El juez Navarro y Santaella se querellan contra Baltasar Garzón
Por prevaricación y revelación de secreto
COLPISA " MADRID
El abogado Antonio García Trevijano, en representación del juez Joaquín Navarro y del letrado Jesús Santaella, presentó ayer en el Tribunal Supremo una querella criminal contra el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, al que acusan de ocho presuntos delitos de prevaricación y uno por supuesta revelación de secreto .
García Trevijano explicó que la querella está sustentada por los hechos ocurridos tras la intervención de un documento en el ordenador personal del que fuera jefe del equipo de investigación del diario Egin Pepe Re¡, incautado durante el registro efectuado. el pasado 24 de julio . El documento hacía referencia a unas supuestas afirmaciones atribuidas a Re¡ sobre el GAL, en una reunión que habrían mantenido en la casa de Joaquín Navarro el citado periodista y Jesús Santaella, en 1997.
La documentación llegó a manos del magistrado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, el pasado mes de enero. Este decidió formar una pieza separada y enviarla al Tribunal Supremo para incorporarlo al sumario del caso Egin que, a su vez, se lo devolvió a Garzón, al considerar que no era competente en el asunto. Tras consultar con el fiscal, el magistrado decidió el sobreseimiento de la causa y archivo .
Información de Tele 5
Antonio García Trevijano explicó que es «un asunto que aparentemente está relacionado con una información que dio Tele 5, respecto a la presunta relación que el magistrado Joaquín Navarro y el abogado Jesús Santaella mantenían con el entorno de ETA», algo que dijo que «es fal- so», dado que según este letrado la reunión «nunca tuvo lugar» . Sin embargo, el abogado admitió que Santaella conoció a Re¡ cuando este trabajaba en el Faro de Vigo, cuyo redactor jefe era el padre del letrado Santaella ; mientras que Navarro también tuvo contacto con el periodista de Egin cuando estuvo destinado en el País Vasco .
El abogado explicó que Garzón, antes de archivar la pieza, «pide a la policía judicial, el día 4 de marzo, que investigue si el documento ha tenido difusión, dos días después que Tele 5 difundiera la noticia» . El día 5, Garzón decreta el sobreseimiento y el archivo de la pieza separada «aclarando -según Trevijano- que no lo hace porque no haya delito de injurias y calumnias al Jefe del Estado, sino porque no ha tenido difusión» .
Injuriar al Jefe del Estado
El letrado agregó que Garzón, en el auto de archiva «atribuye a Jesús Santaella el haber dado las informaciones diciendo al periodista que no divulgara la fuente y al magistrado Navarro el papel de mediador en la formación de la voluntad de injuriar al Jefe del Estado».
Por su parte y a este respecto, Tele 5 remitió el pasado día 3 un escrito al juez Garzón en el que le ponía en conocimiento de un documento que había llegado a la cadena solicitándoles quiénes habían sido sus fuentes en este caso. La carta de Tele 5 expresa al magistrado que ni él ni nadie de su juzgado les facilitó la información .
Antonio García Trevijano acusó también a la cadena de televisión Tele 5 de haber cometido una «irresponsabilidad» y anunció que tiene previsto proceder legalmente contra esta cadena televisiva .
El Ayuntamiento de Pamplona pide al Gobierno el acercamiento de presos
E. OBANOS . COLPISA " PAMPLONA
El Ayuntamiento de Pamplona aprobó ayer una moción en la que pide al Gobierno central que, por motivos humanitarios, «promueva una política de acercamiento de presos, sea cual sea el delito cometido, a centros penitenciarios próximos a su lugares de origen» .
La moción, que contó con el apoyo de todos los grupos salvo Unión del Pueblo Navarro, acuerda además «instar a los órganos competentes al máximo respeto de la legislación vigente en cuanto a los derechos de los presos» y también a «interesarse por la situación de los presos vecinos de esta ciudad que en aplicación de la legislación vigente estén en condiciones de ser trasladados a la cárcel de Pamplona o en condición de obtener la libertad condicional por haber cumplido las tres cuartas partes de su éondena, por ser enfermos muy graves o por algunos de los demás motivos previstos en el Código Penal».
El consistorio pamplonés acordó aprobar esta moción a la vista de la solicitud presentada ante el ayuntamiento por diversos colectivos sobre varios presos vecinos de la ciudad y en el texto aprobado recuerda que ya en mayo del 96 el pleno del Ayuntamiento adoptó un acuerdo en el que instaba al Gobierno central a promover una política de acercamiento progresivo de los presos.
Concejal expulsado
De otro lado, el concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Pamplona José Javier Echeverría fue expulsado ayer del pleno municipal por exhibir una camiseta con un lema en contra de la intervención de la Alianza Atlántica en Yugoslavia . En ella podía leerse : «OTAN asesina . Paremos los bombardeos por inhumanos, por arbitrarios, por desproporcionados».
Antes de su expulsión el alcalde de Pamplona, Javier Chourraut, recordó que el reglamento plenario prohibe «la exhibición ostentosa o fuera de lugar de símbolos, carteles, expresiones gráficas de filiaciones, tendencias, peticiones o reivindicaciones».
Garzón amplía el procesamiento contra Pinochet con 64 nuevos casos
El magistrado envía los datos urgentemente al Reino Unido
J. L. ALVAREZ . COLPISA - MADRID
El general Augusto Pinochet tendrá que hacer frente a 64 nuevos casos entre torturas, asesinatos y desapariciones durante el régimen militar que encabezó en Chile entre septiembre de 1973 y marzo de 1990.
