuro se ha encargado de demostrarnos.

Otro tema, que seguirá vivo hasta hoy, es la condena del 18 de julio y del franquismo. Santos Juliá dedica su atención al hecho de que el PP no lo condene de forma contundente y rápida pues al negarse a condenar el levantamiento militar de julio del 36 proporciona a la oposición argumento suficiente para considerarle

heredero de aquel 18 de julio. Unos hablan de pasar página, otros de ahondar en lo mal hecho. Y se configuran así dos memorias enfrentadas de la Transición, la guerra y la dictadura. El pasado se instala en el discurso de los políticos como arma arrojadiza. El PP arrasa en las elecciones del año 2000 y pronto empezaron a presentarse en el Congreso proposiciones no de ley sobre asuntos del pasado. Hasta que el 4 de octubre de 2002, Frutos, Llamazares y Alcaraz lo hacían sobre exhumación de fosas comunes de la Guerra Civil. Se denunciaba el silencio, el olvido y la amnesia sobre estos temas culpándose de ello a 'una transición democráticamente deficitaria'. E irá tomando cuerpo en la izquierda la idea de la Transición culpable que tanto llegará a extenderse (p.565) frente a la versión del PP de una Transición ejemplar que había cerrado las luchas fratricidas en la historia de España aun aceptando que el franquismo había conculcado las libertades. La llegada al poder de José Luis Rodríguez Zapatero reanima el debate. Escribe Santos Juliá que 'el punto de partida en sus políticas hacia el pasado (que es lo mismo que decir: en su uso del pasado para las políticas del presente) consistió en la propuesta de una ley de solidaridad con las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura' (p. 575). No faltaron propuestas, se habló de crear una comisión de la verdad y otras medidas que provocaron entusiasmo en ciertos sectores sociales y quejas en otros. El Ministerio puso en marcha ayudas destinadas prioritariamente a exhumaciones de fosas comunes y 'convirtió lo que tendría que haber sido una política de Estado en una política privada subvencionada, y destinada, por la cuantía de las subvenciones, a mantenerse viva durante muchos años' (p. 580). Para dar forma definitiva a todo esto se promulgaría la

Ley de la Memoria Histórica, amplia y eficazmente explicada por el autor.

El último capítulo de este libro se titula 'La Transición cumplida y desechada'. Una serie de hechos construyen el camino que nos conduce al momento actual. Primero, la Declaración de Barcelona que implicaba la 'ruptura' del pacto constitucional. La firmaron los nacionalistas catalanes, vascos y gallegos pidiendo una nueva articulación del Estado como plurinacional, pluricultural y plurilingüe. Se mostraban contrarios a la generalización de los Estatutos de Autonomía y a la homogeneización de las competencias que habían desvirtuado, según ellos, el autogobierno de las tres nacionalidades o naciones sin Estado: Cataluña, Euskadi y Galicia. El resultado inmediato más visible fue abandonar el término nacionalidades y sustituirlo por el de naciones. Entre medias no faltó el protagonismo de ETA que prometía un alto el fuego indefinido. Amén de la Declaración de Lizarra y de la propuesta, no aceptada por el Congreso, de Ibarretxe. Paralelamente -y es al menos curioso- España sería la primera en aprobar en referéndum la Constitución Europea (1 febrero 2005).

En esta deriva de la política española, el autor de este libro trae a colación el 'Manifiesto socialista para la España autonómica del siglo XXI', donde la nueva dirección del PSOE afirma que la sociedad española no era ya la de la Transición de 1978 ni la de 1982 y, por tanto, el Estado y los poderes públicos del nuevo siglo tampoco podían ser los mismos de antaño. Con Zapatero, los socialistas defenderán que había llegado el momento de hablar de una España plural en un Estado federal. Las elecciones catalanas

de 2003 y 2004 marcarán aún más la nueva deriva política socialista. Los resultados electorales repartían el poder entre varios partidos, el tripartito, entre ellos los Socialistes de Catalunya. Además, el gobierno de España había llevado al PSOE a pedir ayuda a ERC. Y aquí está el núcleo del problema: el compromiso de Zapatero -antes de las elecciones- a apoyar la reforma del Estatuto que saliera del Parlamento catalán. Se trataría de un nuevo Estatut, según Maragall. Zapatero defendería la reforma como algo consustancial a los Estatutos y anunciaba un tiempo nuevo en el que se reconocería la pluralidad como valor constitucional. Y poco a poco, todo el mundo hablará de reformar los Estatutos de Autonomía. La Transición se había convertido en historia.

El siguiente paso de este proceso consiste en ir contra lo que significaba la Transición. Santos Juliá hace un lúcido análisis de aquellos 'insatisfechos' del 15-M que adornaron la fachada del Congreso con un '`¡Abajo el Régimen'. Este término se completó pronto como 'régimen del 78', 'nuestra Constitución es papel mojado', 'ruptura del pacto constitucional de 1978' y la consiguiente apuesta republicana y federal como 'objetivo estratégico para la etapa presente' (PCE). En resumen, se proclama como única verdad que el consenso se había roto por las políticas neoliberales y las oligarquías financieras… y era preciso un nuevo modelo de país… Una parte de Izquierda Unida, con Garzón a la cabeza, desarrolla una nueva estrategia: 'transformar la movilización en organización, la rebeldía en alternativa y la alternativa en poder'. Para lograrlo había que acabar con el bipartidismo y provocar un proceso constituyente. Justo en ese momento un nuevo elemento aparece en escena dispuesto a rentabilizar la situación. Se trata de Izquierda Anticapitalista, IA, con José Antonio Errejón a la cabeza, que en 2013 había desarrollado toda una teoría de la crisis del 'régimen del 78'. Régimen del 78 que engloba a los partidos del bipartidismo y al Estado al que niegan su carácter democrático llevando a cabo una deslegitimación global para después construir el populismo. Se trata de erigir un pueblo capaz de conquistar una nueva hegemonía como principio de unificación de una sociedad que atraviesa una crisis orgánica (p.612). Porque 'si no tienes pueblo detrás, organizado, militante y puesto en pie tus posibilidades como gobernante son muy pequeñas'. Precisamente esto, 'conquistar la hegemonía por el discurso' fue lo que guió al grupo de profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense del que saldrá Podemos, como ha estudiado Jose Ignacio Torreblanca. Se trataba de construir un nuevo sentido común sobre demandas no atendidas por las instituciones… un populismo que con evocaciones de la patria se convertirá en nacional-populismo. El mal, vendría a decir Errejón, se encuentra en el régimen del 78 y Transición equivale a Régimen que se identifica con la casta, los de arriba, bipartidismo, corrupción y crisis. Solo faltaba construir al líder carismático que será Pablo Iglesias. Preocupado por el resultado político, buscará generar a partir del 15-M y las mareas una identidad popular 'politizable' electoralmente por medio de su presencia personal en los medios, especialmente la televisión, siendo él el nudo de todo el entramado y con la utilización de consignas contundentes como '¡Abajo el régimen¡', 'No nos representan', 'Democracia real ya', 'Lo

llaman democracia y no lo es'… El objetivo es lograr que las víctimas de la crisis se identifiquen con el nuevo nosotros frente al ellos, los adversarios, las viejas élites. Y como referente un Pablo Iglesias, el profesor de la coleta, personalizando todo el movimiento. Se crearán nuevos mitos como defensa del bando antifascista en la Guerra Civil que se vincula a la democracia de la izquierda. Iglesias busca inventar un nuevo pasado para la izquierda de manera que la historia, una vez más, es una referencia política crucial para crear identidad… Los ataques se lanzan a todos los partidos, incluso al comunistas pues, dice Iglesias, se suicidó al compartir el mito de la transición pacífica y consensuada. Porque para él -lo cuenta en 'Disputar la democracia', 2014- la Transición fue 'ese fenómeno por el que el sistema de poder establecido por los vencedores de la Guerra Civil se transforma sin que se alteren demasiado buena parte de sus condicionantes fundamentales'. En fin, lograrán que la palabra régimen se identifique como no democracia… Sin embargo, con vistas a las elecciones estos relatos de usar y tirar irán cambiando y recordando que la primera transición había sido exitosa propondrán una nueva Transición. No en vano las encuestas del CIS muestran que una mayoría de los encuestados la Transición les despierta unos sentimientos de orgullo.

El libro termina con los hechos que acecen en los momentos en que Santos Juliá entrega el original a la imprenta: la situación complicadísima de Cataluña en su camino hacia la independencia.

En conclusión. En este largo proceso en el tiempo, transición no significó nunca la restauración de un régimen anterior,

República o Monarquía, sino una situa- ción provisional en la que todos los ciudadanos recuperaran sus libertades y derechos para iniciar un periodo constituyente. Y fue de la mano de otra palabra, reconciliación. Lo cual exigía la amnistía. Inicialmente se esperó una ayuda exterior pero pronto quedó claro que la transición era labor de los españoles. Santos Juliá insiste que transición nunca fue equivalente a reforma. Pronto se habló de ruptura y sería el PCE quien incorporaría a la ruptura la convocatoria de una acción democrática nacional o huelga general política con la que se iniciaría el proceso (p. 631). Su significado fue ampliándose, en el tardofranquismo significó amnistía y libertad y tras 1975, por influencia catalana, se generalizó Estatutos de Autonomía. Luego se añadiría lo de consenso. Es este significado, de Transición como consenso el que ha prevalecido en la memoria colectiva, que, para Santos Juliá abarca poco más de un año. A partir de los años 90 cuando los partidos, historiadores, periodistas… decidieron usar el pasado como arma política del presente se construyeron interpretaciones distintas de la Transición que respondían a los diferentes posicionamientos políticos. De ahí salió desde los medios de izquierda la Transición como mito, mentira, amnesia, traición y finalmente régimen del 78. No existe ningún 'Régimen del 78' y resulta alucinante tener que reivindicar lo evidente. Lo que se ha hecho es contaminar la palabra régimen que nuestra memoria histórica identifica con el franquismo. El régimen era el franquismo, si no el propio Franco. Con esta maniobra se logra ejercer efectos negativos sin necesidad de calificativos. Se incluye en esta posición el PCE y Santos Juliá comenta así: 'su otrora más correoso artífice y defensor, que en una ejercicio de borradura de su pro-

pio pasado ha roto con ella regalándosela de buen grado a la derecha' (p. 631)

Este libro ayuda a entender la Transición. Su legado, con sus sombras, se sustancia en la Constitución que, como escribió Julián Marías, 'del régimen anterior no queda nada, pero de España, queda todo'. Y esto, guste o no, hay que proclamarlo. El recién desaparecido Forges nos ha dejado una lectura de la Transición a través del humor. En su libro Los Veintenta ilustra este diálogo: 'Azarosos años', dice un amigo a otro; '…pero han merecido la…' 'alegría', termina el otro. Y ratifica: 'Eso'.

El libro de Tom Burns, parte de la hipótesis de que estamos ante el final de un ciclo histórico. Tras cuarenta años de Franquismo, España conquista la democracia y otros cuarenta años después, la democracia española parece entumecerse. ¿Qué ha pasado? Este ensayo de Tom Burns es una reflexión subjetiva que trata de 'ordenar, entender y enjuiciar hechos y actitudes' para mostrar que España se encuentra ante una crisis constitucional y ante un final de ciclo.

El punto de referencia de la historia de estas cuatro décadas es la Constitución de 1978, fruto del consenso. Es una historia con luces y algunas sombras porque han quedado temas sin resolver o mal resueltos. La cuestión territorial y las Autonomías, que, al no solucionar adecuadamente su financiación, han generado unas administraciones costosísimas. La ley electoral de 1977, que, nacida para garantizar una inicial estabilidad parlamentaria, sigue vigente aunque no responde a la representatividad real, originando clientelismo y prácticas corruptas. Tampoco se ha resuelto el grave problema del paro estructural, ni se ha creado una cultura política consensuada capaz de respetar el pluralismo y las minorías. Sin olvidar la frustración generada por las expectativas no cumplidas, la mala imagen de la clase política, etc. En este escenario, irrumpe la crisis económica de 2008 golpeando con fuerza a la sociedad española, empobreciéndola y abriendo graves brechas sociales. Los partidos dinásticos no supieron responder a esta grave situación y rechazaron incluso soluciones de urgencia, como la cohabitación. El desencanto, los devastadores efectos de la crisis económica en las familias, la corrupción, etc. crearon un campo abonado para la irrupción de partidos antisistema y populistas. Conclusión: el consenso de 1975 ha sido sustituido por el radicalismo en 2015.

Pero si algo hay que resaltar es el fracaso del bipartidismo debido a su muta-

ción en una partitocracia reacia a la renovación política. Opina Burns que el PP abandonó el liberalismo modernizador del periodo de Aznar y el PSOE renunció a la socialdemocracia moderada de la época de González. Y ambos olvidaron que, en un sistema partidista, cada una de las dos organizaciones que compiten políticamente necesitan la presencia de la otra, como adversario natural, para justificar su existencia.

El autor dedica atención a la crisis socialista. El PSOE, que 'contribuyó de manera decisiva a la consolidación de la Monarquía parlamentaria' y es piedra angular de la democracia, fue el primer pilar de la partitocracia en descomponerse. Especialmente con Zapatero, aunque la llegada de Pedro Sánchez a la Secretaría general no hizo sino complicar y radicalizar la situación provocando una grave parálisis parlamentaria y un bloqueo institucional. El dilema de los socialistas era: seguir como compañeros de viaje del PP o serlo de un populismo radical y antisistema, presto a acogerlo para luego asfixiarlo. Finalmente, los socialistas facilitarían un segundo mandato a Rajoy 'medida táctica y a la desesperada que respondía a las pautas de la partitocracia'- porque 'El PP, al fin y al cabo, era la otra cara de la moneda socialista'.

Con Podemos en el Parlamento, el PSOE dejaba de ser el partido hegemónico de la izquierda española. La realidad social y las elecciones lanzaban un mensaje al PSOE y al PP: necesitaban renovarse. Entre 2008 y 2015, los españoles menores de cuarenta años (pre-millennials) y los nacidos después de la Constitución de 1978 (millennials) habían dado la espalda a ambos partidos optando por los nuevos populistas y antisistema. Conclusión: la

Monarquía parlamentaria, el sistema nacido en la Transición, había dejado de funcionar.

A la hora de repartir responsabilidades, Burns se muestra contundente con Rodríguez Zapatero cuyo objetivo fue situarse en el polo opuesto de lo que significaba toda la política a partir de la Transición. 'Su rencor hacia la derecha era un asunto poco menos que patológico'. Su sectarismo le llevó a excluir al PP del foro político. Buscó 'el atajo sentimental, lo inmediato que crea titulares y el aplauso fácil' y puso de moda el relativismo cultural y moral. Su política consistió en lanzar 'iniciativas de ingeniería social que cambiarían los valores de la colectividad y en multiplicar prestaciones que asegurarían su popularidad'. Populista y cortoplacista, practicó una política 'adanista' y 'El Movimiento 15-M y luego Podemos y los grupos de soberanismo exaltado en la periferia fueron mecidos y amamantados en sus cunas por el presidente del Gobierno'. Su incompetencia como gobernante tuvo dos consecuencias de bulto: el voto socialista se repartiría entre el PSOE y una izquierda enragée, y en Cataluña se hicieron fuertes unos partidos nacionalistas radicales que cuestionaron todos los logros de la Transición. En opinión de Burns, 'Su legado fue un país crispado y desencantado, revanchista y desconfiado, peligrosamente endeudado y con la cuarta parte de su población desocupada'.

