Pertierra dice que la ley de S ecretos Oficiales limita la colaboración con el juez G arzón
ZARAGOZA. Efe
El ministro de Defensa, Gustavo Suárez Pertierra, afirmó ayer que el Cesid ha atendido varios requerimientos del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, pero no una petición de registro para buscar el documento fundacional de los GAL, cuya existencia denunció Ricardo García Damborenea.
El ministro hizo esta afirmación tras despedir en Zaragoza al destacamento del Ejército del Aire que participará en unas maniobras en Estados Unidos.
Insistió en que Damborenea hizo una declaración en su defensa y recordó que el Cesid respondió que «no existe constancia del documento al que el señor Damborenea se ha referido».
El ministro aseguró que en septiembre confía en proceder a la reforma del Cesid, una vez nombrados sus nuevos responsables y después de informar a los grupos parlamentarios de las conclusiones de un informe realizado en este servicio tras el escándalo de las escuchas ilegales.
Evitó pronunciarse sobre un hipotético conflicto de poderes si los jueces reclamaran documentos bajo secreto oficial, y reiteró la posición del Gobierno de «máxima colaboración con la Administración de Justicia» pero también «de cumplimiento de la legalidad, incluida la ley de secretos oficiales».
Outra asociación exercerá a acusación popular no «caso C esid»
MADRID. Colpisa
A Asociación de Estudios Penais, que representa o avogado Emilio Rodríguez Menéndez, se presentou como acusación popular no caso das escoitas ilegais practicadas polo Cesid, que é investigado pola xuíz María Jesús Coronado, tras deposita-la fianza de 500.000 pesetas que solicitara a maxistrada. Tamén está pendente de cumprir este trámite a Asociación Libre de Avogados (ALA), colectivo de letrados progresistas que presentou en xuño unha querela contra o tenente xeneral Emilio Alonso Manglano, ex-director do centro de intelixencia militar. Os avogados de Ruiz Mateos aínda seguen a estudiar a súa posible presentación como acusación popular. Entre os querelantes particulares neste caso figuran, entre outros, o periodista Jaime Campmany, o avogado Antonio García Trevijano, o director de El Mundo , Pedro J. Ramírez e o periodista Melchor Miralles.
Críticas generalizadas al defensor del pueblo por su velada exculpación de la banda anti-ETA
Un dirigente socialista vasco afirma que los G A L defendían el E stado de D erecho
Las declaraciones del defensor del pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, en las que dijo que los GAL no son comparables a ETA, suscitaron ayer las críticas de la práctica totalidad de los partidos políticos, e incluso Esquerra Republicana de Catalunya llegó a pedir su dimisión. La única nota discordante la puso el
MADRID. Agencias
El diputado del PNV Emilio Olabarría afirmó que el defensor del pueblo ha quedado «parcialmente descalificado» con sus manifestaciones, ya que, manifestó, «no se pueden hacer graduaciones morales porque todos los crímenes son igualmente repudiables y desde luego no son menos horrendos si se cometen desde las estructuras gubernativas a si éstos son cometidos por una organización que se dedica a la violencia», dijo.
El presidente de Eusko Alkartasuna en Vizcaya, Sabin Intxaurraga, dijo que tiene la impresión de que Álvarez de Miranda intenta buscar razones para justificar las acciones de los GAL, y añadió que siguiendo el mismo razonamiento se podría concluir que las acciones de ETA estarían justificadas «en base a que al pueblo vasco no se le ha reconocido el derecho de autodeterminación».
Dimisión
El coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, Luis Carlos Rejón, calificó de «aberrantes» las declaraciones de Álvarez de Miranda, porque, argumentó, «el asesinato nunca tiene justificación, ya venga de manos de unos terroristas de ETA iluminados o de las instituciones del Estado» y añadió que, «en todo caso, los crímenes tienen menos justificación cuando vienen de la mano del Estado».
