Los escuchados ilegalmente en el «caso CESID» pueden reclamar indemnizaciones millonarios al Estado
Las cantidades compensarían la violación de la intimidad de los espiados
Madrid. Santiago Coreóles
La Fiscalía tiene presente que las peronas que han sido escuchadas de manera ilegal por el Centro Superior de Información de la Defensa, cuya investigación se sigue judicialmente en el «caso CESID», están en condiciones de solicitar indemnizaciones millonarias al Estado. Las publicaciones sobre la «cintateca» del CESID, en junio, mostraban un centenar de conversaciones supuestamente interceptadas, con decenas de espiados.
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid pidió a la juez responsable de las indagaciones sobre el asunto que citara y tomara declaración a todas las personas apuntadas en la relación de conversaciones que se supone que fueron interceptadas de manera ilegal por el centro del espionaje español.
Esta demanda fue asumida por la magistrada María Jesús Coronado Buitrago, que dirige el Juzgado de Instrucción número 43, al que le recayó la tramitación de las diligencias.
La juez comenzó a llamar a los señalados
Alonso Manglano
como espiados por medio de la interceptación ilegal de sus comunicaciones telefónicas. La juez les solicitó información aclaratoria sobre los diálogos que se supone que fueron «pinchados» y conservados por el centro de espionaje dependiente del Ministerio de Defensa.
Entre los interrogados ya por el Juzgado se encuentra el hombre de negocios Gustavo Duran, el presidente del club de fútbol Real Madrid, Ramón Mendoza, y Alicia Koplowitz.
La magistrada les ofreció la posibilidad de que ejercitaran acciones penales y se personaran en el procedimiento como acusación particular por considerar que pueden haber sido víctimas en este asunto y haber sufrido diversos perjuicios.
Otra vía distinta fue la adoptada por otros de los. citados como espiados. Es el caso del periodista Jaime Campmany, del abogado y escritor Antonio García Trevijano o de la asociación Dianética. Los dos primeros interpusieron sendas querellas contra los considerados como primeros responsables del espionaje telefónico, el teniente general Emilio Alonso Manglano y el coronel Juan Alberto Perote Pellón, ex director y ex jefe de operaciones, respectivamente, del centro:
Muchas de las conversaciones, según lo publicado, escuchadas por el CESID sin autorización judicial, hacían mención, exclusivamente a aspectos privados de los interlocutores.
A este respecto, la Fiscalía considera que si la investigación judicial del asunto logra acreditar tales escuchas y las víctimas del delito lo exigen, deberían ser indemnizados por el Estado.
Las reclamaciones económicas obedecerían al hecho de que el derecho a la intimidad de estas personas ha sido violado. La evaluación del daño se cuantificaría en atención al ámbito de intimidad que hubiera sido vulnerado.
La Fiscalía ha reconocido que las cantidades a reclamar pueden ser millonarias. Un portavoz del Ministerio Público recordó sobre este extremo la última memoria de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, donde se recoge su actividad del último año. En el apartado correspondiente se apunta que la Fiscalía respaldó tres demandas interpuestas por representantes de menores en defensa de su intimidad. A cada una de ellas les correspondió ocho millones de pesetas.
Interceptaciones telefónicas legales o ilegales
Madrid. S.C.
Uno de los debates que continua abierto en torno a las escuchas telefónicas imputadas al Centro Superior de Investigación de la Defensa radica en si la captación de conversaciones por teléfonos inalámbricos puede ser considerada o no interceptación ilegal de comunicaciones.
nal Supremo en apoyo de las tesis de que se cometió delito al espiar las conversaciones del ahora promotor de la denuncia.
La querella fue admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid y es una de las varias que se siguen en esta oficina judicial sobre el mismo asunto.
En la propia Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, así como en medios jurídicos y de la abogacía se discute con diversos razonamientos sobre ambos supuestos. El debate incluye variantes de las conversaciones que pueden haber sido espiadas: los diálogos escuchados de manera ilícita entre un teléfono de hilo y otro móvil y viceversa.
Lo cierto es que el Código Penal no distingue entre unas y otras, ya que lo que la ley protege es el secreto y la intimidad de las conversaciones telefónicas, sin detallar el tipo de aparato utilizado.
