Galeote no se explica cómo Filesa pudo pagar gastos electorales del PSOE en 1989

L.F.R. GUERRERO / MADRID

Guillermo Galeote confesó ayer, ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que "no me puedo explicar" que las sociedades Filesa y Time Export hicieran frente al 33% de los gastos electorales del Partido Socialista Obrero Español en 1989, tal y como parecen haber constatado los peritos que investigaron el caso. Y ello a pesar de que asumió la máxima responsabilidad en la dirección de todas las campañas electorales del PSOE entre 1987 y 1991. Alfonso Guerra "coordinó las campañas en el sentido político, pero el trabajo del día a día lo Ilevé yo".

De la frase de Galeote no cabe extraer el más mínimo atisbo de cierto reconocimiento de la existencia de la trama urdida en torno a Filesa. Negó su existencia de manera rotunda y la comparecencia de quien fuera el máximo responsable de las finanzas socialistas entre 1988 y 1991 -los años de la trama de Filesa- resultó como todos esperaban: incapaz de recordar casi nada de lo que se le preguntó, reconoció no tener constancia de muchos de los datos recopilados en el sumario ni explicación para los más comprometidos.

Galeote dio muestras de conocer, al menos por el nombre, las principales empresas proveedoras del PSOE durante 1989 (Distribuidora Express, El Viso Publicidad, Producciones Dobbs, Hauser y Menet), pero no pudo recordar un hecho cierto: que los dueños de la mayoría de ellas fueron miembros o empleados, en 1986, del comité de apoyo electoral socialista. Tampoco consiguió ninguno de los acusadores arrancarle quién ordenó que fueran esas, y no otras empresas, las proveedoras electorales del partído.

Un testigo, por ñn, dice haber visto un informe de Filesa

L.F./J.L.A / MADRID

José Luis de la Torre Sánchez, director general de Saneamiento Urbano de FOCSA, se convirtió ayer en el primer testigo que asegura a la Sala Segunda del Tribunal Supremo que vio, él en persona y fisicamente, uno de los informes elaborados por Filesa. Es el único dato de su existencia porque, confesó el directivo, no hubo contrato escrito y las dos copias de ese informe, que costó cien millones de pesetas, "han desaparecido".

Juan Corominas, uno de los empleados de Filesa en Barcelona, aseguró que "creo" que Luis Oliveró era el encargado de redactar los informes.

Los fiscales Ignacio Gordillo y María Dolores Márquez de Prado y el abogado Antonio García Trevijano. / Fotos: AacHtvo

Un juez, un abogado y dos fiscales pasan de ser testigos a imputados

· Se enfrentan en el caso Sogecable a los mismos delitos que Garzón y Liaño

L. F. RODRIGUEZ / J. A. BRAVO MADRID

El magistrado del Tribunal Supremo, Joaquín Delgado, que instruye las diligencias abiertas para investigar la actuación de los jueces Javier Gómez de Liaño y Baltasar Garzón en el "caso Sogecable", acordó ayer cambiar de testigos a imputados la condición de cuatro de las personas que deben prestar declaración ante él sobre este caso la próxima semana: el magistrado Joaquín Navarro, los fiscales Ignacio Gordillo y María Dolores Márquez de Prado y el abogado Antonio García Trevijano (supuesto inspirador de la trama contra el grupo Prisa). Asimismo, decidió no declarar secretas estas actuaciones, en contra del criterio del fiscal.

Por su parte, el magistrado Francisco Castro Meije, instructor del incidente de recusación presentado por la acusación particular del "caso Sogecable" contra el juez José Ricardo de Prada, miembro del tribunal que debe resolver sobre el archivo de la causa, estima que debe ser rechazado por "falta de fundamento", según lo notificará este jueves.

Tras la decisión del magistrado del Supremo, Navarro, Gordillo, Márquez de Prado y García Trevijano se enfrentan a los mismos delitos que los jueces investigados por el Supremo, salvo el de prevarica- ción (dictar una resolución injusta a sabiendas).Los cuatro podrían ser acusados de retraso malicioso en la administración de Justicia, acusación y denuncia falsas, falso testimonio, omisión del deber de perseguir delitos y omisión de los deberes de impedir delito o de promover su persecución.

Todos ellos están citados a declarar la próxima semana. Según el auto que el juez Baltasar Garzón dictó para abstenerse de resolver la recusación presentada contra el primer instructor, Javier Gómez de Liaño, los fiscales Ignacio Gordillo y María Dolores Márquez de Prado (compañera sentimental del juez recusado) y el magistrado Joaquín Navarro asistieron a varias reuniones en las que supuestamente se montó una trama para mantener abierto el caso y actuar contra el presidente del grupo Prisa, Jesús de Polanco.

TRAMA CONTRA PRISA

En concreto, fue el ex ministro Jaime García Añoveros (actualmente consejero de Prisa) quien, durante su declaración como testigo, afirmó que esas reuniones se las había contado el propio magistrado Navarro. Según su testimonio, el abogado Antonio García Trevijano reconoció en esos encuentros que la denuncia y posterior querella contra Sogecable (acusada de usar irregularmente los 23.000 millones de pesetas pagados por los abonados a Canal Plus como depósitos) no tenían suficiente fundamento jurídico, pero eran el "pretexto idóneo" para atacar frontalmente a los intereses del grupo Prisa.

