El secretario de Estado para la Seguridad Social aconseja completar las pensiones con planes privados

«La histeria sobre la ruina del sistema está provocada por intereses financieros»

Sevilla. José María Igeño

El secretario de Estado para la Seguridad Social, Adolfo Jiménez Fernández, dijo ayer en Sevilla que «es aconsejable, para el ciudadano que pueda hacerlo, suscribir un plan de pensiones privado que complete la prestación pública». Durante un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), el representante del Gobierno afirmó que «la histeria sobre la presunta ruina del sistema está provocada por intereses financieros».

«Aconsejo, a todos los ciudadanos que tengan posibilidades económicas para ello, la suscripción de un plan privado de pensiones con objeto de complementar la prestación de la Seguridad Social, cuyo sistema está orientado hacia las rentas medias y bajas y sólo llega hasta un determinado nivel de salario. Quien gane siete millones al año sólo va a cotizar por cuatro a efectos de su pensión; a partir de esa cantidad no hay obligación estatal de ampliar la prestación económica», dijo ayer en Sevilla el secretario de Estado para la Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Adolfo Jiménez Fernández, que participó en un curso sobre «Justicia y cambio social» en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

. El representante del Gobierno dijo que a su juicio existe «cierta histeria acerca de una presunta posibilidad de quiebra del sistema de Seguridad Social», que atribuye a intereses financieros. «Ante la incapacidad de vender sus productos financieros, hay entidades que dramatizan acerca de un futuro que no es tan malo como lo quieren presentar. Hay entidades que, de forma normal y seria, ofrecen fórmulas para encauzar positivamente el ahorro hacia unas prestaciones que, en un futuro, completen ias que ofrece el Estado mediante la Seguridad Social. Pero hay otras entidades que venden sus productos amparándose en dramáticas previsiones y en la descalificación del sistema público, lo cual no indica sino incapacidad para vender lo que ofrecen o, incluso, una falta de solvencia o de rentabilidad en sus productos».

El secretario de Estado dijo que el sistema vigente de Seguridad Social «tiene casi cien años y ha superado varias situaciones de presunta quiebra» y que «las previsiones de ruina a veinte o treinta años vista no son fiables». Añadió que «ningún sistema público ha creado nunca la incertidumbre a que han dado origen algunas iniciativas privadas de pensiones» y puso como ejemplo el caso de Banesto. «Si no llega a producirse una intervención pública, qué hubiera pasado con sus inversores», se preguntó Adolfo Jiménez, que propone una visión complementaria de las prestaciones públicas y los planes privados de pensiones, tanto para encauzar el ahorro como en previsión de «contingencias que puedan surgir».

«El sistema no corre peligro»

Dijo que a corto plazo no corre peligro el sistema español de protección social. «No hay insuficiencia financiera, pero hay que ir vigilando la evolución de las tasas demográficas y la esperanza de vida en los próximos veinticinco años. Las consecuencias de estos factores, por cierto, no sólo afectarán a la Seguridad Social, como se quiere hacer ver desde un enfoque tendencioso, sino también a los productos financieros privados».

El representante del Ministerio resaltó la importancia que a su juicio tiene la función redistributiva de la Seguridad Social. «Ese efecto redistributivo se demuestra especialmente en Andalucía, que participa de las prestaciones en mayor medida que la media del Estado». Dijo que España es el país europeo que menos recursos dedica a gastos administrativos de la Seguridad Social y destacó el avance de las prestaciones no contributivas, así como la «mejora de las pensiones mínimas».

La relación entre «intelectuales y poder», a debate en la Universidad Menéndez Pelayo

Sevilla. J . M. I, en otras épocas. Lo que ocurre es que hoy, con el predominio del especialista sobre el intelectual con pretensiones de universalismo, ya no cabe el Intento de aspirar a una razón única y universalmente válida. El compromiso de hoy no se traduce en el apoyo a opciones concretas, sino en la exigencia de la propia obra», añadió Santos Julia.

