La Audiencia de Madrid ordena reabrir el polémico caso de las escuchas ilegales del Cesid
Confirma el archivo sobre los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos
J. A . BRAVO/J . LALVAREZ . COLPISA
MADRID . La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir el polémico caso de las supuestas escuchas ilegales realizadas por el Cesid en el que, entre otros, figuran como . imputados el teniente general Emilio Alonso Manglano y el coronel Juan Alberto Perote, ex-director y ex-responsable de la Unidad Operativa de los servicios secretos españoles, respectivamente .
De esta manera, el Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, cuya actual titular es Ana Pérez Marugán, deberá volver a investigar un sumario que fue archivado el pasado seis de febrero por su antecesora en el puesto, Ana Mercedes del Molino, decisión que ella misma confirmó un mes después .
Justo once meses después de que saltara a la luz pública el escándalo político por las escuchas del Cesid a personalidades públicas, la Sección XV de la Audiencia madrileña, en un auto hecho públco ayer, décidió la reapertura de esta causa, estimando parcialmente los recursos presentados por los escuchados Antonio GarcíaTrevijano, Pablo Castellano, José María Ruiz Mateos, Jaime Campmany, Pedro J. Ramírez y la Asociación Civil de Dianética, así como la Asociación Libre de Abogados, como acusación popular .
El auto, del que ha sido ponente el magistrado Alberto Jorge Barreiro, expone que la investigación por las escuchas ilegales debe continuar «a la vista de los indicios concurrentes», mientras que desestima que tengan que seguir las pesquisas referidas a los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, «cuyo archivo sí se confirma porque el mero hecho de comprar aparatos sofisticados de escuchas no puede relacionarse con el mero hecho de que después se empleen de forma ilícita» .
De esta forma, la Audiencia conmina a la juez instructora a «realizar los trámites precisos» para incorporar a la causa las cintas en
El teniente general Emilio Alonso Manglano, a su llegada a la sede del Tribunal Supremo .
las que figuran las grabaciones de las conversaciones interceptadas «consideradas de convicción relevante para el procedimiento», así. como a citar de nuevo como imputado al coronel Perote «para responder de las imputaciones que le hacen otros funcionarios del Cesid en la presente causa». Esta solicitud había sido cursada por el abogado de Campmany, Luis Regalado, en el recurso que presentó ante esta instancia en su momento .
No era misión del Cesid
En su escrito, la Audiencia Provincial va rechazando uno a uno los argumentos que expuso la juez Mercedes del Molino en su auto de archivo del pasado 6 de febrero y, posteriormente, su sustituta al frente del juzgado, Ana Pérez Marugán, para confirmar esta decisión y rechazar los recursos del reforma. Así, considera «claros» los indicios de que se interceptaron las conversaciones «sin autorización» de numerosos ciudadanos, y
«que se grabaron, a pesar de su - irrelevancia para las misiones específicas del Cesid, y también se archivaron y conservaron' y, por último, algunas acabaron saliendo a la prensa nacional» .
La orden del Ministerio de Defensa que entonces regulaba las misiones del Cesid no otorgaba a los agentes secretos <da facultad de interceptar teléfonos de los ciudadanos, ni la de grabar y archivar sus conversaciones, máxime cuando no constan indicios de que tuvieran que ver con las misiones del Centro».
La Audiencia también estima «inaceptable» que el auto de archivo argumente que «ningún derecho constitucional es absoluto» . De esta forma, afama que «otra cosa bien distinta» es que, «se vacíe totalmente de contenido el derecho de intimidad», porque entiende que las referencias se hacen a «conceptos vagos y difusos, sin especificar indicios reales de peligro» . «De ser así, no estaríamos en un Estado de derecho, sino más bien en un Estado policial», añade .
El magistrado Barreiro señala que, en lo referido a esta causa, no es correcto archivar un procedimiento cuando existen indicios de delito pues «en caso contrario ; justificaríamos cualquier conducta delictiva de un funcionario público en razón de la seguridad nacional, lo que supondría la implantación por vía judicial de la razón de Estado como causa general de justificación, eventualidad mcompatible con un auténtico Estado de derecho».
Abundante jurisprudencia
Ante la decisión de Mercedes del Molino, la Audiencia madrileña considera «muy abundante» la jurisprudencia, del TC, en el sentido de anular intervenciones telefónicas por falta de motivos objetivos . «Por este motivo, no sólo exige inexcusablemente esa autorización, sino que la reviste de muy ramosos requisitos que la dotan de contenido garantista», agrega.