En esta tesitura, el magistrado Navarro y los fiscales Gordillo y Márquez de Prado podrían ser apartados temporalmente de sus funciones, al igual que ocurriría con los jueces Garzón y Gómez de Liaño, si el instructor del Supremo hace una petición este sentido. En última instancia, todos ellos corren el riesgo de ser apartados de la carrera judicial y fiscal, respectivamente.

Además, el magistrado Delgado ha decidido no declarar secretas las diligencias abiertas en el Supremo, rechazando así la petición que había formulado en este sentido el fiscal José María Luzón.

De otro lado, el magistrado Francisco Castro Meije, instructor de la recusación presentada contra el juez José Ricardo de Prada, ha decidido que ésta debe ser rechazada por "falta de fundamento real".

Castro Meije remitirá hoy mismo su informe al pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que adoptará una resolución definitiva sobre este tema. De esta forma, y si el pleno sigue el criterio del instructor, no será necesario nombrar un magistrado suplente para la Sección Segunda de lo Penal.

f^aralizada la recusación contra Gómez de Liaño

L.F. R. / J. A. B. ^ La recusacién presentada por el consejero de Sogecable, Juan Luis Cehrián, contra el primer instructor del "caso Sogecable", Javier Gómez de Liaño, se encuentra prácticamente paralizada en espera de que el Tribunal Supremo finalice su investigación sobre las presuntas irregularidades cometidas por este magistrado y su compañero Baltasar Garzón en su actuación en relación a este polémico asunto, según informaron fuentes jurídicas. De acuerdo con estas fuentes, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, tercer instructor del incidente (tras las abstenciones de Baltasar Garzón y Manuel García Castellón), ha decidido no acor- dar ninguna resolución sobre la recusación hasta conocer los resultados de las diligencias que instruye en el alto tribunal el magistrado Joaquín Delgado.

Mientras tanto, la propia instrucción del "caso Sogecable" está paralizada desde el pasado 8 de julio, fecha en la que Juan Luis Cebrián recusó al titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional. La últirna diligencia importante en esta causa fue la declaración, en calidad de imputado, de Jesús de Polanco (realizada el pasado 21 de junio), actualmente en situación de libertad provisional tras pagar una fianza de 200 millones de pesetas.

El ex presidente de Huarte niega haber pagado comisiones por obras a Roldán

J. LUIS ALVAREZ / MADRID

El ex presidente de Hasa-Huarte, Mario Caprile Stucchi, negó ayer que la mnstructora pagara comisiones a Luis Roldán por las obras adjudicadas en la Guardia Civil. Caprile, que fue procesado por presunto cohecho y después quedó al margen de la causa por estar sobreseido el delito, Ilegó incluso a negar ante la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid que Jorge Esparza, testaferro de Roldán, ocupara el cargo de director comercial en la mnstructora.

Mario Caprile, el primero en comparecer como testigo de todos los constructores que estuvieron procesados, negó todo y alegó desconocimiento sobre cada una de las imputaciones por las que llegó a estar encausado. EI entonces presidente de HasaHuarte aseguró que "no se había abonado cantidades a Roldán", porque "de haberse hecho me habría enterado". "No me plantearon el pago de comisiones o gratificaciones por obras", agregó.

Caprile, a preguntas del fiscal, dijo que supo de la existencia de unas facturas por unos servicios supuestamente prestados a Huarte por Fox Estudios S.A., Gextex S.A. y J.M. Estudios S.A., en 1990, "a raíz de una inspección fiscal" a la empresa por la no liquidación del IVA por parte de las citadas sociedades. Según el fiscal, la importancia de las facturas radica en que sus cantidades "coinciden a la peseta" con el 5')f, del total adjudicado a Hasa y Huarte en obras de la Guardia Civil en el período Roldán, cuyo monto ascendió a 16.011.204.406 pesetas. Mario Caprile responsabilizó del pago de las facturas a una persona fallecida.

LA MISION DE ESPARZA

Fl ex presidente de HasaHuarte -empresas que se llevaron el 25'%^ del total de las obras adjudicadas en tiempos de Roldán- explicó que todo el tema de captación de obras "estaba delegado en las delegaciones locales de la empresa y no competía a la central". Así, llegó a decir que aunyue en la tarjeta de visita de Esparza rezaba "director comercial", "no existía un departamento comercial (en la central), poryue no hacía falta" y explicó que lo escrito en la tarjeta de visita era "una manera de dar contenido a esa persona".

Mario Caprile reconociÓ ante el tribunal la "gran amistad" que le une con José Luis Corcuera, a quien conoció "navegando durante las vacaciones, en Laredo".

Entre otras personas, también comparecieron ante el tribunal un tlorista que cobró un cheque de 90.(xx) pesetas, por un supuesto servicio a la Guardia Civil y que recordó yue Roldán "me compraba una rosa de vez en cuanclo".