Organismo Autónomo Correos y Telégrafos
CONCURSO PUBLICO
Por resolución de fecha 24 de julio de 1995. la Dirección General del Organismo Autónomo Correos y Telégrafos ha convocado concurso público para la adjudicación de un expediente de obras, según el detalle siguiente
Expedente HM>74/«e. Importe 768 963.869 pesetas.
Construcción de un centro de tratamiento postal en Santiago de Compórtela (La Coniña).
Pía» de ejecución! 16 mesas
Clasificación: Grupo C Subgrupos Todos. , Categoría ?
;I_a consulta de pliegos, proyectos y demás . · documentación se puede realizar m Bl Servicio «fe Asuntos Generales de la Secretaria de CorreóS'y Telégrafos (calfe Aduana, 29, planta baja, de times a jueves, de nueve a catorce horas.
La resolución integra por la que se convoca este concurso ha sido publicada en et ^Boletín Oficial del Estado» nürnero : i77 de 26 de julio de 1995 y en el «Boletín Oficial de Comunicaciones» número 65 de 28 de julio de 1995. Asimismo, figura expuesta en el cuadro de avisos del vestíbulo de la sede del Organismo Autónomo (calle Aduana, 29 de Madrid).
Los gastos de publicación de este anuncio y cuantos origine el concurso serán de cuenta del adjudicatario.
Ministerio de Obra PúW¡cas,TransportM y Medio Ambiente Secretará General de Comunkidons
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA PLAZAS DE PROFESORADO
(CONCURSO PUBLICO)
Se convoca concurso público para cubrir plazas de profesorado contratado para las Facultades que se relacionan a continuación.
las bases de la convocatoria, así como el modelo de instancia, se hallan a disposición de los interesados en el «Boletín Interno de Coordinación Informativa» de fecha 24 de julio de 1995, y se pueden recoger en la Sección de Personal Docente (Bravo Murillo, 38, 5° 28015 Madrid) o en cualquiera de los Negociados de Información (Edificio de Humanidades, calle Senda del Rey, s/n; Pabellón de Gobierno, Gudad Universitaria, s/n, y Bravo Murilo, 38, planta baja].
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de la correspondiente convocatoria.
REIACION DE FACULTADES
FACULTAD DE CIENCIAS FACULTAD DE PSICOLOGÍA FACULTAD DE EDUCACIÓN
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
Y EMPRESARIALES
FACULTAD DE DERECHO
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA ESCUELA UNIVERSITARIA DE INFORMÁTICA
Ayuntamiento de Madrid
CONCURSO
Objeto: Adquisición de diverso vestuario para el personal del Departamento de Extinción de Incendios. Plazo: Hasta las trece horas del día 18 de agosto de 1995.
Presentación de pilcas: Departamento de Contratación (plaza de la Villa, número 5, segunda planta). de
Anuncio extenso: «Boletín Oficial del Estado» del día 20 de julio de 1995.
Madrid, 21 de julio de 1995.-El secretario general, José Mario Corulla Monedero.
La AVT pide a la Justicia que embargue los sueldos de nueve etarras excarcelados
Afirma que uno de ellos trabaja en la Consejería de Interior del País Vasco
Madrid
La Asociación Víctimas del Terrorismo presentó un escrito ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional en el que solicita que se embargue parte del sueldo a nueve presos de ETA que se encuentran en situación de libertad y desarrollando un trabajo remunerado, para que hagan frente a las indemnizaciones a que fueron condenados en concepto de responsabilidad civil y que en su momento no pudieron pagar por insolvencia económica.
anterior presentada por la AVT ante la Fiscalía el pasado 28 de junio, en la que figuraban otros 23 etarras excarcelados que realizan un trabajo remunerado.
Las víctimas del terrorismo recuerdan que la cifra estimativa de la deuda de los etarras con las víctimas asciende a casi 60.000 millones de pesetas, cantidad que resulta de sumar todas las indemnizaciones por responsabilidades civiles a que han sido condenados los pistoleros de ETA.
Los nueve etarras de quien se pide el embargo del sueldo son Francisco Javier Adot, Juan Gregorio Egusquizaga, Manuel Ángel García Pita, Juan Ignacio Bilbao, María Paloma Gutiérrez Estévez, José Luis Urretavizcaya, María Arrate Candelaria Elcoroiribe, Manuel Ramos Vicente y Marcos Oyarvide Arratíbel. La AVT afirma que Juan Ignacio Bilbao trabaja en el Departamento de Interior del Gobierno vasco, en Bilbao, y que José Luis Urretavizcaya es funcionario del Ejecutivo regional y que su lugar de trabajo está en la plaza Latasa de San Sebastián. Asimismo, María Paloma Gutiérrez está empleada en los Servicios Sociales del Consorcio Valenciano, con domicilio en la calle Amadeo de Saboya, de Valencia.
