📖 Teoría Pura de la República (18. LOS PARTIDOS ESTATALES) Audiolibro 📖

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Partidos estatales. La cultura europea no ha separado con distinción los conceptos de democracia política y democracia social. El hecho de que la palabra democracia designe la forma de gobierno causada por la libertad política colectiva y el grado de igualdad real en los miembros de una misma comunidad es fuente de continuos malentendidos. La igualdad de derechos y de oportunidades son consecuencias de la democracia política. Mientras que la igualación, salarios, jubilación, sanidad, educación, asistencia social y servicios públicos, lo que se llama estado de bienestar, son exigencias de la democracia social. La libertad política no depende de los niveles de renta nacional, del producto nacional bruto ni del consumo por cabeza. La democracia formal puede caminar hacia la igualdad social, pero las revoluciones de la igualdad sin horizonte de libertad requieren dictaduras que extiendan la falta de libertad más allá de la que denunciaban en la situación anterior de rebeldía. Hay menos libertades en el fruto de la revolución que en sus simientes. Ni equiparación posible entre una regla formal para el juego político y un criterio de justicia para la distribución social de la riqueza. Lo decisivo de la libertad es que la regla constituye el juego antes de comenzar la competición, mientras que la idea de justicia material la impone la ideología del vencedor, sin reglas objetivas de juego. Los presupuestos de la democracia política son, primero, todos pueden participar en el juego en condiciones de igualdad. Segundo, el juego se desarrolla en el campo de la sociedad política. Tercero, las decisiones se toman por votación de mayorías y minorías y sus requisitos sine qua non son, a. representación directa de la sociedad política, b. separación de los poderes estatales. Las transiciones al estado de partidos por miedo a la libertad limitan el juego a una competición entre partidos estatales contra Primero, el juego se desarrolla en la sociedad estatal contra Segunda, las decisiones se toman por consenso contra Tercera, por miedo a la libertad de elección se cambia la representación de la sociedad por la de partidos estatales contra A, por miedo a la responsabilidad no se separan los poderes del estado contra B Sin libertad política, sin sociedad política intermedia entre la sociedad y el Estado, los partidos pasaron desde la clandestinidad al Estado, eludiendo la democracia formal y llamando libertad política a las libertades públicas antes reprimidas. Como elementos estatales integrados en una sinarquía, a la vez constituida y constitucionaria, los partidos dejaron huérfana de representación a la sociedad. Ante la crisis financiera del Estado, los gobiernos no tienen a quién dirigirse para evitar la quiebra de las finanzas públicas, provocada por la irresponsable sinarquía estatal y por la dispersión del gasto público en autonomías partidistas incontrolables. El estado de partidos prohíbe el mandato imperativo de los electores, pero basa la representación proporcional en el mandato imperativo de los jefes de partido. Se dice que la soberanía reside en el pueblo, pero con la prohibición a este fantasmagórico soberano de dar instrucciones a sus mandatarios ni siquiera haciendo vinculantes las promesas que le hicieran los partidos estatales para ser elegidos. Y se le prohíbe que revoque el poder dado a sus diputados. La culpa no fue de Rousseau, para quien el pueblo soberano no podía ser representado, sino de la Abad, si ellas, que anuló el mandato imperativo y la revocabilidad de la representación para que la asamblea pudiera proclamarse soberana. Obligado a legislar según la regla de mayoría, el colegio de mandatarios se apoderó de la voluntad general, que Rousseau había ideado para un pueblo sin representación. Con el monopolio de la representación, los partidos estatales asesinan al sentido común. El poder electoral no está en los votantes a listas predeterminadas, sino en la media docena de jefes de partido que hacen las listas. El consenso de sus voluntades particulares pretende ser la voluntad general. La ruptura del mandato político tuvo en su origen sentido revolucionario para superar la situación de hipotencia de los representantes. Sieyes proclamó que el mandato imperativo se disolvía en la Asamblea Nacional porque la nación no recibe órdenes