DESPUES DE FRANCO ESPAÑA
RAMON CHAO
EDICIONES FELMAR.COLECCION PUNTO CRITICO 11
MAYO 1976
Antonio García Trevijano, la cuadratura del círculo
Una habilidad que algunos consideran diabólica, una inteligencia fulgurante para analizar los problemas y un sentido magistral de la puesta en escena. Este es Antonio García Trevijano, quien un buen día, como todo hombre genial, tuvo una idea digna de Perogrullo: el Partido Comunista es el principal enemigo del capitalismo español / la clandestinidad favorece al Partido Comunista, pues lo magnifica / hay que sacar al PC a la luz pública para desarmarlo / el gobierno es incapaz de hacerlo / habrá que emprender esta tarea fuera de y contra el gobierno. Y así, puso todas sus fuerzas al servicio de una cierta unión entre la izquierda y el gran capital, “una idea irrealizable en España, la reconciliación de la derecha y de la izquierda”, nos dijo Julio Alvarez del Vayo días antes de morir.
Pero a este hombre de cuarenta y ocho años, cuyo rostro asemeja al de un almorávide que se hubiera quedado en Alhama de Granada, a este hombre no le arredra nada. ¡Hay que verlo levantarse en las reuniones del Colegio de Abogados! Imaginemos que osó presentar a Jean Jacques Servan Schreiber en 1968 en Madrid, cuando JJSS era peligroso para el franquismo, y después del recibimiento —tomates, escupitajos, piedras— que le depararon los estudiantes madrileños. Fue la primera acción pública de Trevijano, y la ganó. JJSS habló en el hotel Meliá ante tres mil personas, y toda la oposición española —incluso los ácratas— interviene en el micrófono.
Todavía no era el hombre más odiado por el sistema. Empezó a serlo con motivo de la preparación de la Constitución de la Guinea Ecuatorial, colonia española que alcanza su independencia en 1968. Frente a Carrero Blanco, que se apoyaba en el entonces presidente del Gobierno autónomo, Bonifacio Ondo, para dar a Guinea una independencia puramente nominal, y frente al ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, que apostaba por la figura de Atanasio Ndongo, para conceder una aparente independencia controlada por los colonialistas madereros, Trevijano se opone frontal y públicamente al gobierno español durante la Conferencia Constitucional. Es el abogado de los distintos grupos y etnias populares de Guinea, a quienes unifica —¡ya!— en una Constitución ¡ndependentista, y luego alrededor del líder Francisco Macías. Sufraga los gastos de este grupo mayoritario y define la estrategia electoral que le condujo al triunfo y al poder. Como es sabido, todas las Constituciones son de una gran flexibilidad, y Francisco Macías empezó a ejercer un poder personal que no tiene nada que envidiar al que se practica en la antigua metrópoli. Pero aunque su fotografía presida su despacho, García Trevijano se había lanzado a otras ocupaciones. Desde el nombramiento del príncipe Juan Carlos como sucesor, en julio de 1969, trabaja en la elaboración de una base estratégica para una acción unitaria de la oposición democrática. Pensando siempre en el pacto capital-trabajo, publica en el diario “Ya” (octubre de 1967) un artículo contra los intentos del ministro Solís destinados a dar una mayor autenticidad e independencia al Sindicato Vertical. Advierte a la derecha económica del peligro de “peronización” del sindicato oficial. A las fuerzas armadas les señala la posibilidad de un futuro enfrentamiento con un sindicato obligatorio e independiente. Se inició una amplia campaña contra él, dirigida por el diario de los sindicatos verticales, “Pueblo”, y por su director, Emilio Romero.
Hasta entonces García Trevijano era aún "el notario de Jarandilla” (pueblo de Extremadura, donde ejerció durante tres años), pero el “affaire” del diario “Madrid” le coloca durante los años 71 y 72 en primera plana de la actualidad. En 1970 Carrero Blanco ordena el cierre definitivo del “Madrid”, que había iniciado una línea liberal y había tomado partido por el conde de Barcelona. Calvo Serer, presidente del Consejo de Administración, le encarga la defensa del periódico. Su gran mérito residirá en hacer durar el "affaire” durante meses, demostrando a la opinión pública, tanto la imposibilidad de la línea reformista de diario, como la vulnerabilidad del Gobierno.