El libro dedica todo un capítulo a estudiar 'la historia y la memoria' centrándose en que 'el ruido y la furia' al comienzo del reinado de Felipe VI y el fracaso del bipartidismo tuvieron como marco una ruptura de la concordia. Reparar los daños de las víctimas le llevó a

Zapatero a repasar, repensar y reorientar moria Histórica. Consecuencia de esas políticas es, en opinión de Tom Burns, el se la historia. Para eso nació la Ley de Merevanchismo y guerracivilismo que instala en la sociedad española.

No olvida enjuiciar al PP. Evalúa su negativo papel en la guerra de Irak y el jugado por Aznar. Acusa al partido de haber rehuido cualquier debate sobre ideas y estrategia a largo plazo y de no haberse rearmado ideológicamente cuando pasó a la oposición; que ha carecido de propuestas ilusionantes y de carisma para comunicarlas. Y responsabiliza, sobre todo, a Rajoy y su personalísimo liderazgo.

En 2008, llega la crisis económica. En un par de años se pasó de un superávit de 20.000 millones de euros a un déficit cercano a los 120.000 millones. Zapatero se hundió tras hacer recortes en las políticas sociales -el tijeretazo de 2010- y dejó de herencia al PP (2011) un déficit de casi 103.000 millones de euros (el 9,61 % del PIB). Los españoles tuvieron que familiarizarse con conceptos como prima de riesgo, deuda soberana, rescate económico, crisis de la deuda española… Aquella situación originó un desencanto que, sumado a la corrupción y a la falta de ejemplaridad de las élites sociales y políticas, indujo a la radicalización de la sociedad… y finalmente a la paralización del Parlamento en 2016.

Burns opina que este escenario de crisis y de cuestionamiento de valores y de nuestra historia también ha socavado a la Monarquía parlamentaria y ha acabado por cuestionar el sistema de democracia liberal. Las elecciones europeas del 25 de mayo de 2014 dieron paso al líder de Podemos, Pablo Iglesias, y terminaron pro- vocando la abdicación de Juan Carlos I y la proclamación de Felipe VI. Explica que Juan Carlos I supo ver el fin de ciclo político y que los nuevos retos de la sociedad española requerían un relevo generacional en la jefatura del Estado. Pero ambas monarquías funcionarían en escenarios muy distintos, como se ve, por ejemplo, en la resolución de los golpes de Estado de 1981 y de 2017. Aquel convirtió al juancarlismo en mito de la Transición pero en el de 2017, calificado por Felipe VI como 'deslealtad inadmisible', 'el golpismo soberanista y el populismo izquierdista hicieron un pulso' al Rey y al sistema. El líder de la sedición se enfrentaría por televisión a Felipe VI para decirle 'así no', cuestionando su neutralidad política. Resultado: una grave crisis constitucional que implica, además de una quiebra territorial, el cuestionamiento del Estado. Iglesias -con Podemos- no tardó en aprovechar la coyuntura y, en cuanto se aplicó el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, hablaría de 'conjura monárquica' y de 'contrarrevolución por arriba del bloque monárquico'. Conclusión: El debate Monarquía versus República quedó abierto.

Podemos y los antisistema lograron ocupar un espacio electoral aprovechando el terreno abonado que ofrecía la crisis económica y la mala calidad democrática. Pedían democracia participativa 'ya', denunciando todo aquello que procedía de la Transición. Representaron un peligro para la izquierda dinástica. El paralelismo con el caso de Grecia le hace recordar a Tom Burns que los antisistema griegos se llevaron por delante al PASOK, equivalente al PSOE. Antes, Podemos se hace con IU en una 'OPA amistosa, en realidad una fusión por absorción' pues

'compartía, cual alma gemela con Podemos, el mismo análisis marxista de la crisis del capitalismo e idéntica querencia comunista'. Su objetivo es radicalizar la democracia y transformar el sistema. Su referente es 'La razón populista' de Ernesto Laclau con su táctica de ir agrupando y dando dirección política a focos de insatisfacción. Acusan al PP de desmontar el Estado del Bienestar -conquista del pueblo y derecho inalienable- y ponen en marcha latiguillos como 'la casta', 'la trama', 'puertas giratorias', 'capitalismo de amiguetes'... Dicen ser la faz amable y cercana de la política predicando la horizontalidad y la participación. No hablan ya de la lucha de clases ni de la dictadura del proletariado sino de una rebelión transversal contra la casta y la trama. Su política, como sus formas externas, incluso en el Parlamento, son diferentes.

La nueva situación significaba que los dos partidos dinásticos habían dejado de ser los árbitros de la política nacional. Opina Tom Burns que Zapatero engendró Podemos y el PP se arrinconó y decidió abandonar cualquier debate doctrinal y 'Mariano Rajoy no mostró interés alguno por desarrollar la agenda liberal, modernizadora e internacionalista de Aznar'. En ese mismo contexto surgiría Ciudadanos para disputar el voto no socialista. En las elecciones del 20 de diciembre de 2015, Podemos hundió a un PSOE liderado por Pedro Sánchez y Ciudadanos hizo lo propio con el PP.

Pero, si desestabilizador fue, para Burns, la radicalización de los electores de la izquierda, no lo fue menos el nacionalismo catalán. Porque el movimiento soberanista en Cataluña significó el rechazo de los logros consensuados de la

Transición y de la Constitución. El fin de ciclo político comienza en 2010 en Cataluña al recortar el Tribunal Constitucional el Estatuto de 2006, que reformaba el de 1979. La respuesta del soberanismo catalán fue una gran manifestación tras la pancarta 'Cataluña es una nación'. Felipe VI accedió a la jefatura del Estado el 19 de junio de 2014 y las elecciones del 20 de diciembre de 2015 cambiaron por completo el contexto político. 'Don Felipe, escribe el autor, presidió el réquiem de los partidos dinásticos del reinado de su antecesor'.

En resumen, el fracaso del bipartidismo se debió a que el partido de centroizquierda perdió la izquierda y el de centroderecha perdió el centro. Tanto Zapatero como Rajoy dilapidaron las herencias de González y Aznar, respectivamente, y los edificios construidos por ellos se vinieron abajo. El éxito de la Transición había consistido en una combinación de continuidad sin continuismo hasta que llega Zapatero que adoptó políticas adanistas y rupturistas, desarrolladas después por Sánchez, que 'se quitó la careta 'buenista' de Rodríguez Zapatero y no le hizo ascos al revanchismo y al estatismo a ultranza de la izquierda antisistema'. Por su parte, el PP, con Rajoy, dejó de ser la 'casa común' del centroderecha gracias a su 'empecinado inmovilismo' y 'su inclinación natural a aplazar decisiones no al día de mañana, sino al próximo'.

Quiero destacar que, al hilo de su discurso, el autor, deja caer opiniones muy sugerentes. Por ejemplo, afirma que 'España es un país disfuncional porque no ha sabido escribir una historia, una narrativa, compartida por todos los españoles', que 'Para un amplio estamento del electorado la democracia 'pertenece' a la

izquierda' o que 'La historia enseña que el soberanismo catalán aprovecha indefectiblemente lo que percibe como debilidad en la política central del Estado'. ¿No merecen nuestra atención?

Tom Burns en este libro nos ofrece sus reflexiones subjetivas para explicar que estamos en un final de ciclo. Su gran conocimiento de la historia de España de estos cuarenta años, como avalan sus publicaciones, le han permitido elaborar este ensayo sugerente, serio, comprometido y valiente, de amena lectura, sin concesiones a ningún relativismo o buenismo y al margen de lo políticamente correcto.

LA FAMILIA ANTE EL CONFLICTO PADRES - HIJOS

Mª. Angelita Fátima Martín Sánchez Doctora en Clásicas y Pedagoga

"Los conflictos actuales entre padres e hijos tienen lugar hoy en día en el seno de la familia. La autora analiza en el presente ensayo los cambios actuales en la familia, el influjo de la educación sobre los episodios de violencia doméstica, la relevancia de la corresponsabilidad paterna en la educación, problemas de identificación de los niños y algunos tópicos cuestionables sobre el rol de las madres y de los padres en las tareas educativas"

RESUMEN

ABSTRAT

The current conflicts between parents and their children take place nowadays in the boson of the family. The author analyses in the present text the current changes in the family, the influence of the education on the episodes of domestic violence, the relevancy of the paternal corresponsability in the education, problems of children identification and some questionable topics on the parents role in the educational tasks.

De nuevo retorno en las páginas de LA ALBOLAFIA al tema del conflicto 'padres-hijos' en un segmento fundamental del mismo: 'La familia ante el conflicto'. En él se abordarán cuestiones como el cambio de identificaciones, prejuicios en la educación de los chicos y de las chicas, cómo educar a aquéllos para que posteriormente, cuando sean padres, participen activamente en la educación de sus hijos, las situaciones de violencia se desactiven y la corresponsabilidad en la educación de los hijos sea ejercida.

1.- EL NUEVO ESPACIO FAMILIAR

La incorporación de ambos progenitores al mundo laboral tiene como consecuencia más inmediata una menor dedicación a sus hijos, hasta el punto de que una maestra, con más de treinta años de experiencia en la educación pública, que prefiere no dar a conocer su nombre, cree que 'la escuela de hoy se ha convertido en un aparcamiento de los niños, cuyos padres están demasiado ocupados para atenderles'. Las exigencias del mundo laboral , con jornadas que se alargan, ha traído aparejada una pérdida de la presencia del padre en el hogar y también de la madre, conforme se ha incorporado al mundo laboral, Por otra parte, las exigencias económicas de muchas familias que no pueden vivir con un solo sueldo o con necesidades que les impiden vivir con el salario del padre exclusivamente, lleva a ambos progenitores a incorporarse al mundo laboral en detrimento de los cuidados y atenciones que necesitan los hijos. La consecuencia es que, en muchos

casos, los niños crecen solos, con la televisión y la escuela como únicas referencias.

Los maestros manifiestan que es imposible enderezar en la escuela el rumbo de unos chicos sin el concurso de sus padres. 'Nos encontramos a menudo con niños, ¡de hasta tres años!, a quienes es imposible controlar, no atienden a razones ni a ninguna autoridad, desconocen las reglas y las normas más elementales, carecen de hábitos básicos. Los más mayores nos contestan con frases como: '¿quién eres tú para decirme nada?', seguramente porque en sus casas no les han enseñado el respeto', opina esta educadora de Infantil. La misma maestra no sale de su asombro cuando, al hablar con los padres, advierte que éstos no inculcan normas a sus hijos desde pequeños. Los niños, cuando se incorporan a la escuela, no conocen las reglas básicas de respeto a los mayores ni a sus iguales, respeto al mobiliario, al material, son incapaces de asimilar que a la escuela van a 'trabajar' un rato y a jugar en el recreo y que para poder descansar, antes hay que haber realizado la tarea. Se creen con derecho a no trabajar. Cuando se encuentran en el aula, están pensando en salir para ver la televisión en casa sin límite de tiempo ni de programas. De esta manera, la televisión se ha convertido en la primera educadora de los niños, un hecho que confirman las estadísticas: los niños pasan el doble de tiempo frente a la 'tele' que en la escuela o dialogando con sus padres.

Los tiempos actuales han horadado el concepto de amor y de pareja para toda la vida. Ahora se buscan uniones de compromiso, que terminan 'cuando la autenticidad o el capricho de alguno de los protagonistas así lo exige', según el pen- sador Anthony Giddons. Los porcentuales de divorcios en España se han desbocado. Nuestro país es el segundo de la Unión Europea con mayor tasa de divorcios, con una media de 400.000 anuales. Habían disminuido un 8% en el año 2016 respecto al año 2015. Sin embargo, hoy en día ha aumentado el número en España de una manera alarmante, con lo cual hemos acortado distancias respecto al modelo occidental, concretamente Estados Unidos. Aunque muchos progenitores se vuelven a casar, son numerosas las familias que reducen la presencia del padre a una visita semanal. Los hogares monoparentales, es decir, los formados por un progenitor con sus hijos, han aumentado en 47.000 en un año y ya suman 1,75 millones; al tiempo que los compuestos por parejas y sus hijos se han reducido en 29.100, aunque siguen siendo mayoría con 6,3 millones, según datos del INE.

Ahora bien, si repasamos los datos de las parejas más jóvenes, cuyos hijos se encuentran en edad escolar, la situación es alarmante: más de 50.000 menores se convierten cada año en hijos de padres separados. La tasa de estos niños en una misma clase se ha incrementado de una manera exagerada, lo que ha inducido a los profesionales del ramo a elaborar una los hijos de categoría nueva de niños: los abuelos.

Ocupados con sus respectivos trabajos o sus nuevas parejas, muchos padres carecen del tiempo necesario para ejercer de progenitores responsables, delegando su responsabilidad a su vez en sus propios padres que se hacen cargo de los niños. La tarea de los padres de educar, formar y preparar a los hijos para una vida adulta loable se desvanece. El diálogo entre pa-

dres e hijos es sustituído por sesiones interminables de televisión sin que exista actitud crítica alguna de los programas que visualizan los niños. El interés recíproco por los problemas de padres e hijos queda evacuado mientras los niños pululan por la calle durante horas al carecer de compañía o se refugian en la habitación para hacer los deberes en soledad cuando se trata de escolares responsables o bien, esperan pacientemente hasta altas horas de la noche, tirados en un sofá, devorando chucherías y con la televisión como educadora, a que regresen los padres del trabajo. En otras ocasiones, los abuelos salen al paso de situaciones difíciles haciéndose cargo de niños que son rechazados por sus padres porque nunca fueron deseados. En algunos casos, los abuelos evitan malos tratos a niños por parte de sus padres asumiendo la responsabilidad de llevarlos a su casa y ocuparse totalmente de ellos.

Existen padres que carecen de tiempo para ir al colegio y entrevistarse con el tutor de su hijo e informarse, de primera mano, sobre su trayectoria personal y escolar, sobre las relaciones con sus semejantes, con sus compañeros, sobre sus intereses, sus proyectos, sus aficiones, etc. Y sobre todo, carecen de tiempo para dialogar un rato con sus hijos al final de la jornada porque sus ocupaciones laborales les absorben totalmente. 'Hemos tenido casos de padres a los que se llamaba en repetidas ocasiones porque había problemas con sus hijos y no aparecían, y eso que ampliábamos nuestros horarios de visita para facilitárselo. Después llegaban y decían que no podían con sus hijos, que eran incontrolables, que no podían hacer más. En muchos casos son los abuelos quienes los traen y los llevan; eso sí, los niños criados con este sistema suelen ser más serenos', señala la educadora aludida.