de nadie. Además, el mandato de los Cahiers de Dolancers no contemplaba la declaración de derechos ni la separación de poderes. El mandato representativo se transformó en la libre representación que Sieyès llamó soberanía representativa. Las diferencias entre poblaciones rústicas, ciudades y París no permitían demarcar distritos con la misma proporción de categorías sociales diferentes. Era inevitable la lógica revolucionaria de la ley de Le Chapelier, prohibiendo el asociacionismo para proteger la independencia del voto. La prohibición del mandato imperativo produjo sistemas parlamentarios de soberanía de la representación. Consecuencias. Emergencia de una clase política separada de los representados y acción directa de estos contra sus representantes, con marchas de violenta potencia extraparlamentaria, revueltas sociales permanentes y guerras civiles. Ahora se difunde la cínica falsedad de que la prohibición del mandato protege la independencia de los legisladores, cuando jamás tuvo esa motivación. En su origen, fue una medida expeditiva para permitir la declaración de derechos y la separación de poderes, no autorizadas en los mandatos de los callers. En el sistema proporcional, la prohibición pretende que el diputado no pueda alegar mandatos contrarios o distintos a los del partido, y no se cumple para mantener la dependencia del poder legislativo respecto del partido gobernante. Lo que en su origen tuvo sentido revolucionario ahora lo tiene reaccionario, en tanto que factor constitutivo de la clase política. El hallazgo de la monada republicana, que refleja a escala pequeña la pluralidad de fuerzas que interactúan en la sociedad, permite resolver el problema de la representación política sin necesidad de acudir a la barbarie de la prohibición del mandato, propia del anterior régimen parlamentario de soberanía representativa. Ante el estrepitoso fracaso de la sustitución de la representación por la integración de las masas en el Estado sin sociedad política intermedia, hay que volver a los fundamentos naturales de la representación. Todo mandato civil es imperativo y revocable. Mandato imperativo es una expresión redundante, mandato irrevocable un contrasentido. Solo el mandato representativo de una monada electoral permite construir, junto con el de las demás, la sociedad política intermedia entre sociedad y Estado. Con la monada republicana no solo desaparece la deficiencia de representación del pluralismo social, sino la vieja añoranza marxista de unir en un solo estado personal la condición de productor y de ciudadano. O sea, salir de la alienación económica por medio de la alienación política. En la monada republicana puede subsistir alienación económica, pero no enajenación política de los representados. El contraste entre el sistema proporcional combinado con la prohibición de mandato que no sea el del partido y lo que sucede en Francia con el sistema de elección unilominal a doble vuelta en distritos pequeños es aleccionador. En Francia no hay democracia porque no hay separación de poderes entre el ejecutivo y el legislativo. Aquel necesita la motivación de confianza de este. Pero al menos su sistema electoral es representativo de la sociedad, cosa que no ocurre en los demás países europeos, salvo en Gran Bretaña y Suiza. Además, las elecciones son democráticas y no oligárquicas de partido, porque dan mayoría absoluta a la persona elegida como representante en cada distrito, sea en primera o en segunda vuelta. El sistema británico es menos representativo que el francés y nada democrático por admitir la validez de mayorías relativas y no permitir la segunda vuelta. La tradición electoral en el Reino Unido ha ignorado que la segunda vuelta escapa de la paradoja de Arrow, como también eluden las sociedades políticas que solo ponen en liza electoral a dos partidos. Kenneth Arrow, premio Nobel de Economía, actualizando un teorema de Condorcet, creyó haber demostrado que la democracia es imposible o, mejor dicho, que las decisiones por el sistema de mayoría, cuando hay más de dos opciones en el abanico de elecciones posibles, no pueden ser democráticas. Esta paradoja afecta al sistema proporcional de elecciones y al mayoritario simple, como el de Inglaterra, pues en ellos los resultados de las urnas no hacen coincidir las preferencias personales de los votantes con la preferencia mayoritaria del cuerpo electoral o de la sociedad global, reflejada en todas las