Ordenan reabrir el «caso Turibén», que implica en un fraude a cientos de funcionarios
ALBACETE. Colpisa
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha solicitó ayer la apertura de un juicio oral por el «caso Turibén», en el que hay implicadas más de 2.500 personas en toda España, entre ellas cientos de funcionarios, por la utilización de facturas falsas para justificar dietas por valor cercano a los 200 millones de pesetas.
Esta decisión del fiscal, Andrés López Mora, se produce después de que recurriera en apelación ante la Audiencia de Albacete contra el auto de sobreseimiento y archivo de las diligencias del caso dictados por el Juzgado de Instrucción número 5 en septiembre del pasado año.
El «caso Turibén» salió a la luz en 1993 al descubrirse que la agencia de viajes Turibén, con sede en Albacete, había emitido miles de facturas falsas de las que se habrían beneficiado unas 2.500 personas de toda España, entre ellas cientos de policías, guardias civiles y militares. Dicha agencia era regentada por el brigada Jorge Salvago, de la Maestranza Aérea de Albacete, junto a su mujer y su cuñado.
Desestima la petición de sobreseimiento del «caso Sogecable»
El Supremoconfirmaeljuicio oral contra Gómez de Liaño
El juez Javier Gómez de Liaño se sentará en el banquillo por la presunta comisión de tres delitos de prevaricación en el «caso Sogecable». El Tribunal Supremo desestima así la petición de sobreseimiento de la causa solicitada por el fiscal y el propio magistrado y decreta la apertura de juicio oral. De hecho, pide al fiscal que en cinco días presente sus conclusiones provisionales.
MADRID.
ÍÑIGO CORRAL
Redacción
El alto tribunal no estima necesaria la práctica de más pruebas al entender que el magistrado ya realizó cuantas diligencias consideró oportunas «para hacer constar la perpetración del delito». El Supremo rechaza también el sobreseimiento de la causa puesto que «no se han modificado» las circunstancias que concurrieron al dictar resolución de procesamiento del juez.
A la resolución del Supremo, que contó con el visto bueno de los magistrados Gregorio García Ancos y Enrique Bacigalupo, se unió el voto particular de José Manuel Martínez Pereda. Este último explica que aunque no tiene nada que objetar a la conclusión del sumario, su «distanciamiento» tan sólo tiene que ver con la apertura de juicio oral. A su juicio, la causa debe ser sobreseída. Martínez Pereda precisa que la instrucción del «caso Sogecable» era «no sólo legítima, sino lógica». Es más, recuerda que las decisiones del ex-juez fueron apoyadas por el fiscal y hace ver al Supremo que en sus distintas resolucio-
nes nunca cuestionó el carácter delictivo de los hechos.
Además, Pereda pone de manifiesto que cuando Gómez de Liaño fue cesado, no por ello «se desactiva la causa y desaparece la actividad procesal, sino que continúa con el sucesor y con otros posteriores hasta su desaparición».
El ex-magistrado recusará a los miembros del tribunal
Javier Gómez de Liaño recusará a los magistrados del Supremo que deben juzgarle ya que entiende que están «contaminados» por haber visto ya el asunto cuando resolvieron el recurso contra el procesamiento. Fuentes de la defensa adelantaron a Efe que volverá a pedir el archivo de la causa alegando que no puede ser enjuiciado por una «cosa juzgada». Alegará que el Supremo ya sobreseyó los hechos al archivar las diligencias contra los jueces Baltasar Garzón, Gómez de Liaño y Joaquín Navarro, los fiscales María Dolores Márquez e Ignacio Gordillo y el abogado Antonio García Trevijano. Las diligencias fueron incoadas tras una denuncia del fiscal general de seis delitos relacionados con un enfrentamiento entre Garzón y Liaño en el caso.
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