Los pedagogos coinciden en que los nuevos españoles disponen de abundantes cosas. Los alumnos de colegios e institutos están bien provistos de motocicletas, videoconsolas, ropa y calzado de marcas caras y, por supuesto, de teléfonos móviles que suenan en plena clase. Sin embargo, esos mismos alumnos tienen graves carencias y deficiencias psicológicas, emocionales y afectivas debido a su desestructuración familiar. El filósofo José Antonio Marina ha estudiado la implantación de un nuevo tipo de familia a la que denomina mercurial porque cambia su aspecto y el número de miembros con una facilidad asombrosa. 'Aumentan las familias en perpetua recombinación. Los padres intentan hacer compatibles los hijos que ya tienen con el deseo de reedificar su vida afectiva y lo hacen sin tener un manual de instrucciones. La consigna es: sal como puedas'. En ese nuevo orden de cosas, la nueva familia polariza en torno a la mujer que, después de una separación, suele ser quien se queda con los hijos. Según Nancy Chodorow 478 (1) el nuevo modelo imperante en Estados Unidos, con visibles efectos mimetizantes en España, es 'un núcleo estable madre/hijo, que recibe de vez en cuando la visita de hombres, en un patrón de parejas sucesivas, que dejan detrás de sí más hijos, con lo que todavía se refuerza más la consistencia y separación de ese núcleo'.

(1) The Reproduction of Mothering: Psychoanalysis Berkeley: University of El ejercicio de

and the Sociology of Gender. California Press 1978. En castellano: la maternidad . Ed. Gedisa, 1984.

El precedente tipo de afectividad de 'usar y tirar' se traduce en inestabilidad emocional. Para la citada socióloga norteamericana, ante estos cambios los hombres quedan en una situación muy vulnerable, porque su capacidad de autosuficiencia es mucho menor que la de las mujeres. Tal situación impulsa en los hombres la tendencia de búsquedas de relaciones circunstanciales con mujeres, en las que el amor es desplazado por el pragmatismo.

Y como telón de fondo a los cambios aludidos, la tragedia cotidiana: la noticia habitual de los malos tratos domésticos que acaban, en algunas ocasiones, con la vida de muchas mujeres: 44 casos de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas entre enero y el 10 de noviembre de 2017. Las muertes representadas son las confirmadas por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género en ese mismo periodo de tiempo. Un reciente informe de la Fiscalía de Madrid, asociaba este hecho al alcoholismo masculino, mientras otros estudiosos lo relacionan con la incapacidad del varón para asumir los cambios de roles en la pareja, de la asunción de un nuevo papel. José Antonio Marina adelanta en una extraordinaria radiografía de la sociedad actual 479 , que estos hechos criminales pueden aumentar, porque unas mentalidades machistas no soportan los cambios de actitud femenina y terminan recurriendo a la violencia, comenta el filósofo en un libro que compendia una serie de artículos iniciados en 1995 (2).

Para quien fuera una autoridad en la materia, el teólogo y ex director general

(2) MARINA, José Antonio Crónicas de la

Ultramodernidad , Anagrama, Barcelona, 2000.

de Protección de Menores, Enrique Miret Magdalena, la desintegración de la familia tradicional conlleva nefastas consecuencias en el desarrollo de muchos adolescentes y jóvenes. 'Durante mi etapa trabajando con miles de jóvenes conflictivos y/o delincuentes, constaté que, en muchos casos, existía una carencia familiar, es decir, que alguno de los roles, paterno o materno, no se había cumplido. Esto provoca un desequilibrio, pues todavía no se ha encontrado un sustituto adecuado para esa carencia afectiva'.

Esta visión panorámica de nuestra sociedad nos permite aventurarnos a decir que seguimos bastante de cerca los pasos de la sociedad norteamericana, en la que la violencia se ha instalado en los adolescentes impulsándoles a cometer crímenes sin móvil aparente y convirtiendo en normal aquello que antes era un claro asesinato.

En los últimos tiempos, se han sucedido trágicos sucesos que han centrado la atención y preocupación de la sociedad española sobre la educación que están recibiendo los niños y adolescentes como los del joven valenciano que asesinó a sus padres con una espada de samurái y los de las dos adolescentes gaditanas que hicieron lo mismo con una amiga 'que sacaba buenas notas', 'porque querían tener una nueva experiencia' según declararon. Mientras el padre de la niña asesinada lanzaba un amargo 'toda la sociedad es responsable de lo que está ocurriendo', no cesan las preguntas por parte de los estudiosos acerca de la educación que se está dando a los hijos en las familias actuales. Los periódicos están salpicados de noticias de padres que, amenazados por sus propios hijos, piden que éstos sean tutelados por las autoridades así

como de profesores que se consideran incapaces de controlar a unos chicos que desconocen el significado del término 'disciplina'.

El sociólogo Salvador Giner, afirma que 'antes el cabeza de familia era egoísta en el mundo del trabajo y altruista en la familia. Ahora el egoísmo está penetrando en la familia y socavando su moral'. El fruto de esta variopinta situación es que estamos asistiendo a una progresiva degeneración y descomposición de la institución familiar.

Los cambios que se están produciendo hoy día son revolucionarios. Los avances científicos originan nuevas mutaciones en las estructuras familiares. Así, la fecundación in vitro ya posibilita que se trastoquen las leyes de la naturaleza, que exigían la cópula entre un hombre y una mujer para llegar a ser padres. Gracias a esta revolución científica, un solo sexo puede, por medio de diferentes técnicas artificiales, ejercer la paternidad y, consecuentemente, aspirar a fundar una familia.

Hace tiempo que la Comunidad Foral de Navarra aprobó una ley de igualdad jurídica para las parejas de hecho, que abrió la puerta a las parejas homosexuales para que puedan llevar a cabo la adopción de un niño. Hasta hace relativamente poco, en las comunidades donde existen leyes sobre parejas de hecho, los homosexuales podían adoptar solo a título individual. Enrique Miret Magdalena, especialista en temas familiares, considera que existe un rol paterno y un rol materno que están representados naturalmente por el varón y por la mujer. Es necesario el padre y es necesaria la madre para el desarrollo del niño. Desde Freud, se ha estudiado profundamente el papel que juegan ambos en el desarrollo del indivi- duo y, aún cuando en situaciones extremas, como la muerte de uno de ellos, un solo sexo pueda intentar representar esos dos papeles, es muy difícil que se pueda realizar adecuadamente la socialización de un niño sin que exista un varón y una mujer de referencia'.

Por si todo esto fuera poco, hay un elemento más que contribuye a incrementar la confusión ya existente: la reciente supresión de la asignatura de Ética en los colegios. Ésta suponía un apoyo moral para los educadores en los tiempos que corren, marcados por una evidente irreligiosidad. La pérdida de valores intrínsecos al ser humano es alarmante. Miret Magdalena va aún más lejos cuando dice: 'Hoy en día, la familia no se ocupa suficientemente de los valores de sus hijos, delega toda su responsabilidad en la escuela, pero ésta tiene serias limitaciones porque se ha dejado de lado el papel de las humanidades y, en consecuencia, los valores éticos. Es muy necesario que haya unos valores que se transmitan de manera especial a los hijos, hay que tomárselo en serio'. Salvador Giner advierte que 'si la institución familiar entra en crisis, esto acarreará problemas en la principal fuente de moralidad en el ser humano'.

Podríamos seguir planteándonos preguntas sin encontrar demasiadas respuestas. En el horizonte se vislumbran algunas soluciones como el teletrabajo y el trabajo a tiempo parcial que podrían contribuir a que hombre y/o mujer permanecieran más tiempo en el hogar. ¿Será ésta la solución para eliminar muchos de los problemas que nos acechan? De todas formas, si se consiguiese que los padres permaneciesen más tiempo en el hogar, habría que pedirles que su presencia fuese activa, es decir, que su dedicación a los

hijos fuese creativa, generosa y enriquecedora en el sentido de que entablasen diálogo con sus hijos, se interesasen por sus problemas, les enseñasen a afrontarlos y a dar soluciones a los mismos, descubriesen sus inquietudes e intereses, jugasen con ellos, adoptasen una actitud crítica ante los programas y espacios que presentan los medios de comunicación, les enseñasen a discernir y a hacer una crítica constructiva de los mismos etc... Es triste observar el enmudecimiento que existe hoy en las familias. Si por razones laborables es extraño que coincidan todos los miembros en algún momento del día e intercambien ideas, puntos de vista, opiniones... la situación se ha visto agravada por la irrupción de la televisión en nuestros hogares. Con ella se trata de acallar la incomunicación existente entre padres e hijos al tiempo que tranquilizamos la conciencia porque hemos roto el gélido silencio que impera en las familias. Ella ha conseguido llenar el vacío de diálogo que caracteriza nuestros hogares y es la reina en torno a la cual se reúnen las familias para ver y asimilar todo cuanto presenta, sin que nadie tenga el coraje de adoptar una actitud crítica y selectiva.

2.- ¿CÓMO CRIAR AL HIJO CUANDO ES UN CHICO?

La película Psicosis de Alfred Hichcock nos presenta la imagen del hombre violento como alguien que ha tenido una madre dominante, hipercrítica y superprotectora mientras que del padre no se sabe nada. Tal situación permite explicar episodios con rasgos cercanos a la conducta violenta.

Cuando se estudia la etiología de la violencia masculina hay que remontarse a la maternidad, como un factor de gran importancia. Ya hemos aludido a la transcendencia que tiene el que la madre sea cariñosa, sensible y respetuosa con el hijo, que no se prodigue en críticas absurdas y ante todo, que no someta al hijo a castigos físicos ni a humillaciones para que estas conductas no generen en el hijo rechazo hacia ella ni violencia. Sin embargo, los estudios actuales establecen una estrecha relación entre los altos niveles de conducta violenta y una paternidad problemática en la infancia.

Diversos trabajos sociológicos sobre chicos delincuentes juveniles, muestran que, en muchos casos, éstos proceden de familias en las que no hay padre en el hogar o en las que el padre está presente pero protagoniza abusos y actos violentos 480 (3). Además, las investigaciones antropológicas interculturales ponen de relieve que la conducta violenta suele darse en hombres, adolescentes y adultos, cuyos padres se inhibieron en la crianza de los hijos en los primeros años de su vida, o se ocuparon escasamente de ellos.

Por el contrario, los estudios psicológicos de familias en las que tanto el padre como la madre comparten los cuidados y la educación de los hijos/as, o en las que el padre es el principal responsable de la crianza, ponen de manifiesto que los hijos son más empáticos que los chicos educados de la manera tradicional. De hecho, así lo demuestra un estudio longitudinal realizado durante 26 años y que constató que el factor individual más estrechamente ligado a una preocupación empática era el nivel de participación del padre en el

480 (3) MIEDZIAN, M., Chicos son, hombres serán. ¿Cómo romper los lazos entre masculinidad y violencia? Ed. horas y Horas, Madrid, 1996.

cuidado del hijo. Dorothy Dinnerstein 481 (4) ha expuesto una teoría en la que relaciona la mayor violencia de los hombres y la ausencia de cualidades empáticas con el hecho de que los chicos son criados casi exclusivamente por mujeres.

Nos interesa aquí remarcar que el papel secundario de los padres en la educación de los niños y, en muchas ocasiones, la ausencia de participación, está unido a la violencia de los hombres. También insistir en que la adhesión de los padres y de las madres a la mística de la masculinidad genera en sus hijos violencia.

Por otra parte, la ausencia de implicación del padre en la crianza repercute en la calidad de la maternidad que reciben los hijos; ya que una mujer que comparte el peso económico, emocional y moral de la educación de los hijos con su marido que participa activamente en ella, es más probable que sea cariñosa y afirmativa que otra que actúa sola, estresada y con resentimiento hacia el padre del hijo. La mejor aportación a la calidad de la maternidad es animar a los chicos y a los hombres a ser buenos padres. Esto nos lleva a concluir que la reducción de la violencia masculina depende de una mayor participación de los hombres en la crianza y educación de los niños y niñas porque fijaría el fin de la adhesión a la mística de la masculinidad y mejorarían las relaciones de las madres con sus hijos.

3.- CAMBIO DE IDENTIFICACIONES

En la familia tradicional, las niñas son educadas por su madre, una persona con

481 (4) The Mermaid and The Minotaur: Sexual Arrangements and Human Malaise. Nueva York: Harper

and Row, 1977

la que se identificarán de adultas; sin embargo, los niños no podrán identificarse con ella. El género obstaculiza la identificación.

Dorothy Dimmerstein afirma que aunque todos los bebés se identifican con su madre e interiorizan sus cualidades, sin embargo, cuando el niño tiene 18 meses ya ha adquirido una relativa percepción de que es un chico y de que es distinto de su madre. Este mundo femenino le resulta cercano y familiar pero es consciente de que cuando sea hombre, debe distanciarse de él 482 (5).

De su padre, así como de su entorno y de los medios de comunicación, de la escuela, de los compañeros, etc. aprenderá que ser hombre implica realizar unas funciones y desempeñar un papel caracterizado por el dominio, la represión de ciertos sentimientos que se desprecian por considerarlos específicamente femeninos, la organización del mundo, realizar determinados trabajos que conllevan más prestigio y mejor remuneración que los de las mujeres, etc. Sin que nadie le diga nada, el niño pequeño advierte que en el mundo adulto, la estructura de poder es contraria a la que ha vivido en su pequeño mundo. Por eso, va alejándose paulatinamente del mundo propio de las mujeres y acomodándose en el de los hombres; así va iniciándose en el trabajo fuerte, disimulando el temor, va reprimiendo sus primeros sentimientos de afecto, dependencia, apego, de sensibilidad...; así llega a forjar un carácter fuerte, duro, hasta hosco, en ocasiones, mucho más cercano al de un hombre de verdad por-

482 (5) Ibídem, tomado de MIEDZIAN, M., o.c. , p. 123.

que las otras cualidades las minusvalora como propias de mujeres.

Por reprimir sus emociones y sus necesidades más íntimas recibirá indudablemente un premio: un mayor prestigio social por el único mérito de haber nacido hombre. J. Stuart Mill, filósofo del siglo XIX, previó el resultado de esta recompensa cuando escribió:

'Piensa lo que significa para un niño hacerse hombre en la creencia de que independientemente de sus propios méritos o esfuerzos, aunque sea el más frívolo y hueco o el más ignorante y estúpido de la humanidad, sólo por haber nacido hombre es por derecho superior a todos y cada uno de los miembros de la otra mitad de la especie humana...' 483 (6).

Mill llegó a la conclusión de que la diferencia de poder entre hombres y mujeres constituye el estereotipo para poder hablar de desigualdad entre ambos sexos.