encuestas fidedignas. Las instituciones de la República Constitucional eliminan la paradoja de Arrow, no por razones técnicas electoral, como en Francia, sino por la naturaleza indivisa de cada monada representada, donde por petición de principio se hace indefectible que la voluntad colectiva de los electores coincida con la voluntad mayoritaria del distrito electoral. son elecciones sustancialmente democráticas, y no solo formalmente, como también lo es la elección, por mayoría absoluta, del presidente de la República. Eliminada la elección de decididores, la paradoja de Arrow quedaría circunscrita a la adopción de decisiones por mayoría de los diputados de la asamblea legislativa, cuando fueran más de dos las opciones legislativas entre las que elegir. Paradoja que no atenaza a las decisiones del gobierno. Estas no obedecen a la regla de mayoría en un consejo de ministros, sino al método de decisión en un comité dirigido por un jefe con responsabilidad solidaria de sus miembros. La paradoja de Arrow, que solo afecta a la elección entre más de dos opciones, tampoco entra en las decisiones de la Asamblea Legislativa, respecto a dos distintas proposiciones de ley. La paradoja se plantearía en las votaciones a tres o más opciones de ley, en el caso de que la regiera, por ejemplo, la utópica regla de justicia mínima de Rawls. Pero en los parlamentos de más de dos partidos estatales, la paradoja de Arrow entra indefectiblemente por la puerta trasera, dado que las proposiciones de ley no son debatidas ni votadas como opciones entre las que pueden escoger libremente los diputados, sino como elección de preferencias de partido entre proposiciones preparadas fuera del parlamento por los grupos empresariales patrocinadores del partido gobernante. Si la iniciativa legislativa no está de hecho en el Parlamento y en él hay tres partidos que convierten dicha iniciativa en tres proposiciones de ley diferentes, al tener que elegir se produce la paradoja de Arro y la elección no será democrática. Esto no puede suceder en la República Constitucional. Las proposiciones de ley no partirían de los partidos, sino de un diputado y se votarían por separado cada una, incluso artículo por artículo si fuese necesario. Mucho más perniciosa que la eventual paradoja de Arrow es la doctrina legal según la cual el diputado de distrito elegido por mayoría absoluta o relativa, como los diputados de listas de partidos, elegidos por el sistema proporcional en el mismo momento de recibir las credenciales y tomar posición del escaño parlamentario, dejan de ser representantes del distrito o de sus electores y, por un acto divino de transfiguración, se transforman instantáneamente en representantes individuales de la nación. Este milagro de Pentecostés representativo, que no puede ser ónticamente explicado por la relación de representación, pese a las metafísicas razones alegadas por Burke y Sieyes, tiene desde largo una dimensión religiosa o espiritista. Es cuestión de fe y no de razón. Queredo ut intelligam. Desde que el directorio remató la revolución francesa en 1795, la política se organizó religiosamente para creyentes en la diosa nación, dotada de elementos sacros. La iglesia y el estado continúan viéndose como rivales porque la anticlerical constituye la liturgia laica de la religiosidad nacionalista o progresista. Los jacobinos comulgaron en el altar del ser supremo y los evertistas ante la diosa razón en Notre Dame. Esos fieles se constituyeron, directorio, en casta levítica a perpetuidad, en el Templo de la Soberanía Nacional para renovar el dogma de la infalibilidad parlamentaria con el milagro de Pentecostés que les permitía desvelar los miembros de la voluntad general. No identificaba con la voluntad de la mayoría ni con la unanimidad. Rousseau dedujo la voluntad general de la idea teológica de Malebranche sobre la pasividad divina ante la maldad humana. Las ideas de Dios, como la de los partidos, son generales. Este milagro en la diputación sobrepasa los límites de esa ley social de las admiraciones repentinas, que transforma en inteligente y excelente a toda persona juzgada o común o mediocre antes de subir al trono de la fortuna. El más ignorante paisano de los candidatos a un escaño parlamentario, tan pronto como las urnas lo consagran y santifican, aparece aureolado por la sabiduría del interés general, la adivinación de la voluntad general, la conciencia del bien público, la ciencia