Por un delito de malversación de caudales públicos
Garzón estudia pedir el suplicatorio para actuar contra José Barrionuevo
MADRID. Agencias
El juez central de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, pidió al fiscal jefe de ese órgano judicial su opinión sobre la posibilidad de elevar un suplicatorio al Tribunal Supremo para que actúe contra el ex ministro de Interior y diputado José Barrionuevo, al que imputaría un presunto delito de malversación de caudales públicos. La cantidad malversada serían 28 millones de pesetas. La primera pista fue uno de los cheques aportados por el ex director general de la Guardia Civil, librado contra una cuenta de Indubán controlada por Julián Sancristóbal, por importe de siete millones de pesetas, a finales de 1985, y que Luis Roldán entregó al juez Garzón, asegurándole que fue una «compensación» o «sobresueldo» que recibió por su cargo, entonces, de delegado del Gobierno en Navarra.
Según Roldán, aquél era un mecanismo normal, y también los gobernadores civiles de Vizcaya y Guipúzcoa y el delegado del Gobierno en el País Vasco recibieron idéntico sobresueldo. Los peritos pudieron comprobar que los siete millones de pesetas que recibió Roldán proceden de una partida única de 28.000.000 que fue desgajada en cuatro cheques por importe idéntico, fecha idéntica y numeración correlativa. Uno de ellos llegó a manos de Roldán, mientras que para seguir el rastro de los tres restantes no hay, de momento, más prueba que la declaración del ex director general.
Sancristóbal reconoció ante Luis Roldán que le entregó, en noviembre de 1985, un cheque por valor de siete millones de pesetas. El ex director general de la Seguridad del Estado afirmó que se trataba de un dinero del que el segundo, por su cargo, podía hacer un «uso discrecional», y entregado con conocimiento y aprobación del entonces ministro del Interior, José Barrionuevo. El ex director general aseguró que nunca actuó «de manera descoordinada» con el titular de la cartera, y que todas las entregas se hacían sin justificantes ni pedir cuentas del dinero, y siempre con conocimiento y aprobación del ministro Barrionuevo.
Es esta declaración de Sancristóbal la que ha impulsado al magistrado Garzón a pedir la opinión del fiscal jefe José
La imputación a Barrionuevo nace de una declaración de S ancristóbal
Aranda sobre la posibilidad de deducir testimonio de estos hechos y remitirlo al Supremo, «al hacerse referencia a la eventual responsabilidad de persona aforada».
Por otra parte, la investigación pericial de las cuentas corrientes que Julián Sancristóbal manejó entre 1986 y 1991 en la oficina del antiguo Indubán en Jerez de la Frontera, y que sirvieron para mover capital por valor de casi 1.000 millones de pesetas, también ha impulsado a Garzón a ampliar el procesamiento de Vera y el ex comisario Francisco Álvarez.
Confirmada la prisión de R oldán, para «evitar una nueva ocultación y fuga»
La Audiencia Provincial de Madrid confirmó la prisión del ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán, en un auto que explica que la medida, adoptada por la juez Ana Ferrer, trata de «evitar que pueda buscar la impunidad mediante una nueva ocultación y fuga». El auto desestima el recurso de Roldán contra el auto dictado el pasado 22 de marzo por la instructora. La Sección Sexta de la Audiencia confirma de esta forma íntegramente dicha resolución y destaca que la prisión de Roldán «obedeció a su incomparecencia ante el Juzgado, al darse a la fuga y ocultarse diez meses hasta que fue detenido». La Sala no acepta las alegaciones de que en el momento presente no tratará de nuevo de eludir la acción de la Justicia por tener mujer e hijos, «ya que tal circunstancia concurría igualmente en el momento de su fuga».
El auto fundamenta que la juez ya decretó la prisión provisional de Luis Roldán «cuando éste se encontraba en ignorado paradero, pero existiendo indicios de su participación en diferentes delitos». Añade que el pasado 28 de febrero, cuando fue puesto a su disposición tras haber sido detenido, la juez ratificó la prisión acordada diez meses antes. Entonces, dictó un auto en el que hacía alusión a que durante tal período de tiempo se habían reforzado los indicios que justificaron la medida. Por otra parte, «los delitos señalados son de especial gravedad y están castigados con elevadas penas, y en concreto, el de malversación de caudales públicos puede conllevar de doce años y un día a veinte años de reclusión menor». Además, «su comisión produce una enorme alarma social en la sociedad, no sólo por la naturaleza de los delitos referidos y lamentablemente cada vez más frecuentes, sino también por la condición de cargo público de extraordinaria relevancia que ocupaba Luis Roldán cuando sucedieron los hechos».
Interrogan a otras tres personas en relación conel «caso C esid»
La juez María Jesús Coronado interrogó ayer a tres personas, una de ellas miembro del Cesid, dentro de la investigación que dirige por las supuestas escuchas ilegales realizadas por los servicios de inteligencia militares. La titular del Juzgado de Instrucción 43 tiene intención de interrogar a todos los integrantes del equipo del jefe de la unidad operativa del Cesid, coronel Perote.
Asimismo, por el tema de las escuchas ilegales, Antonio García Trevijano interpuso una querella criminal contra el teniente general Manglano y Juan Alberto Perote, sobre la que decidirá también la juez Coronado.