El juez central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, dictó ayer una resolución por la que amplia el procesamiento del dictador por esos hechos, delitos que el magistrado ha órdenado que sean comunicados de inmediato al Reino Unido para que sean incorporados al expediente de extradición del general, abierto el 3 de noviembre de 1998.
Baltasar Garzón amplia el procesamiento de Augusto Pinochet dentro de la pieza separada abierta bajo la denominación 'ChileOperativo Cóndor', que investiga la conexión de las dictaduras militares de Paraguay, Uruguay, Bolivia, Brasil y Argentina, «lideradas» por Chile para «conspirar, desarrollar-y ejecutar un plan criminal sistemático de detenciones ilegales, secuestros, torturas seguidas de la muerte de la persona, desplazamientos forzosos de miles de ciudadanos y desaparición y eliminación selectiva de un número próximo a las 3.000 personas».
Según las estimaciones de la . causa, alrededor de 500.000 personas fueron privadas de libertad, más de 100.000 son expulsadas u obligadas al exilio y las personas muertas o desaparecidas ascienden a casi 5.000, aunque en el primer auto de procesamiento -de 10 de diciembre de 1998- sólo se enumeran «las que hay constancia cierta», unas 1.198 . Las 500.000 personas detenidas «son sometidas de una forma u otra a tortura», añade el magistrado, en su extensa resolución .
Con nombres y apellidos
La ampliación de procesamiento es por 64 nuevos casos concretos de torturas y crímenes cometidos después del 29 de septiembre de 1986 y hasta octubre de 1989, hechos que Garzón enumera con fechas, nombres y apellidos y lugares donde fueron presos o asesinados.
El magistrado de la Audiencia Nacional considera que los hechos son constitutivos de los delitos de torturas, terrorismo, de pertenencia a banda armada y de genocidio . Garzón recuerda las limitaciones establecidas por la Cámara de los Lores para la extradición de Pinochet, sólo para los delitos perpe-
AP
Dos hombres colocan un cartel contra Pinochet en Londres.
trados entre el 8 de diciembre de 1988 y el 12 de marzo de 1990.
«La aceptación de estos límites se extiende al sólo supuesto de que el curso de la extradición continúe hasta su término y el interesado sea entregado a la jurisdicción española, único caso en que tales limitaciones tendrían efecto», justifica el juez tras haber hecho referencia a casos que anteceden la fecha inicial, dentro de los 64 nuevos crímenes imputados al dictador.
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Garzón recuerda que en los dos autos de procesamiento, los casos concretos de desaparecidos suman las 1 .198 personas, a lo largo de la dictadura, lo que «debe ser considerado, pues, un trato inhumano» y «tortura» al ser para la víctima «una violación de derecho sostenida en el tiempo» . A juicio del magistrado, «mientras se desconozca el destino de los desaparecidos el delito no prescribe» y «sólo el responsable de los crímenes está
en condiciones de terminar con la incertidumbre» .
Medios de la represión
Baltasar Garzón explica en la resolución que para esa represión sistemática, Augusto Pinochet se sirvió de los Servicios de Inteligencia (DINA) y la Central Nacional de Informaciones (CNI), en cuyos recintos, junto a los del Comando Conjunto del Ejército, la Dirección de Comunicaciones de Carabineros (DICOMCAR) y el Comando Vengadores Mártires (COVEMA) estuvieron presos los detenidos y fueron escenarios de la «práctica de las violencias psíquicas y físicas (torturas) ».
La represión siguió distintas fases, según el magistrado . Estas comenzaron la intimidación generalizada, entre el 11 de septiembre de 1973 hasta mediados de 1974; la destrucción fisica, entre mediados de 1974 y comienzos de 1978; la de obtención prioritaria de información, desde 1978 a 1983; la de obtención de información y de intimidación pública entre 1983 y final del régimen militar . Para realizar estas persecuciones, Pinochet llegó a firmar decretos, adscribió los centros clandestinos de tortura de la DINA a la Presidencia de la República, contó con el apoyo de la fiscalía militar y practicó la censura de prensa y desinformación en los medios de comunicación.
Electrodos y panales de abejas
J. L. A. COLPISA " MADRID . El auto de ampliación del procesamiento del dictador chileno Augusto Pinochet por 64 nuevos crímenes recoge una amplia descripción de las torturas y vejaciones a las que eran sometidas las víctimas de la represión .
Muchos no pudieron soportar las agresiones y vejaciones, por lo que decidieron quitarse la vida saltando al vacío o ahorcándose en las mazmorras donde estaban cautivos . Otros pudieron salvar su vida y su testimonio obra ahora en las actuaciones que dirige el juez Garzón .
Patadas, puñetazos, bofetadas y golpes soportó Patricia Judith Correa, a quien inmovilizaron en la silla de un dentista . Los torturadores, no contentos con los golpes, le colocaron una placa metálica en la pelvis y mojaron su brazo, para proceder a darle descargas eléctricas con la que la obligaron a firmar una declaración . Los hombre sufrieron también esas torturas, soportando la electricidad en el pene. El auto de Garzón destaca el caso de José Luis Donoso Cáceres, a quien se le colocó en la cabeza un panal de abejas .