de la economía y la presciencia del conflicto. Dotado de esos dones preternaturales, el cateto de Miurgo decide con su voto lo divino y lo humano de su país y del mundo. pero al dictado de su jefe de partido, la metafísica religiosa de este milagro del espíritu partidista había sido evitada antes de que la revolución la deificara, por la fantasía aristocrática de Edmundo Burke en su famoso discurso a los electores de Bristol 1774. Gracias a su virtual representación, El parlamento de las capas sociales superiores aseguraba la representación de todo el pueblo. Tal vez por eso los votantes de Bristol no eligieron en la campaña siguiente al creador de tan sublime representación virtual, es decir, no actual, sino potencial de las mujeres y los no propietarios. El abad de Fregus, Sieyes, puso las lenguas de fuego espiritual que iluminarían las cabezas de los diputados locales. El diputado de un vallaje, partido judicial, es inmediatamente elegido por su vallaje, pero inmediatamente es elegido por la totalidad de los vallajes. Mediante esta ficción de superioridad de la inmediatez sobre la inmediatez, el diputado pueblerino se independiza de sus electores particulares y adquiere la conciencia de haber sido elegido por la nación, a la que encarna como los reyes, para interpretar y representar sus altos designios sin que sus mezquinos e ignorantes electores de distrito tengan derecho a exigirle rendición de cuentas de lo que no saben ni tampoco intuyen. La mediatez y representativa se hizo sublime idiotez en la representación de partido. Con la igualación social de las situaciones personales dejó de ser virtual la representación de los ciudadanos pasivos por los activos, la de los pobres por los ricos, la de las mujeres por sus padres o maridos, la de los criados por sus amos. Sin la mística aristocrática, el realismo revolucionario del sentido común puede retornar para poner fin a la comedia exigiendo el mandato representativo de los electores, con todas sus consecuencias de rendición de cuentas y revocabilidad. Ante el estruendoso fracaso de la ficticia representación parlamentaria de los partidos estatales, mantenidos en el aire por la alfombra mágica de la representación proporcional, resuenan como nuevas las palabras del primer defensor de los partidos, el propio Edmundo Burke. Cuando los hombres malos se alían, el bien debe asociarse. El creador de la representación virtual pedía la asociación contra las diputaciones perversas, que en el sistema de listas no permite distinguir al malo del tonto ni al arrogante vanidoso del corrupto. Como si fuera verdad científica o evidencia incontestable, los medios de comunicación y los propios partidos difunden la opinión de que no hay necesidad de tomar precauciones institucionales contra la corrupción de gobiernos y parlamentos, puesto que los electores tienen la posibilidad de castigar ellos mismos la deslealtad a sus elegidos, no volviendo a votarlos en las siguientes elecciones. La cultura liberal llamó reacción anticipada a este mecanismo de autodefensa preventiva del votante. La soberanía del legislativo instala en el alma diputada el principio inderogable de la independencia del elegido respecto de sus electores. Eso no es separación ni abuso, sino usurpación de poderes. El poder electoral es quimérico. El diputado puede pavonearse de que no es mandatario ni delegado. no recibe instrucciones de sus votantes, las promesas electorales no tienen validez. En cualquier manual de ciencia política liberal se puede leer que la no reelección es la sola sanción del desacuerdo que pueda existir entre el elegido y sus electores. Acaso no es la mejor definición de la servidumbre impuesta al elector por el elegido? La no reelección, una reacción individual y personal, avala un sistema representativo que concede inmunidad a los elegidos, pero no garantiza a los electores defraudados ni corrige los errores electivos. La realidad actual es aún más dura y cínica, mucho más desvergonzada que en la doctrina liberal. El mecanismo de la reacción anticipada, que ya era un inmortal y arriesgado consuelo retrasado en las elecciones de candidaturas unipersonales propias de los regímenes parlamentarios, ha desaparecido por completo, incluso como coartada en los sistemas de representación proporcional de partidos estatales mediante listas de candidatos. Era desesperante que los electores tuvieran que esperar nuevas elecciones para apartar a los