La fiscal Márquez sostiene que su traslado tuvo una motivación «exclusivamente política»
Afirma en un recurso que Margarita Mariscal sólo lo suscribió «formalmente»
Madrid. M. P.
La fiscal Márquez de Prado, que ha impugnado la decisión judicial de no suspender su traslado forzoso, afirma en el recurso que esta medida tuvo una motivación «exclusivamente política» y fue decidida por una «superior autoridad» para «calmar la marejada que levantarán los n u e v o s n o m b r a m i e n t o s e n la Fiscalía General y la Fiscalía d e la Audiencia Nacional». Según la recurrente, la ministra d e Justicia firmó el traslado «sólo formalmente».
El abogado Antonio García-Trevijano ha interpuesto un recurso -que también suscribe la propia María Dolores Márquez de Prado- contra la decisión de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de no suspender cautelarmente la salida forzosa de su cliente de la Fiscalía de ese Tribunal.
La impugnación insta la nulidad de todas las actuaciones de la Sala por dos motivos. En primer lugar, por la presencia del magistrado Manuel Trenzado como miembro del Tribunal que ha de decidir sobre la legalidad del traslado de Márquez de Prado. A juicio de la fiscal, este magistrado «tenía el deber de abstenerse», dado que no es «objetivamente neutral» para resolver ese contencioso.
La afirmación se basa en que Trenzado, antes de incorporarse a la Sala de lo Contencioso-Administrativo, fue miembro de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y en esa condición firmó una resolución referida al «caso Gorostiza» en la que se calificaba la conducta procesal de Márquez de Prado con expresiones como «tono destemplado», «parcialidad» o «vehemencia».
El recurso destaca que esa resolución de la Sala de lo Penal «sirvió de motivo, junto con otros, para la apertura del expediente de traslado forzoso», razón por la que Márquez de Prado cree que Trenzado está «contaminado», es decir, puede tener prejuicios para resolver sobre la legalidad del traslado. Por ello, además, ha recusado a este magistrado.
El segundo motivo de impugnación se basa en que la Sala de lo Contencioso-Administrativo habría incurrido en un «defecto en el trámite procesal» que invalidaría sus actuaciones. En su opinión, dado que el abogado del Estado se opuso a suspender el traslado de la fiscal, el Tribunal debió pedir un informe al Ministerio de Justicia, lo que no hizo.
El recurso reprocha al abogado del Estado no haber concretado la perturbación a los intereses públicos que produciría la suspensión de la medida. En este sentido, afirma que el escrito del representante del Estado «parece obedecer a una falsilla o patrón general» y «demuestra que ni siquiera conoce la resolución ministerial recurrida».
Sostiene, asimismo, que la propia resolución de la Sala incurre en «incongruencia y contradicción interna», pese a hacer «tanta literatura jurídica sobre el interés público».
La recurrente invita al Tribunal a leer el penúltimo párrafo de la resolución de la ministra de Justicia, en el que ésta indicaba que «si se tratase de imponer una sanción, el indudable margen de discutible apreciación subjetiva con que habría de operarse (...) inclinaría a considerar no cometida la falta a la que se anudase la sanción de traslado forzoso».
Leído «en román paladino», afirma, ese párrafo «viene a sugerir: "por favor, recurra mi resolución"», ya que ofrece una «confesión auténtica» de que el traslado «es contrario a Derecho y me ha sido impuesto por razones de equilibrio político, para calmar la marejada que [luego] levantarán los nuevos nombramientos en la Fiscalía General y en la Fiscalía de la Audiencia Nacional», sostiene Márquez de Prado en alusión a las designaciones de Jesús Cardenal y de Eduardo Fungairiño.
Para María Dolores Márquez de Prado, la medida tuvo una motivación «exclusivamente política. Y no precisamente por la autoridad ministerial que formalmente la firma, sino por la superior autoridad de quien lo decide y se lo impone».
El «descargo d e conciencia» d e la m i n i s t r a
«Mi traslado forzoso no sólo está basado en una ficción creada "ad hoc" -añade en referencia a los enfrentamientos con jueces y Tribunales de la Audiencia Nacional-, sino que ha sido decidido en el último segundo, por el único que tenía poder para hacerlo, contra el criterio jurídico de la autoridad que lo firma. La conciencia jurídica de esa autoridad ha introducido en la resolución ese penúltimo párrafo en descargo de su conciencia moral».
Mayor pedirá hoy a su colega galo que potencie la lucha contra ETA
Madrid. S.N.