Dos días después de la muerte de Carrero Blanco se traslada a Estoril y se entrevista con el conde d Barcelona para exponerle la situación dentro del régimen, y para hacerle ver “la gran oportunidad histórica que se presenta ante él si de verdad quiere ser el rey de todos los españoles”.
Don Juan no dará el paso hasta el mes de junio de 1975. Mientras tanto, el proyecto de García Trevijano había madurado. Para ello no regateó esfuerzo: ni viajes ni conversaciones con todos los miembros de la oposición. Desde Santiago Carrillo hasta Ruiz Giménez, pasando por Tierno Galván, Felipe González y José María de Zavala. En el extranjero se entrevista con François Xavier Ortoli, con Jean Lecanuet, con Durafour, Chalandon y otros más altos dirigentes franceses. La retirada del pasaporte, por parte del Gobierno español interrumpió sus actividades en el exterior.
Las continúa en España, pues a este hombre, decidido y valiente, no le arredran los ataques ni las amenazas. Un brutal atentado de la extrema derecha le lleva largos días al hospital. (“¿Pero quién le manda meterse en esos líos?”, comentó el conde de Barcelona cuando le dieron la noticia). Apenas restablecido, y con un nuevo pasaporte, asiste en París la gran reunión de la Junta Democrática. Y allí puede comprobar que la dinámica que había ayudado a crearle está, quizás, sobrepasando. La Junta Democrática está implantada en todo el territorio nacional, y la Plataforma de Convergencia, en el camino de la unificación de ambas estructuras, exige la desaparición de las “personalidades” de la Junta. García Trevijano sería el presidente de un nuevo partido de “independientes”, en el que entrarían Calvo Serer, quizá José Luis de Vilallonga y otros.
¿Aprendiz de brujo? Es una imagen fácil y, sin duda, arriesgada para un hombre tan sorprendente. El Partido Comunista, gracias a sus esfuerzos, a la presión popular y a las concesiones del propio Partido Comunista, ha ganado, si no una legalización, al menos una “tolerancia” que desembocará pronto en su actuación legal. Los “independientes” habrán logrado una etapa de su programa. ¿Cuál será su papel después?
Entrevista con Antonio García Trevijano
—En ciertos sectores se dice que la Junta Democrática es un pacto político interclasista, que supone un acuerdo entre la derecha y la izquierda por el que la izquierda renuncia a la revolución social. ¿Qué hay de cierto en esta crítica, a su entender?
—El pacto político de los partidos revolucionarios con la burguesía avanzada para llevar juntos a buen término la revolución democrática, no supone la renuncia a la revolución socialista por parte de los partidos revolucionarios. En primer lugar, porque nadie puede renunciar a lo que no tiene. Y en segundo lugar, porque lo que tienen estos partidos, es decir deseos y preparación revolucionarios, por ser una condición peculiar no común con la burguesía, permanecen intactos sin posibilidad objetiva de ser alterados en un pacto político democrático. La burguesía pacta con los partidos revolucionarios porque sabe o cree que la revolución socialista no es objetivamente posible. Pero no comete la ingenuidad de pensar o creer que si se producen las condiciones objetivas para una revolución socialista, los partidos revolucionarios que han pactado con ella la revolución política o democrática, traicionaran a sus ideales socialistas, para ser fieles al pacto con ella en lugar de ser fieles a los principios específicos en virtud de los cuales existen como tales grupos o partidos revolucionarios. En definitiva, un pacto político, por no ser de carácter jurídico o formal, sino una constatación sociológica de aspiraciones comunes democráticas de opuestos sectores sociales, se entiende siempre que está concluido con la cláusula sobreentendida “rebus sic stantibus”. Por ello, el pacto interclasista de carácter político y social es de naturaleza intrínsecamente transitoria. Terminará cuando las libertades democráticas estén consolidadas mediante la elección popular de un gobierno constitucional, como está expresamente previsto en la Junta Democrática, o bien, cuando se den las condiciones objetivas para la revolución socialista, si produce antes de aquella previsión, como está tácitamente sobreentendido en la Junta Democrática.
Se comprende muy bien que el rechazo de cierta izquierda a la Junta Democrática proviene de una falta de confianza en ella misma, de la fragilidad de sus deseos revolucionarios, del carácter juvenil de sus recientes formaciones.