diputados corruptos o desleales, pero existía la posibilidad de que los eliminaran en la siguiente campaña. Ahora, con la representación proporcional, se incurre en cínica falsedad y suprema irresponsabilidad, cuando se afirma que la reacción anticipada tiene eficacia frente a los diputados de lista, es decir, frente al jefe del partido que las hizo, y que han decepcionado las esperanzas de sus electores. Esta falsedad ni siquiera tiene la disculpa de las mentiras piadosas. No se cambia de partido político como de personas. No se improvisa un nuevo partido entre elección y elección. En las actuales sociedades de espectáculo y de hinchadas, cada partido estatal tiene en su mochila una cuota fija de partidarios. que lo votarán haga lo que haga, sea el robo de las pensiones, la dávida de fondos públicos a los banqueros en crisis o los goles con la mano de Dios a los partidos rivales. Los partidos estatales no pueden sufrir el castigo diferido de la reacción anticipada de los electores. Los partidos estatales ya no son partidos de programa ideológico, de personalidades notables ni de diferente concepción de la economía. Todos defienden la propiedad privada y el mercado. Todos ponen el mismo celo en agradar con privilegios a las oligarquías financieras, económicas y mediáticas. No hay en este terreno distinción entre partidos de derecha o de izquierda, tampoco son partidos de integración social como dicen las constituciones. Al estar completamente separados de la sociedad civil, solo pueden integrar en el Estado a las masas que se identifican con ellos por motivos familiares, religiosos, hábitos culturales o estilo de habla. En los partidos estatales, con programas generalistas iguales, resulta inútil sustituir a un partido por otro en las preferencias del votante. En el caso de que el partido estatal gobernante pierda las elecciones por crímenes y corrupciones descubiertas, siempre conservará en reserva el enorme potencial de su hinchada que, al menor desgaste del nuevo partido gobernante, le dará la victoria en la siguiente jornada electoral. Las mochilas de los partidos estatales están repletas de partidos inconmovibles, sea por tradición de fidelidad a unas siglas, sea por temor al triunfo de su enemigo estereotipado, o sea por agradecimiento a que su partido, por ser el de los pobres, mete la mano en bolsillos ajenos con más justificación y menos cinismo. No temáis, mi lord, la potestad que os hizo rey tiene potestad para conservaros rey a despecho de todo. Shakespeare, Ricardo II, II, 27-28 Si se trata de elegir entre partidos estatales y no entre personas singulares el principio de la reacción anticipada del elector no existe. Según el soplo favorable de la más leve circunstancia adversa al partido gobernante el elector dará nuevamente su voto al otro partido de la corrupción, del crimen, de la prevaricación o de la guerra. El problema de la libertad política ya no está planteado en el escenario histórico de la sociedad activa, donde lo colocó el acontecimiento revolucionario. En ese antiguo terreno apenas se distinguen los vestigios de una época mitad romántica y mitad positiva, donde la relación de fuerzas entre los factores de producción entre la clase burguesa y la clase obrera Determinaba no sólo la situación social y personal, sino la comprensión intelectual del fenómeno del poder estatal y las diferentes estrategias para conquistarlo y conservarlo. En aquella perspectiva, la visión marxista del mundo no tuvo rival. La realidad confirmaba la teoría derivada de la izquierda hegeliana. Los partidos burgueses situados a la defensiva retrasaban la llegada del sufragio universal y del voto femenino porque carecían de una tesis sobre la libertad política capaz de superar a la antítesis de la dialéctica socialista. Y la visión izquierdista no comprendió que sin libertades formales no habría posibilidad de libertades reales. La distinción entre esas dos clases de libertad fue golpe de gracia para la ideología liberal y el cornetín de enganche para los partidos obreros. Los radicales se asomaron al mundo de la igualdad social desde el balcón pequeño burgués. Allí permanecieron de angostura y miedo. El partido radical interpretó en Francia el canto de cisne del liberalismo político. En Italia y Alemania, esa pequeña burguesía sublimó su impotencia recurriendo a la fuerza bruta y reaccionaria del fascismo y del nacionalsocialismo. Lo que no consiguió un siglo de