Más contundente fue la respuesta de Esquerra Republicana de Catalunya, que reclamó la dimisión de Álvarez de Miranda, al considerar «intolerable que el defensor del pueblo, obligado a defender al ciudadano ante los abusos del Estado, hable en estos términos».
El ex-dirigente de Alianza Popular Alfonso Osorio se preguntó ayer «qué hubiera hecho el PP, si hubiese gobernado en la época en que el PSOE estaba en el poder, con los GAL», y se contestó que seguramente «habría actuado también con bastante contundencia». A la pregunta de si existe hipocresía en el tratamiento de este asunto, que «todos los políticos son hipócritas».
dirigente socialista vasco José Luis Marcos Merino, quien manifestó que «los objetivos de ETA son acabar con el Estado de Derecho, y en el caso de los GAL el objetivo es la defensa del Estado de Derecho y la protección de la vida de los ciudadanos que se ven amenazados por las acciones de ETA».
MONDELO Solana dijo en rueda de prensa que no ha dejado de trabajar y le alegra que su ejemplo cunda en el S upremo
El G obierno espera que el Tribunal S upremo «ponga a cada uno en su sitio»
MADRID. Efe
El Gobierno espera «confiadamente» la resolución judicial que la sala segunda del Tribunal Supremo adopte sobre las acusaciones que implican a Felipe González y otros dirigentes socialistas en el caso GAL , señaló ayer el ministro de la Presidencia, Alfredo Pérez Rubalcaba. Su colega de Asuntos Exteriores, Javier Solana, manifestó, por su parte, que desea «ardientemente» que el Tribunal Supremo se pronuncie «pronto» sobre la implicación del presidente del Gobierno en la creación de los GAL «para que ponga a cada uno en su sitio».
«Tranquilidad»
En una comparecencia informativa en el palacio de la Moncloa restringida a los medios audiovisuales, Rubalcaba valoró «positivamente» que la sala de vacaciones del Tribunal Supremo haya declarado hábil la segunda quincena del mes de agosto para tratar sobre este asunto. Rubalcaba rei- teró la «tranquilidad» del Ejecutivo ante la resolución que adopte el Tribunal Supremo y consideró una «decisión acertada» la interrupción de las vacaciones de la sala segunda. «Confiamos en la Justicia y en el trabajo de los jueces, y que trabajen rápidamente en un tema como éste nos parece lo más positivo, esperamos confiadamente la resolución judicial en esta materia», destacó el ministro.
En este sentido, el ministro de Asuntos Exteriores dijo que lleva «muchos días trabajando en agosto y me parece bien que otros sigan mi ejemplo».
El portavoz del Ejecutivo reiteró que la lucha contra el terrorismo «hay que desarrollarla siempre dentro de los cauces del Estado democrático» y añadió que «contra el terrorismo hay que luchar, aunque se sepa que esa lucha es desequilibrada, con las normas de la democracia encima de la mesa; no hay otra lucha, el resto puede parecer un atajo, pero finalmente es un retroceso».
López Aranguren aclara que comprender la «guerra sucia» no la justifica
El filósofo José Luis López Aranguren dio ayer una rueda de prensa para matizar sus declaraciones en las que afirmaba que el fenómeno GAL , ante el clima de terrorismo que había en 1983, era comprensible. «Nunca se me ocurrió, ni se me ocurre ahora, pensar que sea admisible éticamente confundir semejante comprensión o explicación con la justificación de algo tan injustificable como el ejercicio de la violencia estatal al margen de la ley», aseguró en un comunicado leído por su amigo el catedrático Javier Muguerza.
Aranguren, que atribuye la polémica a «un malentendido», se mostró apenado al verse aparecer «como un posible legitimador de procedimientos, llámeseles como se les quiera llamar, que atentan de raíz contra los derechos humanos».
Recordó que, en 1983, los etarras asesinaban en España y se refugiaban en Francia aprovechándose de la falta de colaboración del país vecino, lo que producía impotencia en la sociedad. En este contexto, dijo, es comprensible, pero no justificable, que se organizara un grupo armado que diera a los terroristas «otro tanto».