PARA EL DIALOGO

CONSEJO MANDO

5 1

A

POLITICA

A la puerta del despacho de García-Trevijano. Los periodistas fueron invitados a disolverse.

LA OPOSICION UNIDA (Y DETENIDA)

"La Dirección General de Seguridad tuvo noticia de haberse convocado por 4.. don Antonio Garcia-Trevidano Forte una rueda de prensa con objeto de presentar públicamente el organismo ilegal denominado Coordinación Democrática, rueda de prensa a la que se citaba a los medios informativos y otras personas en número indeterminado.

No constando que para dicho acto hubiera sido solicitada la preceptiva autorización y sabiendo -por informaciones aparecidas en la prensa diaria- que dicho organismo ileeal estaba integrado mayoritariamente por facciones comunistas y otros compañeros de viaje, todas ellas ilegales, se procedió a impedir su celebración, dada su manifiesta ilegalidad.

cionarios policiales a la identificación de los que iban llegando, entre los que se encontraban don Raúl Morodo, don Marcelino Cantacho, el propio señor García-Trevijano, el señor Alvarez Dorronsoro y el señor Solana Madariaga, los cuales fueron conducidos a la Dirección General de Seguridad para prestar declaración, trámite en el que se encuentran a la hora de redactar esta nota, nueve y treinta horas de la noche".

En el lugar de la convocatoria se hallaban varios periodistas nacionales y extranjeros, así como distintas personas, procediendo los fun-

Así, en el mejor estilo de tiempos al parecer no tan pretéritos (acentuados en su lectura por los medios oficiales de comunicación, al no conceder tratamiento a los cinco detenidos), resumía la nota policial lo que para muchos observadores, propios y foráneos, era el más importante acontecimiento político de los últimos meses: la fusión de la Junta Democrática y de la Plataforma de Convergencia en un

uithuevf5, doShueVds, tieeShumes...

organismo unitario denominado Coordinación Democrática, nombre en cierta medida indicativo y programático de sus fines y objetivos políticos.

Trece partidos y grupos aparecen como firmantes de una declaración de lenguaje conciso y moderado (se insiste varias veces en la via pacífica hacia la democracia), que propone "la realización de la ruptura o alternativa democrática mediante la apertura de un periodo constituyente, que conduzca, a través de una consulta popular, basada en el sufragio universal, a una decisión sobre la forma del Estado y del Gobierno, así como la defensa de las libertades y derechos políticos durante este período". El documento es más duro, sin embargo, al enjuiciar la política reformista del Gobierno. También afirma que "las proyectadas Leyes de reforma politica, aprobadas por el Gobierno y enviadas a las Cortes, no son aceptables para la oposición, porque si bien desde un punto de vista formal modifican los criterios anteriores, no reconocen las libertades democráticas a todos los ciudadanos del Estado".

Gestación del pacto

El documento elaborado por Coordinación Democrática, en sus puntos programáticos concretos no arroja ninguna novedad respecto a los sucesivos manifiestos publicados anteriormente por los partidos políticos de oposición, dentro o fuera de los organismos unitarios: amnistía, pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades políticas consagradas en los textos jurídicos internacionales, libertad sindical, reconocimiento de las nacionalidades y funcionamiento de un poder judicial único e independiente, son los puntos básicos recogidos.

Son firmantes: Comisiones Obreras, Grupo Independiente, Movimiento Comunista, Partido Carlista, Partido Comunista de España, Partido Demócrata Popular (bajo reserva de ratificación), Partido Social Demócrata, Partido Socialista Obrero Español, Partido Socialista Popular, Partido del Trabajo de España, Union General de Trabajadores, Unión Social Demócrata Española e Izquierda Democrática. Este último "hace constar expresamente la reserva de tener que someter el texto a la deliberación y acuerdo, en su caso, del Congreso Nacional los días 3 y 4 de abril". En la próxima semana, Justicia Democrática, Confederación Socialista y otros grupos más a la derecha podrían solicitar su ingreso. Previamente el PSP (Tierno Galván) había abandonado la Confederación Socialista, de la que formaba parte, evitando así un espinoso problema de duplicidad en su repre-

por caitze, eán

ición dica-

tivos fir-

iciso vía

e "la

3M0- iodo

una iver-

lo y ber-

nío- rgo,

rno.