Raphaela Best, educadora que trabajó e investigó en una escuela de primaria del extrarradio en la década de los setenta, en su libro Todos tenemos cicatrices , expone los comportamientos de los chicos para demostrar su hombría así como las negaciones y represiones a las que tiene que llegar un chico para no parecer remotamente femenino en sus actos, gustos y sentimientos. En su libro narra cómo un chico de segundo 'tuvo que superar y desterrar cualquier rasgo de sus actos, sentimientos y gustos que pudiera ser interpretado como remotamente femenino'. Actitudes y tareas asociadas tradicionalmente a la mujer como ayudar en la

483 (6) STUART MILL, 'On the subjection of women' (Sobre el sometimiento de las mujeres), (Ensayos sobre la igualdad sexual) por John Stuart Mill y Harriet Taylor Mill. Alice S. Rossi, ed. Chicago: The University of

Essays on sex equality Chicago Press, 1970, p. 218.

limpieza de la clase, demostrar el cariño o jugar con niñas estaba mal visto. En definitiva, 'los chicos no podían hacer nada que hicieran las chicas' 484 (7). El chico que se precie de ser hombre tiene que estar dispuesto a pelear siempre, debe demostrar que es el primero físicamente, en el deporte y en el trabajo escolar. Las familias, muchas veces, potencian estos valores. Los padres rechazan cualquier conducta que no sea típicamente 'masculina'; con esta actuación, el padre está avalando la mística de la masculinidad. Este tipo de padres no exterioriza sus emociones, sólo le preocupa el poder, el dominio, la fuerza y la dureza, sus preferencias en el cine van de John Wayne a Sylvester Stallone, ve programas marcados por la violencia en T.V., suele utilizar un lenguaje sexual grosero respecto a las mujeres. Es fácil que este padre piense que una participación activa en el cuidado de los hijos e hijas no es de hombres. Como consecuencia, su hijo se preocupará poco por los demás. Este tipo de padre es probablemente el modelo de una gran mayoría de hombres, que suelen ser buenas personas, pero que refuerzan en sus hijos las cualidades que sirven para insensibilizarles y hacerles más proclives a cometer o justificar actos violentos 485 (8).

Holt pone de manifiesto que muchos padres y madres, cuando educan a sus hijos en los valores de la mística de la masculinidad, están fomentando indirectamente conductas violentas al no fijar límites claros y dejar bien sentado que la violencia no se puede tolerar. De hecho, los hijos de estos padres, que, por otra

484 (7) BEST, R., We 've All Got Scars. What Boys and Girls Learn in Elementary School. Bloomington: Indiana University Press, 1983, p 78.

485 (8) MIEDZIAN, M., o.c., p. 125,

parte, pueden ser óptimas personas, pueden sucumbir ante la presión de sus compañeros y participar en violaciones o caer en las redes de 'pandas de chicos' que propinan palizas a miembros de grupos minoritarios marginales; o, incluso, pueden poner en peligro la vida de personas cuando son conscientes de que su situación de poder les permite tomar decisiones drásticas 486 (9).

Holt prosigue que el trato fuerte y duro que se da muchas veces a los niños, pone de manifiesto que el organismo ha tenido que acostumbrarse previamente a él perdiendo sensibilidad hacia el dolor y se ha visto obligado a despreocuparse de los sentimientos 487 (10).

Por el contrario, incluso en el seno de la familia tradicional, un padre afectuoso, cariñoso y próximo a los hijos, que no tiene complejo ni respeto humano por mostrar ciertas manifestaciones de ternura, empatía o lágrimas, y que, al lado de su esposa, no consiente la violencia ni trata de inculcar a su hijo los rasgos de una mística masculina, tiene muchas más posibilidades de tener un hijo que no recurra innecesariamente a la violencia. Ese hijo sufrirá menos trauma cuando se aleje de las emociones 'femeninas' porque puede 'identificarse' con su padre y conservar algunas de las cualidades empáticas y amorosas que asimiló en su día.

Este chico encontrará una notoria dicotomía entre la actuación de su padre y la de los padres de muchos de sus compañeros y deberá estar alerta para no convertirse en un sabroso bocado si no

486 (9) HOLT, ROBERT R., entrevista con MYRIAN MIEDZIAN, autora de Chicos son, hombres serán . ¿Cómo romper los lazos entre masculinidad y violencia? , horas y Horas, Madrid, 1996.

487 (10) Cf. MIEDZIAN, M., o.c., p. 125.

hace frente a los 'matones' del colegio. Sin embargo, de adulto, no será proclive a ejercer la violencia 488 (11).

Por el contrario, el chico que sufre malos tratos físicos y emocionales por parte de su padre no conocerá contradicciones pero se adecuará con facilidad al ejemplo que ha recibido de su progenitor y podrá actuar violentamente convirtiéndose en el 'abusón' de la clase.

Para los chicos sin padre, el arquetipo de lo que significa ser hombre está representado por su grupo de iguales y por los medios de comunicación.

Les Willis dirige un programa para padres adolescentes en un hospital de Filadelfia. Trabaja con una población integrada en un 98% por jóvenes de clase baja y afroamericana. Muchos de estos jóvenes no saben tratar con afecto a sus hijos. Precisamente, es en este punto en el que encuentran más dificultades que salvar estos adolescentes porque temen que sus compañeros les consideren afeminados si observan ciertas manifestaciones afectuosas con su bebé. Cuando consiguen superar ese miedo, gracias a la intervención de los terapeutas y de los grupos de apoyo, muchos de estos jóvenes se sinceran así: 'Siempre he querido llevar a mi hijo en brazos o empujar el cochecito, pero tenía miedo de que me llamaran marica' 489 (12).

El programa de Willis es muy positivo tanto para lograr que los adolescentes dres como para ayudarles a obtener y conservar un trabajo; además se consigue asuman sus responsabilidades como paestablecer un abismo entre estos jóvenes

488

(11) Ibídem, p. 126.

489 (12) WILLIS, entrevista con la autora MIE-

DZIAN, M., o.c. , p.127.

de 'alto riesgo' y la violencia. La participación en el programa reduce la posibilidad de que sus hijos sean violentos más tarde. Las investigaciones realizadas con chicos delincuentes han ofrecido luz a los sociólogos y les han ayudado a llegar a la conclusión de que los chicos criados sólo por madres presentan una especial tendencia a ser violentos debido a lo vulnerables que son a la 'hipermasculinidad'.

El sociólogo Walter B. Miller propugna que la preocupación por la fuerza, el poder y el dominio que caracteriza a la clase baja, puede responder a que un porcentaje bastante alto de estos chicos carece de una figura masculina como punto de referencia con el que pueda identificarse y al que pueda tener como modelo. Por esta razón, desarrollan una 'preocupación casi obsesiva por la masculinidad' 490 (13). No son pocas las veces en las que ésta viene aparejada con una tendencia a la homosexualidad, hecho que se pone de manifiesto en repetidas agresiones físicas dirigidas a hombres homosexuales.

El sociólogo Pleck analiza críticamente las teorías de la hipermasculinidad en una de sus obras 491 (14). En una de sus críticas llama la atención acerca del hecho de que estas teorías presuponen que la dualidad tradicional de roles de hombres y mujeres es buena y válida y trasladan el problema de los jóvenes delincuentes a la

490 (13) MILLER WALTER, B., 'Lower class culture as a generating milieu of gang delinquency' (La cultura de clase baja como medio generador de delincuencia de pandillas) en The sociology of crimen and delinquency (La sociología del crimen y la delincuencia), editado por M.E. Wolfgang, L. Savitz y N. Johnston, p. 270, tomado de MIEDZIAN, M., o.c., p. 127.

491 (14) PLECK, J. H., The Myth of Masculinity.

Cambridge: The MIT Press, 1983, citado por MIEDZIAN, M., o.c., p. 127.

ausencia de un padre tradicional. Para él, el problema se debe más a la imposición de rígidos roles dependientes del sexo que a la ausencia del padre. Si nuestra concepción de lo que es un comportamiento aceptable para hombres y mujeres fuera más flexible, los chicos criados por madres no tenderían a actuar de manera 'hipermasculina' para demostrar su hombría porque, en definitiva, estaría 'bien visto' que los 'hombres de verdad' fueran empáticos, afectuosos y emocionalmente comunicativos.

La objeción que se puede poner a esta postura es que los últimos estudios de antropología, psicología y sociología indican que la falta de participación paterna juega un importante papel en el desarrollo de roles de género en función del sexo biológico rígidos, dicotómicos y jerárquicos, donde el papel masculino implica un alto grado de violencia. Este problema se podría solventar si los padres se involucrasen más en la crianza de los niños y de las niñas y ésta sería la condición para una relación sexo/género más fluída y para una consiguiente disminución notable de la violencia 492 (15).

Beatrice Whiting ha investigado en seis culturas distintas sobre las consecuencias que tiene el modo de criar a niños y niñas en su personalidad posterior y ha llegado a la conclusión de que las culturas en las que predominaba la violencia era en aquéllas en las que los padres mantenían menos relación con la familia y se ocupaban menos de la crianza de los hijos e hijas. Además, el marido y la esposa apenas hacían vida en común. Hay múltiples trabajos realizados a partir

492 (15) Cf. MIDZIAN M., o.c., p 127-128.

de investigaciones interculturales que corroboran estas conclusiones 493 (16).

Whiting sostiene que la separación de los sexos está abocada a un conflicto de identidad en los chicos, a un temor inconsciente a ser femeninos que cristaliza en una 'masculinidad militante', a marcar aún más las diferencias entre hombres y mujeres, a un ferviente antagonismo y temor a las mujeres, a una solidaridad masculina y, por lo tanto, a un aislamiento de las mujeres y de los niños y de las niñas pequeños 494 (17).

Como telón de fondo de todas las investigaciones adquiere carta de naturaleza la idea de que cuanto más se entregue una madre a la educación de su hijo sin contar con la ayuda del padre, más se acusará en el futuro la necesidad en él de renunciar a su identificación con ella y con sus cualidades femeninas para demostrar su mas-

493 (16) La socióloga Whiting ha estudiado con dedicación la relación entre el modo de criar a los hijos, concretamente la falta de implicación por parte de los padres y la conducta violenta en un trabajo titulado 'Sex identity conflict and physical violence: A comparative study' (Conflicto de identidad sexual y violencia física: estudiuo comparativo), en Ethinography of law, 67, p. 2, Laura Nader, ed. P. 123-4 (1965). Se basa en Six cultures: Studies in child rearing (Seis culturas: Estudios sobre la crianza infantil), editado por Beatrice Whiting. Entre los numerosos estudios que tratan la relación entre la escasa presencia del padre y la violencia podemos citar: R.V. BURTON y J. W. M. WHITING, 'The absent father and crosssexidentity' (El padre ausente y la identidad sexual cruzada), en Merrill-Palmer Quarterly, (1961), p. 90; M. K. BACON, I. L., CHILD y H. BARRY III, 'A croos. Cultural study of correlates of crime' (Un estudio intercultural de los elementos comunes del crimen) en Journal of Abnormal and Social Psychology , 66 (1963), pp. 241-300, citados por MIEDZIAN, M., o.c. , p. 145.

494 (17) WHITING, B., 'Sex identity conflict and physical violence: a comparative study' (Conflicto en la identidad sexual y violencia física: estudio comparativo), en Etnography of Law , 67 (1965) p. 137.

culinidad mediante la 'hipermasculinidad'.

Sin embargo, la psicóloga Diane Ehrensaft realizó un estudio de familias en las que el padre y la madre han compartido la crianza y el cuidado de los hijos/as y ha llegado a la conclusión de que los hijos educados por madres y padres no adoptan la conocida actitud negativa 495 (18).

Cuando un niño puede identificarse con su padre desde pequeño y cuando dicha identificación implica amar, proteger y sentir los lazos que le unen a los demás, el desarrollo de su identidad masculina no consiste en reprimir la identificación con su madre y en prescindir de las cualidades femeninas, no tendrá necesidad de despreciar a las mujeres, pues al tener un padre que participa en su crianza, es muy probable que sea empático con los demás, sean hombres o mujeres.

Las investigaciones realizadas demuestran que la falta de participación masculina en la crianza de los niños y de las niñas genera menor sensibilidad y empatía y contribuye a aumentar la violencia.

Para la familia tradicional, ser un buen padre es ser un buen proveedor. Cuando un niño ensaya el papel de padre está ensayando su trabajo futuro y su éxito económico. Los padres también tienen que involucrarse en la odiosa tarea de corregir a sus hijos, de inculcarles ideales de competitividad y de sacrificio y, por que aprende a ser competitivo, a sacrificarse y supuesto, de jugar o practicar algún deporte con ellos. El adolescente a tomar parte en actividades deportivas,

495 (18) Parenting Together: Men and Women Sharing the Care of Their Children (Criando juntos). Nueva York: The free Press, 1987, pp. 235, 236.

está preparándose para ser un 'buen padre'.

La psicóloga Phyllis Berman 496 (19) ha estudiado el influjo que ejercen los padres y las madres, generalmente de forma inconsciente, en las actitudes de los niños y de las niñas respecto a las atenciones y cuidados que precisan los pequeños. Berman grabó en vídeo a cuarenta y ocho niños y niñas, de dos y tres años, cuando jugaban con muñecas delante de sus padres y madres y recogió los comentarios que éstos hacían sobre las actitudes que adoptaban aquéllos durante el juego: la mayor parte de los padres y de las madres animaban a las niñas a sentirse 'madres del muñeco' y a cuidar de su bebé; sin embargo, sólo uno o dos de los padres y madres de los niños animaron a sus hijos a que fueran el padre del muñeco. Este grupo de padres y madres, profesionales universitarios, no fueron conscientes de la labor que estaban haciendo ni de los valores que estaban inculcando a sus hijos; no advirtieron que animaban a sus hijas, pero no a sus hijos, a sentirse como futuros progenitores que cuidaban a sus hijos 497 (20).

Cuidar y atender a los niños y niñas pequeños exige esfuerzo, paciencia, autosacrificio y empatía. Las investigaciones psicológicas revelan que cuando la empatía aumenta, la violencia disminuye 498 (21).

496 (19) 'Young Children's Responses to Babies. , Alan Fogel y Gail Melson, eds. Hillsdale, NJ.:

Do They Foreshadow Differences Betwen Maternal and Paternal Styles?', The Origins of Naturance Erlbaum, 1986.

497 (20) BERMAN, Ph., describió el estudio en una entrevista en 1989, citado por MIEDZIAN, M., o.c. , p. 132.

498 (21) Cf. NORMA DEITCH FESHBACH,

'Sex differences in empethy', (Diferencias en la empatía por razón del sexo) en The devekipment of prosocial behavior (El desarrollo de la conducta

Según Martin Hoffman, especialista en el estudio de la empatía, el altruismo y en el desarrollo de los principios morales, en las últimas décadas, psicólogos que discrepan en diferentes teorías, coinciden en considerar la empatía como 'el factor más importante de la conducta altruísta' 499 (22). Desde pequeñas, las niñas desarrollan más la empatía y el altruismo que los niños. Quizá aquéllas estén dotadas de una mayor predisposición hacia la empatía que los niños; no obstante, aunque fuese cierto que la naturaleza hubiese distinguido a las niñas con una notoria predisposición biológica a la empatía, ésta aumentaría por la socialización posterior. Además es más fácil ser empático con alguien cuando se han vivido emociones similares. Sin embargo, a los chicos se les enseña y 'obliga' a reprimir sus sentimientos de miedo, afecto, debilidad... Consecuentemente tienen un repertorio emocional más reducido que el de las niñas. Por otra parte, los niños tienen a gala realizar tareas arriesgadas puesto que establecen una estrecha relación entre el riesgo y la hombría. Rapahela Best tuvo ocasión de escuchar de labios de un niño: 'Todos tenemos cicatrices' 500 (23).