El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, se entrevistará hoy en París con SU colega francés, Jean Pierre Chevenement. Esta será la primera reunión que mantendrán ambos responsables políticos después de que el pasado miércoles, el nuevo primer ministro galo, Lionel Jospin, nombrase a Chevenement, ministro del Interior. Mayor Oreja y Chevenement acordaron esta entrevista personal en una conversación telefónica mantenida el pasado viernes y en la que ambos coincidieron en la conveniencia de celebrar una rápida reunión para hablar sobre las cuestiones bilaterales que interesan a ambos países, fundamentalmente la colaboración internacional en la lucha contra el terrorismo, en concreto el etarra, que tiene a sus máximos cabecillas escondidos en territorio galo.
La reunión entre los responsables de Interior de ambos países tendrá lugar en la sede del Ministerio del Interior galo, y consistirá en una entrevista seguida de un almuerzo privado. Dos asuntos figuran, por tanto, en un lugar destacado de la agenda de trabajo de Jaime Mayor Oreja: afianzar el compromiso de Francia en la lucha contra el terrorismo etarra y reiterar el también compromiso de España de que no se ahorrará ningún esfuerzo en la colaboración contra los violentos islámicos de origen integrista, cuyas actividades criminales son de la máxima preocupación para las autoridades galas.
Dorado quiere declarar al juez que el «Txofo» le confesó q u e «vendió» a Santamaría a ETA
Madrid. S.N.
Enrique Dorado, encarcelado por su presunta relación con el «caso Lasa-Zabala», ha expresado a sus familiares su d e s e o d e declarar a n t e un Tribunal que el narcotraficante y ahora «testigo» protegido Pedro Miguéliz, el «Txofo», le confesó que «había vendido» a ETA, a cambio de que la banda no le asesinara, al industrial José Antonio Santamaría. Fuentes próximas a Dorado han desmentido que éste haya escrito un diario sobre «la guerra sucia».
Familiares de Enrique Dorado Villalobos, que ayer le visitaron en la prisión en la que está encarcelado por orden del juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño, han manifestado a este periódico que el procesado quiere comparecer ante un Tribunal para prestar testimonio de la confesión que en su día le hizo el traficante de drogas Pedro Miguéliz, el «Txofo», convertido en la actualidad en «testigo» protegido en el «caso LasaZabala», sobre las circunstancias que rodearon el asesinato por parte de la banda criminal ETA del industrial guipuzcoano José Antonio Santamaría, hecho ocurrido el 19 de enero de 1993 en San Sebastián.
Según fuentes próximas a Dorado, el «Txofo» reveló al que fuera agente del cuartel de la Guardia Civil de Inchaurrondo que «negoció» con ETA, a través de un conocido periodista de «Egin», la «entrega» de José Antonio Santamaría a la banda. Esta «negociación» -según los mismos medios- tuvo lugar después de que apareciera publicada en el mencionado diario una información que relacionaba a Miguéliz, Santamaría y José Manuel Olarte, «el Plomos» -también asesinado por ETA el 27 de julio de 1994- con el tráfico de drogas. Las mismas fuentes han señalado que el «Txofo», según su propia confesión a Dorado, «entregó» a José Antonio Santamaría a cambio de asegurar su vida, es decir para que no le mataran, «pues él sabía cual era destino que ETA guarda a las personas a las que vincula con el narcotráfico». Ayer, los familiares de Enrique Dorado pusieron en conocimiento del abogado Jorge Argote la intención de su defendido de comprecer ante un Tribunal para prestar testimonio sobre esta confesión que le hizo el «Txofo» con el fin de que el letrado ponga en marcha los trámites pertinentes.
Las mencionadas fuentes han desmentido de forma tajante que Dorado, como ayer publicó un diario madrileño, hubiera escrito un diario en el que supuestamente se relatarían actividades del cuartel de Inchaurrondo en la llamada «guerra sucia» contra ETA.
Además de desmentir la información, las fuentes consultadas han señalado que en la misma hay un hecho importante que tampoco se ajusta a la realidad y es el relativo a un registro en una casa que ocupó Dorado. Los mismo medios han aclarado que a finales de 1995 sí fue registrada por orden del entonces juez de la Audiencia Nacional Carlos Bueren un piso en el que había vivido Enrique Dorado y que estaba situado en la calle Francisco Silvela. En la vivienda, que en el momento de ser registrada estaba ya ocupada por otras personas, no se encontró «absolutamente nada», matizaron las fuentes informantes. Asimismo precisaron que en la primavera de 1996, esta vez por orden del juez Baltasar Garzón, fue registrada otra casa que, en alquiler, compartía Dorado en la calle Santa Teresa.