;yes ner-

bles un

nos no-

o".

ión

2.0s cto

los de

IOS

re- ra-

es, jo-

di- si-

ti- a,

le

Li- lo

le s,

ir

:r

u

e

Li sentación. En este sentido, los observadores no ocultan cierta sorpresa por el, al parecer, cordial entendimiento de Enrique Mugica (PSOE) y Raúl Morodo (PSP).

Tres chas tardó la comisión delegada en elaborar el texto que fue aprobado por el pleno en ciernes, no sin ciertas correcciones que matizaban la redacción original en algunos puntos importantes, entre otros el nombre: unidad fue sustituido por coordinación, probablemente más explícito de un pacto que no disuelve los partidos, sino que los aglutina y coordina hasta el momento de las elecciones generales. Es, pues, un acuerdo-marco de carácter coyuntural, al que se ha llegado después de multitud de vicisitudes y de diferencias de enfoques y puntos de vista, superadas en función de la situación real del país y del intento de los reformistas de dividir a la oposición. Ha llamado poderosamente la atencion la llamada a todas las fuerzas políticas reales del país, sin exclusiones y "con voluntad de superación de pasados enfrentamientos".

En el curso de las conversaciones de la comisión elaboradora del proyecto fueron sorteándose diversos obstáculos, que no dejaron de producir tensiones en algunos momentos. El dificil asunto de la presencia de las organizaciones de base en el nuevo organismo se superó aceptando la presencia de éstas en el pleno, con voz pero sin voto, y según, al parecer, un reglamento de funcionamiento no hecho público hasta el momento. El tema de la presencia de observadores de otros organismos unitarios de las nacionalidades no se resolvió, ante la dificultad que presentaba el hecho de que, salvo en el País Vasco, existen varios colectivos y en algunos de ellos está planteado el llamado problema del sucursalismo. Tema aún sin resolver. Sin embargo, parece que el clima de entendimiento, a partir de la expresa declaración del reconocimiento de los derechos de las nacionalidades, podría entrar en una fase de colaboración y mutuo entendimiento. No obstante, no todas las reticencias parecen superadas en este sustancial punto. Las próximas podrían ser, en este sentido, decisivas.

Rechazo

La frustrada conferencia de prensa y la detención de cinco destacados miembros participantes en las conversaciones, a pesar de su previa suspensión, indican de manera clara que el Poder no ha visto con buenos ojos la creación de Coordinación Democrática. El tono de la nota reafirma, las primeras impresiones recogidas, en el sentido de que la oposición unida o coordinada puede poner en entredicho una política reformista que, por el momento, no ha pasado de las intenciones más o menos contradictoriamente expresadas. Por el contrario, la oposición ha dado con este paso una prueba evidente de rechazo a todo lo que no sea el reconocimiento efectivo de los derechos y libertades democráticas. No todo está andado, ni todas las diferencias superadas, pero la creación de Coordinación Democrática ha despertado y puesto en marcha un mecanismo que tarde o temprano el Poder habrá de reconocer.

A la hora de cerrar esta edición -mediodía del martes- continuaban aún en las dependencias policiales Marcelino Camacho (Comisiones Obreras) y Alvarez Dorronsoro (Movimiento Comunista), además de Nazario Aguado (Partido del Trabajo), cuyo nombre no figuraba en la nota de la Dirección General de Seguridad.

MTE LA REFORMA e itvidoo PENAL

Ca los GARC A VALDES

El Gobierno ha remitido a las Cortes un proyecto de reforma de nuestro Código Penal, en relación a determinados artículos: asociaciones ilícitas, propagandas ilegales, reunión y/o manifestación no pacíficas y terrorismo. Con el mismo se pretende cooperar al establecimiento en nuestro país de una "democracia bajo el imperio de la ley".

zarse a la calle de manera rebelde o sediciosa, a propugnar cambios en un programa de gobierno o criticar su gestión?, ¿va a seguir siendo casi todo lo que signifique reivindicación, fuera de los aún estrechos cauces legales, tachado con el mote de subversivo?

A primera vista, la reforma es timorata y como "a regañadientes". En elevado porcentaje se siguen tipificando como delictivas ideas, cuando lo propio de un texto punitivo es describir y sancionar actos; de otra parte, como aspecto positivo, parece advertirse una despenalización de conductas que anteriormente eran duramente reprimidas por la legislación de posguerra.