—Otros sectores arguyen que la Junta Democrática está dominada por el Partido Comunista. ¿Cuál a su juicio, el peso del PC y de otros movimientos dentro de la Junta?
—Esta crítica, que parte de la derecha, o está formulada con mala fe o está basada en la ignorancia de los datos políticos, o en la propaganda totalitaria del Régimen contra el Partido Comunista.
Es de mala fe cuando procede de círculos bien informados que conocen perfectamente el origen de Junta Democrática, y la relación de fuerzas sociales existente en el seno de la misma. Ni la Junta Democrática ha sido una iniciativa del Partido Comunista ni es una pura continuidad de su estrategia del Pacto por la Libertad. El Partido Comunista ha tenido la inteligencia política, la flexibilidad y la generosidad suficientes para comprender su necesidad de aceptar el paso cualitativo a una estrategia superior, más vasta y más profunda, como es la de la Junta Democrática.
Sólo la ignorancia de la realidad política española y la propaganda interesada del Régimen pueden justificar el temor de los que, de buena fe, piensan que el Partido Comunista, a través de la Junta Democrática, podría implantar en España la dictadura del proletariado. El Partido Comunista sólo podría alcanzar este objetivo, suponiendo que fuera su propósito, o bien, conquistando la mayoría de los votos en unas elecciones democráticas, para formar un gobierno homogéneo comunista, controlar todo el aparato del Estado, incluido el Ejército, y desde él suprimir las libertades democráticas, o bien, mediante un golpe de Estado militar. En el primer caso, habría que suponer que más del 50 por 100 de los españoles son comunistas, hipótesis que rechazan precisamente los que se niegan a reconocer la legalidad del Partido Comunista, porque la inmensa mayoría de los españoles no lo quieren. En el segundo caso, habría que suponer que el Partido Comunista controla un gran sector de las fuerzas armadas, hipótesis que rechazan los que se niegan a reconocer la legalidad del Partido Comunista, porque las fuerzas armadas no lo quieren.
—Algunos partidos políticos de la oposición, y el PSOE en particular, critican la composición de la Junta Democrática, por tratarse, dicen, de un pacto entre el PC y personas sin ningún respaldo popular. Para ellos, la única alianza antifranquista eficaz sería la que englobase a las formaciones políticas de la oposición. ¿Cómo respondería usted a esta objeción?
—Hay en esta crítica un dato falso y un planteamiento erróneo. El dato falso consiste en confundir la presencia en la base de todas las Juntas Democráticas existentes en España de personas independientes, no adscritas a ningún partido político ni a ninguna organización sindical con la presencia de algunas personas independientes en la Junta Democrática de España. A este alto nivel sólo existe una persona independiente que, no reclamándose de ningún partido político ni de ninguna formación sindical, no ha sido designada por ninguna base democrática, y por tanto no está en la Junta Democrática de España en representación, sino en nombre propio. Se trata del coordinador. Todas las demás personas que forman la Junta Democrática de España, o bien han sido designadas por sus respectivos partidos políticos (Partido Socialista Popular, Partido del Trabajo, Partido Comunista de España), o formaciones sindicales (Comisiones Obreras, Patronato empresarial), o bien han sido designadas por las Juntas Democráticas regionales. Esta Juntas regionales han procurado elegir sus respectivo representantes en la Junta Democrática de España de tal forma que no se duplique la representación. Po ello, son mayoría las personas que han sido elegida como personalidades independientes dentro de cada región, aunque también han sido elegidas varias de ellas por su condición de líderes de partidos o formaciones políticas de carácter regional.