Los otros seis etarras trabajan en las siguientes empresas: Francisco Javier Adot, en Irtal Mapsa, con domicilio en Olza (Navarra); Juan Gregorio Egusquizaga, en Grúas Transportes Ibarrrondo, S.A., en Erandio (Vizcaya); Manuel García Pita, en Comercial González Madera, S.A., en Oviedo; María Arrate Elcoroiribe, en Echevarría Belzunegui Esteban, en Vergara (Guipúzcoa); Marcos Oyarvide, en Euskal Kulturgintza, S.A., en San Sebastián, y Manuel Ramos, no se especifica, aunque la AVT apunta a que puede trabajar en un edificio de servicios múltiples en Oviedo.
Según la AVT, los nueve ya no son insolventes puesto que trabajan fuera de la prisión. Esta relación de presos de ETA se une a otra
LA AVT asegura que de ese dinero las víctimas no han recibido «ni una sola peseta, y lo que sí perciben es la indignación que le producen las reiteradas excarcelaciones de presos terroristas condenados a cientos de años de cárcel». En ese sentido, la Asociación recuerda los recientes progresos a tercer grado de los etarras José Miguel Latasa Guetaria, con una condena a 710 años de cárcel, y de Pedro Fernández Arguilea, condenado a 70 años de prisión.
Por ota parte, el presidente de Eusko Alkartasuna, Carlos Garaicoechea, y el portavoz del PNV en el Congreso, Ignacio Anasagasti, respaldaron ayer la concesión del tercer grado penitenciario al preso etarra Pedro Fernández Arguilea, quien hace un año apareció en un programa de televisión en el que renunciaba a la actividad criminal. Anasagasti explicó que la concesión de dicho beneficio penitenciario a Arguilea es «una buena medida».
La juez amplía el secreto del sumario en el «caso CESID» y ofrece a los espiados ejercitar la acusación
Madrid. S. Coreóles
La juez María Jesús Coronado ha decidido ampliar el secreto del sumario sobre el «caso CESID» por un mes más para profundizar reservadamente en la investigación de los posibles delitos de interceptación ilegal de comunicaciones, prevaricación y malversación cometidos supuestamente en el seno del primer servicio del espionaje español.
pectos internos del PSOE, así como a cambios previstos en el Ministerio. La conversación varió también hacia derroteros más privados. Ana Tutor mostró después su «indignación» y «sorpresa» al conocer que había sido escuchada clandestinamente.
La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid decretó a finales de junio el secreto de las actuaciones relacionadas con el «caso CESID» por la «delicada naturaleza de los delitos que se investigan». La juez María Jesús Coronado ha determinado ahora ampliar el secreto un mes más, por lo que las partes personadas en el procedimiento seguirán sin poder acceder a la documentación aglutinada en el curso de las pesquisas, como mínimo, hasta la segunda quincena de agosto.
La juez tomó ayer declaración como posibles perjudicados en este asunto a la ex delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid Ana Tutor y al abogado y escritor Antonio García Trevijano.
Las informaciones difundidas sobre el escándalo de las escuchas telefónicas a empresarios, políticos y periodistas, entre otros, imputadas al CESID, hacían referencia a que Ana Tutor fue espiada, al igual que José Barrionuevo, ministro entonces de Transportes Turismo y Comunicaciones cuando sostenían una conversación telefónica el 1 de octubre de 1990. En el diálogo se hacía referencia a as-
Antonio García Trevijano resaltó ayer, tras declarar ente la juez, que el teniente general Emilio Alonso Manglano fue mantenido en su puesto al frente del CESID «el tiempo necesario para hacer imposible la investigación. Y ahora, además se le coloca en el Ministerio de Defensa. Lo siento por la amistad que tengo con él desde hace 20 años, pero son gajes del oficio», manfiestó el escritor. Una querella presentada por García Trevijano contra Manglano se tramita en el Juzgado 43. El abogado ya dijo que nunca había hablado por teléfonos inalámbricos, por lo que supone que las líneas «pinchadas» fueron las de su despacho. Y
La juez ha ofrecido a quienes figuran como escuchados en las conversaciones interceptadas ilegalmente la posibilidad de personarse como acción particular para ejercitar la acusación en este procedimiento judicial.