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El C6PJ critica que la Ley del Gobierno limite la capacidad de control de los ciudadanos
Reclama de nuevo al Ejecutivo un proceso de protección de derechos fundamentales por los jueces
Madrid. M. Peral
El pleno del Consejo General del Poder Judicial discutirá hoy su dictamen al anteproyecto de Ley del Gobierno, texto que, pese a merecer una valoración global positiva, es objeto de varias matizaciones por parte del órgano de gobierno del Poder Judicial. El CGPJ vuelve a instar al Ejecutivo a regular el proceso previsto en el artículo 53 de la Constitución para que los jueces sean los primeros garantes de los derechos fundamentales.
aquella expresión que pueda conducir a la discrecionalidad en la decisión de acudir al trámite de audiencia».
Asimismo, el CGPJ pide al Gobierno que que «sistematice» mejor la enumeración de sus funciones, especialmente las referidas a la dirección de la política interior que pueden afectar «a otros órganos o entes constitucionales».
La Comisión de Estudios e Informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene previsto presentar hoy al pleno un informe elaborado por los vocales Juan Antonio Xiol y Ana Pérez Tórtola sobre el anteproyecto de Ley Reguladora del Gobierno.
El anteproyecto fue remitido al CGPJ por el Ministerio de Justicia e Interior el 25 de sep-, tiembre con el fin de que el órgano de gobierno del Poder Judicial se pronuncie sobre dos concretos preceptos en ¡os que se establece la posibilidad de impugnar ante la jurisdicción contencioso-admlnistrativa los actos del Gobierno sometidos al Derecho administrativo.
No obstante, la Comisión de Estudios amplía el objeto del dictamen a otros preceptos de la futura Ley del Gobierno que, ajuicio del CGPJ, «pueden afectar a aspectos jurídicos constitucionales de la tutela ante los Tribunales ordinarios del ejercicio de derechos fundamentales».
A este respecto, el Consejo del Poder Judicial pide una mayor concreción de lo dispuesto en los apartados g) y h) del artículo 3.1, en los 'cuales se establecen las facultades del Gobierno para la «alta inspección, requerimiento e impugnación» del ejercicio de sus competencias por parte de las comunidades autónomas y Administración local.
«No hay zonas inmunes»
Así, el informe propone una corrección del artículo 40.5 del anteproyecto, en el que se prevé el sometimiento de los reglamentos del Gobierno a audiencia de los ciudadanos u organizaciones afectados por esas disposiciones, trámite de audiencia que «puede ser abreviado e, incluso, omitido en caso de urgencia o por razón de la índole de la disposición», dice la Ley.
En cuanto a los preceptos sobre los que el Ministerio solicitó un pronunciamiento del CGPJ, el órgano de gobierno de los jueces subraya que la Constitución «reconoce la clausula general de fiscalización de las actividades administrativas por los Tribunales y el reconocimiento, como derecho fundamental, de la tutela judicial efectiva, lo cual conduce inexorablemente a la imposibilidad de mantener actos o zonas inmunes al control judicial».
El Consejo del Poder Judicial vuelve a insistir en la «imperiosa necesidad» de que el Gobierno regule el procedimiento previsto en el artículo 53.2 de la Constitución para la protección de tos derechos fundamentales ante los Tribunales ordinarios.
El CGPJ reclama una «regulación autónoma» del proceso preferente y sumario previsto en la Norma Fundamental para que los órganos del Poder Judicial sean «los garantes primeros de los derechos fundamentales».
El dictamen que debatirá hoy el CGPJ subraya que el trámite de audiencia pública «supone hacer efectivo el principio democrático de participación de los ciudadanos» garantizado en la Constitución, hasta el punto de que el Poder Judicial ha estimado que la omisión de ese trámite «supone la existencia de un vicio radical insubsanable que puede conducir a la nulidad plena de la disposición afectada».
Por ello, el Consejo propone «una nueva redacción» del artículo 40.5 para «eliminar toda
El juez Navarro llama «insensato» a Ciscar por implicar a magistrados y fiscales en una conspiración «sin dar pruebas)
Madrid. M. P.
Jueces, abogados y políticos asistieron ayer a la presentación del libro del magistrado de la Audiencia de Madrid Joaquín Navarro «Manos sucias. El poder contra la justicia», prologado por Baltasar Garzón y Pablo Castellano.
Además del juez de la Audiencia Nacional y del ex diputado de Izquierda Unida estuvieron presentes los magistrados Perfecto Andrés y Antonio Pedreira; el abogado Antonio García Trevijano; el coordinador de IU Julio Anguita y el diputado del Partido Popular Gabriel Cisneros; el profesor Luis Gómez Llórente; el director de "Diario 16", José Luis Gutiérrez, y el periodista Iñaki Gabilondo, que presentó el libro.
teres del Ejecutivo en «buscar el derecho a la impunidad» y ha provocado una situación en la que sólo «un sector de los medios de comunicación» y «un sector muy minoritario de jueces» ejercen un control del poder. «Y el poder reacciona inventando una conspiración, de forma que no conspiran quienes crearon una trama terrorista con los GAL, sino que conspiran los que denuncian la conspiración».
Las declaraciones del socialista Cipriano Ciscar sobre la famosa «conspiración» merecieron un comentario de Joaquín Navarro: «Implicar a jueces y fiscales en una conspiración contra el Estado sin nombres, sin pruebas -dijo- es una temeridad propia de un insensato».
Navarro señaló durante su intervención que el Estado democrático de Derecho que diseña la Constitución de 1978 «significa la existencia de una separación efectiva de poderes», pese lo cual «se ha incurrido en graves deficiencias» derivadas del predominio del Ejecutivo sobre el resto de los poderes del Estado.
Este dinámica responde, a su juicio, al in-
En su prólogo, Garzón se refiere a los problemas que produce «indagar en zonas prohibidas sin la "autorización ni consentimiento" de los afectados. En ese preciso instante, el propio Poder activa todas sus baterías para (...) impedir por senderos ocultos toda penetración en aquellas zonas, so pretexto de una mal entendida Razón de Estado».