El planteamiento erróneo deriva de la distinta perspectiva en la que se sitúan los partidos políticos que están en la Junta y los que están fuera de ella. E objetivo de los primeros es acabar con el Régimen dictatorial sin demasiadas preocupaciones prácticas electorales para el futuro. Para ellos el objetivo número uno es conquistar la libertad, y luego administrarla. En cambio para el PSOE y para la Democracia Cristiana de Gil Robles y Ruiz-Giménez el objetivo número uno es no perder el exclusivismo legitimista que como partidos socialista y demócrata cristiano creen poseer. Presuponen que la libertad de un modo o de otro va a llegar a España, y su preocupación primordial es obtener en este momento entre ambas formaciones la mayoría electoral para poder administrar la libertad desde una fórmula de centro izquierda como la italiana. El error de este planteamiento es evidente. La libertad no llegará a España más que si se la conquista. Para conquistarla no basta el concurso ni la total unidad de los partidos políticos, aun sin exclusión de ninguno de ellos. Toda la militancia partidista en España no llega hoy a ciento veinticinco mil personas. Mientras que son millones de españoles los que luchan diariamente, fuera de los partidos políticos, por la conquista de las libertades democráticas. No sólo el movimiento obrero es mucho más amplio que la suma de todos los sectores controlados por los partidos obreros, sino que especialmente en la pequeña, y media burguesía, así como en la burguesía profesional, el movimiento democrático se impulsa, se desarrolla y se moviliza al margen de los partidos socialistas y demócrata-cristianos. Si de lo que se trata es de conquistar la libertad, la estrategia de los partidos políticos pasa necesariamente por una plataforma común de carácter unitario donde puedan enrolarse, organizarse y coordinarse esos cientos de miles de profesionales y de ciudadanos independientes que hoy están protagonizando el cambio democrático al mismo nivel de intensidad y de importancia nacional que el movimiento obrero. Son las comunidades de base, en los barrios, de vecinos, de colegios profesionales, de centros de trabajo, de hospitales, de ministerios y centros burocráticos a todos los niveles, etc.
Ninguna dificultad tendrían las personalidades más conocidas a nivel nacional presentes en la Junta Democrática para inventarse una sigla y fundar con sus amigos un simulacro de partido político. Hoy el PSOE y la democracia cristiana de Gil Robles y Ruiz-Giménez reconocen como partido político a la USDE, que como se sabe agrupa a los amigos políticos de Dionisio Ridruejo, pese a su escaso número de militantes y a su recientísima formación. Este criterio formalista no es serio. Bajo la dictadura, y bajo una dictadura de derechas solamente aceptan el riesgo total de la clandestinidad los partidos obreros, con base obrera. Por ello, el más fuerte sin discusión de todos los partidos políticos ilegales es el Partido Comunista. La burguesía solamente acepta riesgos parciales y calculados, por ello los partidos políticos socialistas y demócratas cristianos no son hoy ni pueden ser partidos de masas. Aunque nadie discute la posibilidad que tienen de convertirse en tales cuando puedan operar en un Régimen democrático, es decir sin riesgos. Pero justamente porque estos partidos no han podido o no han sabido ofrecer una respuesta adecuada al Régimen es por lo que decenas de miles de personas que se consideran socialistas o demócratas cristianos no militan, sin embargo, en ellos, y quieren sin embargo estar presentes en el esfuerzo común por la conquista de las libertades. Son estas personas las que más dinamismo dan en la base de las Juntas Democráticas.
Resulta paradójico que el PSOE declare como una de sus razones para no estar en la Junta el no querer aceptar un papel secundario ante el Partido Comunista, y en cambio aceptar una alianza con este Partido bien bilateral o bien multilateral con todos los demás partidos políticos. Una plataforma unitaria formada sólo con todos los partidos políticos daría al Partido Comunista más del noventa por ciento de la fuerza común. Son los cientos de miles de demócratas independientes los que han equilibrado la relación de fuerzas existente en el seno de las Juntas respecto al Partido Comunista. Bien se ve que la resistencia del PSOE entrar en la Junta, pese a las constantes invitación de ésta, no puede obedecer a la razón que dice PSOE, sino a otra razón más coherente con su conducta estratégica.
—El líder de la Democracia Cristiana, Joaquín Ruiz Giménez, ha hecho unas declaraciones en las que pide a las fuerzas democráticas que no hostiguen al futuro jefe del Estado, durante un plazo que no sería de años, sino de meses, para que durante ese tiempo el jefe del Estado sea el promotor y garantice las libertades democráticas. En las mismas declaraciones añade que no vale la pena iniciar un proceso constituyente que podría terminar en lo que él denomina una democracia neocapitalista liberal, porque a su juicio lo que el pueblo español quiere son profundas transformaciones de las estructuras económicas. Con este fin propone un plan muy avanzado de nacionalizaciones. ¿Considera usted esta estrategia compatible con la de la Junta Democrática?