Pero no concluyen aquí los problemas. Si es relativamente sencillo entender que en otro párrafo de la nueva regulación se castiguen las actividades separatistas o las de traición a la Patria, el proyecto, al crear un nuevo tipo de asociación ilícita, que ya hemos mencionado, y que se refiere a promover discriminaciones entre los ciudadanos, introduce nuevos focos de confusión, ¿tiene una naturaleza eminentemente política este precepto y pretende excluir así de la legalidad a cuantas ideologías marxistas propugnen, más o menos radicalmente, la lucha de clases (discriminación por situación económica) o, por el contrario, es la consagración del respeto para aquel sector de la libertad y dignidad humana que lucha por la igualdad- de toda persona ante la ley?

Esta descripción legal tiene problemas. Un Código Penal no debe ser un tratado de ciencia política y, en consecuencia, no tiene por qué configurar en su articulado una creación científica, cual la expresión

Respecto a las asociaciones ilícitas -además de reputar como tales a las contrarias a la moral o buenas costumbres y las que tengan por objeto cometer algún delito-, las de carácter político se excluyen de la legalidad cuando pretendan: 1. 0 La subversión violenta. 2.° La destrucción del orden jurídico. 3. 0 La implantación de un régimen totalitario. 4.° Atentar contra la unidad, soberanía, independencia o seguridad de la Patria. 5.° Promover la discriminación entre ciudadanos por razón de raza, religión, sexo o situación económica.

"régimen totalitario", entidad ideológica que debe ser desconocida técnicamente para la ciencia penal. No se trata de mostrar simpatías con tales grupos u organizaciones -rojo o negros-, pues, en lo que a mí respecta, nada más lejos de mis sentimientos: se trata de restaurar el imperio de la Ley penal a su estricto cometido, sin invadir otras parcelas del saber jurídico que no le son propias y sin realizar exclusiones "ideológicas", del cariz que fueren, "a priori".

.L Todo subversivo?

Tampoco se entiende bien qué se trata de criminalizar al reiterar la expresión "destrucción del orden jurídico" : ?,atentar contra el dogma de la separación de poderes?, ¿no poder derogar leyes viejas para una situación nueva? También resulta complicado comprender correctamente las tan manidas palabras "subversión violenta", no tanto por el calificativo como por el sustantivo: ¿se requerirá el exclusivo fin político para caer en el delito?, ¿qué sucede cuando la mejora económica sea el propósito primordial de la organización?, ¿se impondrá la razón y el buen sentido que exige una interpretación superrestrictiva en esta matera?, ¿se distinguirá correctamente entre el lan-

Como se ve, las cuestiones se multiplican, y si insisto más en la regulación penal del derecho de asociación es porque las propagandas ilegales se han construido partiendo del mismo y no merecen mayor comentario, y los delitos de reunión y manifestación parece que, a su vez, se van a poner en estrecha relación con las asociaciones, grupos o partidos que las promuevan o convoquen.

Piquetes

Me resta ocuparme del nuevo párrafo añadido al vigente artículo 263 del Código Penal, en el cual se tipifican los "piquetes" que pretendan impedir el libre ejercicio del derecho al trabajo.

A grandes rasgos, estas son las reflexiones que se me ocurren hoy al contemplar el proyecto de Ley comentado. Como soy posihilista -optimista irrecuperable, dicen mis buenos amigos-, no puedo regatear el tener por positivo lo que de reforma y buena voluntad presenta el mismo, respecto a la situación anterior, aunque los interrogantes apuntados subsisten y se vuelve a echar de menos la ausencia de consultas a organismos especializados (Universidad, Judicatura, Abogacía) en materia de retocar el Códogo Penal, método viejo que se mantiene por inercia -no puedo pensar que por desdén- para situaciones que son ya, inexorable y afortunadamente , nuevas recién estrenadas. ·

Sistemáticamente es reprochable que se incluyan estas conductas en la sección denominada "terrorismo y tenencia de explosivos", pero al margen de ello no ofrece duda que el piquete en cuestión ha de actuar violentamente, por exigencias del contexto en el que el nuevo párrafo se inscribe. Hasta ahora, esta actividad se castigaba, criticablemente, como provocaciób a la sedición del articulo 222.