enfrentamientos, esto es, que la derecha y la izquierda se abrazaran en una sola ideología estatal, el vencedor estadounidense lo impuso como condición de diálogo con los vencidos partidos clandestinos. Y todos se hicieron estatales. La aniquilación de los estados de partido único originó el vacío de poder que se rellenó con la repentina estatalización de los partidos residuales o diluidos en el fascismo y el nazismo. Los partidos liberales, socialistas y comunistas se hicieron estatales no por virtud de sus respectivas ideologías, sino para vivir como órganos del Estado, financiados por el fisco y con privilegios políticos que no tienen los particulares. El estado de partidos se construyó con los materiales de derribo de los estados totalitarios. La funesta y previsible consecuencia de aquella cínica improvisación que trasladó el escenario de la competencia por el poder desde la sociedad civil al ámbito público del estado ha sido la sistemática corrupción de los partidos estatales con aumento exponencial del gasto público y depredación de los recursos. Lo imperdonable ha sido que se escamoteara la libertad política con la eficacia del Estado, como en las dictaduras y estados absolutos, y con la complicidad de unos medios de comunicación predicadores de que la única libertad política posible es la de los únicos agentes o actores del poder, es decir, la libertad incontrolable de los partidos y sindicatos estatales. Si la libertad no constituye el poder, sino este a aquella, la sociedad se estabiliza en una oligarquía de partidos estatales. El cambio vertical de escenario, la instalación de los partidos en el Estado, cambió los factores que determinan las transformaciones sociales, así como los conceptos de estrategia y táctica en el combate por la libertad. El enemigo directo de la libertad política ya no es el gran capital. Los enemigos primordiales de la libertad son los partidos estatales y los medios de comunicación partidistas. Sin ellos, aquel sería un gigantesco cuerpo económico sin brazos políticos. Los antiguos partidos de la sociedad política fueron eliminados por el partido único del Estado total. Lo sucedido al final de la Guerra Mundial no fue una restauración de los antiguos partidos, sino una instauración directa en el estado de las siglas partidistas que salían de la clandestinidad. Sin legitimarse en y ante la sociedad política, los viejos partidos se hicieron nuevos órganos del Estado, mudaron de naturaleza, perdieron sus características sociales, se repartieron los cargos estatales y ganaron los atributos de la función pública. partidos de funcionarios del poder estatal. Los partidos actuales dejaron de ser instituciones políticas para convertirse en instituciones de derecho público y al desempeñar las funciones del Estado de modo permanente y orientación parcial, los partidos renunciaron a su condición de partes de la sociedad política y se hicieron facciones del único poder estatal. Los partidos órganos de lo estatal no pueden ser verdaderos partidos políticos porque ya no tienen naturaleza política. La aguda crisis actual del estado de partidos revela que los partidos no actúan como partes de un todo estatal de lo político. Subordinan la función indiscriminada del estado al interés faccioso, fraccionario y discriminador de cada asociación estatal. Aunque sea difícil que una facción social alcance la categoría de partido, es fácil que un partido estatal degenere en facción y llegue a poner en peligro la unidad del Estado-nación a causa de sus ambiciones de lograr efímeras alianzas de gobierno con periféricos partidos nacionalistas o nacionalistas, financiados por el Estado del que desean separarse. Son nacionalistas los que sacrifican verdad y libertad a la nación. Hay facción estatal cuando opriman los intereses de partido estatal sobre el interés público nacional. Hay facción nacional cuando el sentimiento natural de la patria histórica se pospone al patriotismo de partido nacionalista. Un fenómeno denunciado por Gransky que sustituye la mente individual por la mentalidad partidista con destrucción de la inteligencia del mundo político y prefiguración de la razón de Estado. La intrínseca aberración de la idea de partido estatal no pretende tener razón social o civil, existe y se legitima por razón de Estado. Y hay, en fin, facción comunitaria tanto en el ficticio patriotismo constitucional como en el separatista. El autor de la tesis optimista de que el partido políticamente puro iría desplazando poco a poco al partido facción dijo... Tan pronto como el egoísmo, incluso la terquedad, triunfa sobre el amor a la patria, y de manera consciente e intencionada, no hace lo que conviene al Estado y a la sociedad en general, sino lo que satisface sus afecciones, entonces marcha sobre el camino de la facción. Johan Gaspar Blumsky. Carácter y espíritu de los partidos políticos. Norlinger. 