La sentencia del Supremo citada en la mencionada querella fue dictada el 2 de diciembre de 1992. Según lo extractado de la misma en la querella de García Trevijano, la interceptación ilegal de comunicaciones «es una infracción penal cuya trascendencia es necesario destacar porque afecta al núcleo esencial de derechos que la Constitución establece para proteger la intimidad y la reserva de las personas».
Otro de los puntos importantes en este debate, si se enfoca hacia las derivaciones penales que pueden desprenderse de estas escuchas, es que los efectos penales pueden haber prescrito sobre todas las realizadas antes de 1990. .
Las informaciones difundidas sobre la «cintateca» del CESID donde se recopilaban conversaciones «pinchadas» a políticos y hombres de negocios, entre otros, se refieren a conversaciones comprendidas entre 1983 y 1990.
La querella interpuesta por el abogado y escritor Antonio García Trevijano contra el teniente general Emilio Alonso Manglano, cuando éste era todavía director del espionaje español, y contra el coronel Juan Alberto Perote Pellón, que fue responsable del gabinete de escuchas de ese organismo, recoge jurisprudencia del Tribu- productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.
Bono: «Muchos españoles, ante el espanto de ETA, habrían justificado lo injustificable»
Salobre (Albacete)
El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista José Bono, aseguró en una entrevista concedida a Europa Press que, ante el espanto de ETA, muchos españoles hubieran justificado lo injustificable.
«Las circunstancias en los años 80 eran extraordinariamente duras. Casi todos los días había algún asesinato etarra, había crispación y alteración social. Recuerdo en varios entierros los gritos de ¡Ejército al poder! Hoy las circunstancias han cambiado. En cuanto al apoyo social, no quiero hacer un proceso valorativo, sino meramente descriptivo: creo que hay muchos españoles que, espantados-por la criminalidad de ETA, hubieran estado dispuestos a justificar lo injustificable», afirmó el presidente castellano-manchego.
A este mismo respecto, también dijo que el PP suele ser variable en estos temas y precisó: «Fraga dijo que el mejor terrorista es el terrorista muerto y a la vez hacen furibundas críticas a la opinión de un viejo profesor de ética como es López Aranguren. Las dos ideas no se pueden defender a la vez coherentemente. De todas maneras, aunque Loyola de Palacio acuse a Aranguren de no ser respetuoso con el sistema democrático, si mañana tuviera que esconderme de un dictador, estaría más seguro en casa de Aranguren que en casa de Loyola de Palacio».
Sobre la circunstancia de que Felipe González concurra de nuevo a las próximas elecciones generales, Bono señaló que «creo que Felipe no se va a presentar y creo que esa decisión la tiene tomada. Por tanto, sean cuando sean las elecciones, creo que habrá de buscarse candidato».
Acerca del perfil que debería tener ese hipotético sucesor, Bono apuntó que «básicamente tiene que cumplir con el requisito esencial de tener ilusión por ganar las elecciones. Ningún candidato a suceder a González puede ir resignado o aceptando la herencia a beneficio de inventario. Ha de tratarse de una persona ilusionada, sin miedo a equivocarse y que no trate de imitar a Felipe, porque en la dificultad de la imitación podría encontrar su propio fracaso. Por último -continuó el político socialista-, el sucesor debe percatarse de que nunca va a tener tanto poder como tiene el actual secretario general del PSOE. La cultura de Suresnes está acabando: Felipe ha propiciado la renovación y esto significa desconcentrar el poder dentro del partido».
Respecto a su opinión sobre Borrell y Solana como posibles sucesores, el dirigente socialista destacó que «ambos quieren suceder a González. Eso es condición indispensable. Si tuviese que hacer una predicción miraría el dedo de Felipe y creo que ese dedo señala a Solana. Solana tiene la ventaja de representar la continuidad de los'éxitos y el balance positivo, pero, sobre todo tendría la virtud de que se trata de un político al que nunca le ha pillado el toro, Borrell, por su parte, significaría más innovación y cierta aventura positiva. Con Borrell no podría decirse aquello de "atado y bien atado"».