Las escuchas ilegales al Rey, políticos y empresarios provocaron la dimisión de Narcís Serra y García Vargas
El caso motivó que el último Gobiernó socialista hablara de una supuesta «conspiración»
A . BRAVO/J . L ALVAREZ . COLPISA
MADRID . Las escuchas telefónicas realizadas por el Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid), que provocaron la dimisión del vicepresidente del Gobierno Narcís Serra y del ministro de Defensa Julián García Vargas, volverán a ser investigadas por la Justicia . El caso provocó en su día que el último Gobierno socialista hablara de una supuesta «conspiración» para provocar el adelanto de elecciones, trama en la que fueron señalados como presuntos responsables personajes involucrados en otras investigaciones judiciales, como el ex-banquero Mario Conde y el financiero Javier de la Rosa .
Este escándalo saltó a la luz pública el 13 de junio del año pasado, hoy hace once meses, cuando el diario El Mundo publicó en su portada que el Cesid había grabado y archivado en su cintateca conversaciones del Rey y de sus amigos, como el príncipe Zourab Tchokotoua, el ex-embajador y financiero Manuel Prado y Colón de Carvajal y el multimillonario argentino Carlos Perdomo .
Crisis en el Ejecutivo
La revelación pública de este caso supuso una crisis en el Ejecutivo español a finales de junio de 1995, que se saldó con la marcha de la persona que hasta entonces había controlado buena parte de seguridad nacional, Narcís Serra, y el relevo al frente de los servicios de inteligencia militar de quien había sido su mano derecha y conocía todos los secretos, el teniente general Emilio Alonso Manglano .
Narcís Serra llegó a decir que la operación de las escuchas del Cesid perseguía «una instrumentalización política destinada a alterar el funcionamiento de las instituciones democráticas y perjudicar la estabilidad del Gobierno». Según su versión, fue la deslealtad del coronel Juan Alberto Perote la que provocó este escándalo. El pasado mes de febrero, tras conocerse la noticia del archivo, Serra dijo que todos aquellos que habían acusado «de forma injustificada» al Gobierno, debían reconocer su error y pedir disculpas de forma pública .
El escándalo provocó críticas airadas contra el Gobierno por parte de toda la oposición, sobre todo CiU, que terminó por retirarle su apoyo parlamentario . Los nacionalistas catalanes, incluso, solicitaron de forma inmediata a Felipe González que depurara responsabilidades en este tema y le «empujaron» a que aceptara la dimisión de Serra y, por añadido, de García Vargas.
Relevos del espionaje
Una de las consecuencias del escándalo fue el relevo de la cúpula directiva del Cesid. Así, el general de división Félix Miranda Robredo pasó a ocupar la dirección general, y el general de brigada Jesús del Olmo fue nombrado secretario general .
EFE
El pulso
JAVIER GONZALEZ FERRARI
S 1 quieren un pulso, que lo planteen y ya veremos quién lo gana al final . La frase no es mía. Ni siquiera es de ahora. Se la escuché, cara a cara, a un alto responsable del PP, hoy con importante responsabilidad en el Gobierno, poco antes de las elecciones generales del 93, cuando parecía que los populares iban a ganar por la mínima, como ocurrió al fin, pero tres años después. Le había preguntado por los sindicatos y la posibilidad de una altísima conflictividad social en el caso de que se aplicaran los recortes de los qué ya entonces me estaba hablando. No he tenido oportunidad de actualizar la pregunta, pero tengo la impresión de que la respuesta, hoy, sería idéntica . Y es que lo del 93 era un futurible y lo de ahora mismo una realidad . Aznar es el nuevo inquilino de la Moncloa, el PP está en el poder gracias a los pactos con catalanes, vascos y canarios, y quedan 18 meses apenas para que nuestro país cumpla con los compromisos de Maastricht y podamos estar en la unión monetaria con todas las garantías .
Lo cierto es que la tijera ya ha funcionado y el pasado viernes se aplicó un recorte de 200.000 millones de pesetas que ahora hay que determinar a qué departamentos, a qué partidas presupuestarias afecta . Determinar eso y explicarlo con mucha claridad a los ciudadanos, no vaya a ser que la falta de comunicación del Gobierno con los administrados sea tan pertinaz y absurda como lo fue en la época socialista . Lo que está claro es que España no puede perder más tiempo y se ve obligada a hacer en año y medio lo que debería hacerse en un quinquenio . Vamos tarde, como siempre, y tendremos que correr más . Esa carrera en pelo necesita que la ciudadanía la entienda y ha tenido que ser un técnico del nuevo Ejecutivo, y no un político, quien diera la explicación pertinente .
No se trata de alcanzar el fin de Maastricht que justificaría todos los medios, sino que la economía española, en cualquier caso debe afrontar las reformas necesarias para la creación de empleo, y no de empleo público inflando la Administración, como han hecho los socialistas durante más de una década, sino propiciando las condiciones necesarias para que se creen empresas y con ellas puestos de trabajo .
Quien lo ha dicho en las últimas horas en todas partes es el profesor Barea que hoy tomará posesión como director de la oficina presupuestaria que acaba de ser creada y que dependerá, directamente, de la Presidencia del Gobierno. Al menos José Barea tiene muy claro que su jefe' no es otro que Aznar.