Sobre la existencia o no de «intelectuales agitadores» en el panorama del pensamiento político español, el catedrático de la Uned se refirió a las discrepancias que Antonio García Trevijano formula sobre el modelo español de democracia. «Toda democracia tiene siempre dentro un sector que la rechaza, gente que recurre a los mismos tópicos populistas para discrepar del mandato de las urnas, gente que dice que el pueblo vota por miedo y cosas así. Antonio García Trevijano no aporta nada nuevo en su discrepancia; la suya es una canción tan vieja como la democracia misma. Pero, en fin, en el marco de un curso que trata sobre intelectuales creo que no cabe incluir a esta figura».

La relación entre «intelectuales y poder» es objeto desde ayer del último de los seminarios de otoño de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Sevilla. Filósofos como Fernando Savater o Javier Muguerza, historiadores del pensamiento político y las ideas como Santos Julia y Carmen Iglesias, historiadores del Derecho como Francisco Tomás y Valiente, sociólogos como Alain Touraine o Emilio Lamo de Espinosa y políticos como Joaquín Leguina o Rodolfo Martín Villa debatirán acerca de la definición actual del intelectual, qué espera de él la sociedad y cuáles son sus posiciones ante la realidad política y ante el poder.

Compromiso social y político

El director del curso, el catedrático de Historia del Pensamiento Político de la Uned Santos Julia, dijo ayer en la presentación del seminario que no cree que exista en la actualidad una «apatía o falta de compromiso social» de los intelectuales. «Incluso hay ahora más debate de ¡deas, de creación cultural y científica, que productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.

Amalia Gómez denuncia el incumplimiento del plazo para la segunda universidad de Sevilla

Sevilla. S.C.

La portavoz de Educación del Grupo Popular en el Parlamento Andaluz denunció ayer el incumplimiento del Gobierno en la presentación del Proyecto de Ley de Creación de la Se- gunda Universidad de Sevilla, y mostró su preocupación por el modelo que inspirará, esta nueva universidad andaluza. Amalia Gómez recordó que la Ley de Coordinación del Sistema Universitario de Andalucía, aprobada por el Parlamento en junio del 92, establecía el plazo máximo de dos años para que el Consejo de Gobierno de la

Amalia Gómez

Junta de Andalucía presentara en la Cámara Autonómica el proyecto de Ley de Creación de la Segunda Universidad de Sevilla.

«Esto supone -señaló la diputada del PPel incumplimiento por parte de la Junta de Andalucía de una ley aprobada por el Parlamento, sin que se hayan explicadoJas causas de esta dilación que ha perjudicado gravemente los intereses de los alumnos de una universidad tan masificada como la Hispalense»..

El Grupo Popular presentó recientemente en la Cámara andaluza una moción sobre universidades aprobada por todos los grupos parlamentarios, en la que retomaba el tema de la crreación de la segunda universidad de Sevilla estableciendo el plazo de seis meses para que el Consejo de Gobierno envié el proyecto al Parlamento».

Masificación

Amalia Gómez planteará hoy a la consejera de Educación, Inmaculada Romacho, en el pleno de la Cámara la preocupación de su grupo ante el riesgo que supone que se aborde la creación de la segunda universidad sin haber resuelto los graves problemas que soporta la actual Universidad de Sevilla.

La parlamentaria del Partido Popular cree que «debe abrirse un debate serio y riguroso en el que deben participar el Consejo Social y la Junta de Gobierno de la Universidad de Sevilla, asi como los sectores sociales, empresariales, y tecnológicos implicados en este proyecto».

«Es necesario -agregó- que esta nueva universidad constituya una oferta que de respuesta a los retos y expectativas del siglo XXI, y no se.convierta en una solución transitoria a los problemas de masificación de la actual universidad Hispalense».

Amalia Gómez mostró su contrariedad a que «Despeñaperros sea una frontera académica y tecnológica», y considera que «el distrito único ha dificultado la salida de suniversitarios andaluces a otras universidades españolas, sin terminar de resolver el problema de plazas en áreas como salud, carreras técnicas de corta duración y las nuevas especialidades de magisterio».

A juicio de las diputada del PP la Segunda Universidad,, de Sevilla «no debe ser un campo de experímentaciónb adelantada en el tiempo, como ha ocurrido con el distrito único en andalucía.sino el resultado de un riguroso trabajo de diseño a la altura de la tradición universitaria de la ciudad»