1869. Todo partido nacionalista es de naturaleza facciosa. La ausencia de vocación por la verdad ha consagrado la falsedad de llamar partidos a meras facciones voluntarias de poder integradas en el Estado, con autoridad pública en tanto que son órganos del mismo. Enseñada como verdad revelada, esta falsedad ontológica se ha establecido como norma del pensamiento, sin una sola contestación en los medios de comunicación ni en la docencia. Los intelectuales de partido estatal no distinguen entre sociedad civil, sociedad política y Estado. Partidos únicamente legitimados por razón de Estado. Para comprender la brutalidad cultural que supone llamar partidos políticos a puras facciones del Estado, basta recordar a. Que la pluralidad de partidos es consecuencia de la diversidad social que los legitima en una sociedad plural. b. Que el partido, en tanto que monopolio legal de la fuerza, no puede ser plural sino único. y c. que si la política es la conquista y conservación del poder estatal para gobernar toda la sociedad por una parte de la misma, sería círculo vicioso que la política también fuera función de los órganos permanentes de la jerarquía del Estado. La meta no participa de la naturaleza del camino, es fin y no medio. Lo político no es la política. Todos saben que no es lo mismo estar que ser. Estar en un lugar o ser de él. Estar vivo o ser vivo. Pero deja de entenderse tan pronto como la ideología suplanta el sentido común en la cuestión del Estado y su relación con los partidos. Antes del Estado de partido único, los partidos políticos eran de la sociedad. Solo estaban transitoriamente en el Estado si ganaban electoralmente la facultad de dirigirlo. El partido gobernante pasaba desde la sociedad a ocupar una posición de gobierno en el estado y a la sociedad volvía tras gobernarlo durante su mandato. Pese a la mala prensa que siempre tiene lo vencido y humillado, el partido único no era una contradicción tan brutal como la de partido estatal sin estado totalitario. Sin percibir que el Estado no puede ser plural, los partidos que sustituyeron al Partido Único cayeron en la contradicción de imitarlo, partiéndolo en varias fracciones para repartirse por cuotas de poder de la autoridad estatal, es decir, para continuar pretendiendo lo mismo que las dictaduras, la integración de las masas en el Estado, como dicen las actuales pseudo-constituciones. Sustituir la dictadura de la fuerza por la del consenso no altera la identidad de finalidades del partido único y los partidos estatales. La filosofía política alemana se enorgullece de haber superado la antigua idea de la representación con la moderna doctrina de la integración a las masas en el Estado. No estaría tan orgullosa si viera que el Estado de partidos no ha integrado las masas en una sociedad política inexistencial, sino a los partidos en el Estado asistencial. Los partidos actuales no son ontológicamente diferentes del partido único. Su novedad consiste en haberse transformado en facciones estatales para lograr obediencia a la autoridad en el mercado de consumo de mercaderías políticas. Los rasgos más desagradables del fascionazismo, el racismo y la xenofobia no se reproducen en el estado de partidos ni en los partidos del Estado. En cambio, como observó Sigmund Neumann, Partidos Políticos Modernos 1956, la connotación nacionalista aparece en los partidos-facciones tan pronto como necesitan aliarse con fuerzas centrífugas de grupos periféricos para gobernar sin mayoría propia. Las facciones partidistas integradas en el Estado, sin posibilidad de representar a la sociedad civil, tienen que extender la función prevendaria del consenso a los nacionalismos y nacionalismos desintegrantes de la unidad nacional. Sin superar la causa nacionalista de donde proceden, la partidocracia posfascista financia los nacionalismos periféricos con déficit presupuestario y corrupción. Inevitablemente, los partidos de Estado son facciones del Estado. La representación de la sociedad civil les parece una