4.- PADRES QUE COMPARTEN LA CRIANZA Y QUE SON LOS PRINCIPALES CUIDADORES.

prosocial), ediutado por Nancy Eisenberg, Nueva York: Academic Press, 1982, p. 317.

499 (22) HOFFMAN, M., entrevista con la autora, 1988, 1989, citado por MIEDZIAN, M., o.c., p. 132.

500 (23) We've All Got Scars What Boys and Girls Learn in Elementary School (Todos tenemos cicatrices). Bloomington: Indiana University Press, 1983, p. 75.

Últimamente ha aumentado el número de hombres que han pasado a engrosar las filas integradas por los principales responsables del cuidado de sus hijos o que lo comparten por igual con las madres. Tal cambio modifica sensiblemente la práctica pedagógica y los resultados de la misma.

Así para la psicóloga Diane Ehrensaft y para Kyle Pruett, psiquiatra de Yale, los niños y las niñas criados en familias en las que el padre era el principal responsable del cuidado no presentaban dificultad alguna para asignar los roles que tradicionalmente se asocian a un sexo como atribuíbles también al otro. Para estos niños y niñas, criados total o parcialmente por sus padres, cuidar y proteger, esto es: ser padre en el sentido más amplio del término, forma parte del hecho de ser hombre. Las ideas más amplias de estos niños sobre los comportamientos adecuados o inadecuados para hombres y mujeres no afectaban a la percepción de su identidad sexual 501 (24). Estos niños tienen una idea más flexible de los roles y consiguen una identidad masculina fácilmente. La razón es obvia: estos niños, desde los primeros días de vida se sienten próximos emocionalmente a alguien de su sexo; a diferencia de los otros, con el paso del tiempo, según van creciendo no se ven obligados a realizar el esfuerzo de separarse emocionalmente de la persona que les cuida para identificarse con otra persona lejana a ellos. De adultos, podrán seguir sintiéndose unidos emocionalmente a sus padres e identificarse con ellos. Así, un chico criado por su padre o por su padre y por su madre conjuntamente, posee una identificación masculina primaria ; por contras-

501 (24) MIEDZIAN, M., o.c. , p. 134.

te, un chico criado por su madre, tendrá una identificación masculina secundaria.

La crianza y el cuidado de los hijos tienen unos efectos psicológicos en los padres. Ellos mismos reconocen que se hacen más tolerantes, pacientes, equilibrados y sensibles a las necesidades de los demás y transmiten a sus hijos una discriminación sexual menos intensa que los padres tradicionales 502 (25). Uno de los padres corresponsables en la crianza y educación de los hijos/as se expresaba así: 'En los últimos cinco años me he convertido en una persona diferente. Soy más tolerante, tengo mucha más paciencia y soy mucho más tranquilo que antes del nacimiento de nuestra hija' 503 (26). La psicóloga Ehrensaft confirma estas cualidades en los padres que se ocupan del cuidado y de la crianza de sus hijos pues aprenden a ser 'más pacientes, equilibrados y sensibles a las necesidades de los demás' 504 (27).

Ehrensaft y Pruett defienden que el cuidado de los bebés permite a los hombres adentrarse en un nivel muy profundo, como es el de los sentimientos de vulnerabilidad, dependencia, perdón y amor, algo que les ha estado prohibido vivir pues les enseñaron a reprimirlos cuando eran pequeños. Ehrensaft sostiene que la participación conjunta de los padres en el cuidado y en la atención de los hijos e hijas es una 'experiencia emocional reeducadora' pues facilita a los hombres la toma de contacto con el niño que llevan dentro de sí mismos, ya que no

502 (25) PRUETT, K., The Nurturing Father. Nueva York: Warner Books, 1987, p. 290.

503 (26) Tomado de MIEDZIAN, M., o.c. , p. 135. 504 (27) EHRENSAFT, D., o.c. , p. 164.

necesitan fingir , pueden llegar a ser seres humanos completos 505 (28).

El libro de Pruett termina con este párrafo muy clarificador:

Puesto que niños y niñas, por igual, nacen con una fuerte predisposición a procrear y cuidar, sería enormemente sabio y esperanzador no animar tan sólo a la mitad de la población humana a asumir esta preciosa herencia...

Imaginen lo que este tipo de hombre podría hacer por la sociedad. Podría cuidar y ser amoroso sin sentir miedo ni vergüenza, podría ser abierto y vulnerable sin convertirse en víctima. Podría fomentar en sus hijas/os la libertad de ser fuertemente femeninas o tiernamente masculinos pero, sobre todo, profundamente humanos' 506 (29).

5.- IMPLICACIÓN DEL HOMBRE EN LA NOBLE MISIÓN DE 'DAR VIDA', NO DE QUITARLA.

Frecuentemente los niños y niñas identifican la crianza y la protección con el mundo femenino, basándose en el hecho de que es la mujer la que alberga en su útero al feto y la que da a luz. Estos niños advierten que la capacidad de dar la vida les está vetada y la conciben como algo ajeno; de ahí que la psicoanalista Horney describa estos sentimientos aludiendo a una expresión creada por ella: 'envidia del útero' 507 (30).

505 (28) Citado por MIEDZIAN, M., o.c. , 135.

506 (29) PRUETT, K., o.c., p. 300-301.

507 (30) HORNEY, K., Femenine Psychology , Harold Kelman, ed. Nueva York: The Norton Library, 1973. En castellano: Psicología femenina . Ed. Alianza, 1990, citada por MIEDZIAN, M., o.c. , p.136.

Cuando al hijo le llega el momento de rechazar la identificación con su madre, automáticamente reprime esos sentimientos que, por otra parte, continúan condicionando su conducta desde un nivel inconsciente. Muchos hombres consideran el poder de destruir la vida como el equivalente del poder femenino de crearla. Así se expresa el escritor William Broyles, Jr., veterano de la guerra de Vietnam: 'Para los hombres (la guerra) es, a un nivel espeluznante, lo más parecido a lo que para una mujer es tener un hijo: la iniciación en el poder de la vida y la muerte' 508 (31).

Pruett dice que la diferencia esencial entre los chicos criados de una forma tradicional y los criados por sus padres es que éstos últimos tienen más curiosidad por ver al padre como 'procreador'. Los chicos que estudió 'veían al padre como un creador de seres humanos, junto con la madre que los gesta y da a luz' 509 (32).

Para una familia tradicional o para una familia en la que hay una madre soltera, el hecho de que la madre necesite la concurrencia del varón para tener un hijo, no ocupa un primer plano, porque es algo que se sitúa en un nivel abstracto y lejano. Sin embargo, cuando el padre se corresponsabiliza del cuidado de los niños y de las niñas, al igual que la madre, tener un bebé significa embarcarse en una empresa conjunta en la que el padre aporta a la madre la semilla que le permite tener ese hijo. El padre cobra una importancia vital en este proceso que se vive directamente y como una realidad tangible. Es muy

508 (31) BROYLES, W. Jr., 'Why men love war'(¿Por qué los hombres aman la guerra?) , Esquire, noviembre de 1984, p. 61, citado por MIEDZIAN, M., o.c. , p.136.

509 (32) PRUETT, K., o.c. , , p. 210.

probable que los chicos criados o cocriados por padres vean a los hombres en general y así mismos, en particular, como dadores de vida. Otro aspecto positivo sería una relación más cercana entre el padre y la madre en cuanto a la concepción del acto sexual se refiere, confiriendo a éste un matiz procreador y viendo su proyección en una paternidad responsable, protectora y afectuosa. Para muchos hombres el sexo se asocia a 'poder', 'dominio' y 'agresión' y se deslinda del 'amor' y de la 'procreación'.

De esta forma, experimentar el poder de dar vida podría reemplazar a la necesidad de experimentar el poder de quitarla. El hombre, en general, ha sido proclive a participar activamente en actividades bélicas y se le ha atribuido la facultad de disponer de la frialdad, el valor y la serenidad suficientes como para matar en la guerra; pues bien, esta inclinación puede ser reemplazada por la emoción y el entusiasmo que proporciona dar vida e involucrarse íntimamente en ello. Como dice J. Glenn Gray, los sentimientos de poder, emoción y disfrute por la destrucción y camaradería que muchos hombres experimentan en la guerra son reacciones al aburrimiento y a la escasa satisfacción que encuentran en la vida cotidiana. ¿Dónde podrían encontrar los hombres el sustituto de la guerra?, pregunta Gray. Él ofrece la alternativa del 'aumento del amor y del cuidado creadores que se oponen radicalmente al deseo de destrucción...' 510 (33).

510 (33) GRAY, J. GLENN, The Warriors . Nueva York: Harper and Row, 1970. En castellano: Los hombres son de Marte, las mujeres de Venus. Ed. Grijalbo, 1993, p. 238, citado por MIEDZIAN, M., o.c. , p. 138.

Los hombres, fieles a los valores que caracterizan la mística masculina, apenas pueden desarrollar vínculos afectivos profundos con sus esposas y niños o niñas ni con otros hombres. El vacío de sus vidas lo llena el aliciente que sienten por la guerra. Por el contrario, los hombres que están muy unidos afectivamente a sus esposas, hijos e hijas y amigos, serán reacios a enviar a sus hijos y a los de sus amigos a la guerra y ellos mismos sentirán un rechazo total.

Muchos hombres deberían plantearse si una paternidad afectuosa y protectora no les proporcionaría una enriquecedora experiencia al asumir la responsabilidad que conlleva el rol de padre y se sentirían totalmente realizados al transmitirla a sus hijos. La adquisición de esta responsabilidad y la preocupación por las nuevas generaciones, modificaría la conducta de los hombres que dejarían de lado su afición por destruir el medio ambiente.

6.- LAS MUJERES, ¿HADAS O BRUJAS?

Existe otra forma de violencia masculina que tiene como punto de mira a las mujeres. Los datos, hoy en día incrementados alarmantemente, son estremecedores. Ya en 1989, un 28% de las mujeres asesinadas, lo fueron por sus maridos o novios, se contabilizaron 94.504 violaciones denunciadas; casi 1.800.000 mujeres sufren malos tratos al cabo de un año 511

511 (34) En España resultan ya lejanas las siguientes cifras: en 1993, 86 mujeres, el 23% de las mujeres fueron asesinadas por sus maridos o compañeros sentimentales; se presentaron 1.812 denuncias de violaciones; 16.028 mujeres fueron agredidas y se vieron obligadas a buscar refugio en alguna de las 40 casas de acogida que existen. Según el Instituto de la Mujer, las denuncias por malos tratos se elevan al 10% de los casos realmente producidos, cifrados en 250.000, tomado

(34). Las mujeres, en no pocas ocasiones, son víctimas de abandono bien por sus maridos o novios, que se niegan a responsabilizarse económicamente o en otros aspectos de los hijos e hijas que han tenido. Las mujeres de mediana edad son despreciadas cuando sus maridos comienzan a interesarse por otras más jóvenes. Sin embargo, el hombre al que abandona a una mujer carece de iniciativa para hacer frente a esa situación. ¿Qué móviles impulsan a los hombres a cometer tantos crímenes pasionales y a sentir odio hacia las mujeres?

El primer factor que influye es la adhesión a unos estereotipos tradicionales sobre los roles de hombres y mujeres. Un prejuicio que afecta al género. El hombre piensa que él tiene derecho a ser dominante y la mujer tiene el deber de ser sumisa. Cuando surge el conflicto el hombre no sólo se sentirá herido si su esposa o novia le abandona o si ella no se somete a sus deseos, sino que además considerará su conducta como una profunda humillación dirigida a su virilidad 512 (35).

En segundo lugar, las mujeres cuidan de los hijos y de las hijas desde la cuna. El bebé, un ser desvalido y dependiente de su madre experimenta a la persona que satisface sus necesidades como alguien que es todopoderoso y siente a su madre

de MIEDZIAN, M., o.c. , p. 139. Esta lacra social sigue afectando a la sociedad aún en nuestros días, así: un total de 44 mujeres han sido asesinadas a lo largo de 2016 por otros tantos hombres con los que mantuvieron una relación de pareja. De acuerdo con los casos confirmados que maneja la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, este año se han producido 44 crímenes machistas por lo que ascienden ya a 870 las mujeres asesinadas por esta causa en 13 años. También en 2016 ha muerto un menor de edad como consecuencia de esta lacra y 26 niños y adolescentes han quedado huérfanos de madre.

512 (35) MIEDZIAN, M., o.c. , p. 139.

alternativamente como Hada o como Bruja. Con esto llegamos a la conclusión de que mientras solamente las mujeres satisfagan las necesidades de los niños y niñas pequeños, las reacciones emocionales de los hombres ante las mujeres estarán distorsionadas. Siguiendo a Freud cuando afirma que las emociones reprimidas influyen inconscientemente en la conducta, llegaríamos a la conclusión de que, el hombre que de niño, ha reprimido sentimientos fuertes de rabia contrarios a su madre, de mayor aflorarán dichos sentimientos depositados en el subconsciente en relación con las mujeres.

En el caso de que el niño pequeño sea criado conjuntamente tanto por el padre como por su madre, no se verá obligado a cambiar las identificaciones para llegar a ser un hombre y por lo tanto no tendrá que reprimir sus emociones. En este caso, será menor el rechazo a sus primeros sentimientos de rebelión, amor y dependencia. El recuerdo asociado a esos sentimientos no se proyectará exclusivamente en la madre, por eso será más empático y se reducirá la posibilidad de que actúe violentamente. Los chicos no verán a sus madres en lo más profundo de su psique como la única figura omnipotente capaz de dar vida. La psique de cada chico tendrá Hadas y Magos, Brujas y Demonios 513 (36). Pero si la represión ha sido menor en la infancia, estos sentimientos tendrán una expresión menos intensa en la personalidad de los hombres adultos. Por otro lado, la participación de los padres en el cuidado de los niños reduciría la ira y la violencia del hijo. No podemos perder de vista, que un chico que no es arropado por el afecto y cuidado de su madre proyectará sus sentimientos de rabia en ella

513 (36) Ibídem, p. 140.

con más facilidad que un chico cuya madre es afectuosa y preocupada. Si los padres se involucrasen en el cuidado de los hijos e hijas mediante una participación activa y afectuosa, disminuirían la rabia y el odio inconscientes contra las mujeres ya que se brindaría la posibilidad a las madres de satisfacer las necesidades de sus hijos e hijas. Aquellas mujeres que no cuentan con el apoyo emocional o económico del padre de su hijo, tienen una ardua tarea que cumplir y un gran riesgo de generar rabia en su hijo.

