· El fiscal del Estado duda de la posible prescripción de los delitos relativos a las escuchas ilegales, ya que, aunque algunas se produjeron hace más de cinco años, otras son más recientes y podrían configurar un "delito continuado"
en su grado máximo e inhabilitación absoluta".
£1 fiscal general ordena una investigación sobre las escuchas
, "Si divulgare o revelare la información obtenida por cualquier de los precitados medios -añade el citado precepto-, se le impondrá la pena inmediatamente superior en grado a la prevista en el párrafo anterior." en
Granados las considera un ataque a los derechos constitucionales
MADRID. (Redacción.) - El fiscal general del Estado, Carlos Granados, ordenó ayer que se abra una investigación sobre las supuestas escuchas y grabación de conversaciones a ciudadanos por parte del Cesid, con el fin de que se inicien las acciones oportunas. Granados envió a primeras horas de la tarde un oficio al fiscal jefe de Madrid, Mariano Fernández Bermejo, en el que le ordena la apertura de unas "diligencias de investigación" sobre las noticias publicadas el lunes y el martes por el diario "El Mundo" y en las que se afirmaba que el Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid) había interceptado y grabado conversaciones al rey Juan Carlos y a di versos políticos, empresarios y periodistas. el
Artificios técnicos
El oficio remitido por Granados dice que en las citadas informaciones aparecen "determinadas noticias referentes a supuestas interceptaciones y grabaciones de comunicaciones mediante artificios técnicos de escucha y sin existencia de un previo permiso judicial, hechos que pueden ser constitutivos de delito". "Por tanto -continúa el escrito-,"procede que V. E. emprenda las actuaciones necesarias para la investigación y, en su caso, persecución, de' tales hechos informando a esta Fiscalía General del Estado".
Granados explicó que los hechos denunciados por el periódico madrileño son "graves", porque suponen un ataque a los derechos reconocidos en la Constitución y al secreto de las comunicaciones tipificado en el Código Penal en los artículos 192 bis y 497.
EMILIA GUTIÉRREZ
Carlos Granados, fiscal general del Estado
Un asunto parecido en Francia
En este sentido, el artículo 192 bis del Código Penal hace referencia a "la autoridad, funcionario público o agente de éstos que, sin la debida autorización judicial, salvo en su caso lo previsto legalmente en desarrollo del artículo 55.2 de la Constitución, interceptare las comunicaciones telefónicas o utilizare artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido, incurrirá en la pena de arresto mayor
· La "célula" antiterrorista del Elíseo, disuelta en 1988, efectuó escuchas telefónicas sin relación alguna con asuntos de terrorismo entre 1983 y 1986. El caso, revelado en 1993 por el diario "Liberation", motivó la apertura de una investigación judicial y el posterior procesamiento de cinco altos cargos del entorno de la presidencia francesa, según informa nuestro corresponsal. Entre los procesados está Gilíes Ménage, ex director de gabinete de Francois Mitterrand, que aparece como el responsable político de las autorización de estas escuchas. Los otros cuatro procesados eran destacados miembros de la "célula" antiterrorista de la presidencia de la República: su jefe, Christian Prouteau; el general Jean-Louis Esquivié; el comisario Guilleron, y el capitán Pierre-Yves Guezou. Este último se suicidó después de su procesamiento. La lista de personas que vieron intervenido su teléfono incluye desde un periodista de "Le Monde" a políticos -como el secretario general adjunto del CDS y un consejero del ex ministro Pasqua-, pasando por la actriz Carole Bouquet. - RAFAEL JORBA
El ex director de "El País" Juan Luis Cebríán estudia querellarse contra el Cesid
MADRID. (Agencias.) - Juan Luis Cebrián, consejero delegado de Prisa -editora de "El País"- y primer director de este diario, dijo ayer que va a estudiar la posibilidad de emprender acciones legales, tras conocerse que ha sido espiado por el Centro Superior de la Defensa (Ce-sid). "Que he sido espiado y perseguido por los servicios de información no es ninguna novedad -explicó Cebrián-, ya que en 1979 y 1980, durante el periodo de UCD, falsificaron cartas y simularon cuentas corrientes a mi nombre, al tiempo que me acusaban de ser del KGB."