antigüaya. En la República de Weimar, donde se fraguó la degeneración de los partidos en facciones estatales, el Partido Democrático llegó incluso a llamarse Partido del Estado. Los partidos concurren a la formación y manifestación de la voluntad estatal. Son instrumentos del consenso apolítico de Estado. Los partidos de integración son grupos o facciones de poder estatal donde caben todas las categorías de personas que carecen de ideología. Por su propia naturaleza, los partidos de todo el mundo, catch all party, solo pueden constituir facciones estatales de poder burocrático o funcionarial. La única ley que puede deducirse de su desarrollo en el Estado es que son productores de afanes de poder, corrupción, ineficiencia administrativa, incultura política y empobrecimiento del ocio, pero imposibles intérpretes de las necesidades básicas de la sociedad civil. Desde el final de la Guerra Mundial y en virtud de factores exógenos, los partidos políticos dejaron de ser lo que hasta entonces habían sido, elementos constituyentes de la sociedad política. Esta era antes la entidad intermediaria entre la sociedad civil, a la que los partidos interpretaban simplificando aspiraciones colectivas de mejor estar, y el Estado, donde se incorporaban de modo transitorio a través de su participación periódica en gobiernos y parlamentos. Su estudio no era materia de la teoría del Estado, sino de la sociología política. Nada se oponía a que la Constitución los legitimara. La naturaleza y función de los partidos ha cambiado por completo. Al incorporarse al Estado, los partidos concibieron el mundo desde la única perspectiva que les permite contemplar su nueva situación de poder. Transformando su naturaleza, han devenido órganos funcionariales del Estado. No cumplen una función política, sino burocrática. La función política que antes desempeñaban, domesticar a las masas, tesis de Mark Ferguson, la realizan hoy los medios de comunicación. Ubicados en el Estado, los partidos no necesitan domesticar a sus votantes, disponen de ellos como siervos agradecidos o agraviados. La sociedad política, que no era del Estado, ha sido suplantada por una sociedad mediática, que interpreta y simplifica conveniencias sociales. Los medios de comunicación y las encuestas sociales son la única universidad de los partidos, la fuente de su cultura y de sus programas de actuación. Lo que no existe en la prensa o en la encuesta no existe en la realidad del partido estatal. No se trata de una relación de jerarquía, sino de una simbiosis del poder partidista con las fuentes económicas de la nueva riqueza. Los medios de comunicación se enriquecieron cuando los fines del Estado se hicieron fines partidistas. En determinados propósitos de acción continuada, los medios se transforman en fines. Sin esta especie de ardit de la razón capitalista, no se habría producido, por ejemplo, la acumulación de capital industrial por la que se dejó de concebir la empresa como medio de vida creadora, convirtiéndola en fin de sí misma. Pero lo que ha sucedido a los partidos estatales no es la conversión de partido medio de la sociedad en partido fin de sí mismo. Enquistados en el Estado, los partidos no pueden perseguir fines que no sean los de su existencia instrumental en el orden estatal. La ley de la heterogonía de los fines, descubierta por Bund en el campo de la psicología, ha sido aplicada a la moral y a la historia para explicar cómo surgen nuevos fines en el curso de la realización de propósitos o procesos que no los contemplaban. Esta ley justifica la divergencia entre los propósitos de los electores y los resultados que obtienen, y nos hace comprender el extravagante fenómeno de que los partidos, al convertirse en estatales y vivir en el Estado, creyendo lograr así sus fines propios, han realizado la proeza ontológica de llegar a ser insustanciales, inese. Contingencias de la sustancia estatal donde viven enquistados ya no son interesantes. No están en sí ni para sí, sino en y para el Estado, que les da su ser contingente y su sentido utilitario, como a la policía. Ignorantes de sí mismos no perciben que, además de ser inexistentes por contenido o cam, han llegado a serlo por inexistencia intencional, brentano. inconscientes de lo que son y representan, dejan de ser interesantes y, en tanto que instrumentos mecánicos del Estado o organización, no pueden ser interesantes sin romper el consenso y el bloque constitucional.