Brent Willock ha realizado una investigación sobre niños y niñas hiperagresivos y ha constatado que, en muchas ocasiones, el abuso emocional y físico que han padecido estos niños/as se debe a que tienen madres que se agobiaron y deprimieron por situaciones y circunstancias vitales estresantes además de por una falta de apoyo emocional 514 (37). Existen madres que proyectan sobre su hijo la rabia y el odio contenidos que sienten contra el padre del chico o contra sus propios padres, que no les prestaron los cuidados necesarios y que abusaban de ellas. Les Willis, en su programa para padres adolescentes apuntaba lo diferentes que se sentirían estas jóvenes y lo distintas que podían ser las vidas de sus hijos e hijas, si se hubiera sintonizado con sus novios inmediatamente al embarazo y hubieran participado en un grupo de pa-

514 (37) WILLOCK, B., 'Narcissistic vulnerability in the hypeaggresive child: The diregarded (unloved, uncared-for) self' (La vulnerabilidad narcisista en el niño hiperagresivo : La estima despreciada (no amada, descuidada), en Psychoanalytic Psychology, 3 (1986) p. 65. Para estudiar la incidencia de la falta del padre sobre la conducta de la madre, v. El artículo de MARTIN HOFFMAN, 'The role of the father in moral internalization' (El papel del padre en la internalización moral), en The role of the father in child development , editado por M. E. Lamb.

dres que les hubieran empujado a proporcionar apoyo emocional y físico a sus novias embarazas y a estar presentes en el nacimiento de sus hijos 515 (38).

7.CORRELACIÓN ENTRE EL INCREMENTO DEL CUIDADO Y LA DISMINUCIÓN DE LA VIOLENCIA

El cariño y el cuidado en los periodos de formación del niño afecta de modo relevante a los orígenes y desarrollo en aquel tanto de la sociabilidad como de la violencia. Los episodios de afecto y sus opuestos de odio generan un deposito psíquico en el educando que aflora cuando reaparecen o se repiten situaciones similares.

El camino más adecuado para conseguir un cambio radical que favorezca la erradicación de la violencia, es la corresponsabilidad en el cuidado de los niños y de las niñas, lo cual no significa que en todas las familias padre y madre deban compartir por igual esta tarea. Padres y madres ejercen sus tareas educativas en segmentos diferentes de la vida familiar. Los hombres deben aceptar como cualidades masculinas la empatía, la capacidad de conectar emocionalmente y la preocupación por los demás. Las habilidades que sobresalen en el genero masculino sobre soportes biológicos y temperamentales estimulan la adquisición y desarrollo de las mismas en el niño que contempla al padre como espejo de identidad. Tal hecho debería conducir a una considerable disminución de los hombres proclives al maltrato. Ahora bien, la corresponsabilidad habría que hacerla extensiva a todos

515 (38) MIEDZIAN, M., o.c. , 142.

los miembros de la familia para lograr mayor eficacia y compromiso.

La experiencia pedagógica testimonia que a mayor incremento del cuidado sobre los hijos por parte de los padres disminuye la tendencia a la violencia. El niño o adolescente abandonado traduce su soledad por una parte en una búsqueda de protección y compañía en compañeros no siempre ejemplares dando origen a las conocidas 'tribus urbanas'. Por otra, desarrolla un carácter reservado y desconfiado ante un contexto social cercano que no le aprecia.

8.- PREJUICIOSOS TÓPICOS TRADICIONALES:

8.1.- No dejéis a los niños y a las niñas en manos de los hombres.

Existe una idea preconcebida y generalizada acerca del déficit de capacidades que tiene el hombre para empatizar emocionalmente con los niños y con las niñas. Esta idea nos lleva a considerar al varón falto del instinto biológico necesario para cuidar a un bebé, de esta forma el abismo que abrimos entre el hombre y la mujer se incrementa. Las atenciones que podrían proporcionar los varones serían, en el mejor de los casos, inferiores a las que dan las madres y, en el peor de los casos, irían acompañados de malos tratos y a veces de abusos sexuales. Esta tesis parece estar respaldada por las estadísticas: los hombres son los responsables de muchos de los abusos sexuales que se practican a la infancia. Cada año aumentan las denuncias por relaciones incestuosas que tienen por víctimas a mujeres americanas menores de dieciocho años pero desco- nocemos los muchos casos que no salen a la luz porque no se denuncian.

Tanto hombres como mujeres pueden ser responsables del maltrato infantil. Se ha hecho notar que dado que los hombres dedican menos tiempo a estar con los niños y niñas, se podría sacar la conclusión de que, aun siendo más breve el tiempo de dedicación, ellos son más propensos a cometer malos tratos 516 (39). Lo cual avalaría la tesis de la menor capacitación del género masculino para ofrecer una aceptable labor educativa.

A este propósito disponemos desde tiempo atrás del estudio de Pruett sobre niños y niñas criados por padres. Cuando Pruett inició su estudio, se llevó una agradable sorpresa al comprobar los resultados obtenidos por aquéllos en el Cuestionario de Desarrollo de Yale, unos resultados tan buenos como los de los niños procedentes de familias tradicionales. Gracias a este cuestionario, los investigadores podían valorar el progreso infantil relacionado con las capacidades motoras, las habilidades lingüísticas y de resolución de problemas, así como las destrezas sociales.

La sorpresa aumentó cuando advirtió que los niños criados conjuntamente por el padre y la madre, conseguían mayores logros en todas las áreas. La razón apunta a que tales niños y niñas tenían dos adul-

516 (39) Los datos sobre el mal trato y los abusos sexuales a los niños y niñas provienen de una entrevista mantenida en 1987 con david Funkelhor, Director Asociado del Family Research Laboratory en la universidad de New Hampshire. Hay más información, datos y estadísticas en el artículo de Hilda Parker y Seymour Parker, 'Father-daghter sexual abuse': An emerging perspective' (Abuso sexual padre-hija: Una visión emergente), American Journal of Orthopsychiatry , octrubre de 1986, p. 531-549. Tomado de MIEDZIAN, M., o.c. , p. 159.

tos (padre y madre) totalmente involucrados; sin embargo, en la familia tradicional, el padre no estaba entregado al cuidado de sus hijos. Ahora bien, en el grupo estudiado por Pruett, un tercio de los hombres se había convertido en el grupo principal cuidador sin querer, por razones meramente prácticas y, en algunos momentos, como una solución provisional ya que en muchos casos la esposa estaba enferma o ellos carecían de trabajo. Más tarde se implicaron muchos más de lo previsto. Pruett afirma que el padre que conecta con el hijo desde muy pequeño, que participa en el cuidado del niño, desarrolla un vínculo emocional muy fuerte del que suele carecer la mayoría de los padres tradicionales. Este comportamiento responde a lo que Pruett denomina 'embelesamiento del padre con su hijo'.

Es fácil que 'si el cuidado inicial del niño fuera compartido de forma más igualitaria por hombres y mujeres,... se eliminaría un factor de explotación de las mujeres' 517 (40). En la sociedad actual en la que la mística de la masculinidad potencia en los chicos aquellas cualidades que son contrarias a ser un buen padre, hay muchos más hombres que mujeres incapacitados para cuidar bien a sus hijos. Ahora bien, esta diferencia se acorta cuando se educa y socializa a los hombres para convertirse en padres. No obstante, puesto que parece que existe una base biológica para que se dé una mayor violencia en los hombres, explicada parcialmente por la menor tolerancia para la frustración y por la mayor impulsividad e irritabilidad de algunos chicos y hombres, podría suceder que el porcentaje de hombres incapaces de ejercer como padres

517 (40) PARKER y PARKER, o.c. , p. 547.

superara algo al de mujeres incapaces para ser madres.

Pensando en el bienestar de nuestros hijos e hijas, es importante ahora y en el futuro no obligar a los hombres a que cuiden a los hijos si se muestran muy reacios a hacerlo. Las reticencias podrían producir conflictos de mayor alcance. Por otro lado es muy importante que las mujeres no vean la maternidad como la única forma de realización femenina, porque esto anima a mujeres incapacitadas o sin formación a ser madres.

8.2.- Las mujeres rechazan el intrusismo.

Al día de hoy algunas conclusiones del estudio de Pruett resultarían, cuando menos, sorprendentes. De ahí que merezcan un comentario.

Las reacciones de las mujeres a las investigaciones de Pruett no se hicieron esperar y fueron muy diversas. No son pocas las mujeres que temen que si los hombres participan en el cuidado de los niños, terminen controlando todo y proclamen su superioridad. Otras no quieren que los hombres allanen el campo del cuidado de los hijos, sobre el que creen tener exclusiva jurisdicción ellas, para evitar que los maridos consigan concesiones de sus esposas en caso de divorcio y en los procesos de custodia de los hijos e hijas. Otras cuestionan la validez del trabajo.

Contra tales prejuicios se ha ido imponiendo la convicción de que las mujeres pueden ganar mucho con la participaniños. En primer lugar, se corregirán des- ción de los hombres en el cuidado de los compensaciones en la vida familiar y de la

participación se seguirá una notable disminución de la violencia de los hombres. Las ocasiones de riesgo para maltratos, peligros de violaciones, maridos que se pelean, ex maridos y amantes celosos, etc. tenderían a desaparecer. Con ello, al disminuir la violencia de los hombres, automáticamente se reducirá la violencia de los niños.

Otro aspecto positivo de la implicación y participación de los hombres en el cuidado de los pequeños sería el prestigio que ganaría el cuidado de los niños como trabajo y esto redundaría en beneficio de las mujeres y de los niños. En nuestra sociedad, todo trabajo desempeñado por mujeres suele tener una remuneración menor y un prestigio social inferior al que tiene el trabajo desempeñado por un hombre.

Si se incrementase el número de hombres que participaran en el cuidado de los niños, correría parejo un aumento de la sensibilidad, del control emocional, de la paciencia, de la atención minuciosa y de la ternura que hay que poner en este trabajo. Comenzaría a valorarse la transcendencia que tiene la transmisión de valores morales y sociales y se apreciaría realmente la calidad de vida de cada generación. El criar niños y niñas sería un trabajo tan apreciado y respetado como lo es hoy el de ejecutivo o director de empresa.

Si los hombres se involucrasen en el cuidado de los niños, las políticas sociales comenzarían a ser exponente de la importancia que merece la dedicación a este trabajo. Se prepararía a fondo a los padres y se les proporcionaría una red de apoyo médico, psicológico, de escuelas infantiles con horario ininterrumpido, etc.

Cuando los hombres adquiriesen conciencia de la importancia y de las exigencias que conlleva el cuidado de los niños y de las niñas, se concederían permisos por paternidad y maternidad al padre y a la madre de los bebés y se les habilitarían jornadas laborables reducidas. Todos estos cambios reducirían el estrés y, por consiguiente, habría menos violencia. Está demostrado que los niños que pasan muchas horas en casa esperando que sus padres vuelvan del trabajo, los niños permanecen solos, con graves carencias emocionales, sin unos padres que les marquen el norte y que supervisen sus actividades y sin una disciplina matizada por el cariño, son cebo de la ira y de la violencia.

Si ser padre se considerase como algo realmente importante en la vida de un hombre, si la casa, la escuela y los medios de comunicación realizasen una labor de reeducación de los hombres preparándoles para ser padres responsables, afectuosos y comprometidos, obtendríamos un notable descenso en la feminización de la pobreza (debida a que muchos hombres no se responsabilizan de los hijos e hijas) y una considerable reducción de la violencia.

8.3.Masculinidad, homosexualidad y confusión de roles.

De extrema relevancia en la familia como empresa educativa y con exigencias muy diversificadas por parte de los educandos es la adscripción 'al género' correspondiente a los niños y a las niñas. La confusión de roles al respecto desestabiliza el proceso de constitución del carácter del educando, avocándole a situaciones ambiguas y a respuestas erróneas a la

cuestiones que ya en la temprana adolescencia se presentan.

Las ideas sobre la conducta o el atuendo masculino o femenino están condicionadas culturalmente por los cambios sociales, las modas y las tradiciones. Actualmente no faltan expertos que nos previenen sobre la confusión acerca de la identidad sexual que pueden sufrir aquellos que son los principales cuidadores o que comparten la crianza de los niños y de las niñas con sus esposas, confusión que se hará extensiva a sus hijos e hijas. Bajo este miedo subyace una profunda preocupación de que al educar a los chicos para ser futuros padres cariñosos, dispuestos a mostrar emoción y ternura, aumente la homosexualidad. En situaciones de penuria afectiva o de escasez de relaciones entre ambos sexos proliferan, en edades aun no claramente diferenciadas, las conductas que encuentran en el amigo un terreno abonado para la homosexualidad.

Resulta pintoresco pensar que hay razones para creer que al fomentar en los chicos la capacidad de cuidar de los demás así como la empatía y, al mismo tiempo, huir de la agresión, la homosexualidad disminuye, en lugar de aumentar. Abundan las opiniones acerca de la etiología de la homosexualidad y los especialistas no han llegado a un acuerdo. Existe, sin embargo, un estudio de la bibliografía existente que revela un dato importante: la mayor parte de los machos homosexuales tienen padres que los rechazan o evitan un contacto emocional. Charles W. Socariddes afirma que 'para casi todos los niños pre homosexuales el padre es inasequible como objeto amoroso' 518 (41).

El psiquiatra Ricchard Green, autor de El síndrome del niño mariquita , comenta que el 'hambre de afecto masculino' actúa como una fuerza imparable desde la niñez en hombres que tienen una relación pobre con su padre y con los compañeros: 'Esta necesidad puede motivar una búsqueda posterior de amor y afecto en los hombres. Puede alimentar una relación homosexual' 519 (42). El psicólogo Henry Biller defiende que 'una relación inadecuada padre-hijo es un factor relevante en el desarrollo de la homosexualidad entre los hombres' 520 (43). Esto no significa que la relación entre homosexualidad y una insatisfactoria relación padrehijo sea algo universal. En psicología no hay relaciones universales. Cada persona aporta su carácter y su capacidad a cada situación, y por esta razón, a partir del mismo ambiente el resultado será distinto en función de cada persona. Aquí sólo se puede hablar de tendencias 521 (44).

El psicoanalista Richard A. Isay está convencido de que la homosexualidad es biológica, tesis que comparte con algunos expertos y que han podido corroborar

518 (41) SOCARIDES, 'Abdicating Fathers, homosexuales son: Psychoanalytic observations on the contribution of the father to the development of male homnosexuality' (padres desentendidos, hijos homosexuales: Observaciones psicoanalíticas sobre la contribución del padre al desarrollo de la homosexualidad masculina), en Father and child , editado por S. H. Cath, A. R. Gurwit y J. M. Ross, p. 512, citado por MIEZIAN, M., o.c., p. 159.

519 (42) GREEN, The 'Sissy boy syndrome', editado por S., H. Cath, A. R. Gurwit y J. M. Ross, p. 512.

520 (43) BILLER, 'The father and sex role development' (El padre y el desarrollo de los papeles sexuales), en The role of the father in child develpment , editado por M. E. Lamb, p.