"Yo creo -añadió Cebrián- que nos encontramos ante-un caso más y muy grave de invasión ilegítima del poder en la vida de los ciudadanos y me temo que tampoco la derecha que viene va a ser capaz de evitarlo. De acuerdo con mi empresa -añadió-, decidiré si presento o no acciones legales."
Por su parte, el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), José Luis Manzanares, manifestó ayer que la grabación de conversaciones de personajes de la vida pública por el Cesid sólo puede tener como fin "el chantaje". Manzanares dijo que, de confirmarse la veracidad de los hechos denunciados,
"la grabación y la conservación de cintas con cuestiones particulares no puede tener más que una explicación, y me gustaría que me dieran otra, y es la reserva para su utilización como posible chantaje".
El presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Ramón Rodríguez Arribas, afirmó a Europa Press que con las escuchas telefónicas del Cesid se ha vulnerado el Estado de derecho, "y se ha llegado a lo más lejos que se podía llegar: violar la inviolable persona del Rey".
En cuanto al artículo 497 del Código Penal, es el relativo al descubrimiento y revelación de secretos y se refiere al que "para descubrir los secretos de otro se apoderase de sus papeles o cartas y divulgaré aquellos, será castigado con las penas de arresto mayor y multa de 100.000 a 2.000.000 de pesetas. Si no los divulgare, las penas serán de arresto mayor y multa de 100.000 a 500.000 pesetas". a
Para Carlos Granados, el hecho de que las comunicaciones fueran grabadas de teléfonos inalámbricos o móviles no impide que su interceptación y grabación pueda ser delictiva y calificó de errónea la doctrina contraria, basada en que el usuario de estos medios de comunicación sabe el riesgo a'que se expo-
Granados juzga delictiva la intercepción de comunicaciones, aunque correspondan a teléfonos inalámbricos o móviles ne. Asimismo, el fiscal general del Estado señaló que difícilmente se puede mantener que estas conversaciones telefónicas se hayan grabado por casualidad.
Sobre la posible prescripción de los hechos denunciados, Granados dijo que sería así si hubieran pasado cinco años, como parecía desprenderse de las informaciones inicialmente publicadas por el diario "El Mundo", que hacían referencia a los años 1987 y 1988. pero señaló que ahora, a la vista de las últimas revelaciones, se menciona el año 1990. De ser cierto este dato, agregó Granados, podría tratarse de un "delito continuado" que arrastraría los anteriores hechos.
Cuando ya se conocía la iniciativa del fiscal general del Estado, el Ministerio de Justicia e Interior difundió un comunicado en el que da cuenta de la remisión de un escrito al titular de la Fiscalía, Carlos Granados, en el que se le expone que "el Gobierno de la Nación considera de interés público que por la Fiscalía General del Estado se promuevan ante los Tribunales de Justicia acciones penales por si los hechos relatados fueran constitutivos de alguno de los siguientes delitos", que se detallan, y que coinciden sustancialmente con los citados. ·
nifiestamente inconstitucionales. Sin embargo, juristas expertos en derecho penal discreparon ayer sobre si constituyen delito las grabaciones telefónicas hechas por los servicios secretos del Cesid, ya que mientras los catedráticos Miguel Bajo y Enrique Gimbernat opinan que se cometió una ilegalidad tipificada en el Código Penal, sus colegas Manuel Cobo del Rosal y Luis Rodríguez Ramos sostuvieron que no eran delitos cuando se realizaron.
Por su parte, el abogado Antonio García Trevijano y el empresario José María Ruiz Mateos presentarán una querella contra el director del Cesid por el espionaje del que, presuntamente, fueron objeto. En esta línea, el abogado penalista Gonzalo Martínez Fresneda dijo que Emilio Alonso Manglano podría haber incurrido en un delito de prevaricación por haber ordenado y permitido la ejecución de actos ma-
Confidentes en peligro
En otro orden de cosas, el inspector Ramón Lillo, que dirigió la unidad de Policía Judicial adscrita a la Audiencia Nacional, consideró "muy preocupante" que se difundan conversaciones suyas con confidentes e informadores. En opinión del inspector Lillo, este hecho puede poner en riesgo a estas personas y comprometer relaciones de índole profesional.»
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