—Las declaraciones de don Joaquín Ruiz Giménez en el diario “Ya” han sorprendido por completo a toda la verdadera oposición democrática. No las ha rectificado, se trata de un texto muy largo y coherente y por tanto es difícil suponer que haya habido manipulación por parte del diario que las ha publicado.
Sus declaraciones definen la estrategia del reformismo democrático, frente a la estrategia de la oposición democrática definidas por la Junta. Estas dos estrategias son hasta tal punto incompatibles que ni siquiera admiten sucesión en el tiempo. Quiero decir que el reformismo, al aceptar la legitimidad del punto de apoyo o de partida, que es el Régimen y el príncipe Juan Carlos como rey, choca insuperablemente con el punto de apoyo o de partida de la oposición democrática, que es la ruptura de la continuidad del Régimen, mediante la no aceptación del príncipe Juan Carlos como rey y mediante la formación de un Gobierno provisional que represente a todas las tendencias democráticas existentes en el país.
Superficialmente podría pensarse que el triunfo del reformismo protagonizado por la Democracia Cristiana de Ruiz Giménez y por el socialismo del PSOE, si bien no introduciría la democracia total, representaría un salto cualitativo hacia la misma que favorecería enormemente las posibilidades de acción de la oposición agrupada en la Junta Democrática. Pero las cosas no son así de lógicas. En primer lugar, porque el reformismo democrático a partir del Régimen es objetiva y subjetivamente imposible, tal como ha analizado la Junta Democrática en su Manifiesto, y tal como ha demostrado la conducta política reformista del Gobierno Arias. Y en segundo lugar, porque en el caso de que se concedieran las libertades democráticas a la burguesía, sin concedérselas simultáneamente a la clase obrera, esta discriminación provocaría automáticamente la apertura de un período de violencia, sumamente peligroso para la democracia. Por parte del Régimen, atenazado hoy por un insuperable complejo de culpabilidad se comprende el interés de atraerse, mediante la tolerancia actual y mediante promesa de futura participación en el poder, a la Democracia Cristiana y al PSOE. Una represión masiva contra la clase obrera y contra la burguesía que ha aceptado la estrategia nacional representada por la Junta, es hoy imposible porque chocaría contra la inmensa mayoría de la opinión pública española. Pero esa represión sería posible por parte del Régimen si la hiciera en nombre de la democracia, y avalada con la participación en el poder de la Democracia Cristiana y del PSOE.
La responsabilidad histórica de la estrategia reformista, por su tremendo error y por su complejo de inferioridad, sería incalculable. Por eso desde ahora la Junta Democrática les advierte a los reformistas que no dará ni un día de tregua a su estrategia, ni al príncipe Juan Carlos, ya que su propósito es no demorar la conquista de las libertades totales, y hace todo lo posible para alcanzar la ruptura democrática incluso en vida de Franco. Y esta decisión política no proviene ni de un afán de pureza intelectual o moral, ni de una ambición maximalista, sino de un profundo conocimiento de la historia y de las condiciones actuales de la realidad social y política española. Para preservar el carácter pacífico del movimiento democrático, en el que es esencial la participación del movimiento obrero, es indispensable la simultaneidad en el disfrute de las libertades políticas de las clases sociales opuestas. La democracia gradual lleva implícita la violencia. Por eso la rechazamos.
Finalmente, existe una total contradicción en la estrategia reformista de izquierda. Los que piden hoy bajo la dictadura franquista, la transformación profunda de las estructuras económicas mediante un amplio programa de nacionalizaciones, hacen demagogia izquierdista para justificar su debilidad ante el Régimen y en realidad no confían en las fuerzas populares democráticas. Si como dice Ruiz Giménez no vale la pena iniciar el esfuerzo de un proceso constituyente porque puede terminar en una democracia neocapitalista liberal, cuando lo que el pueblo quiere son unas reformas socialistas, ¿por qué no confiar a ese pueblo que manifieste su apoyo a un programa socialista en las elecciones que se convocarían al final del proceso constituyente? Si lo que la gran mayoría del pueblo español quiere es transformar la estructura económica española en sentido socialista, ¿por qué el proceso constituyente va a terminar en una democracia neocapitalista?