521 (44) MIEDZIAN, M., o.c. , p. 155.

con estudios realizados sobre grupos de chicos en los que realmente existía una predisposición biológica y piensa que el padre que rechaza a su hijo, lo hace porque es 'diferente'. Muchos de estos chicos, desde muy pequeños tenían un excesivo y constante interés por ponerse la ropa de su madre, jugar con niñas y jugar sólo a juegos de niñas. Green distingue a estos chicos de los otros muchos que, ocasionalmente disfrutan con ponerse la ropa de su madre o, a veces, juegan a juegos de niñas y no les gusta el fútbol ni el béisbol.

Los estudios ponen de manifiesto que el padre tradicional se preocupa más por la masculinidad de sus hijos que la madre. Esta actitud y obsesión produce, en mucha ocasiones, un efecto diametralmente opuesto a los deseos del padre. La decepción y el rechazo que sufre un padre con un hijo que prefiere leer a jugar al fútbol o pintar a arreglar el coche, impide que el chico se identifique con el padre y, por el contrario, sí lo hará con la madre, aumentando sus predisposiciones a convertirse en homosexual 522 (45).

Actualmente, muchas personas ven todavía la masculinidad y feminidad como categorías ubicadas en unos rígidos compartimentos. Consecuencia de esta visión estereotipada los chicos no sólo son rechazados por sus padres sino también por el grupo de amigos. Afortunadamente nuestra sociedad se ha hecho ms flexible a la hora de enjuiciar las aficiones y preferencias de uno y otro sexo y las imágenes de 'hombres fuertes' que nos

522 (45) Cf. GREEN, o.c. p. 380-381; y M. E. LAMB, 'Fathers and child development: an integrative overview' (Padres y el desarrollo de los hijos: Una revisión integradora), en The role of the father in chil development , citado por MIEZIAN, M., o.c. , p. 159.

brindan los medios de comunicación dan la razón a los comentarios del padre y de los amigos. Los compañeros ridiculizan y tratan con menosprecio al chico al que no le gustan el fútbol, béisbol, la caza o las peleas entre miembros del grupo de amigos. En muchas ocasiones, este chico sufre agresiones graves y violencia verbal o física por parte de sus compañeros de clase, al mismo tiempo que es bombardeado con mensajes enviados desde cualquier ámbito poniendo de manifiesto su 'falta de hombría' y por lo tanto, su tendencia a la homosexualidad.

Margaret Mead, en su exitoso libro Sexo y temperamento en las sociedades primitivas , hace ya unas décadas que defendía que las sociedades que imponen una categorización rígida de la conducta de los hombres y de las mujeres potencian la homosexualidad. Así, proseguía, resulta llamativo que no exista homosexualidad entre los Arapesh y los Mundugomor, dos de las sociedades a las que dedicó su estudio y describió en el libro, porque dichas sociedades tienen definiciones muy flexibles de la conducta de hombres y de mujeres. Ambas sociedades son el reverso de la moneda de las sociedades europea y norteamericana, donde los rasgos de conducta, los intereses y las conductas 'masculina' y femenina' tienden a estar claramente diferenciados 523 (46).

No existe una relación intrínseca entre los roles sexuales (el género) y la orientación sexual. El problema radica en que hemos creado artificialmente una situación que anima a convertirse en homosexuales a los chicos cuyas inclinaciones no

523 (46) MEAD, M., Sex and Temperament in Three Nueva York: Dell Publishing Co., Sexo y temperamento en

primitive Societies. 1969 (1935). En castellano: las sociedades primitivas . Paidos.

pertenecen a los compartimentos estancos de roles masculinos que aceptamos como clichés preestablecidos.

8.4.- Modificación de los esquemas de la masculinidad y de la feminidad.

En la actualidad y debido a una saludable convivencia de sexos en la vida cotidiana, en el deporte, en el colegio o en los espacios recreativos, se han debilitados los esquemas heredados respecto a los espacios estancos de la masculinidad y de la feminidad. Ni la niña resta excluida del juego futbol ni el niño se retira al rincón cuando las amigas de la hermana acaparan los roles de mamás. La educación familiar, en este sentido, encuentra terreno abonado para la inclusión de potenciales marinados. Esta modificación de esquemas y costumbres de lo masculino y de lo femenino facilita la corresponsabilidad educativa de los progenitores facilitando el dialogo y la comunicación.

Desde los primeros meses de vida fomentamos en las niñas algunas destrezas encaminadas a que un día desarrollen una buena maternidad, es el juego de la imitación respecto a la mamá, sin embargo, no hacemos lo mismo con los chicos. En ellos potenciamos destrezas que les permitan ser unos buenos cabezas de familia, directores de empresa, ejecutivos, soldados valientes, etc. Pero no padres implicados en la educación de la prole. Y después, cuando vemos el escaso interés que tienen los hombres por llevar a cabo una paternidad pedagógica responsable, afectuosa y comprometida, nos resta el lamento o la queja ente los resultados obtenidos.

En el fondo para algunos suspicaces existe una sospecha y un temor a que los hombres que cuidan de sus hijos e hijas, se feminicen asumiendo tareas que devalúan la condición y el estatus de virilidad. Tal situación empobrecería incuestionables facetas de la masculinidad y en consecuencia el hombre podría resultar poco atractivo a las mujeres. Estas, por su parte, ya desde el siglo XIX, modifico el paradigma de la feminidad. Del romántico modelo de mujer delicada, débil, obediente, dependiente y, sexualmente pura, cuyos intereses eran el marido, los hijos y la casa, se ha pasado al modelo feminista en el la mujer se ha independizado y protagoniza tareas en los sectores de la gestión, política, deporte… etc. estableciendo un modelo mas igualitarista entre los sexos.

Ojalá e mediados del siglo XXI lo normal sea conectar con los sentimientos del otro, ser cariñoso, empático y, por supuesto, llevar a cabo una labor conjunta con la madre protegiendo y cuidando a los hijos. Si se alcanzase este objetivo habríamos dado un paso importante para conseguir que disminuya la violencia de los niños y de las niñas.

Reseñas bibliográficas

RESEÑA BIBLIOGRÁFICA

PALACIOS BAÑUELOS, L.(Coord.): Stanley G. Payne. Perfiles de un hispanista Madrid, Ed. CSED, 2018 (306 páginas)

STANLEY G. PAYNE PERFILES DE UN HISPANISTA

NOTA PRELIMINAR

INTRODUCCIÓN

Mi compromiso con la Historia de España. Stanley G. Payne

BIOGRAFÍA Y PUBLICACIONES

Biografía humana e intelectual. Luis Palacios Bañuelos

TESTIMONIOS

Mi experiencia personal con el Prof. Stanley G. Payne. Yolanda Casado

El Prof. Payne en el hacer de un estudiante de historia en los primeros años de democracia. X. Moreno Julia

Stanley G. Payne en la Historia. Jesús Palacios

LA OBRA DE STANLEY G. PAYNE

Discurso de inverstidura como Doctor Honoris Causa por la URJC. Stanley G. Payne

La historia del carlismo de Stanley G. Payne. Bullón de Mendoza

Derechas, Fascismo e Historia de España en la obra de Payne. P. C. González Cuevas

Stanley G. Payne en Francia: un prestigioso historiador víctima de la omertá durante 45 años. Arnaud Imatz

Stanley G. Payne y la gran patraña. Luis Moa

Es conocido y muy valorado en el colectivo académico español el nombre de St. G. Payne como uno de los hispanistas mas prestigiosos de nuestros días. Su contribución sobre la historia reciente de España (Segunda Republica, Guerra civil, Franquismo...) nos ha dejado una serie de estudios clarividentes y equilibrados que permiten recorrer con acierto los recovecos que condujeron a la España democrática del final de siglo pasado e inicios del presente. Desde su horizonte cultural anglosajón (USA) enjuicia y documenta eventos, conjugando distancia y, de modo que el historiar deja de ser relato emocional para transformarse en narración objetiva centrada en la verdad que testimonian los hechos.

ÍNDICE DE CONTENIDO DEL LIBRO

El Ejercito español como protagonista de la historia. Análisis de la obra de Stanley G. Payne 'Los militares y la política en la España Contemporánea'. Roberto Muñoz Bolaños

Stanley G. Payne y la sublevación del 18 de julio de 1936: una dinámica cambiante. Roberto Muñoz Bolaños

De una democracia poco democrática a una Guerra Civil. Luis Palacios Bañuelos Una reflexión sobre la obra de Stanley G. Payne y la dictadura de Franco. Manuel Pastor Martínez Franco-Hitler: las relaciones entre España y Alemania a través del Noticiero de España (19371941). Carlos Pulpillo Leyva

Stanley G. Payne en la historiografia. Paul Gottffried

Un grupo de profesores de la Universidad Rey Juan Carlos, coordinados por el Catedrático y Presidente H. del Instituto de Humanidades de la misma universidad, Luis Palacios Bañuelos , dedican al Prof. Payne este volumen colectivo, con ocasión de la otorgación al celebre hispanista del Doctorado Honoris Causa por parte de la citada universidad. Los autores de los diferentes trabajos hacen desfilar ante los ojos del lector una serie de perfiles de St. Payne, que diseñan un rico cuadro de su personalidad humana y científica.

El volumen se abre con unas breves pero enjundiosas páginas del mismo St. Payne que llevan por titulo Mi compromiso con la historia de España. 'Estudiarla, escribirá, ha sido todo un privilegio... un gran placer y una satisfacción personal' (p. 13). Le sigue (pags. 1757) el texto de la Laudatio de la investidura de Dr. H. Causa a cargo de L. Palacios Bañuelos, acompañado de un anexo con el curriculum Vitae del homenajeado, material imprescindible para cualquier biógrafo futuro de Payne.

El volumen se despliega a continuación en dos partes diferenciadas. La primera: Testimonios, consta de tres ensayos: Yolanda Casado y X. Moreno Juliá relatan sus experiencias personales y recuerdos estudiantiles en los ya lejanos años de la democracia española mientras el periodista y escritor Jesús Palacios diserta sobre quien, en su opinión, es 'el historiador más relevante y fundamental entre todos los hispanistas'(p. 79). Sus contactos personales con personajes de la época franquista, su amplio elenco de obras sobre la reciente historia de España... ofrecen una narración tan plena de sencillez, rigor y objetividad como alejada de estereotipos ideológicos al uso.

Le segunda parte lleva por título La obra de Stanley G. Payne y se inicia con el discurso del Homenajeado en su investidura como Doctor Honoris Causa por la Universidad Rey Juan Carlos (pp. 93-103). A continuación 10 ensayos abordan temas de la historia reciente de España tratados por St. Payne en su abundante bibliografía. A. Bullón de Mendoza encuadra a la breve pero valiosa Historia del Carlismo (pp. 103-118) ; P.C. Gónzalez Cuevas diserta sobre el tratamiento por St. Payne de uno de sus temas mas conocidos: Las derechas y el fascismo (pp. 119-150); A. Imatz en Un prestigioso historiador victima de la omertá durante 45 años , (pp.151-172) elogia a St. Payne 'cuya honestidad honra al mundo universitario' por su método científico, por su rigor, honestidad e integridad frente a quines se adaptan a lo 'políticamente correcto'; L. Moa con St. Payne y la gran patraña (pp.173-186) retoma la misma idea, situando al eximio hispanista fuera de los localismos de una historiografía, en su opinión, anquilosada y estrecha; R. Muñoz Bolaños analiza, a la zaga de St. Payne, (pp. 187-

  1. el protagonismo del ejercito español en la vida política de la España contemporánea y R. Muñoz Bolaños con el ensayo St. Payne y la sublevación del 18 de julio de 1936 (219-242) sitúa a St. Payne en el debate historiográfico aun abierto sobre la sublevación del 18 de julio de 1036 subrayando su aportación clave y su ajuste cronológico a las diferentes fases del mismo. El Coordinador del volumen L. Palacios Bañuelos con el ensayo De una democracia poco democrática a la guerra civil efectúa un seguimiento (pp. 243-254) del proceso que marca el punto de inflexión de nuestra historia mas reciente y que discurre durante la republica y los inicios de la guerra civil tal como St. Payne lo describe; M. Pastor, recala con Una reflexión sobre la obra de St. Payne y la dictadura de Franco (pp.255-268) en el análisis realizado por el Hispanista del siguiente periodo de nuestra historia reciente mientras que C. Pulpillo Leiva nos presenta en Franco-Hitler: las relaciones entre España y Alemania a través del 'Noticiero de España' (pp. 269-296) la versión oficiosa de las mismas desde la perspectiva del gobierno de los sublevados. Finalmente un pertinente ensayo de P. Gottfried: St. G. Payne en la historiografía, resitúa a St. Payne (pp 297-307) en la historiografía reciente sobre España y Portugal.

La imagen, tanto en cuanto a la persona como a la obra de St. G. Payne, que los autores reseñados diseñan, es no solamente rica en contenidos doctrinales y opiniones fundadas sino también abundante en aquellos afectos y lealtades que delatan a los amigos, a los discípulos y a los admiradores. Con ello, de alguna manera, los autores de los trabajos devuelven al Maestro la deuda contraída con él por la sociedad y la universidad españolas. Son también las razones por las que aquí nos atrevemos a congratular al coordinador del volumen, a los autores de los textos, al instituto de Humanidades de la URJC y a la editorial que ha logrado una esmerada presentación tipográfica del volumen.

Juan Andrés García Martín Prof de Ha. Contemporánea, Universidad Rey Juan Carlos

RESEÑA BIBLIOGRÁFICA

MORENO ALONSO, M.: Jovellanos, la moderación en política Madrid, Gota Ed., 2018 (172 páginas)

JOVELLANOS: PATRIOTA, MODERADO, CONSERVADOR Y LIBERAL

Por fin aparece una biografía de Jovellanos y de la mano de un experto, Manuel Moreno Alonso, catedrático de Historia contemporánea de la Universidad de Sevilla. El libro 'Jovellanos. La moderación en política' es oportuno pues Jovellanos, que fue 'un político por encima de todo', nos permite subrayar lo que debe definir a un buen político. Y esto, en unos momentos en que tanto -y con tanta razón- se critica a los políticos podría servirnos -sé que esto es una ingenuidad- de referente; igual que su sentido de la moderación y su incesante búsqueda de la concordia.

Este libro recoge a lo largo de sus cinco capítulo otras tantas etapas de la vida de Jovellanos. Desde su nacimiento y su encuentro con la Ilustración (1744-1767), hasta su exilio y muerte. Jovellanos que, como noble, le bautizaron con varios nombres -- Baltasar, Melchor, Gaspar, María-- nació en Gijón y perteneció a una generación de hombres 'ilustrados' tan brillantes como Iriarte, Martínez Marina, Forner o Meléndez Valdés; le caracterizó siempre su templanza e influyó en personajes como Moratín, Blanco White, Antillón o Quintana. Su paso por diferentes universidades -Osma, Alcalá…-, su cambio de vida eclesiástica a política, su contacto con la Ilustración española -ilustración cristiana, fiel a la Iglesia y al Trono, que decía Rodríguez Casado -, su plaza de Alcalde del Crimen en Sevilla a propuesta del conde de Aranda… marcan esta etapa sevillana que fue la más feliz de su vida.

