El fiscal pide tres años de cárcel y doce de inhabilitación para Villapalos
Con el informe de la defensa, el juicio quedará hoy visto para sentencia
El fiscal mantuvo ayer sus conclusiones y pidió tres años de cárcel y doce de inhabilitación para desempeñar cargo público para el ex rector de la Complutense, Gustavo Villapalos, por pagar treinta millones de pesetas al profesor Manuel Garrido para que supuestamente retirara una querella por prevaricación contra él. El juicio quedará hoy visto para sentencia.
MADRID. M. Asenjo
E l fiscal sostuvo en su informe defi nitivo que Gustavo Villapalos pa gó al profesor con dinero de la Universidad para «satisfacer su inte rés particular» y «cerrar un procedi miento que le podía ser perjudicial para su futuro profesional». Por tan to, Gustavo Villapalos y su ex geren te, Jesús Calvo, también encausado, se enfrentan a una condena de tres años de cárcel y doce de inhabilita ción por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Según el fiscal, en 1990 el ex rector abrió un expediente disciplinario al profesor de Lógica, Manuel Garrido, que finalizó con una sanción de do ble apercibimiento, que fue poste riormente revocada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Garrido, decidió interponer una querella criminal contra el ac tual consejero de Educación por en
tender que se habían producido irre gularidades en la tramitación del re ferido expediente.
Según el fiscal, en mayo de 1995, el ex rector con el fin de evitar que prosperara la querella y «aprove chando que eran sus últimos momen tos en ese puesto ya que iba a dejar el cargo», se puso en contacto con Ga rrido a través de su cuñado, el aboga do Antonio García Trevijano, y le ofreció una indemnización de 30 mi llones de pesetas si no prestaba decla ración en el procedimiento penal, a lo que el profesor accedió. El 9 de mayo, Villapalos «sin que tuviera competencia alguna para ello», dictó una resolución por la que se acorda ba abonar a Garrido los 30 millones en concepto de indemnización por daños y perjuicios, de los que final mente quince fueron para el profe sor y los otros quince para su cuña do. Además, el ex rector se comvmicó
con Jesús Calvo, quien «con conoci miento de la üegalidad del pago acor dado» expidió las órdenes de pago.
El representante del Ministerio Pú blico asegxiró que la conducta de los acusados como funcionarios públi cos «asusta». Pidió también que Ga rrido y Trevijano devuelvan cada uno los 15 millones procedentes de la operación porque «se han enriqueci do por medio de im acto ilícito».
También solicitó la deducción de testimonio de la presidenta de la Co misión Permanente de la UCM, Car men Hernández, para estudiar posi bles acciones legales por presunta falsificación de documento público.
PENAS MENORES.
Por su parte, el abogado de la acu sación particular que ejerce Garrido rebajó su petición inicial de catorce años y ocho meses de cárcel para los dos acusados a cuatro años, al apli carles el nuevo Código Penal.
La segunda acusación particular, que ejerce el profesor Jesús Portea, mantuvo la petición de cuatro años de cárcel para Villapalos y retiró la acusación respecto a Calvo Soria al entender que hay dudas sobre su res ponsabilidad penal.
PENÚLTIMA seSIÓN
Gustavo Villapalos
- El fiscal mantiene la acusación de prevaricación y malversa^ ción contra Gustavo Villapalos y Jesús Calvo.
- Por estos presuntos delitos, co metidos cuando los acusados eran rector y gerente, respecti vamente, de la Complutense, el Ministerio Fiscal pide tres años de cárcel y doce de inha bilitación para cada uno.
- La acusación particular baja la petición de penas a tres años de cárcel.
- La acusación popular exculpa a Calvo.
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ABC (Madrid) - 29/05/2001, Página 93 Copyright (c) DIARIO ABC S.L, Madrid, 2009. Queda prohibida la reproducción, distribución, puesta a disposición, comunicación pública y utilización, total o parcial, de los contenidos de esta web, en cualquier forma o modalidad, sin previa, expresa y escrita autorización, incluyendo, en particular, su mera reproducción y/o puesta a disposición como resúmenes, reseñas o revistas de prensa con fines comerciales o directa o indirectamente lucrativos, a la que se manifiesta oposición expresa, a salvo del uso de los productos que se contrate de acuerdo con las condiciones existentes.