La etapa del Jovellanos reformador abarca los años entre 1768 y 1790. Comienza desde que es Alcalde del crimen en la Audiencia de Sevilla. Por cierto que Jovellanos se presentaría en el tribunal sin peluca con el traje de toga, lo que causó revuelo en Sevilla. En efecto sería el primero que se presentó en los tribunales sin peluca. En Sevilla participó en la Sociedad Patriótica; conoció a Pablo de Olavide, superintendente de la Nuevas Poblaciones de Sierra Morena, que era en la práctica un virrey en Andalucía. Jovellanos acudiría a la tertulia que presidía Olavide donde se trataban temas de instrucción pública, viviendo de cerca la acusación inquisitorial contra Olavide pues él mismo sería interrogado. Allí estrechó amistad con Francisco Saavedra y, en la ciudad andaluza, 'descubrió y se convirtió al movimiento ilustrado' (p. 44). De su etapa sevillana el Prof. Moreno destaca que hizo lo

que pudo para acabar con la práctica frecuente del soborno, intentó humanizar la justicia, se interesó por los estudios de tipo social y político, reprobó los tormentos como medio de hacer confesar; su concepción filantrópica de la ley y de la pena la expresó literariamente en El delincuente honrado (1773).

En 1778, ocupó una plaza de Alcalde de Casa y Corte en Madrid. Vivía entonces la capital española el fuerte impulso ilustrado de Carlos III. Pronto contactó con Cabarrús. Contó con la protección de su paisano Campomanes. Por su parte ayudaría a jóvenes como Meléndez Valdés y Moratín. Entró en la Academia de la Historia (1779) con un discurso Sobre la necesidad de unir al estudio de la legislación el de nuestra historia y antigüedades . Este interés por la historia lo mantuvo toda su vida. Luego ingresó en otras Academias. Fue por entonces (1784) cuando Daniel Moldenhauer diría aquello de que era 'el hombre más honrado de España'. Formó parte de la tertulia de la condesa de Montijo, María Francisca de Sales Portocarrero, y de la Sociedad Económica de Madrid. De esta etapa son su ' Informe sobre el libre ejercicio de las Artes, Memoria sobre la admisión de las señoras, Elogio de las Bellas Artes y el Elogio de Carlos III ' (1788), 'una de las manifestaciones más señeras de la Ilustración política española', en la víspera de la Revolución francesa.

Uno de los asuntos que más interesa a Jovellanos aparece ya en este período, el estado de la enseñanza y su deseo de reformarla, convencido de que la clave del cambio y de la transformación estaba en la instrucción que es, dice, 'la medida de la prosperidad de las naciones'.

Tras veintitrés años de servicios a la Corona, Jovellanos cae en desgracia y sale de Madrid en una suerte de destierro encubierno 'desengañado de la corrupción e injusticia de la Corte'. Y llega a finales de 1790 a su tierra asturiana donde pasará 'los felices años de Gijón'. Su Diario , publicado en 1915, nos permite seguir sus pasos: La fundación del Real Instituto Asturiano de Náutica y Minerología; sus viajes por Galicia, Castilla, Vascongadas, etc. que le sirven para conocer la realidad española de pobreza, escasez, abandono…; su conocimiento del funcionamiento de la Inquisición y sus múltiples escritos -algunos terminarían en su Ley Agraria- . En este periodo coincide el estallido revolucionario francés y el cierre de fronteras en la España de Floridablanca a todo lo que recordara los sucesos revolucionarios. Jovellanos es ya un ilustrado y reformista. Mantiene el autor del libro que 'la revolución obró como un revulsivo sobre sus ideas' (p. 77). Su oposición a la separación absoluta de poderes practicada por la Revolución le llevó a defender la teoría del equilibrio constitucional. En efecto, la violencia y el terror le pusieron en guardia frente la democracia en manos de revolucionarios. Porque su sentido de la moderación le llevaba a reprobar una sangrienta revolución. Posteriormente también vería un nuevo peligro en Napoleón, a quien criticó.

Estos años de destierro le permitieron a Jovellanos terminar una de sus obras más importantes, fruto de la reflexión y el estudio: el Informe sobre la Ley Agraria (1794). Insiste en la libertad y la propiedad privada y en fomentar la educación primaria de los labradores y difundir conocimientos de economía política y de ciencia agrícola entre los dueños de las tierras. El Informe , muy leído, ofrecía un estado del campo español analizando las causas de su desplome y planteando soluciones. La acumulación de las tierras en manos muertas y la

falta de instrucción entre los propietarios y campesinos, la escasez de riego, las pésimas comunicaciones… Sus ideas levantaron el interés de la Inquisición que sometió el Informe a un expediente de calificación y recomendó que se prohibiese porque a su entender la Ley era antieclesiástica y destructora de los mayorazgos y porque inducía a despertar ideas de igualdad en la posesión de bienes y terrenos. Andando los años, las Cortes de Cádiz, cuando tuvieron que legislar sobre agricultura, tendría en cuenta el Informe que, tras el Trienio liberal, sería incluido, en 1825, en el Indice romano de libros prohibidos . A pesar de los aciertos del Informe , Domínguez Ortíz señala que cae en contradicciones y su autor se deja llevar en ocasiones por su condición de noble.

Abunda Moreno en las relaciones de Jovellanos con Godoy del que espera le libre del destierro. Al superministro le envía su Memoria sobre la educación literaria y Cuatro Cartas al príncipe de la Paz sobre la prosperidad de España o el orden de proceder en los medios de hacer feliz a un Estado.

Tras el intento fallido- -y no querido por Jovellanos de ser nombrado embajador en Rusia, de la noche a la mañana Jovellanos pasó de desterrado en su tierra natal a ser ministro de Gracia y Justicia (1897). Suponía lograr un poder excepcional -sólo había cinco carteras ministeriales--. Esta etapa (1798-1808) la califica el autor 'El Poder y el castigo'. La llegada a la Corte produjo en Jovellanos, descontento, repugnancia ante la corrupción de costumbres, preocupación por los asuntos de España… Pero interesa destacar que sus objetivos aparecen ya claros: la reforma de los estudios universitarios, el inicio de la desamortización y la supresión de las atribuciones de las que aún gozaba la Inquisición y censura de publicaciones. Un programa ambicioso que provocó envidias y muchos enemigos que le acusarían de ateísta, hereje, enemigo de la Inquisición… Sería justo por entonces cuando Goya pintaría su magnífico y conocido retrato -le había hecho otro en 1784-.

Sin embargo, el enfrentamiento entre Jovellanos y Godoy era inevitable. El 15 de agosto de 1798 se produce su cese fulminante. Terminaba así su ministerio, que él calificaba, de 'breve y angustioso'. Su caída la sitúa el autor del libro en el marco de una ofensiva política de tipo reaccionario. En esa fecha comienza una segunda estancia en su villa natal. Pesimismo, desánimo, cansancio y sensación de soledad definen el estado de ánimo de Jovellanos. No faltaron anónimos y denuncias contra él acusándole de filósofo anticristiano, enemigo del Santo Oficio y otras muchas imputaciones de carácter religioso. Denuncias que terminarían con su destierro y prisión en la isla de Mallorca -castillo de Bellver, 1802--. Pero su persecución, según Moreno Alonso, fue un reactivo moral frente a la corrupción de la que participaba la Corte, las universidades y la propia Iglesia. Aquellas injusticias crearían a los ojos del pueblo un símbolo de oposición al estado de arbitrariedad y despotismo de la España de Godoy.

El último capítulo, en plena guerra de la Independencia, se califica como 'La llamada de la patria' que recogen sus De vuelta del destierro y Memoria en defensa de la Junta Central . Tras siete años de prisión, Jovellanos sería liberado tras el motín de Aranjuez que dio lugar a la caída de Godoy y a la abdicación de Carlos IV en Fernando VII. En aquella crisis política, Jovellanos se convirtió en un símbolo de la libertad frente al despotismo y a la opresión. El

libro recuerda que en Mallorca el pueblo lo aclamaba con gritos como '¡Viva el señor Jovellanos¡!Viva la inocencia¡'.

Con los franceses, Jovellanos, como tantos otros, duda si ponerse del lado de los afrancesados o de los patriotas. José I le nombró ministro del Interior, que Jovellanos rechazó por 'razones de salud'. Tras la batalla de Bailén, su decisión es clara: 'España no lidia por los Borbones ni por Fernando; lidia por sus propios derechos, derechos originales, sagrados, imprescriptibles, superiores e independientes de toda familia o dinastía. España lidia por su religión, por su Constitución, por sus leyes, sus costumbres sus usos; en una palabra por su libertad, que es la hipoteca de tantos y tan sagrados derechos…'. Y a sus antiguos amigos que adoptaron la causa bonapartista los llamaría 'apóstatas de la patria' y 'apóstoles del napoleonismo'. Conocidas son sus palabras a Sebastianai; cuando intentaba atraerlo al bando josefino por su prestigio, ideas liberales y amor a la patria, Jovellanos le argumentó: 'Yo no sigo un partido, sino la santa y justa causa que sostiene mi Patria… lidiamos por los preciosos derechos de nuestro rey, nuestra religión, nuestra constitución, nuestra independencia'.

Tras su lección a favor del partido nacional viajó para Aranjuez, 17 setiembre 1808, como representante elegido por la provincia de Asturias en el nuevo Gobierno nacional de la Junta Central. Con 64 años, comenzaba una nueva etapa: la llamada de la patria de que habla en su Memoria en defensa de la Junta Central . Pero, tal vez, llegaba tarde porque los absolutistas vieron en él la sombra de un jacobino y los liberales más radicales lo consideraron como un trasnochado. Para el Dr. Moreno Alonso, tuvo un papel de armonizador entre la tendencia conservadora (Floridablanca, presidente del nuevo Gobierno central con sede en Sevilla) y el sentir revolucionario de los más jóvenes como Quintana, Argüelles, Toreno, etc. Todos reconocieron y admiraron su patriotismo, honestidad, integridad y sentido de la responsabilidad. Él buscaba para España libertad e independencia. Y para ello era importante la labor de las Cortes. Empezando por su convocatoria. En Sevilla en 1809 escribiría el Dictamen sobre la formación de un Consejo de Regencia . Su idea inicial fue la de mantener la antigua Constitución española y la observancia de las leyes fundamentales del Reino así como que se moderase la prerrogativa real y los privilegios de la jerarquía privilegiada conciliando unos y otros con los derechos imprescriptibles de la nación para asegurar y afianzar la liberad civil y política de los ciudadanos sobre los más firmes fundamentos. Se trataba de reconstruir el Estado de la nueva nación. Se trataba, como diría Alcalá Galiano, de crear una España nueva.

Para el prof. Moreno 'su actuación -con la de Saavedra y Garay- hizo posible en buena medida la posterior revolución política gaditana'. Pero esta España nuestra, con frecuencia cainita, le reservaba a Jovellanos nuevos sufrimientos, calumnias, denuncias, etc. De entonces son estas palabras: '¡oh, amada patria mía! Tu, yo lo pronostico también, perecerás, no por los esfuerzos del bárbaro tirano que devasta sus pueblos, sino por los de los hijos ingratos que destrozan sus entrañas'. Una vez más volvió a sentirse incomprendido. Murió, con 66 años, el 27 de noviembre de 1811 en Puerto de Vega, entre Luarca y Navia. Pronto las Cortes de Cádiz lo incluyeron en el panteón de héroes y le denominó 'enemigo de la tiranía' nombrándole benemérito de la Patria.

Jovellanos es un representante de la Ilustración liberal española. Para él la política era más un arte que una ciencia. Se le considera el padre del liberalismo español, el precursor de la generación española de 1808. Es el inspirador del liberalismo doctrinario posterior, cuando éste se transforma en una ideología y en un proceso político. Defendía los derechos de la nación que eran imprescriptibles (derechos de resistencia, a reunirse en Cortes y a reformar las Leyes Fundamentales). Máximo defensor de la libertad política y de la libertad civil y moderado defensor de la libertad de imprenta, era, al decir de Toreno, 'demasiadamente tenaz en sus propósitos'. Hacía confluir tradición y reforma. Fue un hombre clave de la cultura española. Posteriormente se hizo un uso partidista de su nombre encasillándolo políticamente lo que supuso que la otra España le condenara al silencio o al rechazo. Por ello, se le ha representado como un revolucionario encubierto o como representante de las ideas más reaccionarias.

Este libro, bien documentado, escrito por uno de los mejores conocedores de esta etapa, muestra un Jovellanos que puede muy bien servir de referente en la España actual. Por una parte porque se le consideró 'El hombre más honrado de España'. Y también, como supo ver Marañón, porque el sueño más ambicioso de Jovellanos fue 'el restablecimiento de la concordia entre los españoles, después de tantos siglos de guerras civiles, de pugnas ideológicas que, sin batallas, tenían el mismo sentido y la misma dureza de la guerra civil'. De todo ello, España sigue hoy necesitada.

Luis Palacios Bañuelos Catedrático de URJC

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Doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, general consejero togado de Cuerpo Jurídico Militar, director del Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario de la Cruz Roja Española, y miembro correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

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Doctor en Historia Contemporánea por la Universidad Complutense de Madrid y profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad Rey Juan Carlos.

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Doctor en Paz y Seguridad Internacional por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (Universidad Nacional de Educación a Distancia) y teniente del Ejército de Tierra.

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Doctor en Paz y Seguridad Internacional por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (Universidad Nacional de Educación a Distancia).

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El próximo dosiir de La Albolafia estará dedicado a Castilla-La Mancha, pasado y presente de una región desconocida, coordinado por el Prof. Franncisvo Asensio Rubio. A continuación, mostramos su índice.

ARQUEOLOGÍA PREHISTÓRICA EN CASTILLA-LA MANCHA. Luis Benítez de Lugo Enrich.

ARQUEOLOGÍA PROTOHISTÓRICA EN CASTILLA-LA MANCHA: LA EDAD DEL HIERRO. Luis Benítez de Lugo Enrich.

EL PROCESO ROMANIZADOR EN CASTILLA-LA MANCHA. ESTADO DE LA CUESTIÓN Y ÚLTIMAS APORTACIONES. Domingo Fernández Maroto.

LOS ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS DE CASTILLA-LA MANCHA. EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y TIPOLOGÍA PAISAJÍSTICA. Óscar Jerez García, Manuel Antonio Serrano de la Cruz Santos-Olmo y José Luis García Rayego.

CASTILLA-LA MANCHA CONTEMPORÁNEA. Ángel Luis López Villaverde.

CASTILLA-LA MANCHA UNA IDENTIDAD DISPERSA. Alfonso González Calero.

LA ENSEÑANZA PRIMARIA Y LAS NORMALES EN CASTILLA-LA MANCHA. SIGLOS XIX Y XX. Francisco Asensio Rubio.

LA ENSEÑANZA SECUNDARIA Y UNIVERSITARIA EN CASTILLA-LA MANCHA. Francisco Asensio Rubio.